José Luis Radillo Díaz
Expediente 952/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 952/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/05/2023
Partes del expediente
- José Luis Radillo Díaz
Actuaciones
- Principal
Se tiene por recibido el escrito de Roberto Armando Orozco Rodríguez, visto su contenido, se le tiene desahogando el requerimiento de veintiséis de mayo del año en curso, y al efecto menciona que los documentos que tiene en su poder para el desahogo de la prueba pericial en grafoscopía; en ese sentido, lo anterior se ordena hacer del conocimiento del oferente de la prueba y los diestros designados en autos, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Bajo apercibimiento que de no hacerlo, se tendrán por conformes con que presente los documentos que refiere para que sean tomados como muestra y comparación de las firmas que se estampen en la diligencia para tal efecto. Por último, no ha lugar a proveer conforme a lo solicitado respecto a designar autorizado y domicilio, en razón de que el promovente no tiene carácter reconocido en autos, puesto que, su única intervención en este juicio únicamente es para el desahogo de la prueba en comento. Notifíquese; y, personalmente a los diestros designados en autos, el quejoso así como al tercero interesado. Se notifica por este medio de lista y conforme lo ordenado por auto de ocho de abril de dos mil veintidós, a la parte tercera interesada Promotora Los Tigres, sociedad anónima de capital variable, por conducto de quién la represente el auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, el cual dice: Se tiene por recibido el escrito de Roberto Armando Orozco Rodríguez, visto su contenido, se le tiene desahogando el requerimiento de veintiséis de mayo del año en curso, y al efecto menciona que los documentos que tiene en su poder para el desahogo de la prueba pericial en grafoscopía; en ese sentido, lo anterior se ordena hacer del conocimiento del oferente de la prueba y los diestros designados en autos, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Bajo apercibimiento que de no hacerlo, se tendrán por conformes con que presente los documentos que refiere para que sean tomados como muestra y comparación de las firmas que se estampen en la diligencia para tal efecto. Por último, no ha lugar a proveer conforme a lo solicitado respecto a designar autorizado y domicilio, en razón de que el promovente no tiene carácter reconocido en autos, puesto que, su única intervención en este juicio únicamente es para el desahogo de la prueba en comento. Notifíquese; y, personalmente a los diestros designados en autos, el quejoso así como al tercero interesado.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Estado de autos. Del análisis del sumario se advierte que en la sentencia emitida en los autos del juicio en que se actúa, los efectos de la concesión son los siguientes: "70. Séptimo. Decisión: En congruencia con todo lo anterior, lo procedente en el caso es otorgar a la parte quejosa la protección constitucional, de acuerdo con el artículo 77 fracción I de la Ley de Amparo, para los siguientes efectos: Respecto a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y del Director General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, deberán: a) Dejar insubsistente el oficio número 214- 2/SJ-854773/2021, así como todas las consecuencias que de éste se deriven y, en su lugar; b) Emitir una nueva determinación con libertad de actuación, en la que fundada y motivadamente establezca sus atribuciones, y si dentro de ellas o en virtud de alguna orden por parte del juez mercantil, deba ejecutar alguna medida y ésta debe hacerse o no del conocimiento a la aquí quejosa. 71. Cabe determinar que la decisión que al efecto se emite, fue con base en la ponderación lógica jurídica y natural que arrojaron las pruebas y constancias que envuelven el caso. Sin embargo, sobre la eficacia de tales medios de convicción, sólo tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común. Requerimiento. En consecuencia, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y es obligación de este juzgado federal que las sentencias amparadores se acaten a la brevedad y debidamente, esto es, sin exceso, ni defecto, atento al canon 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece entre otras cosas que la justicia deberá de ser pronta, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo no pueden quedar paralizadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables, para que en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que reciba el presente comunicado, remitan copia certificada, completa y legible de las constancias con las que acrediten el cumplimiento al fallo protector, o en su defecto, informen la imposibilidad que tengan para ello. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se les impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, según valor publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintitrés; ello con fundamento en los artículos 26 apartado B último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 23, fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, corresponde al Instituto calcular el valor de la Unidad de Medida y Actualización y publicar el mismo en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, previos los trámites correspondientes, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Lo anterior, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público y obligación de este órgano judicial que las sentencias se acaten sin demora y cabalmente, atento a lo dispuesto en el canon 17 de la Carta Magna que establece entre otras cosas que la justicia deberá ser pronta. En el entendido que se considera incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Notifíquese.
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V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 2558/2022; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el treinta de noviembre de dos mil veintidós y turnada a este Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, David Hernández Arias, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que en él precisó, y señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Federal y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite. El cinco de diciembre de dos mil veintidós, se admitió la demanda, previo registro 2558/2022; se ordenó requerir a las autoridades responsables por su informe de ley; se dio vista al agente del Ministerio Público Federal adscrito; y, finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por tratarse de un amparo en materia administrativa y reclamarse actos de autoridades residente en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que de la lectura integral de la demanda y del escrito aclaratorio, se advierte que lo es: La aprobación, expedición y promulgación de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, en específico, el artículo 16, fracción I, incisos a y h. Con motivo de su primer acto de aplicación mediante el pago que el recibo oficial A 60312342 ampara; y, 2. La ejecución del precepto citado, que reclama del Secretario de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, Jefe de la Oficina de Recaudación Fiscal Número 011 y Director de la Oficina del Registro Público de la Propiedad, ambos con sede en Atotonilco el Alto, Jalisco, determinada en el recibo citado. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado al Secretario de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco y Jefe de la Oficina de Recaudación Fiscal Número 011, en Atotonilco el Alto, Jalisco, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados. Asimismo, es inexistente el acto reclamado al Director de la Oficina del Registro Público de la Propiedad, con sede en Atotonilco el Alto, Jalisco, dado que, si bien precisó que es cierto el acto reclamado, lo incuestionable es que, la ejecución reclamada, es una autoaplicación por parte del quejoso respecto del precepto tildado de inconstitucional, de ahí que, debe considerarse no cierto el acto que se le reclama. Es aplicable la jurisprudencia 153/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página trescientos sesenta y siete, Novena Época, tomo XXVI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a agosto de dos mil siete, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO.". Por tanto, se sobresee en el juicio respecto de los actos que se reclaman a las citadas autoridades responsables, de conformidad con lo establecido en el precepto 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos sintetizados en el punto 1 del considerando segundo, pues así lo manifestaron el Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Jalisco, al rendir sus informes justificados, aunado a que su existencia no está sujeta a prueba por tratarse de la constitucionalidad de una norma y, por ende, basta su publicación en el diario oficial para que el juzgador pueda invocarla como hecho notorio. Es aplicable al tópico, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis 2a./J. 65/2000, de la Novena Época, con número de registro 191452, visible a página 260, tomo XII, que es del tenor literal siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.- Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Así como la tesis V.2o.214 K, de la Octava Época, con registro 209107, consultable dentro del Semanario Judicial de la Federación, en el tomo XV-1, febrero de 1995, y que es localizable a página 205, la cual se transcribe a continuación: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas". QUINTO. Análisis de la procedencia del juicio. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por el promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no. En el caso, esta juzgadora considera que, respecto del artículo 16, fracción I, inciso a, Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, se surte la hipótesis de sobreseimiento prevista por el numeral 63, fracción V, en virtud de que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en la medida de que la parte quejosa no acreditó un acto de aplicación de la norma general reclamada, como a continuación se demuestra. Para verificar la actualización de la causa de improcedencia actualizada, es menester establecer que la disposición mencionada, así como el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]" De conformidad con los artículos transcritos, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. En ese aspecto, cabe destacar que la fracción I del artículo 107 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. [.]" De conformidad con el precepto citado, la procedencia del amparo contra normas generales que se estimen inconstitucionales implica, necesariamente, la distinción entre disposiciones legales que con su sola vigencia causen un agravio personal y directo a los particulares, de aquellos otros ordenamientos generales, imperativos y abstractos, que requieren de un acto concreto de aplicación que afecte la esfera jurídica de los gobernados, para poder determinar el momento oportuno de su impugnación. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido las bases para distinguir entre normas generales de naturaleza autoaplicativa y heteroaplicativa con base en los argumentos y fundamentos contenidos en la jurisprudencia de rubro y texto: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." En el criterio se establecen los supuestos para la impugnación de ordenamientos generales atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas) o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). Expuesto el sistema de impugnación de las normas en el juicio de amparo atendiendo a su naturaleza jurídica, debe ahora tratarse con mayor detalle la diferenciación existente entre una ley autoaplicativa y una heteroaplicativa porque, como se dijo, de esa especificación surge la oportunidad del gobernado para promover el juicio de amparo, en donde el particular agraviado requiere acreditar que esas normas afectan su esfera jurídica, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual puede provenir, generalmente, por la actuación de una autoridad, pero también de los propios particulares, si mediante estas conductas se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con la prescripción legal combatida, por actualizarse sus supuestos. Así, las características de las leyes autoaplicativas son las siguientes: No requieren de un acto de ejecución para que se motive un perjuicio y pueda ejercitarse la acción constitucional de amparo; En virtud de su sola expedición causan perjuicio a la persona física o moral que sea sujeta de las obligaciones en ella contenidas, quedando obligada ésta a satisfacer la carga física correspondiente desde la fecha de su vigencia legal, sin necesidad de que se realice un acto posterior de autoridad para que se origine el mismo perjuicio o tenga lugar su actualización, pues se trata de una norma coercitiva; y Que por sí misma y desde el momento en que entra en vigor cause perjuicio, sin que se requiera, para ello, de la eficacia de un acto concreto del poder público administrativo. Mientras que las leyes heteroaplicativas: Se distinguen, porque obligan al gobernado al cumplimiento de obligaciones de dar, hacer o no hacer, mediante la actualización de un perjuicio que surge con un acto de su aplicación. Pueden reclamarse solo en una oportunidad a través del juicio de amparo indirecto, dentro del plazo de quince días siguientes al de su primer acto de aplicación. Esto es, solo puede cuestionarse su constitucionalidad ante la actualización de su primera aplicación concreta, explícita o implícita en perjuicio del gobernado, y no así con motivo de sus ulteriores aplicaciones; y Como se ve, la individualización de la norma es el principio que distingue su naturaleza jurídica pues, conforme a la jurisprudencia anteriormente reproducida, tal razón constituye un elemento de referencia objetivo, porque permite conocer si los efectos de la disposición legal combatida suceden en forma incondicionada o no. De esta forma, se tiene que cuando la individualización es incondicionada, las obligaciones contenidas en la norma general: Son inevitables desde que entran en vigor; Vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de la vigencia creando, transformando o extinguiendo situaciones concretas de derecho; Las obligaciones o cargas que imponen, nacen con el solo inicio de su vigencia; No se requiere de la actualización de alguna condición. En el otro supuesto, esto es, de normas de individualización condicionada, los deberes de hacer o no hacer impuestos por el legislador: Necesitan la ejecución de un acto para situar al gobernado en la hipótesis legal, que bien puede provenir de la autoridad o del mismo particular. No surgen de manera automática con su sola entrada en vigor, sino requieren un acto diverso que actualice el perjuicio, que puede ser de la autoridad, de un tercero o del propio quejoso. Luego, la ley tiene el carácter de autoaplicativa, cuando por su sola expedición es de observancia obligatoria y causa un perjuicio real que afecta la esfera jurídica del gobernado, sin que sea necesario un acto posterior de autoridad para que el gobernado se encuentre en la situación prevista en la norma, pues su sola vigencia lo obliga. Lo anterior, de conformidad con el siguiente criterio de jurisprudencia VI. 2º. J/112, página 107, de la materia común, octava época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, abril de 1991, de rubro y texto siguientes: "LEY AUTOAPLICATIVA. Para considerar una ley como autoaplicativa deben reunirse las siguientes condiciones: a) que desde que las disposiciones de la ley entren en vigor, obliguen al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer; y, b) que no sea necesario un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad". Por el contrario, la ley es heteroaplicativa cuando el solo inicio de su vigencia no coloca al gobernado en la situación prevista por la norma, sino que exige un acto posterior de aplicación, ya sea de la autoridad o de un particular, para que se genere la afectación en la esfera jurídica del destinatario. Así, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica regulada por determinados preceptos legales, que le otorgan los medios para lograr su defensa y la reparación del perjuicio irrogado por su desconocimiento o violación. En efecto, la hipótesis legal deriva como ya se dijo de lo previsto en la fracción I, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con el cual el juicio de amparo es un medio de control constitucional de los actos de las autoridades que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo o individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Federal y, con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, supuesto que también se encuentra regulado en la fracción I del artículo 5° de la Ley de Amparo Siendo entonces el juicio de amparo improcedente contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia, esto es, alude a normas de naturaleza heteroaplicativa. Sentado lo anterior, debe dilucidarse si la norma impugnada, es de individualización incondicionada, esto es, no sujeta a que el nacimiento de sus consecuencias jurídicas se someta a la realización de ningún acto o hecho jurídicos posteriores a su entrada en vigor, o si, por el contrario, requiere de dicho evento. En ese sentido, conviene tener presente el contenido del numeral 16, fracción I, inciso a, de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, el cual dispone: "Artículo 16. Por los servicios que presten las oficinas del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, se causarán los derechos que se establecen en este capítulo, aplicando las tarifas correspondientes: I. Por el registro de actos, contratos, inmatriculación de construcciones, títulos o resoluciones judiciales, así como aquellos en los que se transmita la propiedad de inmuebles, excedencias determinadas en diligencias de apeo y deslinde, incluidos fideicomisos o hipotecas, por cada uno, no obstante se encuentren en un solo documento, escritura, acta o póliza mercantil: a) Sobre el valor que resulte mayor entre el catastral, el comercial o el que se desprenda del contenido del documento a registrar, el: 0.50%. Tratándose de los actos o contratos relativos a la adquisición de inmuebles destinados a actividades industriales, sobre el valor que resulte mayor entre el consignado, el comercial o el que se desprenda del contenido del documento a registrar, se pagará el 0.35% Si al aplicar la tasa anterior, resulta un derecho inferior a $516.00, se cobrará esta cantidad. Tratándose de vivienda económica se cobrarán 4 (cuatro) veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el ejercicio fiscal 2022. Se entiende por vivienda económica, aquella cuyo valor catastral no exceda de 15 (quince) veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el ejercicio fiscal 2022 elevada al año. Tratándose de vivienda de interés social o popular y unifamiliar destinada a casa habitación, se cobrarán 5 (cinco) veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el ejercicio fiscal 2022. En los demás tipos de vivienda destinados a casa habitación se cobrarán 41 (cuarenta y un) veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el ejercicio fiscal 2022. Se entiende por vivienda de interés social individual, aquella cuyo valor catastral no exceda de 20 (veinte) veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el ejercicio fiscal 2022 elevada al año. Se entiende por vivienda popular y unifamiliar, aquella cuyo valor catastral no exceda de 30 (treinta) veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el ejercicio fiscal 2022 elevada al año. (.)". El citado numeral prevé el pago de derechos por los servicios que presten las oficinas del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, y para esto se contemplan diversas hipótesis normativas; ahora, la primera de esas hipótesis, se refiere a los servicios de registro de actos, contratos, inmatriculaciones de construcción, títulos o resoluciones judiciales, así como aquellos en los que se transmita la propiedad de inmueble, excedencias determinadas en diligencias de apeo y deslinde, incluidos fideicomisos o hipotecas, por cada uno, no obstante, se encuentren en un solo documento, escritura, acta o póliza mercantil; y para estos supuestos, se establecen once casos distintos, distribuidos de los incisos a al k. Ahora, en la hipótesis identificada con el inciso a, se indica: 1. Por el registro de los actos antes descritos, se aplicará la tarifa del 0.50% sobre el valor que resulte mayor entre el catastral, el comercial o el que se desprenda del contenido del documento a registrar. 2. También se prevé en ese inciso que, se pagará el 0.35%, tratándose de los actos o contratos relativos a la adquisición de inmuebles destinados a actividades industriales, sobre el valor que resulte mayor entre el consignado, el comercial o el que se desprenda del contenido del documento a registrar. Aclarando que, si al aplicar la tasa anterior, resulta un derecho inferior a $516.00, se cobrará esta cantidad. 3. Finalmente, en el citado inciso se prevén las cantidades a pagar cuando se traten de vivienda económica, vivienda económica cuyo valor catastral no exceda de quince UMAS, vivienda de interés social o popular y unifamiliar, y los demás tipos de vivienda destinadas a casa habitación. Por otra parte, a efecto de determinar si el citado artículo impugnado, afecta directamente la esfera jurídica de la quejosa, y por consiguiente, se pueda decir que existe un acto de aplicación, se estima necesario revisar el sumario constitucional, lo anterior, para determinar si existe algún acto concreto de aplicación por parte de las autoridades responsables y, que afecten la esfera jurídica del agraviado. Al respecto, la quejosa adjuntó como prueba de su parte únicamente copia certificada por notario público, del recibo de pago con número de folio A 60312342, de quince de noviembre de dos mil veintidós, por la cantidad total de $6,671.10 (SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 10/100 MONEDA NACIONAL), que se pagó ante la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco. En este documento se advierten los siguientes pagos: * "REG ACTOS CONT O RESOL JUDIC ESCR C/V FINCA HASTA 1´053,032.40 VAL. CATASTRAL" * "ANOT. CONSECUENCIA DEL REGISTRO DE ACTOS, CONT CANC Y RESOL JUDIC" * "REGISTRO DE TESTIMONIOS PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES DE LA REPÚBLICA" Los citados rubros corresponden al porcentaje 1%, 1% y 1%; y las cantidades de $481.10, $459.00 y $5,731.00, respectivamente. De lo cual se desprende que a la parte quejosa no se le aplicó la tasa del .50% sino uno diverso. En efecto, el inciso en estudio prevé el pago de 4 (cuatro), 5 (cinco), 15 (quince) y 41 (cuarenta y un) UMAS, dependiendo de los supuestos allí previstos; ahora, en términos de la publicación hecha por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós, la UMA vale $96.22 (NOVENTA Y SEIS PESOS 22/100 MONEDA NACIONAL), por tanto, el equivalente a las unidades de medida y actualización (UMA) señaladas en el inciso a de la fracción I del artículo 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, equivalen a $384.88 (TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 88/100 MONEDA NACIONAL), $481.10 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 10/100 MONEDA NACIONAL), $1,443.30 (UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA y TRES PESOS 30/100 MONEDA NACIONAL) y, $3,945.02 (TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 02/100 MONEDA NACIONAL); siendo que a la aquí quejosa, se le aplicó el segundo supuesto y, no el de la tasa del .50%, como lo reclama. De ahí que, se advierta que no le fue aplicada materialmente la tarifa establecida para el pago de derechos por registro de actos, contratos, inmatriculación de construcciones, títulos o resoluciones judiciales. Sin que sea óbice que a la parte quejosa haya erogado el pago de otra hipótesis del citado numeral, no obstante, ésta reclama lo relativo a la aplicación de la tasa .50%, la cual como se estudió no se le aplicó. Por ende, al no haberse demostrado la aplicación del numeral 16, fracción I, inciso a, de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, se concluye que se actualiza la causa de improcedencia aludida, dado que no causó un perjuicio en la esfera jurídica de la impetrante. Bajo el anotado contexto, se revela que, la quejosa no acreditó la aplicación de la norma reclamada, ni que el mismo se hubiera realizado previo a la presentación de la demanda de amparo. Es decir, la solicitante del amparo, no aportó la prueba idónea que demostrara que: - Haya realizado el pago por concepto de la norma impugnada respecto de la tasa del 0.50%. En consecuencia, esta juzgadora considera que la quejosa no acreditó con medio de prueba idóneo el acto de aplicación de la norma reclamada. Encuentra sustento lo relatado en el desarrollo de este considerando, en la tesis número P. XCVII/95, visible en la página 92, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Noviembre de 1995, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, de rubro: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. PARA QUE SEA PROCEDENTE SU IMPUGNACION, EL ACTO DE APLICACION DE LA LEY DEBE AFECTAR AL GOBERNADO EN SU INTERES JURIDICO. El análisis gramatical y sistemático de los artículos 73, fracción VI, in fine y 4o. de la Ley de Amparo, permite colegir que no cualquier acto de aplicación de la ley reclamada puede ser impugnado en el juicio de garantías, sino que es una exigencia ineludible que la acción constitucional se ejercite con motivo del primer acto de aplicación que afecte al gobernado, en su interés jurídico, pues de lo contrario se vulneraría el principio de "instancia de parte agraviada", contenido en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, al entrar al análisis de una ley que no ha podido causar ningún perjuicio al promovente." Con todo, se concluye que la quejosa no demostró la existencia de un acto concreto de aplicación para que se actualice su perjuicio la norma impugnada; circunstancia que no acontece en la especie, dado que no se exhibió prueba fehaciente que lo acredite, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo y, por ende, de conformidad con lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la misma legislación, se sobresee en este juicio. Por otra parte, no se advierte que respecto del artículo 16, facción I, inciso h, de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós, de oficio, motivo que haga improcedente este asunto constitucional ni las partes hicieron valer diverso con ese fin, por lo que se procederá con el estudio del fondo del asunto. SEXTO. Análisis de los conceptos de violación. La parte quejosa formuló los motivos de inconformidad que estimó pertinentes, mismos que se tienen por reproducidos y no se transcriben, en aras de salvaguardar el principio de economía procesal, debido a que tal circunstancia no deja a él ni a los demás contendientes en este proceso constitucional en estado de indefensión, toda vez que no se les veda de la posibilidad de recurrir esta sentencia y alegar lo que estimen pertinente. Principio de proporcionalidad y equidad tributaria respecto del artículo 16, facción I, inciso h, de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós. Es fundado el concepto de violación hecho para valer por la parte quejosa, en donde señala que tal disposición establece la cuota relativa al cobro de derechos por registro de testimonios procedentes de otras entidades federativas, sin atender al servicio que se presta (inscripción), transgrede los principios de proporcionalidad y equidad tributaria contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho numeral dispone en su parte conducente lo siguiente: "Artículo 16. Por los servicios que presten las oficinas del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, se causarán los derechos que se establecen en este capítulo, aplicando las tarifas correspondientes: I. Por el registro de actos, contratos, inmatriculación de construcciones, títulos o resoluciones judiciales, así como aquellos en los que se transmita la propiedad de inmuebles, excedencias determinadas en diligencias de apeo y deslinde, incluidos fideicomisos o hipotecas, por cada uno, no obstante, se encuentren en un solo documento, escritura, acta o póliza mercantil: (.) h) Registro de testimonios procedentes de otras entidades de la República: $5,731.00 La tarifa se aplicará sin excepción por cada uno de los actos, contratos, resoluciones o inmuebles a registrar, no obstante, se encuentren en un solo documento, escritura, acta o póliza mercantil. (.)". Ahora bien, de la porción normativa transcrita en líneas anteriores, se observa, entre otras cosas, que el gobernado que desee que se registre un acto, contrato o resolución judicial vinculado con inmuebles, en el Registro Público de la Propiedad y Comercio de testimonios que provengan de otro Estado de la República, deberá considerar para enterar a la oficina recaudadora correspondiente, la cantidad de $5,731.00 (cinco mil setecientos treinta y un pesos 00/100 moneda nacional). Ahora, la parte quejosa acredita la aplicación del citado numeral a través del recibo oficial A 60312342. De lo anterior, se evidencia que el artículo 16 fracción I, inciso h, de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, no satisface el requisito de equidad tributaria, porque para fijar los derechos de que se trata, debe estar en concordancia fundamentalmente con el costo del servicio que presta la indicada dependencia estatal (Registro Público de la Propiedad y del Comercio) dentro de sus funciones de derecho público respecto de quienes reciben el mismo servicio; de manera que si el numeral combatido establece que por el registro de testimonios procedentes de otras entidades federativas se causará un derecho en específico, es inconcuso que, tal disposición no se apega al principio de equidad tributaria, pues la actividad del registro de un testimonio de esta entidad federativa o de otras es exactamente el mismo. Además, debe tomarse en cuenta ordinariamente el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio; y de que la correspondencia entre este costo y el monto de la cuota no debe entenderse como en derecho privado, de forma que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos se otorgan en función del interés general. En ese orden de ideas, tenemos que no existe equidad en cuanto al cobro de los derechos, dado que es la misma actividad que despliega el Estado en la inscripción de testimonios de notarios del Estado de Jalisco, que la realizada para la incorporación de los de otras entidades federativas, habida cuenta que no se aprecia distinción alguna en cuanto al tipo de trabajo o carga horaria para llevarlo a cabo, motivo por el cual se considera que el referido numeral, es violatorio de lo establecido en el artículo 31, fracción IV, de nuestra Carta Magna, por ser inequitativo. Por tanto, si la actividad desplegada por el Estado a fin de realizar el registro de algún testimonio se limita a la incorporación del mismo en sus asientos registrales, es evidente concluir que en todos los casos, sean testimonios de notarios del Estado de Jalisco o de notarios de otras entidades federativas, es el mismo despliegue que lleva a cabo la autoridad administrativa, motivo por el cual no debe existir diferencia alguna en cuanto al pago del aludido derecho. De ahí que al aplicar, como en la especie se hizo, un cobro diferenciado, ello hace que sea inequitativo y, por ende, violatorio del precepto constitucional antes invocado. Cobra aplicación la tesis 175, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000, Novena Época, "Tomo I, Constitucional, Jurisprudencia SCJN", página doscientos trece, cuyo rubro y texto son: "DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA.- No obstante que la legislación fiscal federal, vigente en la actualidad, define a los derechos por servicios como las contribuciones establecidas en la ley por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, modificando lo consignado en el Código Fiscal de la Federación de 30 de diciembre de 1966, el cual en su artículo 3o. los definía como "las contraprestaciones establecidas por el poder público, conforme a la ley, en pago de un servicio", lo que implicó la supresión del vocablo "contraprestación"; debe concluirse que subsiste la correlación entre el costo del servicio público prestado y el monto de la cuota, ya que entre ellos continúa existiendo una íntima relación, al grado que resultan interdependientes, pues dicha contribución encuentra su hecho generador en la prestación del servicio. Por lo anterior, siendo tales características las que distinguen a este tributo de las demás contribuciones, para que cumpla con los principios de equidad y proporcionalidad que establece la fracción IV del artículo 31 constitucional, debe existir un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio, debiendo otorgarse el mismo trato fiscal a los que reciben igual servicio, lo que lleva a reiterar, en lo esencial, los criterios que este Alto Tribunal ya había establecido conforme a la legislación fiscal anterior, en el sentido de que el establecimiento de normas que determinen el monto del tributo atendiendo al capital del contribuyente o a cualquier otro elemento que refleje su capacidad contributiva, puede ser correcto tratándose de impuestos, pero no de derechos, respecto de los cuales debe tenerse en cuenta ordinariamente el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio; y que la correspondencia entre ambos términos no debe entenderse como en derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares". En consecuencia, de todo lo expuesto, este juzgado de distrito llega a la conclusión que es fundado el concepto de violación relativo a que el artículo 16, fracción I, inciso h, de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós, viola los principios de equidad y proporcionalidad tributaria, contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SÉPTIMO. Efectos del amparo. A fin de asegurar el estricto cumplimiento a la presente sentencia de amparo y la restitución a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos que se consideraron transgredidos, la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, tiene el carácter de autoridad vinculada con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, porque es a quien dentro del ámbito de sus atribuciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 76, 94 y 96 del Código Fiscal del Estado de Jalisco y 52, 53 fracción XIV, 73 fracción VI, 79 fracción III, 80 y 87 fracción XXXIX del Reglamento Interno de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas, habrá de realizar lo siguiente: Desincorporar de la esfera jurídica del quejoso el precepto en cita; y, Devolver a la quejosa la cantidad de la manera siguiente: Recibo oficial Concepto y fracción Cantidad pagada Cuota mínima fija Cantidad a devolver A 60312342 10105 $5,731.00 $516.00 $5,215.00 Ello, porque la concesión del amparo no implica liberar al quejoso del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, de tal manera que sólo dejará de pagar la cantidad precisada en dicha fracción e inciso, pero sin relevarlo de la obligación de enterar la tarifa más baja, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar. En el entendido que la cantidad devuelta deberá ser debidamente actualizada, como si se tratara de un pago de lo indebido, a través de cheque nominativo para abono en cuenta del contribuyente. Sin que lo anterior implique la devolución de la cantidad por el resto de los conceptos pagados, consignados en los recibos oficiales de mérito, toda vez que ello no fue combatido en la demanda. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 73, 74, 76 y 77, todos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por David Hernández Arias, respecto del acto que reclamó del Secretario de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, Jefe de la Oficina de Recaudación Fiscal Número 011 y Director de la Oficina del Registro Público de la Propiedad, ambos con sede en Atotonilco el Alto, Jalisco, y Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Jalisco, por las razones contenidas en los considerandos tercero y quinto. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a David Hernández Arias, contra los actos atribuidos al Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Jalisco, por los motivos señalados en el sexto considerando y para los efectos establecidos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese.
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