José Luis Pérez Meraz
Expediente 586/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 586/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- José Luis Pérez Meraz
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, seis de diciembre de dos mil veintidós. Téngase recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al que anexa testimonio de la resolución dictada dentro del conflicto competencial ********************; acúsese el recibo de estilo correspondiente vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y estese a lo resuelto por la Superioridad mediante la resolución de que se trata, en la que en sus puntos resolutivos dice: "PRIMERO.- Sí existe conflicto competencial. SEGUNDO.- Se declara que el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo indirecto de su índice ********************-I, promovido por ********************, contra los actos reclamados de la Segunda Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí, y del ********************, de esa entidad federativa, consistentes en la omisión de ejecutar la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo ********************, y de realizar las adecuaciones presupuestales necesarias para pagar la condena, respectivamente, presentada el once de agosto del dos mil veintidós. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez transcurrido el plazo de tres años a que refiere dicho punto, destrúyase este expediente, dado que no existen documentos originales y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. ORDEN DE ARCHIVO. Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción, y la fecha de archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del indicado Acuerdo General. Finalmente, se precisa que, con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, la integración del presente expediente - electrónico y en su caso físico -, se llevara a cabo en términos de| lo dispuesto por el numeral 3° del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Hágase del conocimiento de las partes, para los efectos conducentes. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, trece de septiembre de dos mil veintidós. Téngase recibido el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, por el cual informa que admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Cuarto de Distrito en la ciudad de San Luis Potosí, mismo que se registró con el número de conflicto competencial 18/2022; en tal virtud, agréguese a los presentes autos para que obre como constancia. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, seis de septiembre de dos mil veintidós. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, agréguese a los presentes autos para los efectos legales pertinentes, el oficio remitido por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, ciudad capital, mediante el cual sostiene su postura de declinatoria de competencia para conocer del juicio de amparo 1093/2022-I de su índice, y en ese sentido, determinó remitir las actuaciones de ese sumario al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito en turno, a fin de que el Tribunal de Alzada determine lo que en derecho corresponda sobre el conflicto competencial suscitado entre este órgano jurisdiccional y dicho juzgado. Notifíquese.
- Principal
RECEPCIÓN OFICIO Y DEMANDA. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, agréguese para que obre como corresponda, el oficio del Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, capital, y anexos que acompaña, derivados del juicio de amparo 1093/2022-I de su índice, promovido por.contra actos de la Segunda Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de San Luis Potosí y otra autoridad; ello, en razón de que mediante acuerdo de doce de agosto de dos mil veintidós, declaró carecer de competencia legal para conocer del referido asunto; declinando dicha competencia a favor de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad, atento a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo. IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES. Vista la demanda de amparo promovida por. Fórmese el expediente relativo, anótese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo bajo el número 586/2022-II-I. PRONUNCIAMIENTO EN RELACIÓN CON LA COMPETENCIA PLANTEADA. Ahora, de las constancias que integran el juicio de referencia, se desprende que mediante determinación de doce de agosto de dos mil veintidós, el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, capital, estimó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, por la que el quejoso reclama: De la Segunda Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí: la omisión y contumacia para lograr la ejecución de la sentencia definitiva en el juicio contencioso administrativo 455/2012 de catorce de febrero de dos mil trece. Del Ayuntamiento de Tampacán, San Luis Potosí: A) La omisión y contumacia de dar cabal cumplimiento a la sentencia definitiva dictada dentro del juicio Contencioso Administrativo 455/2012 del índice de la Segunda Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, no obstante, los reiterados requerimientos y apercibimientos que se le han efectuado para que pague al suscrito las cantidades a las que fue condenada." B) La omisión de llevar a cabo las adecuaciones presupuestales necesaria para dar cumplimiento a la sentencia antes señalada" Competencia que declinó en favor de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, por el lugar de ejecución del acto reclamado, ello, al considerar que el acto tiene ejecución material en donde este Juzgado ejerce jurisdicción, pues las adecuaciones presupuestales que debe realizar el ayuntamiento condenado para cumplir la sentencia y ejecutar el pago al quejoso de las prestaciones correspondientes habrán de llevarse a cabo en el lugar de residencia del demandado, esto es, en Tampacán, San Luis Potosí. Al efecto, el juez declinante refiere que el acto reclamado es de naturaleza omisiva con efectos positivos, pues el reclamo versa en un "no hacer" de las autoridades respecto de algo que eminentemente tendría la obligación de efectuar, en la especie, lograr la ejecución de la sentencia definitiva dictada en el juicio contencioso administrativo 455/2012, así como la de cumplir dicha sentencia y realizar las adecuaciones presupuestales respectivas para tal fin; por lo que, resulta legalmente competente para conocer de la acción constitucional intentada, el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde tiene ejecución el acto reclamado, de conformidad con el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo. Sin embargo, respetuosamente, no se comparte el criterio que sostiene el Juzgador declinante y por ende, no se acepta la competencia planteada. Al respecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis de este precepto, se desprenden tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio: El que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Si el acto reclamado no requiere ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Entonces, el elemento que resulta necesario considerar para determinar qué juez de Distrito será el competente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo, es el relativo a si el acto reclamado requiere o no ejecución material, entendida, conforme al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación "en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación, es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real". Lo que necesariamente conduce a abordar la naturaleza jurídica del acto reclamado, y para los efectos del presente estudio, resulta orientador acudir a lo sostenido por la Primera Sala al resolver la contradicción de tesis 343/2019, donde al respecto estableció: "40. Ahora bien, con la finalidad de explicar mejor lo anterior, en principio se considera oportuno examinar la naturaleza del acto reclamado en los supuestos sometidos a contradicción, solo que para ello primero debe estudiarse la forma en la cual se dividen los actos de forma genérica de acuerdo a su naturaleza y consecuencias. Así, los actos se dividen en: Positivos Negativos Actos negativos simples Actos negativos con efectos positivos; Actos prohibitivos Omisivos o abstenciones Los actos positivos son aquellos que implican un hacer voluntario y efectivo de la autoridad responsable, es decir, consisten en una actividad que el gobernado estima violatoria de sus derechos fundamentales, por lo que se traducen en un hacer o un no hacer e implican una acción, una orden, una privación o una molestia. Por su parte, los actos negativos son aquéllos en los que la autoridad se rehúsa a satisfacer la pretensión del gobernado. Esto es, la autoridad ha hecho manifestación de voluntad para no conceder al quejoso lo que a él presuntamente le corresponde. Dentro de los actos negativos, se manifiesta una conducta positiva de las autoridades que se traduce en un no querer o no aceptar lo solicitado por el gobernado. En esta clase de acto se manifiesta con la conducta de las autoridades, que niegan lo que los gobernados les solicitan. En ese sentido, los actos negativos se subdividen en: i) actos negativos simples; ii) actos negativos con efectos positivos; y, iii) actos negativos prohibitivos. Actos negativos simples, son aquéllos en los que la autoridad responsable se rehúsa expresamente a acceder a la pretensión del gobernado. Para que se actualice la existencia de los actos negativos, debe existir una respuesta por parte de la autoridad donde se niegue la pretensión solicitada. Actos negativos con efectos positivos son aquellos que en apariencia son negativos, sin embargo, en realidad producen los efectos de un acto positivo, pues la autoridad no solo exterioriza una negativa con relación a la pretensión del gobernado, sino que además impone cargas concretas fácilmente identificables. Así, se distinguen de los actos puramente negativos por sus efectos, los cuales, se traducen generalmente en la imposición de obligaciones a los gobernados. Por tanto, se diferencian de los actos negativos en los efectos positivos, que se traducen en actos efectivos de las autoridades apartándose del rehusamiento que caracteriza a los actos puramente negativos. Actos negativos prohibitivos son los que establecen una obligación de no hacer al gobernado o que limitan su conducta. Se caracterizan porque la autoridad conmina al obligado a un no hacer, por lo que se traduce en un verdadero hacer de la autoridad consistente en imponer al gobernado una obligación de abstenerse de llevar a cabo determinada conducta, lo que entraña una limitación a la actividad del gobernado. Por ello, los actos prohibitivos son una modalidad de los actos positivos, en la medida en que involucran el quehacer de la autoridad responsable para establecer una limitación en perjuicio del quejoso. Finalmente, los actos omisivos o abstenciones, son aquéllos en los que las autoridades incumplen con un deber de hacer legal o constitucional, lo cual se traduce en una afectación para el gobernado. Para tener por actualizada la omisión, debe existir previamente la obligación para la autoridad de un hacer determinado, conforme lo disponga la norma legal correspondiente, para que se traduzca la omisión." Conforme a lo anterior, se tiene que los actos omisivos o abstenciones, para los efectos del juicio de amparo, son aquellos que derivan del incumplimiento legal o constitucional de las autoridades, con la consecuente afectación en los derechos subjetivos del gobernado. Por tanto, en este tipo de actos corresponde verificar si la omisión de cumplir y hacer cumplir una sentencia dictada en un juicio de nulidad por parte de la autoridad ordenadora y demandada produce efectos y/o consecuencias para las partes. Ahora bien, según se observa de la demanda de amparo, la parte quejosa reclama de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí, "la omisión y contumacia para lograr la ejecución de la sentencia definitiva en el juicio contencioso administrativo 455/2012 de catorce de febrero de dos mil trece." Y del Ayuntamiento de Tampacán, San Luis Potosí ".A) La omisión y contumacia de dar cabal cumplimiento a la sentencia definitiva dictada dentro del juicio Contencioso Administrativo 455/2012 del índice de la Segunda Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, no obstante, los reiterados requerimientos y apercibimientos que se le han efectuado para que pague al suscrito las cantidades a las que fue condenada." y "B) La omisión de llevar a cabo las adecuaciones presupuestales necesaria para dar cumplimiento a la sentencia antes señalada" Conforme a lo anterior, se advierte que la parte quejosa acudió al amparo a reclamar de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí y del Ayuntamiento de Tampacán, San Luis Potosí, las omisiones de, respectivamente: Asegurar el cumplimiento la sentencia definitiva de catorce de febrero de dos mil trece. Cumplir con el contenido de dicha resolución, específicamente llevar a cabo las adecuaciones presupuestales necesaria para dar cumplimiento a la misma. Conforme a lo anterior, es patente que en el caso de estudio los actos reclamados implican una omisión en el marco de un procedimiento jurisdiccional, consistente en la abstención para cumplir y hacer cumplir determinaciones dictadas en un juicio de nulidad. Por tanto, se estima que esa omisión o abstención sí tiene efectos positivos que permiten calificar a los actos reclamados con ejecución material. Para justificar lo anterior, es necesario hacer referencia al derecho de acceso a la justicia y al procedimiento de cumplimiento de las sentencias dictadas en el juicio de nulidad. El acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, previsto en el artículo 17 constitucional, es un derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita (esto es, sin obstáculos) a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora, el procedimiento de cumplimiento de las sentencias emitidas en el juicio de nulidad, lo rige el Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí, en sus numerales 253, 256 y 257, que establecen los lineamientos que deben observarse para el cumplimiento de las sentencias, cuyo contenido es: ARTÍCULO 253, 256.En su caso, la Sala remitirá copia certificada de la sentencia, al superior jerárquico, a la Contraloría General del Estado, o bien, al Congreso del Estado, según corresponda, para determinar responsabilidades al funcionario o autoridad demandada siempre y cuando la ilegalidad decretada no haya versado sobre cuestiones de criterio o arbitrio opinable o debatible, que el servidor público en ejercicio de sus facultades y con motivo de su función haya vertido en la atención, trámite o resolución de asuntos a su cargo, en la que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones; especificando el nombre de los involucrados en la emisión o ejecución del acto o resolución anulada, así como de quienes participaron en la defensa de la autoridad demandada, sin calificar su actuación por ser esto materia del aquéllas instancias. Para los efectos del párrafo anterior, el Tribunal establecerá una base de datos que permita a las autoridades señaladas, conocer las Sentencias de referencia. ARTÍCULO 257. El precepto 253 del ordenamiento en consulta prevé que las autoridades demandadas y cualquier otra autoridad relacionada están obligadas a cumplir las sentencias del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de San Luis Potosí en el plazo ya indicado. En concordancia con ese deber, el numeral 257 de esa legislación dispone que a fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del tribunal indicado, una vez vencido el plazo legal, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, en los términos indicados en dicho artículo. Así, el Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de San Luis Potosí, tiene la obligación constitucional (correlativa con el derecho de acceso a la tutela jurisdiccional efectiva) y legal de hacer asegurar el cumplimiento de sus fallos; de igual manera, las autoridades demandadas tienen el deber legal de acatar las sentencias definitivas y resoluciones dictadas por ese órgano jurisdiccional; en consecuencia, no asegurar su cumplimiento o no cumplir con esos fallos tiene naturaleza jurídica de una omisión. Por ello, se estima que esa abstención trae aparejada una ejecución material, dado que con ella se vulnera el acceso a la tutela jurisdiccional en la etapa posterior al juicio, específicamente el derecho de obtener la ejecución y de las resoluciones emitidas en un juicio y en su etapa de cumplimiento, en perjuicio del gobernado. Es decir, la omisión de ejecutar tales fallos es tanto como si las autoridades correspondientes emitieran un acto que vulnerara el derecho señalado, de modo que esa afectación cesará hasta que se cumpla con el deber señalado. Así, partiendo de la base de que el criterio de "ejecución material" previsto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, debe entenderse en el sentido que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación, esto es, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado en el sentido que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico. Es que se concluye que la omisión de ejecutar y dar cumplimiento a una sentencia dictada en un juicio de nulidad, para los efectos del juicio de amparo, constituye un acto que genera consecuencias positivas en el plano fáctico, es decir que tiene ejecución material, en tanto deriva de un deber constitucional de la autoridad, cuyo incumplimiento se materializa de forma directa en detrimento de quien obtuvo sentencia favorable sin obtener su debida ejecución, dado que mientras subsista, se genera una violación al derecho de impartición de justicia pronta y completa. Violación que subsistirá, hasta en tanto se lleve a cabo la legal ejecución o cumplimiento de la sentencia estimatoria a favor del quejoso. De ahí que se diga que tales actos no constituyen omisiones simples, sino que traen aparejados actos positivos que conllevan ejecución, precisamente porque se paraliza la obtención del cumplimiento de una sentencia a partir de la inobservancia de la autoridad demandada en cumplir y de la responsable que omite hacer cumplir su fallo. Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de emplazar a juicio a la parte demandada. Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos, pues mientras uno de ellos resolvió que si bien es un acto omisivo -por no cumplirse con una obligación determinada-, lo cierto es que genera efectos como si se tratara de un acto positivo y, por tanto, se actualiza la regla contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. En cambio, el otro órgano colegiado consideró que el acto reclamado es de naturaleza omisiva, que no requiere de ejecución material y, en consecuencia, resulta aplicable la regla de competencia prevista por el párrafo tercero del invocado artículo 37. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la omisión de emplazar al juicio ordinario a la parte demandada constituye una omisión con ejecución material, que actualiza la hipótesis prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme al cual, resulta competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde deba ser emplazada la parte demandada. Justificación: A partir de lo dispuesto por los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal, se obtiene que en todo juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, deben cumplirse las formalidades esenciales del procedimiento acorde a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, destacando por su relevancia, el emplazamiento; aunado a que uno de los principios que constituyen la tutela judicial efectiva es la justicia pronta. Entonces, la omisión de llevar a cabo el emplazamiento en un juicio ordinario, para los efectos del juicio de amparo, constituye un acto que genera consecuencias positivas en el plano fáctico, precisamente porque se paraliza el procedimiento en detrimento de la justicia pronta, a partir de la inobservancia de una de las formalidades esenciales del procedimiento, que representa primordial relevancia al constituir uno de los actos principales que dan paso al desarrollo del procedimiento a través del cual se desahogan las pruebas que, en su caso, aportan las partes al juicio y se oyen los alegatos que al efecto se presentan, culminando con la resolución que dicte el derecho. Por tanto, cuando en el juicio de amparo indirecto se acuda a reclamar la omisión del órgano judicial de emplazar a juicio a la parte demandada, resulta legalmente competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde habrá de llevarse a cabo tal emplazamiento, acorde a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo." Así, cuando la ejecución de las omisiones tanto de la Sala responsable como de las autoridades demandadas de lograr el cumplimiento sus propias resoluciones y acatar lo decidido en éstas, respectivamente, materializada en la violación al derecho de tutela jurisdiccional efectiva tiene lugar en un mismo Distrito Judicial, rige la regla prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, que asigna competencia al juzgador Federal en donde dicha resolución tiene ejecución. En cambio, cuando las omisiones reclamadas tienen ejecución en más de un distrito o han comenzado a ejecutarse en ellos y sigue ejecutándose en otro se surte la hipótesis de procedencia contenida en el segundo párrafo de ese precepto, que atribuye competencia al juez de amparo ante el que se presentó la demanda. El contexto jurídico y fáctico, aun y cuando los actos reclamados sí tiene una ejecución material, se estima que el órgano jurisdiccional que debe conocer de la demanda de amparo es el juez Federal ante quien se presentó la demanda de amparo. Es así, porque si bien las omisiones reclamadas se materializan en última instancia en un detrimento o menoscabo en el acceso a la tutela jurisdiccional efectiva de la quejosa que obtuvo una sentencia definitiva favorable, lo jurídicamente relevante es que la omisión de la Sala responsable de lograr el cumplimiento de ese fallo tiene ejecución en el lugar en el que se tramita el juicio de nulidad, es decir, en la ciudad de San Luis Potosí, pues es donde el promovente del amparo argumenta que persiste la abstención de dictar las medidas con la finalidad de dar cumplimiento forzoso a los lineamientos de sentencia emitida en el procedimiento de origen, así como en donde, en su caso, se concretarán los efectos del amparo con el dictado de dichas medidas. La diversa omisión de acatar dicha resolución, atribuida al Ayuntamiento de Tampacán, San Luis Potosí, que según lo aducido por la quejosa implica la contumacia de llevar a cabo las adecuaciones presupuestales necesarias para dar cumplimiento al fallo de origen, tiene ejecución material en el lugar donde el quejoso tiene su domicilio. Sin embargo, aun y cuando en autos no consta cuál es el domicilio del quejoso, ni existe algún hecho del que se pueda inferir ese dato, contrario a lo aducido por el juzgador requirente, pues la circunstancias de que la autoridad que deba dar cumplimiento a la sentencia de origen sea el Ayuntamiento de Tampacán, San Luis Potosí, no se infiere que actualmente tenga su residencia habitual en ese lugar; lo jurídicamente trascendente es que ya sea que la quejosa tenga su domicilio en San Luis Potosí, capital, en Tampacán, San Luis Potosí o en diversa entidad federativa, el juzgador competente para conocer del amparo es el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre. En efecto, si el domicilio de la pensionada estuviera en la ciudad de San Luis Potosí, implicaría las omisiones impugnadas tienen ejecución material en la jurisdicción del juez de Distrito requirente, en términos del párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo. Si la residencia habitual de la quejosa estuviese en Tampacán, San Luis Potosí o en alguna entidad federativa distinta de San Luis Potosí, capital, de cualquier manera la omisión de lograr el cumplimiento de sus resoluciones atribuida a la Sala responsable, según se indicó, tiene ejecución en esa ciudad, lo que implicaría que las omisiones reclamadas tienen ejecución en más de un Distrito Judicial, por lo que, en esta hipótesis, se surtiría la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo que también atribuye competencia al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, al haber prevenido en el conocimiento de la demanda. Similar criterio adoptó el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, al resolver el conflicto competencial 2/2022; lo que se invoca como un hecho notorio en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2°. En tales términos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, este juzgado federal, no acepta la competencia planteada; en consecuencia, en obvio de mayores trámites, devuélvase este asunto, al Juez Cuarto Distrito en Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, con auto inserto de la presente determinación; solicitándose el acuse de recibo de estilo, y con la atenta súplica de informar a la suscrita, la determinación que recaiga al presente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese.
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