José Luis Picazo Herrero.
Expediente 510/2018 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 510/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- José Luis Picazo Herrero.
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
Agréguese a sus autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio de cuenta, mediante el cual se acusa recibo del oficio 2560/2018, así como de las constancias que se enviaron, e informa que ese órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento de la demanda de amparo. Al no existir diligencia pendiente de desahogo, archívese este asunto como concluido. Finalmente, visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de conformidad con lo ordenado en el punto Vigésimo del Acuerdo General Conjunto 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, que estableció como susceptibles de destrucción a las incompetencias en los que otro órgano jurisdiccional haya aceptado la competencia; por tal motivo, remítase el expediente de que se trata al archivo de este órgano colegiado para su resguardo, y en virtud de que carece de relevancia documental, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo anterior una vez que transcurra el plazo de más de seis meses de haberse ordenado su archivo.
- Juicio de Amparo Directo
De la cuenta que antecede, se advierte que el proveído de treinta de octubre de dos mil dieciocho, en el que por una parte se desechó por improcedente la demanda de amparo, promovida, y por otra se declaró incompetente este tribunal colegiado para conocer de la misma, le fue notificado por lista el treinta y uno de octubre siguiente; por tanto, el término de tres días establecido en el párrafo segundo, del artículo 104, de la Ley de Amparo, ha transcurrido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la propia ley, se declara que ha causado estado el citado proveído. En atención a lo anterior y en cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintinueve de octubre del presente año, remítase al Juez de Distrito en el Estado de Hidalgo, en turno, la demanda de amparo y anexos recibidos, para que se avoque al conocimiento en lo concerniente, en la falta de notificación legal de fecha veinte de septiembre de dos mil diecisiete, correspondiente a la sentencia definitiva de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, dictada por la Jueza Segundo Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, dentro del juicio ordinario civil 557/2013. Solicítese el acuse de recibo correspondiente. En su oportunidad, archívese como totalmente concluido, previa anotación en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E).
- Juicio de Amparo Directo
De la lectura íntegra de la demanda de amparo promovida, se advierte que señala como actos reclamados a) la sentencia definitiva de primera instancia dictada el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, por la Jueza Segundo Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, dentro del juicio ordinario civil 557/2013, b) todas y cada una de las actuaciones que conforman dicho expediente y c) la falta de notificación legal de fecha 20 de septiembre de dos mil diecisiete correspondiente a la sentencia en mención; sin embargo, debe considerarse que los actos que el quejoso identificó con los incisos a) y b) deben ser abordados conjuntamente, toda vez que se trata de la sentencia definitiva reclamada, así como de todas las actuaciones realizadas durante el juicio, en razón de que el artículo 171 de la Ley de Amparo dispone que al reclamarse la sentencia definitiva deben hacerse valer las violaciones procesales ocurridas durante el procedimiento, por ello no es factible desvincular dichas actuaciones de la sentencia reclamada. Hecha la anterior precisión, debe decirse que por lo que hace a los actos identificados con los incisos a) y b) relativo a la sentencia definitiva de primera instancia dictada el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, por la Jueza Segundo Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, dentro del juicio ordinario civil 557/2013, y cada una de las actuaciones realizadas en el juicio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, cuyo estudio es de oficio y aún preferente, por ser una cuestión de orden público, en términos de lo dispuesto por el numeral en cita, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 179 del ordenamiento legal citado, debe desecharse la demanda en cita. Así, cabe precisar que de los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, y 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Es por ello, que el presente juicio de amparo debe desecharse por notoriamente improcedente. En la especie uno de los actos reclamados se hace consistir en la sentencia definitiva de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, dictada por la Jueza Segundo Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, dentro del juicio ordinario civil 557/2013; por tanto, en contra de dicha resolución, procede el recurso de apelación, en términos del artículo 679, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Hidalgo, sin embargo, el citado quejoso no agotó ese medio ordinario de impugnación. En ese orden de ideas, respecto de la sentencia definitiva de primera instancia, señalada como acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 179, en relación con el 61, fracción XVIII, ambos de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO POR ENCONTRAR MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, la demanda de amparo promovida, en contra de la sentencia definitiva de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, dictada por la Jueza Segundo Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, dentro del juicio ordinario civil 557/2013 y cada una de las actuaciones realizadas en dicho expediente. En cuanto al acto reclamado identificado con el inciso c) consistente en la falta de notificación legal de fecha veinte de septiembre de dos mil diecisiete, correspondiente a la sentencia definitiva de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, dictada por la Jueza Segundo Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, dentro del juicio ordinario civil 557/2013, hay que considerar el artículo 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, los artículos 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo. De los artículos transcritos, se colige que el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, hipótesis que no se actualiza en el presente caso. Con lo anterior, este tribunal colegiado considera que el acto reclamado identificado con el inciso c), no constituye una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, consecuentemente, la Presidencia de este tribunal federal declara su legal incompetencia para conocer del presente juicio constitucional, en términos del artículo 45 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, por estimar que ésta se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Hidalgo, en turno, a quien se ordena remitirle el escrito de demanda de amparo y anexos con que se da cuenta, previo cuaderno de antecedentes que al efecto se forme, solicitándole el acuse de recibo correspondiente, una vez que cause estado la presente determinación. En cuanto a los correos electrónicos que proporciona, dígase al promovente que no ha lugar a proveer de conformidad su petición, toda vez que dicho medio de notificación no lo contempla la Ley de Amparo, y al no proporcionar los usuarios que le permita el acceso al portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, como del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso resulta inexacto, por lo que, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, las notificaciones personales del quejoso se efectuarán por lista. Se tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los que se indican, y en cuanto a las demás personas que menciona, se tendrán con tal carácter a quienes acrediten ante este tribunal encontrarse legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en Derecho o abogado y tener registrada su cédula profesional en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito; mientras tanto con fundamento en la última parte del párrafo segundo del precepto legal invocado, se tiene por autorizadas únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las personas que refiere en su escrito de demanda. Sin soslayar que el quejoso omitió estampar su firma autógrafa en el escrito de demanda de amparo, no así el diverso ocurso mediante el cual se presentó aquélla ante la autoridad responsable, por lo que dicho escrito de presentación, subsana la falta de firma de la demanda de garantías en comento, en virtud de la íntima relación que existe entre ambos libelos. Finalmente conforme a los criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información, en relación a los artículo 5° y 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la entonces Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, vigente únicamente en cuanto hace a datos personales y archivo, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva; se hace del conocimiento de las partes vinculadas con el presente asunto que, de conformidad con el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información que tiene bajo su resguardo este órgano colegiado, es pública, con las salvedades expresamente establecidas quedando regulado el presente asunto con las disposiciones contenidas en dicha ley.
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