Jose Luis Piña Matias
Expediente 1170/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1170/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Jose Luis Piña Matias
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dos de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de queja conforme al diverso numeral 97 de la citada legislación, en contra del auto dictado por este Juzgado Federal, el diecisiete de julio de dos mil dieciocho, en el que se tuvo por desechada la demanda de amparo intentada. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA FIRME DICHO PROVEÍDO, para todos los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destruirse, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se tuvo por desechada la demanda de amparo intentada; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos vigésimo primero y vigésimo segundo del citado acuerdo general proceda a su destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos; quien actúa asistido de Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del diecisiete de julio del dos mil dieciocho, que en lo conducente dice: Cuernavaca, Morelos, diecisiete de julio de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo que promueve José Luis Piña Matias, contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número que le corresponda. Con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se DESECHA de plano la demanda de amparo, dado que se actualiza, en forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, XXIII , en relación con el diverso precepto 107, fracción IV, tercer párrafo , en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Del último precepto en cita se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Pero si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Sobre esa base, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que se desprenden dos hipótesis distintas de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos por las autoridades en comento después de concluido el juicio, a saber: a) Actos que gozan de autonomía con relación a la ejecución y, por ende, pueden ser impugnados de manera inmediata; y b) Actos de ejecución de sentencia, los cuales, por regla general, pueden ser impugnados en vía constitucional hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo, donde también pueden combatirse aquellas violaciones procesales sufridas durante dicha secuela; a manera de excepción en este último supuesto, dicha Sala del Máximo Tribunal del País precisó que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente -actos de imposible reparación- y resulten ajenos a la cosa juzgada. Los razonamientos recién precisados, que explican la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos después de concluido el juicio y que son acordes a la Ley de Amparo vigente, están contenidos en las jurisprudencia 1a./J. 19/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, Tomo XXXIII, Mayo de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De lo dispuesto en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se desprenden dos hipótesis de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, a saber: a) actos que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución y, b) actos en ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, debe precisarse que son aquellos que cuentan con autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, por tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. Respecto de la segunda clase, el amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que prueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento), en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución. Por otro lado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, el día cuatro de mayo de dos mil diez, emitió la tesis jurisprudencial de rubro siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.". Como punto toral del criterio antes señalado, el Tribunal Pleno estableció que la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo debe interpretarse a la luz de la fracción IV del mismo numeral dado que este último contempla un supuesto de aplicación más amplio y más protector y, por lo tanto, los supuestos normativos de la primera fracción referida se subsumen dentro de la segunda fracción citada, entendiéndose la procedencia excepcional del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, sea éste el ejecutante o el ejecutado. Ahora bien, en atención al criterio antes señalado, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la interlocutoria que desestima de manera firme una excepción sustancial y perentoria, alguna defensa u otro acto que tienda a detener o interrumpir la ejecución de la sentencia, como puede ser la excepción de pago o la de prescripción del derecho de pedir la ejecución, o bien, otro acto como un convenio de ejecución entre las partes, es impugnable de forma inmediata a través del juicio de amparo indirecto sin que tenga que hacerse valer como una violación procesal en la demanda de garantías que se intente contra la última resolución del procedimiento respectivo, ya que éstos resultan actos de imposible reparación". Con fundamento en lo expuesto, en el caso, el acto reclamado no es la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, tampoco constituye un acto autónomo a dicho procedimiento ni es de imposible reparación porque no violenta directamente derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada del juicio de origen. En efecto, dicho acto impugnado consiste en la omisión de emitir el auto de ejecución del laudo, dentro del procedimiento de ejecución del juicio laboral 01/744/17, y no constituye la última resolución de dicho procedimiento; no hay con ello, pues, final en la ejecución ni autonomía a ésta, ni afectación directa a un derecho sustantivo que sea ajeno a la cosa juzgada del juicio de origen. Además, no está debatido por las partes, y así se advierte de autos, que la omisión reclamada aconteció después de concluido el juicio, concretamente dentro del procedimiento de ejecución del laudo, que lleva por finalidad su cumplimiento, precisamente porque pospone la referida ejecución, de ahí que el acto aquí reclamado no resulta ajeno a la cosa juzgada. Sin que sea jurídicamente factible reputarle al acto impugnado autonomía destacada en relación al procedimiento de ejecución dentro del cual se emitió, dado que de constancias no se advierte que ya se haya cumplido el laudo emitido en el procedimiento de origen, se haya declarado la imposibilidad de cumplimiento ni mucho menos se ha ordenado que se archive el asunto como total y definitivamente concluido, pero más importante aún que, precisamente, la pretensión del quejoso va encaminada a controvertir la ejecución ya emprendida por la autoridad reclamada, de lo que incluso se desprende que dicho reclamo no implica la violación de un derecho sustantivo, pues la afectación que produce la omisión reclamada está ligada al procedimiento de ejecución del laudo definitivo del juicio de origen, lo que no resulta ajeno a la cosa juzgada de dicho juicio. En apoyo a lo anterior, es aplicable el criterio contenido en la jurisprudencia P./J. 108/2010 , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 163152 y rubro y texto siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". De igual forma, es ilustrativo el criterio contenido en la tesis I.3o.C.51 K (10a.) , del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con registro 2007139 y rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA ACTOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE SEAN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN CUANDO AFECTEN DERECHOS SUSTANTIVOS AJENOS A LA COSA JUZGADA. El artículo 107, fracciones IV y V de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, dispone los supuestos de procedencia del amparo en la vía indirecta que comprenden todos los actos que pueden llevarse a cabo fuera y dentro de un procedimiento judicial, así como después de concluido, en ejecución de una sentencia. En la Ley de Amparo abrogada, esa regulación con alguna diferencia, estaba en el artículo 114, fracciones III y IV, que fueron interpretadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el concepto de ejecución de imposible reparación entendido como la afectación directa e inmediata a un derecho sustantivo, podía ser aplicada para los actos en ejecución de sentencia, a condición de que se tratase de afectación a derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Así, deriva de la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, mayo de 2011, página 5, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.". Ese criterio, en cuanto a la aplicación del concepto de ejecución de imposible reparación con la definición que hace la actual fracción V del artículo 107, es aplicable al caso de la nueva Ley de Amparo. Por tanto, procede el juicio de amparo indirecto contra actos en juicio o en ejecución de sentencia que sean de imposible reparación, entendida como la afectación material directa a un derecho sustantivo, solamente que en ejecución debe tratarse de derechos ajenos a la cosa juzgada". Y debe abundarse en el sentido de que la omisión reclamada no es un acto de imposible reparación porque no violenta directamente derechos sustantivos. Se explica: Del diverso artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo -el cual solo servirá para dejar en claro que es lo que debe entenderse por actos de imposible reparación- se advierte que el legislador fue claro en establecer que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación y, mediante interpretación auténtica, explicó qué se entiende por este tipo de actos, acotándolos a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y, por contrapartida, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra todos aquéllos actos que impliquen alguna violación de carácter procesal, los que, en su caso, podrían reclamarse en amparo directo, principal o adhesivo. En efecto, del contenido del precepto 107, fracción V, de la Ley de Amparo y su interpretación, se obtiene que para la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación se requiere la presencia de dos requisitos indispensables para que puedan ser considerados como tal, a saber: 1. Que los derechos objeto de la afectación sean de naturaleza sustantiva y no únicamente de índole formal o adjetiva, por más relevantes o graves que sean y su trascendencia en el resultado de la resolución; y 2. Tratándose de derechos sustantivos, su afectación necesita producir una afectación material, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual su ejercicio, incluso, antes del dictado de la resolución definitiva. Tales argumentos fueron expuestos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencial P./J. 37/2014 (10ª.), con registro 2066589, emitida por dicho Pleno, publicada el seis de junio de dos mil quince en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. (LEY DE AMPARO VOGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Con lo cual se ha determinado que ya es inaplicable el criterio contenido en la tesis de jurisprudencia P./J. 4/2001 de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO" . En éste, fundamentalmente, se sostuvo que conforme a la legislación anterior -Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis- era posible interpretar que el amparo indirecto procedía, no sólo contra actos que afectaran directamente derechos sustantivos, sino que podía considerarse como actos de imposible reparación, excepcionalmente, tratándose de violaciones formales, adjetivas o procesales que afecten a las partes en grado predominante o superior, entre las cuales se encontraba el caso de la falta de personalidad, que constituye un presupuesto procesal sin el que no queda debidamente integrada la litis. Empero, atento al nuevo contexto de la Ley de Amparo -que le imprimió el propio legislador-, como ahora lo ha determinado la Corte, se proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación -que afecten materialmente derechos sustantivos-, aunque con ello se ha cerrado la puerta para impugnar cuestiones procesales, independientemente de la gravedad de su afectación; pero, sin perjuicio de que en cada caso se analice las afectaciones que, aunque procesales, puedan trascender en lo inmediato a derechos sustantivos que rebasen lo puramente procesal. Ahora bien, tratándose la omisión de acordar promociones o de proseguir en tiempo el juicio, por regla general el juicio de amparo es improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total; tal y como lo señala la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) , de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2011580 y rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". Ahora bien, como se dijo, en este caso, el acto reclamado se hace consistir en: la omisión de dictar el auto de ejecución en el juicio laboral 01/744/17, que le fue solicitado a la junta responsable, mediante escrito presentado el once de julio de dos mil dieciocho, por la parte actora -aquí quejosa-; lo anterior, en virtud de que el doce de junio anterior, se dictó la resolución en forma de Laudo, misma que le fue notificada a la parte demandada, el veinte de junio del actual, la cual no ha dado cumplimiento voluntario a dicha resolución. Pero esa omisión no afecta de manera material y actual derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en los Tratados Internaciones de los que el Estado Mexicano es parte, por dos razones: primero porque entre la fecha de la presentación del escrito cuya omisión de acordar se reclama, acontecida el once de julio de dos mil dieciocho y la fecha de la presentación de la demanda de amparo acaecida el dieciséis de julio del mismo año, tan solo mediaron dos días hábiles; lo que a juicio de quien ahora resuelve, ese lapso no produce una abierta dilación del procedimiento de ejecución o su paralización total. Máxime que a la fecha de la presentación de dicho escrito, se encontraba trascurriendo el término otorgado a la parte demandada para dar cumplimiento voluntario a dicha resolución; y segundo porque la omisión de acordar lo solicitado en ese escrito, relativo al auto de ejecución, tampoco provoca una abierta dilación del procedimiento de ejecución o su paralización total. Y dicha causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque aun de substanciarse el juicio de amparo, no cambiarían la naturaleza intraprocesal del acto reclamado. Es decir, no es necesario substanciar un juicio y celebrar su audiencia para advertir la causal de improcedencia que se actualiza, porque de la propia demanda, del acto reclamado y del escrito cuya omisión de acordar se reclama que fue allegado por la parte quejosa se aprecia la naturaleza intraprocesal del acto reclamado. En apoyo a lo anterior, es aplicable el criterio contenido en la tesis XIX.1o.P.T.3 K , del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, con registro 163652 y rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO POR MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS INTRAPROCESALES VERIFICADOS EN PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. En la jurisprudencia 1a./J. 29/2003 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, junio de 2003, página 11, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA.", expresamente se mencionó que en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, el legislador de forma destacada introdujo una regla específica con el propósito de impedir que el juicio constitucional de referencia sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva o laudo con el carácter de cosa juzgada; dicha regulación consiste en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, solamente cuando se trate de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo y nunca antes, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. En este orden, resulta inconcuso que como tales reglas tienen un tratamiento especial, al momento de su aplicación, no caben interpretaciones diferentes, pues de hacerlo, se correría el riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías, de manera que cuando se reclamen actos dictados dentro del juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no pueden aplicarse las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente contra todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación. De igual forma, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no se les puede aplicar la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, lo cual trastoca los motivos por los que el legislador instrumentó esas reglas, que fueron evitar el abuso del juicio de garantías. En consecuencia, las demandas de amparo indirecto enderezadas contra actos intraprocesales verificados al interior de procedimientos de ejecución de sentencias o laudos, después de concluido el juicio, se encontrarán afectadas de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia derivado de la mencionada tesis jurisprudencial y del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 114, fracción III, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo y, por tanto, procederá su desechamiento en términos del artículo 145 del propio ordenamiento". Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de demanda y por autorizados en los términos propuestos, a las personas que menciona, por tratarse de un asunto en materia laboral. En obvio de dilaciones procesales y a efecto de agilizar el proceso, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, sin que sea necesario que medie promoción alguna para ello, desde luego, previa toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas autorizadas para tal efecto; sin perjuicio de que se permita a las partes la reproducción de las promociones y acuerdos que integren el expediente, mediante el uso de aparatos electrónicos. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos; quien actúa asistido de Macario Oviedo González, secretario que autoriza y da fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · 17,306 expedientes
- Jose Luis Peñaloza Ramos732/2019
- José Luis Peralta Páramo175/2018
- José Luis Perdigón Labrador1117/2011
- Jose Luis Perdomo Prado946/2020
- José Luis Pérez Torres1737/2014
- Jose Luis Piña Matias581/2018
- Jose Luis Pineda Salgado629/2016
- Jose Luis Ramirez Garcia163/2020
- José Luis Ramírez Roque829/2006
- Jose Luis Reyes Escobedo253/2023
- Jose Luis Rios Alvarado396/2023
- Jose Luis Rivera Gonzalez849/2023