José Luis Pérez Jiménez
Expediente 82/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 82/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- José Luis Pérez Jiménez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede se advierte que transcurrió el plazo de cinco días, que el artículo 98 de la Ley de Amparo, concede para interponer recurso de queja contra el auto dictado en el juicio de amparo en que se actúa, el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, por las consideraciones que en él se precisan, sin que se haya hecho valer; en consecuencia, con apoyo en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 356 y 357, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que CAUSA ESTADO el auto de referencia para todos los efectos legales correspondientes. En razón a que el presente asunto se encuentra concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales; publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo; asimismo, que no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en la caratula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de esta fecha, procédase a ???????????? transferirse este juicio de amparo, previo aviso a la Dirección General de General de Archivo y Documentación. Posterior, procédase a la destrucción del presente juicio de amparo, debiéndose generar previamente los documentos por duplicado que establece el artículo 29 del Acuerdo General de mérito, a efecto de tener plena identificación del expediente destruido.
- Principal
Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por José Luis Pérez Jiménez, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que se hacen consistir de manera destacada en la violación a la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación, a través de la misiva girada el quince de marzo del presente año, dirigida al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, contra del Juez Federal Juan Pablo Gómez Fierro. Con el original de la demanda de cuenta, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número 82/2021. Ahora, debe precisarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. De lo anterior se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que los adjetivos "manifiesto", significa, claro, evidente "indubitable", significa, cierto, seguro, que no puede dudarse. Cobra aplicación la tesis V.2o. J/75, consultable en la página 77, registro 215188, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 68, Agosto de 1993, Octava Época, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Esencialmente la tesis en cuestión, explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causal de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable al caso la diversa tesis aislada I.3o.C.41 K, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVI, Agosto de 2002, registro, registro 186294, Novena Época, Materia Común, del literal siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS. ORDEN EN QUE DEBE EXAMINARSE. La disposición contenida en el artículo 145 de la Ley de Amparo, en el sentido de que El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, interpretada sistemáticamente con lo establecido en el artículo 146 de la misma legislación, en cuanto a la obligación del Juez de prevenir al promovente para que regularice la presentación de petición de garantías, pone de manifiesto que el órgano de control constitucional debe estudiar la demanda a fin de establecer, en principio, si se cumplieron las premisas que prevé el artículo 116 de la ley de la materia, se expresó con precisión el acto reclamado y se exhibieron las copias que señala el artículo 120; y en el supuesto de advertir que se cumplen esas premisas o que se regularizaron por el quejoso, estará en posibilidad jurídica de determinar si se actualiza la procedencia de la acción de garantías o si se surte alguna causa manifiesta e indudable que la haga inejercitable. De no seguir ese orden de estudio, es posible que los requisitos omitidos y no regularizados o la imprecisión del acto reclamado, no permitan al juzgador discernir plenamente acerca de la procedencia del juicio y resultaría injustificado que desechara de plano la demanda de amparo e, incluso, dilatorio, en la medida de que determinado, en el recurso de revisión interpuesto contra ese desechamiento, que no se surte la improcedencia, tuviera que revocarse esa determinación y ordenarse la regularización del procedimiento para que primero se previniera al quejoso y, después, se resolviera nuevamente sobre la procedencia del amparo." En el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa no tiene interés legítimo para impugnarlo. El artículo reglamentario establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;.". Conforme a la reforma del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, se amplió el concepto de interés de parte agraviada bajo el que se definía el interés jurídico para promover el juicio de amparo, incorporando -en lo que interesa- el concepto de interés legítimo, cuando se alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos por la Ley Suprema y con ello se afecte la esfera jurídica del ciudadano, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por interés legítimo se entiende aquel interés individual o colectivo-, de cualquier persona, pública o privada, reconocido y protegido por el ordenamiento jurídico, es decir, es una situación jurídica que otorga al interesado la facultad de instar el respeto y el debido cumplimiento a la norma jurídica y, en su caso, de exigir una reparación por los perjuicios antijurídicos que de esa actuación deriven; por ende, para su existencia no se requiere de una afectación a un derecho subjetivo pero sí a la esfera jurídica del particular, ya sea de índole económica, profesional o de cualquier otra, resultando intrascendente que sea, o no, titular del respectivo derecho subjetivo. Al respecto, es relevante mencionar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido la distinción entre el interés simple y el interés legítimo, precisando que el constituyente permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. Lo anterior se apoya en los siguientes criterios: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"1. "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe 1 Época: Décima Época. Registro: 2012364. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 38/2016 (10a.) Página: 690. entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella."2 Ahora, sobre esta clasificación de interés, que atiende al nivel de afectación o intensidad de relación con la esfera jurídica de la persona, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció al resolver la contradicción de tesis 111/2013, en síntesis, de la siguiente manera: El interés simple implica el reconocimiento de una legitimación para cualquier individuo, por el solo hecho de ser miembro de la comunidad -situación que comúnmente se ha identificado con las denominadas "acciones populares" 2 Época: Décima Época. Registro: 2003067. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2. Materia(s): Común. Tesis: 2a. XVIII/2013 (10a.) Página: 1736. , mientras que el interés jurídico es aquel que se ha identificado con la titularidad de un derecho subjetivo, es decir, con la posibilidad de hacer o querer determinada circunstancia y la posibilidad de exigir a otros su respeto. Esto es, el interés simple es el concerniente a todos los integrantes de la sociedad, por lo que el grado de intensidad en la esfera jurídica no resulta cualificado, personal o directo, y constituye el supuesto contrario al interés jurídico, en el cual, la afectación a la esfera jurídica se encuentra referida a una cualidad específica: la titularidad de un derecho subjetivo. El interés legítimo implica un vínculo entre una persona y una pretensión; de forma tal que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro, pero cierto, es decir, se trata de un interés actual y real, no hipotético, pues ello se encontraría referido a un interés simple. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica, no exclusivamente en una cuestión patrimonial, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el cual, no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que, en su caso, llegue a dictarse. Así, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad, como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. Las consideraciones citadas dieron lugar a la emisión de la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)"3. 3 Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Tomo I, noviembre de dos mil catorce, página sesenta, de texto: "A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en En la especie, se considera que la parte quejosa únicamente cuenta con un interés simple para impugnar el acto reclamado, y no legítimo ni menos aún jurídico, toda vez que de la lectura de la demanda se observa que busca sólo lograr un control de legalidad en abstracto sobre los actos, y no defender o salvaguardar un derecho que en lo individual se reconozca a su favor. Lo anterior se considera así, pues el quejoso reclama, esencialmente, los actos de la violación a la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación, a través de la misiva girada el quince una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." de marzo del presente año, dirigida al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, contra del Juez Federal Juan Pablo Gómez Fierro. Asimismo, se observa que el promovente señala que acude al presente juicio de amparo únicamente como abogado litigante, con interés legítimo, por tener una especial posición frente a la ley, aduciendo que con el actuar de la autoridad responsable se coarta el derecho de acción de los quejosos ciudadanos y limita la administración de justicia en suspensión de actos reclamados dictados por los jueces de amparo especializados en materia económica. En ese contexto, resulta patente que el interés que aduce el quejoso constituye únicamente un interés simple, similar al que tiene todo gobernado residente en la República Mexicana, consistente en que las actuaciones de las autoridades se ajusten a lo establecido en la Constitución y leyes estatales, garantizando la protección de los derechos humanos reconocidos; sin embargo, los actos objeto de reclamo no son susceptibles de generar un perjuicio real, directo y actual en los derechos del impetrante, y tampoco se observa que de prosperar esta instancia constitucional, se traduciría en un beneficio jurídico personal del accionante; en resumen, la anulación de los actos no produciría ningún efecto directo o indirecto en la esfera jurídica del promovente de amparo. En tal caso, a pesar de que a todos los ciudadanos les interesa la legalidad de los actos realizados por el poder público, ese objetivo o intención es insuficiente, por sí mismo, para acudir al juicio de amparo, porque al ser global se traduce en un interés simple que la ley reconoce a todo ciudadano, pero no puede asimilarse al interés legítimo previsto en el precepto constitucional inicialmente citado, necesario para acudir al juicio de amparo. Máxime que la presente demanda de derechos fundamentales, no se insta en representación de una persona en particular que se encuentre afectada por el acto reclamado, sino de manera general respecto de todas las personas que según su dicho pudieran ser quejosos en algún juicio de amparo y hayan solicitado la medida suspensional en materia de competencia económica, de ahí, que es evidente que no se puede determinar que se encuentra exteriorizada la voluntad del directamente interesado en la promoción del juicio de amparo, pues éste únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, requisito que debe quedar plenamente acreditado para que el juzgador se encuentre en condiciones de admitir una demanda de amparo; por lo que al no especificarse de manera concreta a nombre de quién se insta la presente demanda, resulta improcedente admitirla a trámite. Además, no es el sentido de legalidad o la opinión particular sobre este concepto lo que de suyo puede llevar a una declaratoria de inconstitucionalidad, pues de ser así, todos los habitantes estarían legitimados para impugnar cualquier tipo de acto y se llegaría al extremo de permitir que se reclamen derechos abstractos, lo que traería como consecuencia la existencia de un número indeterminable de procedimientos que, a la postre, ningún sentido tendrían porque no generarían ningún beneficio personal y directo sobre la esfera de derechos del impetrante. En consecuencia, al no advertirse que los actos reclamados causen un perjuicio en la esfera jurídica de la parte quejosa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por tanto, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por José Luis Pérez Jiménez, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones en la lista de acuerdos que para tal efecto se lleva en este juzgado de Distrito. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios Judiciales días y horas inhábiles, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto clasifica como información NO RESERVADA. Por consiguiente, se les previene para que expresen si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición implica su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. Procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido, excepción hecha de las constancias que debido a su voluminosidad, dificulten su manejo en los sistemas electrónicos de captura con que cuenta este tribunal, y en uso de la facultad discrecional que le otorga el artículo 22, del Acuerdo General Conjunto 12/2020, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, las cuales, en su caso, quedarán a disposición de las partes en esta secretaría, para su consulta, hasta en tanto llegue el momento de proveer sobre su destino final. Exhortación a tramitar asuntos "en línea". Se exhorta al promovente de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de juicio en línea. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa.
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