Jose Luis Pio Hernández
Expediente 1140/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 11 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1140/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 10/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Jose Luis Pio Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, diez de mayo de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo ********************, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, diez de mayo de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL en el presente asunto (fojas 164 a 176) HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Sin que obste lo anterior el hecho que no obra en los presentes autos la constancia de notificación de la autoridad responsable foránea Juez Segundo de Primera Instancia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, pues de acuerdo al sentido de la sentencia dictada -no amparadora- no la afecta directamente, en términos del numeral 87 de la Ley de Amparo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General, sin que sea el caso requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se negó la definitiva, tal como se advierte de la resolución emitida en data de diecisiete de enero de dos mil veintitrés (fojas 23 a 25 del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Asimismo, del presente asunto se aprecia que la parte quejosa********************, exhibió una documental que acompañó en su ocurso con número de registro 21454 de veintidós de diciembre de dos mil veintidós (foja 16). En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 primer y segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se instruye a cualesquiera de los actuarios adscritos a este Juzgado Federal, que realice al quejoso, la notificación contenida en el primer párrafo del Acuerdo General referido, esto es, se le notifique personalmente a********************, que deberá acudir a este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de noventa días, a recoger el citado documento. Apercibido que de no hacer lo anterior, dentro del citado plazo, y en virtud de que el asunto se encuentra concluido, en su oportunidad, se procederá a la destrucción de dicho documento, junto con las actuaciones del presente expediente. (.)" En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diez de mayo de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL en el presente asunto (fojas 164 a 176) HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Sin que obste lo anterior el hecho que no obra en los presentes autos la constancia de notificación de la autoridad responsable foránea Juez Segundo de Primera Instancia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, pues de acuerdo al sentido de la sentencia dictada -no amparadora- no la afecta directamente, en términos del numeral 87 de la Ley de Amparo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General, sin que sea el caso requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se negó la definitiva, tal como se advierte de la resolución emitida en data de diecisiete de enero de dos mil veintitrés (fojas 23 a 25 del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Asimismo, del presente asunto se aprecia que la parte quejosa********************, exhibió una documental que acompañó en su ocurso con número de registro 21454 de veintidós de diciembre de dos mil veintidós (foja 16). En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 primer y segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se instruye a cualesquiera de los actuarios adscritos a este Juzgado Federal, que realice al quejoso, la notificación contenida en el primer párrafo del Acuerdo General referido, esto es, se le notifique personalmente a********************, que deberá acudir a este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de noventa días, a recoger el citado documento. Apercibido que de no hacer lo anterior, dentro del citado plazo, y en virtud de que el asunto se encuentra concluido, en su oportunidad, se procederá a la destrucción de dicho documento, junto con las actuaciones del presente expediente. Notifíquese en términos de ley. Lo anterior se notifica por lista a la parte quejosa.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1140/2022 y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el siete de diciembre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, turnado a este órgano jurisdiccional en la misma data, José Luis Pio Hernández promovió juicio de amparo, contra actos que más adelante se precisarán, que atribuye al Juez Segundo de Primera Instancia, en San Andrés Tuxtla, Veracruz (fojas 2 a 6). SEGUNDO. Admisión. Previo cumplimiento a la prevención de la que fue objeto (fojas 8 a 10) mediante acuerdo de veintitrés del mes y año citado, se acordó: admitir a trámite la citada demanda; dar la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación; se fijó data y hora para celebrar audiencia constitucional; solicitar el informe justificado a las autoridades responsables; formar por separado y duplicado el incidente de suspensión por haber sido solicitado; se ordenó emplazar a la tercera interesada Griselda Xalate Domínguez (fojas 17 a 21). TERCERO. Trámite. El diecinueve de enero de dos mil veintitrés, se tuvo por emplazada a juicio a Griselda Xalate Domínguez, quien no compareció a juicio (fojas 39 y 42). CUARTO. Audiencia Constitucional. Una vez agregado en autos el informe justificado de la autoridad responsable (fojas 45 a 47) e integrado que estuvo el asunto, tuvo verificativo la audiencia constitucional el dos de marzo de dos mil veintitrés (fojas 162). Hasta hoy no consta que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado mediante el diverso Acuerdo General 4/2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil veintidós. Por cuestión de la vía, pues se trata de un acto emitido por una autoridad judicial, susceptible de afectar directa e inmediatamente derechos fundamentales del gobernado como lo es el acceso a la pronta y expedita impartición de justicia, en su vertiente a una tutela jurisdiccional efectiva, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que permite que sea impugnado en amparo indirecto. Por razón de la materia (mixta) ya que se actúa como órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional, al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, atento a que la ejecución del acto reclamado tiene lugar en la circunscripción territorial en la que este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija en forma clara y precisa cuáles son los actos reclamados, antes de verificar su certeza o inexistencia. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega, que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que además se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos (anexos), e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión y, precisa, debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable la jurisprudencia que se cita a continuación: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Así como la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita enseguida: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Bajo ese orden de ideas, al analizar en su integridad la demanda de amparo y las constancias de autos principalmente el informe justificado de la autoridad responsable se tiene que, los actos reclamados en el presente juicio son: El auto de dos de septiembre de dos mil veintidós, por el que se ordena la reanudación del procedimiento dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil 1560/2018/II del índice estadístico del juzgado responsable. (Proveído que se notificó personalmente el once de noviembre de dos mil veintidós, fojas 155 y 156 vuelta). Establecida la fijación clara y precisa del acto reclamado, por cuestión de método, debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada respecto de las autoridades señaladas como responsables. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia, en San Andrés Tuxtla, Veracruz; debido a que, al rendir su informe justificado, aceptó su existencia (fojas 45 a 47). Lo que se corrobora, con las copias certificadas de las actuaciones del Juicio Ejecutivo Mercantil 1560/2018/II de su índice estadístico, que remitió y en donde consta el auto de dos de septiembre de dos mil veintidós, por el que se ordena la reanudación del procedimiento, las cuales tienen valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 188, 197, 202, 210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2, ya que se trata de documentos públicos. Al respecto de lo anterior, tienen aplicación al caso las jurisprudencias de los rubros siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." y "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Procedencia del juicio. Siendo las causales de improcedencia cuestiones de orden preferente, éstas deben analizarse previamente a cualquier otro planteamiento, lo aleguen o no las partes, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo que dispone la jurisprudencia número 814, visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al no advertirse causa de improcedencia que se actualice en la especie, y tampoco las partes las señalaron, se procede al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado que se precisó en el considerando anterior. Previo estudio del fondo del asunto se debe precisar que de acuerdo con los dispositivos 17, 18, 19 y 22 de la ley en comento, la demanda se presentó dentro del término de quince días, toda vez que la resolución reclamada se hizo del conocimiento de la parte quejosa personalmente el viernes once de noviembre de dos mil veintidós. Notificación que, en términos de lo previsto en el artículo 1075 del Código de Comercio, surtió efectos el lunes catorce siguiente. En esa tesitura, el cómputo para la promoción del sumario constitucional transcurrió del martes quince subsecuente al ocho de diciembre posterior, sin contar los días diecinueve, veinte, veintiuno, veintiséis, veintisiete, veintiocho y veintinueve de noviembre, tres y cuatro de diciembre por ser sábados y domingos e inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Así también, en términos de la circular 1 y 34 de seis de enero y veintidós de noviembre de dos mil veintidós, emitidas por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado Veracruz, en sesión celebrada el cinco de enero y once de noviembre de esa anualidad. Ahora, si el escrito de demanda se recibió el miércoles siete de diciembre de dos mil veintidós -décimo cuarto día del plazo aludido- entonces no existe duda de que se presentó en tiempo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de voz y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." QUINTO. Constitucional del acto reclamado (auto de dos de septiembre de dos mil veintidós, por el que se ordena la reanudación del procedimiento). Los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa se tienen por reproducidos en obvio de repetición innecesaria; de conformidad con la tesis de jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, del texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." MARCO NORMATIVO En atención a que la cuestión a dirimir en el presente asunto está relacionada con la figura jurídica de los términos judiciales, a que hace referencia el artículo 1079 fracción IV, del Código de Comercio, es conveniente referir la regulación legal de ese aspecto. De los términos judiciales. Los términos judiciales, se encuentran previstos entre otros preceptos en el artículo 1079 del Código de Comercio, a saber: "Artículo. 1079. Cuando la ley no señale término para la práctica de algún acto judicial, ó para el ejercicio de algún derecho, se tendrán por señalados los siguientes: I. Ocho días, a juicio del juez, para que dentro de ellos se señalen fechas de audiencia para la recepción de pruebas, reconocimiento de firmas, confesión, posiciones, declaraciones, exhibición de documentos, juicio de peritos y práctica de otras diligencias, a no ser que por circunstancias especiales, creyere justo el juez ampliar el término; II. Nueve días para interponer el recurso de apelación contra sentencia definitiva, seis días cuando se trate de interlocutoria o auto de tramitación inmediata, y tres días para apelar preventivamente la sentencia interlocutoria o auto de tramitación conjunta con la definitiva, en los términos del artículo 1339 de este Código; III. Tres días para desahogar la vista que se les dé a las partes en toda clase de incidentes que no tengan tramitación especial; IV. Tres años para la ejecución de sentencias en juicios ejecutivos, juicios orales y demás especiales que se prevean en las leyes mercantiles y de los convenios judiciales celebrados en ellos; V. Cinco años para la ejecución de sentencias en juicios ordinarios y de los convenios judiciales celebrados en ellos, y VI. Tres días para todos los demás casos. VII. (DEROGADA, D.O.F. 24 DE MAYO DE 1996) VIII. (DEROGADA, D.O.F. 24 DE MAYO DE 1996)" De la interpretación jurídico sustancial de la normal legal citada, se aprecia nítidamente que, cuando la ley no señale término para la práctica de algún acto judicial, ó para el ejercicio de algún derecho, serán ocho días, a juicio del juez, para que dentro de ellos se señalen fechas de audiencia para la recepción de pruebas, reconocimiento de firmas, confesión, posiciones, declaraciones, exhibición de documentos, juicio de peritos y práctica de otras diligencias, a no ser que por circunstancias especiales, creyere justo el juez ampliar el término; nueve días para interponer el recurso de apelación contra sentencia definitiva, seis días cuando se trate de interlocutoria o auto de tramitación inmediata, y tres días para apelar preventivamente la sentencia interlocutoria o auto de tramitación conjunta con la definitiva, en los términos del artículo 1339 de ese Código; tres días para desahogar la vista que se les dé a las partes en toda clase de incidentes que no tengan tramitación especial; tres años para la ejecución de sentencias en juicios ejecutivos, juicios orales y demás especiales que se prevean en las leyes mercantiles y de los convenios judiciales celebrados en ellos; cinco años para la ejecución de sentencias en juicios ordinarios y de los convenios judiciales celebrados en ellos, y tres días para todos los demás casos. Así, en tratándose de la ejecución de sentencias derivadas de juicios ejecutivos mercantiles, el propio Código de Comercio dispone un término de tres años en el artículo 1079, fracción IV. Por lo que, se está ante la existencia de una norma especial para que se origine la prescripción en el supuesto de ejecución de sentencias en juicios ejecutivos, no deja margen a la interpretación ya que de manera clara regula el supuesto de la ejecución de sentencias derivadas de juicios ejecutivos, por lo que no es aplicable el plazo genérico que prevé el artículo 1047 del Código de Comercio. Por lo que, el término de tres años que específicamente estipula dicho artículo se refiere a la prescripción para la ejecución de sentencias en juicios ejecutivos, no a la preclusión de derechos adjetivos. Con base en las consideraciones anteriores, debe concluirse que la ejecución de una sentencia en juicio ejecutivo mercantil, constituye un derecho de naturaleza sustantiva, que consiste en el derecho a obtener lo reconocido en sentencia firme, frente al cual opera la figura de la prescripción, cuyo término está previsto de manera específica por el artículo 1079, fracción IV, del Código de Comercio, conforme al cual la ejecución de sentencias en los juicios ejecutivos prescribe en tres años. Por lo que los derechos emanados de la sentencia se encuentran limitados únicamente por la figura de la prescripción. Es aplicable, la Tesis de Jurisprudencia por contradicción 1a./J. 99/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Civil, Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Febrero de 2011, página 292, con registro digital 162860, del rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA DERIVADA DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EL DERECHO PARA SOLICITARLA PRESCRIBE EN EL TÉRMINO DE TRES AÑOS. El derecho para solicitar la ejecución de una sentencia firme y obtener lo reconocido en ésta es de naturaleza sustantiva, por lo cual se extingue mediante la figura de la prescripción. Así, el derecho a solicitar la ejecución de una sentencia derivada de un juicio ejecutivo mercantil prescribe en el término de tres años, conforme al artículo 1079, fracción IV, del Código de Comercio, que prevé una norma específica para tal supuesto frente al término genérico de diez años contenido en el artículo 1047 del mismo Código, el cual debe aplicarse en los casos en que no se señalen plazos más cortos para la prescripción." ANTECEDENTES Precisado el marco jurídico referencial que precede, el cual representa la premisa mayor del silogismo legal a practicar, en relación con las constancias procesales que integran las copias certificadas del Juicio Ejecutivo Mercantil 1560/2018/II del índice estadístico del Juzgado Segundo de Primera Instancia, en San Andrés Tuxtla, Veracruz, que la autoridad responsable remitió en justificación de sus actos, que adquieren el carácter de premisa menor, y con la finalidad de contar con la información suficiente para justificar el criterio que aquí se sostiene, conviene hacer referencia a los antecedentes que de ellas se desprenden, a saber: 1. Diligencias realizadas ante el Juzgado Mixto Menor de San Andrés Tuxtla, Veracruz. a) Por escrito de ocho de agosto de dos mil diecisiete, Griselda Xalate Domínguez demandó en la vía Ejecutiva Mercantil a José Luis Pio Hernández, entre otras prestaciones el pago de cantidad de $65,000.00. (sesenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) lo que motivó el inicio del Juicio Ejecutivo Mercantil 197/2017-II, del índice del Juzgado Mixto Menor de San Andrés Tuxtla, Veracruz, el cual, a efecto de emplazar al demandado envió despacho al Juez Municipal de Santiago Tuxtla, Veracruz, el que ordenó la práctica de la correspondiente diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, la que tuvo verificativo el treinta de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 49 a 51, 53 a 56 y 66 a 67 y 68 a 70). 2. Actuaciones ejecutadas ante el Juez Segundo de Primera Instancia, en San Andrés Tuxtla, Veracruz. b) Auto de tres de septiembre de dos dieciocho, con motivo del cierre del Juzgado Civil Menor de San Andrés Tuxtla, Veracruz, se tuvo por recibido el Juicio Ejecutivo Mercantil 197/2017-II, en el Juzgado Segundo de Primera Instancia, en San Andrés Tuxtla, Veracruz, se le asigno el número de Juicio Ejecutivo Mercantil 1560/2018/II (fojas 133 a 134). c) Seguido en sus etapas el juicio el veinte de febrero de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en la que se condenó a José Luis Pio Hernández al pago de la cantidad antes referida, más intereses moratorios sobre la suerte principal hasta su total pago (fojas 138 a 141). d) En auto de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, en el que se le dijo a la abogada de la parte actora ". que no ha lugar a lo solicitado, toda vez que si fue recurrida la sentencia. ." (fojas 138 a 141). e) Proveído de veintitrés de junio de dos mil veintidós, en el que se tuvo a la parte actora autorizando nuevo abogado patrono y señalando domicilio (fojas 143 vuelta). f) Auto de dos de septiembre de dos mil veintidós, por el que se ordena la reanudación del procedimiento dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil 1560/2018/II, a saber: "RAZÓN. A dos de septiembre del año dos mil veintidós, doy cuenta al ciudadano Juez, con los escrito signados por la Ciudadana Griselda Xalate Domínguez, presentado ante este juzgado el día veinte de junio y siete de julio del año en curso, con su respectivo anexo, registrado en el libro de promociones bajo los números cincuenta y treinta y cinco. CONSTE. AUTO. SAN ANDRES TUXTLA, VERACRUZ, A DOS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS. Visto el escrito, sin anexos, con que da cuenta la secretaría de este Juzgado, con fundamento en los artículos 8 Constitucional y 1077 del Código de Comercio en vigor, dígasele al ocursante que se provee de conformidad su petición al tenor siguiente: a). En primer lugar, se le tiene por presente exhibiendo una tirilla que contiene los requisitos del endoso en procuración a favor de las Licenciadas en derecho Nidia Alemán Dominguez y/o Olga Victorio Diaz y/o Rosa María Gil Fernández y/o Pilar Martínez Domínguez. b). Bajo esa tesitura y toda vez que la tirilla de cuenta que contiene el nuevo endoso, cumplen con los requisitos que exige el artículo 29 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y por los principios de economía procesal, así como de los requisitos de INCORPORACIÓN, LEGITIMACIÓN Y EXPEDITA CIRCULACIÓN con que se caracterizan LOS TITULOS DE CREDITOS, se le reconoce personalidad a las Licenciadas en Derecho Nidia Alemán Domínguez y/o Olga Victorio Diaz y/o Rosa María Gil Fernández y/o Pilar Martínez Domínguez, como endosatario en procuración de GRISELDA XALATE DOMÍNGUEZ, es así, porque los documentos bases de la acción contienen un crédito que se traduce en un valor monetario, para que la riqueza pueda circular con agilidad, en términos del artículo 35 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. c). Luego entonces, a partir de esta actuación el nuevo endosatario queda legitimado para promover lo conducente a nombre y representación de la tenedora de los documentos bases de la acción; en consecuencia, la tirilla se manda agregar al título de crédito base de la acción para que surtan sus efectos legales procedentes. d). Por otro lado, se le tiene por señalado como domicilio donde oír y recibir notificaciones de todo tipo, el despacho ubicado en calle San Andrés número 27, fraccionamiento San Andrés de esta Ciudad, en términos del numeral 1069 primer párrafo de la propia Legislación Mercantil; y respecto a lo peticionado en el párrafo primero y segundo, dígasele que deberá de estar a lo acordado en el auto de fecha dieciocho de junio del año dos mil diecinueve; por otro lado y como de autos se advierte que en el procedimiento se dejó de actuar más de noventa días naturales, desde la sentencia de fecha veinte de febrero del año dos mil diecinueve, y posterior a ello no existe alguna otra actuación que impulse el procedimiento, en esa virtud, como lo establece el artículo 309 fracción III del Código de Procedimientos Civiles Federal, notifíquesele personalmente al promovente José Luis Pío Hernández, en el domicilio ubicado en la calle Privada Carrillo Puerto número 287, Colonia Pénjamo del Municipio de Santiago Tuxtla, Veracruz, la reanudación del procedimiento, para que una vez que sean notificadas las partes promuevan lo que a sus intereses convenga y no queden en estado de indefensión; y toda vez que el domicilio del demandado se encuentra fuera de esta Ciudad, con fundamento en los artículos 1071 y 1072 del Código de Comercio, GIRESE DESPACHO AL JUEZ MUNICIPAL DE SANTIAGO TUXTLA, VERACRUZ para que por su conducto y en auxilio de las labores de este Juzgado ordene a quien corresponda SE SIRVA A REALIZAR LA DILIGENCIA DE NOTIFICACION, y una vez hecho lo anterior, se sirva a devolverlo a la brevedad posible; de igual manera se tiene por presentada a la actora Griselda Xalate Domínguez, por hechas su manifestaciones, teniéndose por notificada de la reanudación del procedimiento, mismo que será tomado en consideración en el momento procesal oportuno. NOTIFIQUESE POR LISTA DE ACUERDOS. CUMPLASE. ." (fojas 147). Proveído que constituye el acto reclamado. g) Notificación a José Luis Pio Hernández del auto de dos de septiembre de dos mil veintidós, por el que se ordena la reanudación del procedimiento dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil 1560/2018/II (fojas 155 y 156). SUBSUNCIÓN. En el contexto normativo y fáctico anterior, se puede concluir que, de la lectura integral de la demandada de amparo, se advierte que la parte quejosa sostiene que la autoridad responsable al emitir el auto de dos de septiembre de dos mil veintidós, por el que se ordena la reanudación del procedimiento dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil 1560/2018/II, infringe en su perjuicio sus derechos fundamentales relativos a las formalidades esenciales del procedimiento, legalidad, seguridad jurídica y acceso a la justicia, en su vertiente a una tutela jurisdiccional efectiva, previstos en los artículos 1, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al acordar la reanudación del procedimiento en la etapa de ejecución, en contravención a lo establecido en el artículo 1079 fracción IV del Código de Comercio, por lo siguiente: a) Inobservó de autos que se había dejado de actuar mediante auto de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, es decir, un lapso de inactividad procesal de más de tres años, por lo que, es obvio y claro que el Juez de origen, previo acordar la petición de la ahora tercera interesada, debió de estudiar y entender que ya operaba la prescripción para proseguir con la ejecución de la sentencia. Los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa se califican de infundados, atento a las siguientes consideraciones. En efecto, debe decirse que, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido el criterio de que el transcurso del plazo de prescripción previsto en el artículo 1079, fracción IV, del Código de Comercio para pedir la ejecución de una sentencia dictada en juicio ejecutivo, genera una acción o una excepción a favor del ejecutado cuyo análisis, en consecuencia, sólo procede a petición de parte y no de oficio por parte del Juez, como se demuestra enseguida. Sostuvo que, en el Código Civil Federal, supletorio al de Comercio, la prescripción negativa se define como un medio para librarse de obligaciones por no exigirse su cumplimiento en el transcurso de cierto tiempo, y bajo las condiciones establecidas en la ley (artículos 1135 y 1136). Que tanto en materia civil como en materia mercantil, la prescripción negativa supone la extinción de la eficacia de una determinada pretensión por no haber sido ejercitada en juicio dentro del plazo legal dispuesto para tal efecto. Esta pérdida de eficacia es consecuencia de la inercia o inactividad del titular del derecho sustantivo -pretendido o efectivamente existente- durante un cierto espacio de tiempo establecido en ley -término prescriptivo-. Para que opere la prescripción negativa, se requiere el silencio o la inacción del acreedor durante el tiempo señalado por la ley. Que esta institución se ha justificado en la necesidad de poner término a las situaciones de incertidumbre en el ejercicio de los derechos y en la presunción de abandono por parte de su titular. La inactividad, el silencio o falta de ejercicio del derecho constituye el fundamento de la prescripción extintiva por ser contrario al interés social una prolongada situación de incertidumbre jurídica. En ese sentido, sostuvo que, se ha dicho que con la prescripción se evita la existencia de una eterna "espada de Damocles" pendiente siempre sobre las relaciones jurídicas; y que sin la prescripción, ningún deudor podría estar tranquilo, ni aun después de haber pagado el importe de su crédito, si por desgracia se hubiera perdido el documento que acredita el pago o se hubiera destruido por un caso fortuito. También determinó que, se le concibe como una sanción al acreedor, por su falta de diligencia en exigir el cumplimiento de las obligaciones a su favor. Consideró que era importante aclarar que, por virtud de la prescripción negativa la obligación no se extingue de pleno derecho por el simple transcurso del tiempo y la inacción del acreedor, sino que se genera a favor del deudor un medio para verse librado de la obligación, de modo que si no obstante el tiempo transcurrido el deudor la cumple, esto constituye un pago correctamente efectuado; y si pretendiera hacer valer la acción de pago de lo indebido, dicha acción no prosperaría: La prescripción no opera de pleno derecho. Debe ser opuesta por el deudor, que no queda liberado mientras no juzgue conveniente servirse de este medio de defensa. Se deduce de ello una consecuencia notable; es que si el deudor renuncia al beneficio de la prescripción y paga voluntariamente su deuda, el acto es un pago y no una donación. Justipreció que se trata, por tanto, de una institución establecida en beneficio del deudor, quien puede decidir si se ampara en el plazo de prescripción para verse librado de la obligación respectiva, o bien, si no lo hace y procede a realizar el pago respectivo. Es por lo anterior que la prescripción genera una acción o una excepción perentoria a favor del deudor, de modo que para hacerla valer necesariamente se requiere de su formulación ante el Juez, sea en vía de acción o en vía de excepción. De lo anterior justipreció se deduce que, el Juez no puede considerarla de oficio. Además, porque no bastaría advertir el transcurso del tiempo fijado en la ley, sino que requiere exponer los hechos en que se funda ante el Juez para dar oportunidad al acreedor de controvertir sobre las diversas condiciones necesarias para actualizar la prescripción; por ejemplo, si la obligación es prescriptible, si el cómputo del plazo se hizo correctamente, cuál es su punto inicial y cuál el final, si tuvo lugar algún supuesto de suspensión o de interrupción del plazo de prescripción, etcétera. Y, por esto, es menester que el deudor interesado en que se declare prescrito el derecho a ejecutar, exponga los hechos en que se sustenta su pretensión y, en su caso, señale y aporte las pruebas atinentes, para que el acreedor esté en aptitud de hacer lo propio. De ahí que, como excepción, la de prescripción no cabe ubicarla dentro de la categoría de lo que en la jurisprudencia de esa Sala se ha identificado como "excepciones impropias", que se componen de hechos que por sí solos excluyen la acción por referirse a hechos impeditivos, modificativos o extintivos de las relaciones jurídicas que por razones de interés público pueden o deben ser invocados oficiosamente por los órganos jurisdiccionales, por lo que una vez que consta en autos la prueba de tales hechos, el Juez tiene el deber de estimarlos de oficio, aunque el demandado no lo haya invocado. Sostuvo que se incluye más bien en la categoría de las llamadas excepciones propias, cuyos hechos no excluyen por sí mismos la acción, porque involucra la demostración de diversas condiciones que pueden resultar controvertidas entre las partes (acreedor y deudor) referidas en el párrafo anterior, de modo que responden al principio de justicia rogada y deben ser planteados y probados por el demandado. Criterio que se sustentó, en la Tesis de Jurisprudencia por Contradicción 1a./J. 48/2016 (10a.) Décima Época, Materia Civil, Fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, página 873, con registro digital 2013070 del rubro y texto siguiente: "PRESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA DICTADA EN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EL JUEZ NO DEBE ANALIZARLA DE OFICIO. La interpretación de los artículos 1079, fracción IV, del Código de Comercio, 1135, 1136, 1141 y 1142 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria, conduce a determinar que el plazo de prescripción de tres años para la ejecución de sentencias dictadas en juicios ejecutivos mercantiles, previsto en el primero, no debe ser analizado de oficio por el juez, sino sólo a petición de parte. Lo anterior, porque la prescripción negativa es una institución jurídica establecida en beneficio del deudor para verse librado de la obligación por el transcurso de cierto tiempo sin que se le haya exigido su cumplimiento por el acreedor, que genera en su favor una acción o una excepción perentoria, la cual no opera de pleno derecho, porque el deudor no queda liberado mientras no juzgue conveniente servirse de este medio de defensa, de modo que si realiza el pago no obstante el tiempo transcurrido, éste es válido y no da lugar a la acción de pago de lo indebido. De ahí que los jueces deban abstenerse de analizar oficiosamente este aspecto, para dejar al deudor la determinación de hacer valer o no la prescripción, pues responde al principio de justicia rogada y debe ser planteada y probada por el deudor o ejecutado, ya que no se funda en un hecho que por sí solo excluya la acción de ejecución, porque no bastaría verificar el transcurso del tiempo, sino que involucra hechos que deben ser acreditados y de los que debe darse oportunidad al acreedor de controvertir, referentes a las diversas condiciones necesarias para configurar la prescripción; por ejemplo, si la obligación es prescriptible, si operó algún supuesto de suspensión o de interrupción del plazo de prescripción, si es correcto el cómputo de plazo, cuál es su punto inicial y cuál el final, entre otros." En consecuencia, contrario a lo que sostiene la parte quejosa en su concepto de violación, al ser la prescripción una institución por la cual el deudor puede verse librado de su obligación, sea en vía de acción o en vía de excepción perentoria y propia, la misma no puede ser invocada de oficio por el juzgador, sino que debe ser analizada por éste únicamente a petición de parte. En el caso, esa hipótesis se concretó, ya que como se describió en antecedentes, en el proveído impugnado se estableció que, una vez que sean notificadas las partes de la reanudación del procedimiento, promuevan lo que a sus intereses convenga y no queden en estado de indefensión. Razón por la cual, lejos de causar perjuicio el acto reclamado, en realidad cuidó el equilibrio procesal a efecto de que José Luis Pio Hernández pudiera defender sus derechos, y por ende, promoviera lo pertinente. De ahí lo infundado de los argumentos que expone el quejoso. CONCLUSIÓN Así debe concluirse que el auto de dos de septiembre de dos mil veintidós, por el que se ordena la reanudación del procedimiento dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil 1560/2018/II del índice estadístico del juzgado responsable, no vulnera los derechos fundamentales de la parte quejosa, por lo que es procedente negar el amparo solicitado. SEXTO. Supresión de datos sensibles. En otro contexto, tomando en consideración que las partes en este asunto no realizaron manifestación alguna, dentro del término concedido, en relación con su oposición para que se publiquen o den a conocer sus datos personales; en consecuencia, acorde con lo establecido en los artículos 23, 24, fracción VI; 73, fracciones II y V; 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V; 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, la presente sentencia se pondrá a disposición del público en la versión respectiva con supresión de tales datos, de conformidad con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley mencionada en segundo término. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en el artículo 73, 74, 77 y 79 todos de la aplicable Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a José Luis Pio Hernández, contra el acto y autoridad precisada en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando quinto de la presente sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el considerando sexto de esta resolución. Notifíquese en términos de Ley. Con esta fecha y por este conducto, se notifica a las partes quejosa y tercero interesada la sentencia engrosada el diecinueve de abril de dos mil veintitrés, por así estar ordenada en autos.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dos de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio del Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, téngase por rendido su INFORME JUSTIFICADO, y con el mismo, dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda; asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la ley antes citada, se tiene por anunciada la PRUEBA DOCUMENTAL que anexa la autoridad responsable a su informe sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. En otro aspecto, de la certificación de cuenta se advierte que entre la fecha en que se pondría a vista de las partes el informe aquí atendido y la de la audiencia constitucional, median seis días hábiles; ello en razón de que el presente acuerdo se notificará por lista de acuerdos el tres de febrero del actual, surtirá sus efectos el siete siguiente y el citado plazo comenzará a transcurrir del ocho al quince de febrero del año en curso, y la audiencia constitucional está fijada para el próximo dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Así las cosas, si conforme a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, entre la vista del informe y la audiencia constitucional deben mediar cuando menos ocho días hábiles, es inconcuso que la data que se encuentra fijada en el caso concreto no da oportunidad al otorgamiento de la referida vista. Por tanto, en aras de los principios de administración de justicia pronta y expedita, por economía procesal, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, ante la posibilidad de diferir oficiosamente la audiencia constitucional, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 115 de la Ley de Amparo, es que el suscrito determina diferirla anticipadamente y se fijan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración; en concordancia con el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese en términos de ley.
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