Jose Luis Perez Ortiz

Expediente 1280/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1280/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
08/03/2021

Partes del expediente

  • Jose Luis Perez Ortiz

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que mediante Circular CAP/3/2020, se ordenó regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, plazo que se fue prorrogando por varios periodos mediante las Circulares SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021 y SECNO/9/2021, hasta el quince de febrero de dos mil veintiuno; no obstante, conforme a la diversa Circular SECNO/10/2021, se estableció un periodo de transición para la reanudación de las actividades jurisdiccionales a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, en donde no corrieron plazos ni términos los días dieciséis y diecisiete. Atento a lo anterior, quedaron suspendidos los plazos procesales en los diferentes asuntos de este órgano jurisdiccional del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, y por lo mismo no fue factible continuar con la tramitación de este procedimiento ni celebrar la audiencia constitucional. Reanudación del procedimiento. De esa forma, conforme a esta última Circular y bajo los lineamientos del Acuerdo General 21/2020, aprobado el veintiocho de julio de dos mil veinte, por el Consejo de la Judicatura Federal, se reanuda el procedimiento en el presente juicio de amparo. Fecha de audiencia constitucional. Consecuentemente, se fijan las DIEZ HORAS DEL DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional. Hágase saber a las partes que toda vez que de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, que entró en vigor el tres de agosto del presente año, se privilegia el uso de medios tecnológicos y se controla la presencia física en las instalaciones de los órganos jurisdiccionales, la audiencia constitucional se llevará a cabo mediante el método de videoconferencia en la plataforma digital "CISCO WEBEX"; por lo que, deberán proporcionar un correo electrónico, en el que se les enviará una invitación para unirse a la sesión correspondiente, pero en caso de no hacerlo, se entenderá que no es su deseo participar en la misma. Sin que pase inadvertido que deberán estar legitimadas para tal efecto, ya que a las personas que indiquen, se les enviará el citatorio electrónico respectivo siempre y cuando tengan personería reconocida en autos. Oportunidad de escrito. Se aclara que el escrito deberá presentarse a más tardar dos días antes de la fecha programada para la audiencia constitucional, pues se deben realizar las acciones informáticas y tecnológicas correspondientes por parte de este órgano jurisdiccional. En caso de que la totalidad de las partes manifiesten que no es su deseo asistir o, hagan caso omiso a lo anterior, se entenderá que no es su deseo participar en la videoconferencia; por lo tanto, la audiencia constitucional no será por este medio, sino únicamente con una constancia que al efecto se realice y firme por el personal de este juzgado, ya que como bien lo estipula el artículo 5, fracción II del acuerdo 21/2020, la misma puede llevarse a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes. Sobre las pruebas y alegatos. Debe decirse a las y los intervinientes que dicha diligencia sera´ pu´blica; como lo plasma el arti´culo 124 de la Ley de Amparo. A su vez, se llevara´ a cabo la relacio´n de constancias y recibira´n los alegatos que por escrito formulen. Sobre este punto, las partes no deben soslayar que si es su deseo alegar o inclusive presentar pruebas de manera oportuna, les corresponde conocer el horario y funcionamiento de la Oficiali´a de Partes Comu´n y el buzo´n judicial, tal como lo preve´ el acuerdo 21/2020, a menos que el acto reclamado encuadre en alguna de las hipo´tesis previstas en el arti´culo 15 de la ley de la materia, ya que, de ser el caso, u´nicamente la parte quejosa podra´ alegar verbalmente. Consulta de autos mediante cita. Por otro lado, si es deseo del justiciable consultar los autos de manera física, podrá hacerlo siempre y cuando cumpla con las obligaciones previstas en el capítulo II del acuerdo 21/2020, entre ellas, la gestión de la cita y obtención de su código QR a través del Portal del Consejo de la Judicatura Federal, al igual que el tiempo máximo que permite su estadía en el recinto judicial; y, primordialmente, el acato de las medidas sanitarias, pues su incumplimiento generará la inmediata expulsión. Exhortación a las partes para llevar el trámite en línea. Por otro lado, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se hizo el registro en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que las notificaciones personales emitidas en el presente juicio y que así lo ameriten, se les efectúe electrónicamente, y presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del acuerdo general 12/2020. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos y específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de quince días concedido a la parte quejosa, en proveído de once de septiembre de dos mil veinte, para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo; sin que a la fecha haya realizado manifestación alguna al respecto, no obstante de encontrarse debidamente notificadA, como se advierte de la constancia que obra en autos En tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el mencionado acuerdo, por lo que se sigue el trámite de este asunto únicamente por los actos y autoridades precisados en el escrito inicial de demanda. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veintiocho de diciembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, con fundamento en los artículos 1°, 2°, fracción III, 10, 11, 21 y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, difundido en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio pasado, téngase por recibida la demanda presentada por *******, por propio derecho, sin firma electrónica con evidencia criptográfica del promovente, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Registro de expediente. De conformidad con el artículo 21 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno que lleva este juzgado con el número 1280/2020, que le corresponde por razón de turno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Desechamiento. Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano sin suspender el acto reclamado. El citado artículo 113 dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para el examen del estudio de la demanda habrán de considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte meridiana y patentemente; y, por indudable, que no admite duda, esto es, que hay plena certeza y seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la parte promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia o no lleguen a desvirtuar su contenido. Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17 Constitucional, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Bajo esas circunstancias, la suscrita advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia derivada de los artículos 107, fracción I, constitucional, en relación con los diversos 3° y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. Esos artículos disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada (.)." Artículo 3º. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. (.) Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. (.) La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". (.) Ahora bien, el segundo de las disposiciones transcritas determina que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Así también, que su regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos números 1/2013 y 1/2015, se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa. Asimismo, el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de video conferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en términos del artículo 45, se establece que para la presentación de solicitudes, demandas y otros escritos de manera electrónica, excepto los asuntos relativos al artículo 15 de la Ley de Amparo, se deberá agregar al escrito de demanda la firma electrónica vigente. Así, los escritos que se presenten en forma electrónica deberán utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o de la e. firma (antes FIEL). En ese sentido, el principio de instancia de parte agraviada es uno de los que rige el juicio de amparo; de modo que, cuando no existe la expresión de la voluntad de quien se estima agraviado en sus derechos humanos, es imposible jurídicamente que la instancia se tramite ante la ausencia de tal manifestación. Lo anterior, se hace evidente cuando el solicitante del amparo no estampa su firma en la demanda respectiva, pues si la firma es el signo inequívoco de la expresión de voluntad del gobernado para demandar el amparo y protección de la Justicia Federal, consecuentemente, ante la falta de esa expresión de voluntad no es procedente el juicio de amparo, dado que resultaría inconducente o improcedente el análisis de violaciones de garantías en abstracto, sin que exista la expresión de voluntad de quien acude ante el aparato jurisdiccional para tal fin. De ahí la necesidad de que al intentarse el juicio de amparo, como en otras instancias, la identificación del quejoso constituya un elemento esencial de la demanda, pues de ello depende el objeto específico del juicio de amparo, en términos de lo ordenado en los artículos 73 y 77 de la ley que lo rige. Soporta el tema la jurisprudencia P./J.8/2019, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, con registro 2019715, Libro 65, tomo I, abril de dos mil diecinueve, visible en la página 79, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." En el caso, la demanda de amparo que se provee carece de la firma electrónica (FIREL o FIEL) del quejoso José Luis Pérez Ortiz, requisito esencial para que las partes en un procedimiento judicial expresen su voluntad de realizar el acto procesal correspondiente. Entonces, al carecer de dicha firma no puede considerar expresada la voluntad del promovente, y ante tal omisión dicho escrito no tiene ningún valor, pues todo escrito debe de ir avalado mediante el nombre y firma del promovente, o como en el presente caso, a través de la firma electrónica correspondiente y en esta forma responsabilizarse de su contenido para que sólo en esa hipótesis se pueda acordar lo que en derecho corresponda. En efecto, la omisión de dicha formalidad de la demanda por parte del promovente no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 114, de la Ley de Amparo vigente, que dé lugar a su aclaración pues de así considerarlo, ello provocaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con firma o sin ella, presentaran escritos para después en cualquier tiempo subsanar la omisión de voluntad de promover cuando este debió ser oportuno. En ese orden de ideas, se concluye que ante la falta de firma electrónica de quien se atribuye promovió la demanda, no puede decirse que exista voluntad de ejercitar la acción de amparo, de ahí que, al ser considerada la falta de firma, como una formalidad esencial que denota la voluntad de promover dicho juicio, implica el no ejercicio de la acción constitucional. En la inteligencia de que no se encuentra en el supuesto de excepción que prevé el último párrafo del artículo 3º de la Ley de Amparo, para que sea procedente la demanda de amparo electrónica, sin el requisito de la Firma Electrónica (evidencia criptográfica), toda vez que de la lectura integral de la demanda, no se advierte que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En ese sentido, con fundamento en los artículos 113, con relación al 61, fracción XXIII, y 5°, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, lo procedente ES DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, al no advertirse la firma electrónica del promovente *************, en el libelo constitucional. Domicilio y autorizados. Se tiene como autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas señaladas, por ser parte actora en el juicio natural. Uso de medios electrónicos. Asimismo, como lo solicita el promovente, se le autoriza, la consulta y toma de datos de los acuerdos que se dicten en el expediente en que se actúa, a través de cámaras digitales o diversos medios electrónicos; en el entendido que tal eventualidad será durante los horarios de atención de servicio al público, y bajo la vigilancia del funcionario respectivo, con la acotación de que deberá ser siempre con la procuración del manejo debido de este cuaderno principal. En la inteligencia de que, el uso de las constancias que se obtengan, quedará bajo la más estricta responsabilidad de las partes. Consulta del expediente electrónico. No obstante ello, afecto de que la parte quejosa esté en condiciones de imponerse de este acuerdo y en virtud de que, se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el usuario **********, se le autoriza consultar vía internet las actuaciones del presente juicio, por tanto, instrúyase a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a efecto de que realice las gestiones necesarias y se habilite la consulta del expediente electrónico, así como las notificaciones electrónicas. Con la precisión de que no ha lugar a tener por señalado el domicilio procesal para oír y recibir notificaciones, en virtud de que solicita de manera expresa que las notificaciones se realicen de manera electrónica a través del usuario que proporciona. Correo electrónico y número telefónico Se tiene al promovente proporcionando los diversos correos electrónicos y números telefónicos, únicamente para que este Juzgado de ser el caso, pueda establecer contacto en caso de que sea necesario. Se exhorta a las partes a llevar el juicio en línea. En el entendido que se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello tramiten los asuntos mediante el esquema "juicio en línea", en términos del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia de los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 (acuerdo general que es reiterado por el diverso 18/2020 vigente). Aviso de transparencia. Se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 4, 11, 12, 15 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince, toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, asimismo, que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la referida ley, deberá ponerse a disposición del público y actualizarse la información relativa a las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, así como las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información, en la inteligencia de que la falta de oposición de manera expresa conlleva su consentimiento. En caso de oposición, deberá estarse a lo establecido en la sección tercera, relativa al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince. Notifíquese personalmente vía electrónica.

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