José Luis Picazo Escobedo
Expediente 278/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 278/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- José Luis Picazo Escobedo
Actuaciones
- Principal
Se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno respectivo, archívense las actuaciones como asunto concluido, lo que tiene apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Notifíquese.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, tres de febrero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por José Luis Picazo Escobedo; regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado Federal y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 278/2023-4, que por razón de turno le corresponde. Ahora bien, analizada en su integridad la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial del Estado, el acuerdo de nueve de enero de dos mil veintitrés, por el cual niega enviar oficio a la empresa para al cual laboral a efecto de que proceda a realizar el descuento de embargo alimenticio estrictamente sobre el 50% después de las deducciones a que refiere en el escrito de mérito. Sin embargo, en el caso se actualiza una causa notoria y manifiesta de improcedencia, en términos del artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XIV.- Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Dicha porción normativa prevé el principio de definitividad del juicio de amparo consistente en la obligación del quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación antes de solicitar la protección de la justicia de amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, del Tomo XV, Mayo de 2002 (registro 187016), del tenor literal siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL.- La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Una vez que se ha señalado la razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, cabe destacar que el acuerdo de nueve de enero de dos mil veintitrés, por el cual el juez responsable niega enviar oficio a la empresa para al cual laboral el aquí quejoso, para que realice el descuento de embargo alimenticio estrictamente sobre el 50% después de las deducciones a que refiere en el escrito de mérito, incumple con ese requisito, pues en su contra procede el medio de defensa previsto en el artículo 914 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, el cual establece que: "Artículo. 914. Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser revocados por quien los dictó o por el funcionario que se sustituya en el conocimiento del negocio. También procede la interposición del recurso en segunda instancia contra esas resoluciones, cuando son dictadas en el toca respectivo." Acorde a lo anterior, es claro que la parte quejosa no cumplió con el principio de definitividad ya que previo al ejercicio de la acción de amparo, debe agotar el recurso de revocación previsto en el artículo transcrito con antelación. Por ello, como ya se ha dicho, el quejoso incumplió con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, al no agotar respecto del auto, un recurso o medio de defensa ordinario llamado revocación, el cual puede tener como resultado la anulación de la determinación adoptada por la juez responsable. Bajo esa óptica, atendiendo a las consideraciones expuestas, de conformidad con en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se analiza. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, correo electrónico, así como autorizados en los términos que señala, a los citados en la demanda de amparo. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que debe guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Así como con la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, que determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas el uso de aparatos electrónicos, como son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. En otro aspecto, en obvio de dilaciones procesales innecesarias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a este órgano de control constitucional para que procedan a practicar las diligencias encomendadas en este juicio de amparo en horas y días inhábiles si ello fuere necesario, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional.
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