Jose Luis Ponce Perez

Expediente 359/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 13 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
359/2019
Año
2019
Actuaciones
13
Última actuación
30/08/2019

Partes del expediente

  • Jose Luis Ponce Perez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial que antecede se advierte que la parte quejosa no dio cumplimiento con el requerimiento de dieciséis de agosto del año actual, no obstante de estar debidamente notificada, como se aprecia de las presentes actuaciones; en consecuencia se hace el apercibimiento relativo y se tiene por no presentado el escrito exhibido ante este juzgado el quince de agosto del año en curso, con número de folio 26656. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe. mhml

  2. Principal

    AVISO.PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, que en lo conducente dice: "...Cuernavaca, Morelos, dieciséis de agosto de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el escrito a nombre del quejoso José Luis Ponce Pérez mediante el cual designa autorizados en términos amplios a los licenciados Alfonso González Mendizábal, Gustavo Román Godínez y Carlos Alfonso Martínez Paez; agréguese para que obre como corresponda sin proveer respecto a su contenido, toda vez que la firma que calza el escrito de cuenta, es notoriamente distinta a la que aparece en el escrito inicial de demanda de amparo. En consecuencia, requiérase a José Luis Ponce Pérez, para que dentro del término de tres días, que le será contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos legales la notificación del presente proveído, comparezca ante este Juzgado Federal en hora hábil debidamente identificado, con la finalidad de que ante la presencia judicial manifieste sí reconoce o no la firma que calza en el escrito de cuenta, y en su caso, si ratifica el contenido del mismo; en el entendido que de no hacerlo así, se tendrá por no presentado el ocurso de cuenta; se advierte a la parte promovente de los delitos en que incurre quien declara con falsedad ante la autoridad judicial. Orienta el criterio anterior la tesis doscientos cincuenta y ocho, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento setenta y cuatro, tomo VI, parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, Octava Época, del rubro: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA.". Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecisiete de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 359/2019-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el veintiséis de junio de dos mil diecinueve; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que en dicha sentencia determinó en el único resolutivo negar el amparo y protección a la parte quejosa; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, agréguese a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Por otra parte, toda vez que el Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, se instruye al fedatario de la adscripción para que en caso de que las autoridades a las que se libren oficios en vía de notificación se encuentren gozando de su periodo vacacional, una vez que éstas reanuden labores, proceda a notificar los oficios correspondientes, así como las demás notificaciones que se ordenen durante su periodo vacacional. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Paulo Yair García Meza, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/2127/2019 de fecha veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiocho de junio de dos mil diecinueve. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual el Actuario de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar el contenido de la sentencia de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, a la parte tercero interesada VESTAR RICHARSON LÓPEZ COLLADO, por las razones que en la misma expone; en mérito de lo anterior, de conformidad con la fracción III, del artículo 26, de la Ley de Amparo, practíquese a la referida parte, la notificación de la resolución de referencia, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe...sentencia que en lo conducente establece: ...Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 359/2019, promovido por JOSÉ LUIS PONCE PÉREZ, por derecho propio; y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinte de marzo de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoctavo Circuito, remitido el mismo día a este Juzgado, JOSÉ LUIS PONCE PÉREZ, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Juez de Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial, el que hizo consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO.- La resolución de fecha 26 de febrero de 2019 respecto de mi solicitud de Libertad Anticipada." SEGUNDO. Una vez subsanada la prevención formulada, mediante auto de veintisiete de marzo del año en curso, se admitió a trámite la demanda, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. La tercera interesada fue emplazada el uno de abril de dos mil diecinueve (foja 24). Se continuó con la substanciación del juicio se inició la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 1°, fracción V, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo previsto en el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, dado que se reclama un acto de naturaleza penal atribuido a una autoridad en esa materia en la jurisdicción que corresponde a este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, ya que al rendir su informe justificado aceptó el acto que se le atribuye, consistente en la resolución de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, emitida en el expediente JCE/1191/2018, en la que declaró improcedente la petición de conceder al quejoso JOSÉ LUIS PONCE PÉREZ el beneficio de libertad anticipada. Certeza que además se corrobora con el audio y video remitidos en disco versátil digital que acompañó y del cual se observa la audiencia correspondiente, a los cuales se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Tal como lo establece la Jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia(s): Común, Página: 703, Registro electrónico 2004362, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.". TERCERO. Al no existir causal de improcedencia hecha valer por alguna de las partes o que este Juzgado de Distrito advierta de oficio, se procede a realizar el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Aún suplidos en su deficiencia con fundamento en el artículo 79, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, los conceptos de violación, son infundados para otorgarle el amparo y protección de la justicia federal por los motivos que se explicaran más adelante. Para una mejor comprensión del asunto planteado se estima necesario realizar una breve relación de los antecedentes: 1.- En ejecutoria pronunciada por la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el toca penal 2045/07-4-13, el siete de noviembre de dos mil trece, se confirmó la sentencia condenatoria dictada el seis de agosto de dos mil siete, por la Juez Primero Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos en la causa penal 172/96-2, en la que se le impuso a JOSÉ LUIS PONCE PÉREZ, una sanción de VEINTIOCHO AÑOS SEIS MESES DE PRISIÓN, MULTA DE CIENTO OCHENTA VECES EL SALARIO MÍNIMO vigente en la época de la comisión del delito y a la reparación del daño, por la comisión del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, cometido el dieciocho de abril de mil novecientos noventa y seis. 2.- Mediante escrito presentado el veinte de noviembre de dos mil dieciocho, el sentenciado JOSÉ LUIS PONCE PÉREZ, solicitó al Juez Primero Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, la apertura del incidente no especificado de la libertad anticipada (páginas 11 a 21 anexo I). 3.- Por acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, la Juez Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, se declaró legalmente incompetente para conocer de la petición efectuada por el sentenciado JOSÉ LUIS PONCE PÉREZ, y ordenó remitirla al Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos (páginas 5 a 9 anexo I). 4.- Mediante auto de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, el Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, admitió la competencia declinada, convocó a la audiencia correspondiente y ordenó requerir a la Juez Penal de origen copia certificada de diversas constancias (páginas 23 a 25 anexo I). 5.- Por acuerdo de diez de enero de dos mil diecinueve, el referido Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones, solicitó a la Directora de Ejecución de Penas diversas constancias, citar a la ofendida y ordenó la designación de asesor jurídico (páginas 305 a 306 anexo I). 6.- Recabada la información solicitada por el Juez el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la audiencia de ejecución de la que una vez reproducido el disco de video digital se advierten los siguientes aspectos relevantes: a) La defensa al inicio de la audiencia expresó que la materia de la solicitud lo constituye el beneficio de la libertad anticipada de José Luis Ponce Pérez, quien fue sentenciado en la causa penal 172/1996-I del índice del otrora Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, por el delito de secuestro. b) El Juez de Ejecución cuestionó al Defensor a efecto de que precisara bajo qué legislación estaba haciendo la solicitud. Al responder el Defensor señaló que estaba solicitando la libertad anticipada en términos de lo que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal en los artículos 141 y 136. Ante las manifestaciones realizadas por el defensor, el Juez preguntó al sentenciado si había dialogado con su abogado, si lo había informado y estaba de acuerdo en que la petición se desahogara en términos de la Ley mencionada, a lo que el sentenciado manifestó sí. c) Enseguida el defensor procedió a exponer las razones y consideraciones jurídicas de su pretensión en los siguientes términos: ".Nos encontramos en medio de una ley cuando fue condenado que señalaba para lo que aquí interesa no existía restricción alguna en cuanto a un beneficio preliberatorio por el delito de secuestro, el Código sustantivo de la época por el cual mi representado fue sentenciado decía yo no incluía ninguna reserva la única reserva que se encontraba en el diverso en el 86 refería una restricción para los asaltantes, para los homicidas intencionales y para los violadores pero no incluía, eso da motivo, pero también, en la época daba una inspiración para que quien fuera sentenciado por aquél delito pudiera promoverse mediante la participación en trabajo, educación, deportes y todos y cada uno de los elementos que el Estado mediante la reinserción social pueda ofrecerle, y decía yo motivarle, para poder alcanzar un beneficio preliberatorio, un beneficio preliberatorio, que le devuelve en primer término calidad de vida a quien había sido condenado pero indirectamente o directamente una calidad de vida a los familiares es conocido que en la ley señala la no trascendentalidad de la pena, sin embargo en los hechos reales y completos la trascendentalidad de un sentenciado alcanza a las familias, en el caso que nos ocupa, es conocido por reinserción social que mi representado durante el tiempo contrajo nupcias y hoy en día cuenta con dos hijos menores de edad a los que mediante trabajo, educación procura darle asistencia en la medida de sus posibilidades, esto es, regresando a la teoría, decía yo que nos encontramos en medio de una ley abrogada que no restringía el beneficio preliberatorio pero también con una ley actual. El juez interviene y pregunta: "Cuando habla de una ley abrogada a la cual se refiere". El defensor responde: "Al Código Penal vigente en la época de la comisión del delito en el año de 1996 donde como mencioné en los diversos 86 que señalaba la, perdón, el 67 que se refería a la remisión parcial y el diverso 86 que refería la libertad preparatoria no se encontraba la restricción en el código sustantivo vigente en la época de la comisión del delito." Continuó el defensor: ".Así las cosas decía por un lado aquella ley no restringía un beneficio preliberatorio y motivaba decía a quien se encontraba poder alcanzar mediante acogerse a diversos instrumentos de reinserción social poder aspirar a una libertad pero hoy existe la Ley Nacional de Ejecución Penal que beneficia más al interno, ¿Cuál es este beneficio? En términos generales el beneficio radica en que una vez que se compurga el cincuenta por ciento (50%) la mitad de la condena y haber considerado que ha cumplido con una serie de elementos acogerse a varios elementos y haber cambiado, de manera sustantiva se puede acceder a este beneficio preliberatorio, estos elementos, decía, entre una ley abrogada y una nueva ley con mejores beneficios, nos hace traer a cita los criterios de la Suprema Corte cuando refiere al control de convencionalidad exoficio en un modelo de control difuso de constitucionalidad, esto es, es la conjunción de lo que establece el artículo 1º constitucional y el 133, esto es, atender primeramente los derechos humanos y que la autoridad jurisdiccional pueda velar y tutelar esos derechos que consagra la Constitución y los diversos pactos internacionales y favorecer aun cuando las leyes inferiores pudieran contravenir, esto es, debe velarse primeramente sobre el derecho humano y no hay principalmente derecho humano que la libertad, la libertad permite desarrollar psicológica social a la persona es por eso que solicito desde este momento en este llamado control difuso se vele por el derecho humano de la libertad de mi representado, esto es, se debe a lo que se conoce en la doctrina como el principio pro persona, velar y tutelar el derecho humano de la libertad. Luego entonces, en esta conjunción es completamente dable justo y legal atender la solicitud de libertad anticipada en términos de lo que establece la nueva ley de ejecución penal con los fundamentos que anteriormente señalé, como lo son 141 que refiere a la libertad anticipada o bien, el 136 y subsiguientes que se refiere a la libertad condicionada, pongo bajo su criterio su señoría que tenga bien atender y resolver en términos de lo que usted considere favorezca más no solo a mi representado sino también al estado y a la sociedad, que en su momento fueron igualmente agraviados, repito, lamentables los hechos ocurridos en el año 1996 pero también es hoy decía una obligación del Estado atender esta petición que se encuentra completamente ajustado sobretodo el principio pro persona y a los derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales." Después de la intervención de las demás partes, en uso de la palabra el Defensor expresó en lo que interesa: ".La literalidad de la ley de la época no restringe, insisto, estamos delante de un delito de alto impacto pero no existe restricción alguna, es cierto que hoy la ley actual establece la negativa a la comisión de los delitos de secuestro, sin embargo, repito lo que no se prohibió en la época no debe aducirse ahora en perjuicio de mi representado, eso es fundamental a esa es la objetividad que me refiero por cuanto a los argumentos presentados por la Fiscalía, por lo que hace al argumento de la Representación Social, permítame su Señoría establecer, no podemos restringir el principio pro persona y el derecho humano de la libertad a un simple quantum aritmético. se establece con toda claridad una temporalidad del cincuenta por ciento y a partir del cincuenta por ciento es dable poder acceder a una preliberación a una libertad anticipada, eso es muy concreto, repito el principio no está basado y no está sustentado en un quantum aún y cuando en una Ley inferior establece una temporalidad, por eso solicito a su señoría que se tome la parte sustantiva que es el derecho a la libertad anticipada y que no existe elemento alguno para su prohibición." c) El Juez en la resolución reclamada estableció: I.- Que la Ley Nacional de Ejecución Penal, para el caso concreto tratándose de una sentencia por el delito de secuestro establece la negativa tanto para el beneficio de la libertad condicionada como para la libertad anticipada ya que en el artículo 137 en su penúltimo párrafo, establece que la libertad condicionada no podrá concederse a los sentenciados por delincuencia organizada, secuestro y trata de personas y el último párrafo del artículo 141 establece que no gozarán de la libertad anticipada los sentenciados en materia delincuencia organizada, secuestro y trata de personas. II.- Que la Ley Nacional de Ejecución Penal en su transitorio tercero establece en el segundo párrafo que los procedimientos iniciados con antelación a la vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se podrán llevar a cabo con la ley por la que fueron sentenciados y establece la retroactividad a favor de una persona en aquellos nuevos procedimientos como la solicitud de una libertad anticipada o una libertad condicionada que pueden llevarse a cabo bajo la Ley Nacional de Ejecución Penal. III.- De acuerdo al principio pro persona surge la posibilidad de que la autoridad jurisdiccional aplique la ley más favorable a una persona pero cuando se habla de ley se refiere a todo un conjunto de cuerpo normativo. IV.- En el caso cuando se emitió la sentencia se encontraba vigente la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad Privativas y Restrictivas de la Libertad del Estado de Morelos, posteriormente durante el tiempo de compurgación también entró en vigencia la Ley de Reinserción Social y Seguimiento de Medidas Cautelares del Estado de Morelos y actualmente la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo tanto, en este asunto en la compurgación de la pena ha transitado por estas tres normas aplicables a la ejecución de la pena. V.- En este caso, dijo el Juez responsable, la defensa como órgano técnico solicitó la aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque a su criterio considera que es la más benéfica y la que debe de aplicarse a su presentado, pero al hacer el planteamiento solicita se inaplique partes normativas que lo prohíben y se tome en consideración la ausencia de limitación en la ley vigente en el momento en que se impuso la sanción; lo que, consideró no era procedente porque si bien el principio pro persona establece la aplicación de la ley más favorable, ello no tiene el alcance de aplicar porciones normativas de una ley y porciones normativa de otra, porque generaría incertidumbre jurídica ya que la defensa pide que únicamente se apliquen los requisitos exigidos en el artículo 137, primer párrafo fracciones I a VII y no se aplicaría lo que establece el último párrafo de dicho precepto normativo, y considerando que cuando se cometió el delito y durante el lapso que se llevó a cabo el proceso no existía limitación legal para la obtención del beneficio; lo cual consideró no es atinado porque ello implicaría que se aplicara de manera fraccionada los cuerpos normativos. VI.- Si bien es cierto, señaló el Juez responsable, cabe la posibilidad de aplicar la ley más favorable, en ese aspecto debe de tomarse en cuenta todo el conjunto de disposiciones que contienen la voluntad del Estado que crean situaciones jurídicas concretas en un tiempo y lugar determinado, esto es, o aplicamos la Ley de Ejecución Penal para éste caso concreto, lo cual tiene que ser en su totalidad o aplicamos la Ley de Reinserción Social y Seguimiento de Medidas Cautelares que puede ser más benéfica, pero en su totalidad o aplicamos la ley vigente al momento de la ejecución del delito en éste caso era la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad Privativas y Restrictivas del Estado de Morelos. VII.- Asimismo, la autoridad responsable determinó, no se considera que sea viable ni lógico jurídicamente hablando aplicar partes normativas de cada uno de estos preceptos para adecuarlos al caso concreto y resolver en beneficio de la persona privada de su libertad, por lo tanto, le debe ser aplicado, si se están acogiendo a lo que establece el artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución, la totalidad del precepto. VIII.- Finalmente concluyó el Juez responsable que no concedía el beneficio solicitado puesto que en términos de la Ley Nacional de Ejecución no procede este beneficio para la persona privada de la libertad bajo el delito por el cual está compurgando la pena de prisión, esto, en términos de lo que establece el artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución y artículo 1° Constitucional. Una vez precisados los antecedentes y el contenido en lo conducente de la resolución reclamada se procede al análisis de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa. El quejoso en esencia argumentó que la aplicación del derecho y principio de retroactividad en beneficio, no sólo está sujeta a la solicitud del reo o su defensa, es un bien jurídico tutelado por la autoridad, tanto jurisdiccional como la administrativa. Es el juez quien al momento de resolver debe optar por la Ley que más favorezca al reo, no que se tome una parte de aquí y otra de allá, tenía que haber atendido en conjunto la solicitud y observar que las leyes abrogadas no contenían el impedimento de libertad anticipada por la comisión del delito de secuestro, por lo que, es el juzgador quien de forma oficiosa y una vez que le señalaron los numerales 67 y 86 del Código de la época (sic) de la comisión del delito, eran dables los beneficios de libertad Anticipada. En otras palabras, es la autoridad jurisdiccional quien marca la Litis y el fundamento legal. Como se adelantó al inicio de este considerando son infundados los argumentos del quejoso de acuerdo a las siguientes consideraciones jurídicas: El artículo 25, fracción VI, de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece: "Artículo 25. Competencias del Juez de Ejecución En las competencias a que se refiere el artículo anterior, el Juez de Ejecución deberá observar lo siguiente: VI. Aplicar la ley más favorable a las personas privadas de la libertad;." De la disposición legal transcrita se advierte la obligación legal del Juez de ejecución de aplicar la ley más favorable a las personas privadas de su libertad, en el caso, sin embargo, se considera que el Juez responsable cumplió con dicho mandamiento legal. En efecto, de los antecedentes citados con anterioridad se advierte que el defensor al inicio de la audiencia expresó que la materia de la solicitud lo constituye el beneficio de la libertad anticipada de José Luis Ponce Pérez, términos de lo que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal en los artículos 141 y 136; observando que fue sentenciado en la causa penal 172/1996-I del índice del otrora Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, por el delito de secuestro, sentencia que causó ejecutoria el siete de noviembre de dos mil siete, petición que el sentenciado a pregunta expresa del Juez, manifestó su conformidad. Posteriormente el Defensor al exponer su planteamiento señaló que la Ley cuando fue condenado, específicamente los artículos 67 y 86 del Código Penal del Estado de Morelos, vigente en el año de mil novecientos noventa y seis, que se referían al beneficio de la remisión parcial de la penal y a la libertad preparatoria, respectivamente, no contenían restricción alguna para la obtención de los beneficios a los sentenciados por el delito de secuestro. Luego el defensor estableció que actualmente existe la Ley Nacional de Ejecución Penal que más beneficia al interno, porque de manera sustantiva puede acceder al beneficio de la de la libertad anticipada y si bien dicha ley establece la negativa para acceder a beneficios a los sentenciados por el delito de secuestro, solicitó se tomara en cuenta sólo la parte sustantiva que es el derecho a la libertad anticipada y que no existe elemento alguno para su prohibición conforme a las normas vigentes en la época de la comisión del delito, destacando que dicha aplicación por cuanto a la ley Nacional de Ejecución Penal, sería por cuanto al lapso de pena compurgada que es del cincuenta por ciento (50%) y por cuanto a la ley vigente al momento de cometer el delito lo atinente a la no prohibición expresa por la comisión del delito de secuestro. Ante dichos planteamientos, se advierte que el Juez responsable atendiendo a que si bien el defensor solicitó literalmente el beneficio de la libertad anticipada el cual se encuentra previsto en el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pero en virtud de que también se sustentó la petición en el artículo 136 de la Ley especial mencionada, que prevé el beneficio de la libertad condicionada, analizó la procedencia de ambos beneficios determinando que para el caso concreto, tratándose de una sentencia por el delito de secuestro se establece la negativa tanto para el beneficio de la libertad condicionada como para la libertad anticipada ya que en el artículo 137 en su penúltimo párrafo, establece una restricción expresa a los sentenciados por secuestro, entre otros y el último párrafo del artículo 141 establece que no gozarán de la libertad anticipada los sentenciados por dicho injusto. Dicha determinación, no es violatoria de los derechos humanos, dado que como acertadamente lo razonó el Juez responsable, las disposiciones legales señaladas establecen expresamente la prohibición de conceder los beneficios de libertad anticipada y libertad condicionada a los sentenciados por el delito de secuestro. En efecto, el establecimiento de beneficios preliberacionales por el legislador, tiene una finalidad eminentemente instrumental, es decir, son medios o mecanismos para generar los resultados y fines que el artículo 18, párrafo segundo, de la Constitución Federal, prevé para el régimen penitenciario, como son lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. Desde esta óptica, es que no deben confundirse los fines del sistema penitenciario con la justificación para la obtención del beneficio de tratamiento preliberacional, puesto que el hecho de que los beneficios sean medios adecuados para incentivar la reinserción, no se sigue que su otorgamiento sea incondicional ni que deban ser considerados un derecho fundamental que asiste a todo sentenciado, ya que si bien el párrafo segundo del artículo 18 constitucional admite la posibilidad de que se otorguen beneficios a quien esté en posibilidad de ser reinsertado, de su texto no se aprecia que exista prohibición dirigida al legislador en el sentido de impedirle condicionar tal otorgamiento; por el contrario, la norma constitucional establece que será la ley secundaria donde se preverán los beneficios acordes al modelo de sistema penitenciario que diseña la Constitución Federal. Por tanto, el que se establezcan condiciones de necesaria concurrencia para el otorgamiento de los beneficios de tratamiento preliberacional, así como el otorgamiento de facultades de apreciación al juez para que, a la luz de los requisitos legales y del caso concreto, otorgue o no dichos beneficios, no resulta contrario al artículo 18 de la Constitución Federal, puesto que sólo denotan la intención del legislador de que ciertas conductas delictivas conlleven tratamiento más riguroso, en aras de proteger los derechos de la sociedad a la paz y a la seguridad sociales. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis 1a. CL/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Décima Época, con número de registro 2009079, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, Materia Constitucional, Penal, página 396 del rubro: "BENEFICIOS PARA LOS SENTENCIADOS. SU OTORGAMIENTO AL ENCONTRARSE CONDICIONADO, NO VULNERA EL ARTÍCULO 18 CONSTITUCIONAL." Luego, respecto del planteamiento de la defensa en el sentido de que únicamente se aplicara lo dispuesto en la parte sustantiva relativa al derecho a la libertad anticipada por cuanto a la Ley Nacional en cita y lo previsto en los artículos 67 y 86 del Código Penal del estado de Morelos vigente en la época de la comisión del delito, atendiendo a que no establecían prohibición alguna para la obtención de los beneficios, por el injusto indicado de secuestro, por el que fuera sentenciado el quejoso; el Juez responsable acertadamente determinó que no era procedente porque si bien el principio pro persona establece la aplicación de la ley más favorable, ello no tiene el alcance de aplicar porciones normativas de una ley y porciones normativa de otra, porque generaría incertidumbre jurídica, y no es atinado porque ello implicaría que se aplicara de manera fraccionada los cuerpos normativos. Cierto, dicha conclusión de la autoridad responsable, no es violatoria de los derechos humanos del quejoso porque efectivamente, no es factible mezclar porciones normativas dado que el principio de legalidad en materia penal, consagrado en el artículo 14 constitucional, que prescribe que corresponde en exclusiva al legislador establecer, por medio de leyes, los delitos y las penas aplicables por su comisión. A la luz de dicho principio, se concluye que en aquellos casos en que existe un conflicto de leyes en el tiempo entre normas que establecen, cada una de ellas, distintas hipótesis que deben ser aplicadas al condenado como consecuencia de la comisión del delito, el juzgador debe seleccionar aquella norma que resulte más benéfica para el inculpado, pero en los exactos términos en que ésta fue prevista por el legislador. En consecuencia, en ese tipo de casos, como el que aquí acontece, el juzgador no puede seccionar las disposiciones legales, con el objeto de seleccionar, entre la totalidad de los requisitos previstos en éstas, aquellos que aisladamente considerados resultan más benéficos para el sentenciado, puesto que tal proceder equivaldría a crear una figura jurídica o beneficio nuevo, distinto a los contemplados por el legislador en las normas originales, con base en los elementos integrantes de cada una de ellas. Por lo que dicha actuación contravendría de manera flagrante el principio constitucional referido. Dicha consideración encuentra sustento por identidad de razones jurídicas en la jurisprudencia 1a./J. 105/2005de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Novena Época, con número de registro 177281, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Septiembre de 2005, Materia(s): Constitucional, Penal, página 129 del rubro: "INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. CUANDO EXISTA CONFLICTO DE LEYES EN EL TIEMPO ENTRE NORMAS SANCIONADORAS QUE PRESCRIBEN LA APLICACIÓN DE MÁS DE UNA PENA, EL JUZGADOR NO PUEDE SECCIONARLAS." De lo anterior se advierte que el Juez responsable atendió lo dispuesto en el artículo 25, fracción VII de la Ley Nacional de Ejecución Penal, esto es, aplicó la ley más favorable a las personas privadas de la libertad, pues la petición que fue sometida a su consideración radica en la obtención de los beneficios de la libertad condicionada y de la libertad anticipada los cuales están previstos exclusivamente en los artículos 136 y 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En ese orden de ideas, si bien el Defensor del quejoso en la petición que hizo al Juez responsable invocó los artículos 67 y 86 del Código Penal del Estado de Morelos vigente en la época de la comisión del delito, ello fue para proponer que su contenido se mezclara con los referidos artículos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, lo cual como se dijo no es legalmente procedente por las razones antes expuestas. Además, el Juez responsable jurídicamente no estaba obligado a analizar la procedencia de los beneficios que establecen los artículos 67 y 86 del Código Penal del Estado de Morelos, vigente en la época de la comisión del delito porque no fueron materia de la solicitud, pues el propio defensor señaló en la audiencia que las disposiciones que invocaba se referían el 67 al beneficio de la remisión parcial de la pena y el diverso 86 a la libertad preparatoria, beneficios que no fueron materia de la litis propuesta a la autoridad responsable, de ahí que contrario a lo que sostiene la parte quejosa jurídicamente el Juez de Ejecución no estaba obligado al análisis de dichos beneficios a la luz de las normas que consideró más benéficas, pues si bien, tiene el deber de aplicar la ley más favorable a las personas privadas de la libertad, ello debe guardar congruencia con la petición elevada a su potestad, lo cual realizó pues aplicó la ley más favorable en relación con los beneficios solicitados, porque en ella se encuentran previstos. Máxime que como se indicó, la pretensión realmente formulada consistió en la aplicación combinada de los preceptos y normas legales con diferente vigencia en el tiempo y que como se indicó resulta contraria al principio de certeza jurídica y exacta aplicación de la ley en materia penal. Asimismo, tomando en consideración que de acuerdo a lo establecido en la audiencia de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, el quejoso ha compurgado el cincuenta por ciento de la condena impuesta, por lo que no sería procedente la obtención del beneficio de la libertad preparatoria que prevén los artículos 85 y 86 del Código Penal del Estado de Morelos, vigente en la época de la comisión del delito, relativos al beneficio de la libertad preparatoria, ya que si bien no contemplan la prohibición por el delito de secuestro, empero si contienen como exigencia la compurgación de las tres quintas partes de la condena que incluso el quejoso no ha cumplido y que es mayor a la necesaria (cincuenta por ciento) para la obtención del beneficio de la libertad anticipada que prevén los artículos 136 y 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal y que el quejoso no ha cubierto y si bien es inferior al setenta por ciento de la pena impuesta que prevé el artículo 141 de la referida Ley Nacional; sin embargo, no podría obtener el beneficio de la libertad preparatoria porque no ha cumplido con las tres quintas partes de la condena. Asimismo, respecto del beneficio de la remisión parcial de la pena, éste se encuentra previsto en el artículo 67 de la Ley de Reinserción Social y Seguimiento de Medidas Cautelares del Estado de Morelos y no en el Código Penal del Estado de Morelos vigente en la época de la comisión del delito como erróneamente lo señaló el defensor del quejoso en la audiencia de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, su concesión resultaría improcedente por las siguientes razones Como se mencionó en líneas anteriores el artículo 86 del Código Penal del Estado de Morelos vigente en la época de la comisión del delito prevé el beneficio de la libertad preparatoria cuando el sentenciado cumpla las tres quintas partes de su condena, tratándose de delitos dolosos; es decir, dicha figura únicamente constituye una modificación material o de facto de la sanción privativa de libertad y, por tanto, no anula la autoridad de la cosa juzgada, sino que deja latente la situación jurídica creada por el fallo judicial respectivo, lo que implica que su revocación trae como consecuencia el cumplimiento del resto de la pena de prisión. Ahora bien, el artículo 67 de la Ley de Reinserción Social y Seguimiento de Medidas Cautelares del Estado de Morelos, dispone esencialmente que la remisión parcial de la pena tiene lugar cuando, por cada dos días de trabajo se redime uno de prisión; esto es, regula la condonación parcial del tiempo de prisión fijado en la sentencia a cambio del trabajo desarrollado por el sentenciado. De lo anterior, se sigue que dichos beneficios tienen como finalidad común que el sentenciado obtenga su libertad anticipadamente; sin embargo, difieren en cuanto a su naturaleza y consecuencias jurídicas, pues la libertad preparatoria no modifica el quántum de la pena de prisión impuesta y, esencialmente, depende de la sola compurgación de las fracciones correspondientes de la sanción, mientras que la remisión parcial de la pena implica una modificación directa en cuanto a la forma de cumplir con la sanción privativa de la libertad, en función del tiempo del trabajo desarrollado por el sentenciado. Así, el hecho de pretender que el tiempo condonado con motivo del trabajo realizado para los efectos de la remisión parcial de la pena se acumule para la obtención de la libertad preparatoria, desnaturalizaría esta figura jurídica, ya que se descontaría un tiempo que, por ser virtual, realmente no fue compurgado. Por identidad de razones jurídicas, tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J. 66/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2013281, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo I, Materia Penal, página 355 del rubro: "REMISIÓN PARCIAL DE LA PENA Y LIBERTAD PREPARATORIA. EL TIEMPO DE LA PRIMERA NO DEBE ACUMULARSE PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SEGUNDA (LEGISLACIONES FEDERAL Y DEL DISTRITO FEDERAL ABROGADAS)." Por lo expuesto, resulta desacertado el concepto de violación respecto a la no aplicación de la Ley más benéfica en su favor. Por otra parte, si bien a partir de las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor desde el once del mismo mes y año, y de conformidad con lo sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el expediente varios 912/2010 (caso Radilla Pacheco), los Jueces de todo el sistema jurídico mexicano, en sus respectivas competencias, deben acatar el principio pro persona, consistente en adoptar la interpretación más favorable. Que al margen de los medios de control concentrado de la constitucionalidad adoptados en la Constitución General de la República, todos los juzgadores deben ejercer un control de convencionalidad ex oficio del orden jurídico, conforme al cual, pueden inaplicar una norma cuando ésta sea contraria a los derechos humanos contenidos en la propia Ley Fundamental, en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea Parte, así como en la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación y en los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, dicho control de convencionalidad no puede estimarse que llega al extremo de que el Juez del conocimiento deba oficiosamente comparar y analizar en abstracto en cada resolución, todos los derechos que forman parte del orden jurídico mexicano, en el caso, todos los beneficios que tiene a su favor el sentenciado en la ejecución de la pena puesto que ello haría ineficaz e irrealizable el desarrollo de la función jurisdiccional, en detrimento del derecho humano de acceso a la justicia por parte de los gobernados, con la consecuente afectación que ello significa. Lo anterior tiene sustento por identidad de razones jurídicas la jurisprudencia VI.1o.A. J/18 (10a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito en la Décima Época, con número de registro 2017668, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, Materia(s): Común, página: 2438 del rubro: "DERECHOS HUMANOS. EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO QUE ESTÁN OBLIGADOS A REALIZAR LOS JUZGADORES, NO LLEGA AL EXTREMO DE ANALIZAR EXPRESAMENTE Y EN ABSTRACTO EN CADA RESOLUCIÓN, TODOS LOS DERECHOS HUMANOS QUE FORMAN PARTE DEL ORDEN JURÍDICO MEXICANO." A más que aún en el supuesto de reclamar una presunta omisión a efectuar dicho análisis difuso con base solamente en los beneficios y preceptos legales previstos en la Ley de Reinserción Social y Seguimiento de Medidas Cautelares del Estado de Morelos y del Código Penal del Estado de Morelos, vigente en la época en que causó estado la sentencia, resulta contrario al imperativo constitucional aludido, pues al margen de la exigencia reprochada, ésta no puede verificarse en la forma seccionada que sostiene la parte quejosa, pues resulta contraria a los principios constitucionales de exacta aplicación de la ley penal y certeza legal indicadas constituyendo así una restricción constitucional válida que no puede ser desentendida aún bajo el alegato del principio pro persona que refirieron. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2006224, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Materia Constitucional, página 202, del rubro siguiente: "DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL." En este orden de ideas, dado lo infundado de los conceptos de violación planteados por el quejoso, no existiendo queja deficiente que suplir, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada. Finalmente se estima oportuno señalar que la presente determinación no veda los derechos del sentenciado quejoso para promover ante el Juez de Ejecución correspondiente los beneficios que considere tiene derecho. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a JOSÉ LUIS PONCE PÉREZ, contra el acto reclamado y autoridad responsable precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso cuarto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe hasta hoy, veintiséis de junio de dos mil diecinueve en que las labores del juzgado lo permitieron

Quedan 9 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano