José Luis Pérez Hilagor
Expediente 394/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 394/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 09/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Luis Pérez Hilagor
- Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de noviembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Copia certificada. Agréguese a los autos el escrito de la quejosa María Isabel González Sámano; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele, a su costa, copia certificada de las constancias que solicita, previo recibo que se deje en autos. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Causa ejecutoria sentencia. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal la sentencia dictada en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se negó el amparo y protección de la justicia federal, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DEPURACIÓN. Incidente de Suspensión. Por otra parte, en el incidente de suspensión se concedió la provisional y la definitiva, en consecuencia, el original de dicho cuaderno es susceptible de depuración, por lo que una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente, siempre y cuando exista el original. Devolución de tomo de pruebas. En atención a que resulta innecesario conservar los II tomos de prueba que se formaron con las constancias que remitió la responsable, se ordena su devolución. Se deja documental a disposición de la parte quejosa. Hágase saber a la parte quejosa que queda a su disposición la prueba documental que anexó a su escrito inicial de demanda, consistente en un disco óptico (foja 17); en el entendido de que si no acude a este juzgado dentro de un plazo de noventa días a recogerlos, podrá ser depurada junto con el expediente original. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 394/2018. RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo indirecto. El tres de mayo de dos mil dieciocho (fojas 6 a 15), se tuvo por recibida la demanda promovida por María Isabel González Sámano, José Luis Pérez Hilagor o José Luis Pérez Ilagor y Amado Salinas Solache, por derecho propio, la que inicialmente fue del conocimiento del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, quien declaró carecer de competencia para conocer de la demanda y la remitió mediante oficio 3185/2018 de fecha dos de mayo de dos mil dieciocho (folios 1 y 2). En la demanda la parte quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violados en su perjuicio los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, y 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. Por auto de cuatro de mayo de dos mil dieciocho, este Juzgado de Distrito, a quien por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, admitió a trámite la demanda de amparo, registrándola con el número 394/2018 (fojas 18 a 21). Previo los trámites de ley, se llevó a cabo la audiencia constitucional quedando el juicio en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013, y modificaciones del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en virtud de que el acto reclamado fue dictado por una autoridad que tiene residencia en la ciudad de Morelia, Michoacán, donde este órgano jurisdiccional ejerce su competencia. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar el acto reclamado. Del Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia: La resolución dictada el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, dentro del recurso de reconsideración 361/2017, que determinó modificar el auto de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, dictado dentro del juicio administrativo 1025/2017, para el efecto de analizar el acto impugnado consistente en el acuerdo tomado en sesión ordinaria del Ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán, de diecisiete de julio de dos mil diecisiete, en el que se aprobó la donación de la fracción de terreno en conflicto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, pues así lo reconoce dicha autoridad al rendir su informe justificado (fojas 3 a 5). Lo que se corrobora con las constancias que acompañó el magistrado responsable a su informe justificado consistentes en los autos del recurso de reconsideración 361/2017 y juicio administrativo 1025/2017, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de este último ordenamiento. CUARTO. Antecedentes. Antes de entrar al estudio del acto reclamado, es importante dejar asentados los antecedentes siguientes: 1) El nueve de junio de dos mil diecisiete, María Isabel González Sámano, Dedny Claudia Díaz Reyes, Roberto Gómez Ramírez, Jesús Medina Valdez, José Luis Pérez Hilagor, Donaciano Archundia Sámano, Álvaro Solache Vázquez, Amado Salinas Solache y Eduardo Díaz Marín, en cuanto habitantes y vecinos de la Tenencia de Chichimequillas de Escobedo o San Miguel Chichimequillas de Escobedo, presentaron juicio administrativo contra el Ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán y el jefe de tenencia, reclamando privación de la posesión de una fracción del predio "La Joya" (conocido como "El Corral"), ubicado al sureste de la ciudad de Zitácuaro, Michoacán (fojas 4 a 13 del tomo II de pruebas). 2) Por auto de veintiocho de junio de dos mil diecisiete, la Magistrada Instructora de la Primera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, a quien le correspondió el conocimiento de la demanda, previo hacer el pronunciamiento relativo, en términos del artículo 231 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, previno a los promoventes para que precisaran el acto o resolución definitiva impugnada a las autoridades demandadas y señalaran los conceptos de violación que les causan (fojas 83 a 84 del tomo II de pruebas). 3) Mediante escrito presentado el diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, los promoventes refirieron dar cumplimiento con la prevención, a excepción de Álvaro Solache Vázquez quien no firmó el escrito en aceptación; para lo cual, precisaron que reclamaban al Ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán, la determinación de veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, de tomar posesión y apropiarse del inmueble materia de la controversia, así como el acuerdo tomado en la sesión ordinaria de diecisiete de julio del citado año, sobre la aprobación de la donación de la fracción de terreno en conflicto, y al jefe de tenencia la consulta ciudadana realizada el veintitrés de abril de dos mil diecisiete (fojas 87 a 96 del tomo II de pruebas). 4) En veintitrés de agosto, la magistrada de la Primera Ponencia, citó a las partes en conflicto a una audiencia conciliatoria y reservó hacer el pronunciamiento relativo (fojas 111 y 112 del tomo II de pruebas). 5) Celebrada que fue la audiencia el veinticinco de septiembre siguiente, sin que las partes hayan conciliado, por auto de treinta y uno de octubre, la magistrada de la Primera Ponencia, determinó que ese tribunal carece de competencia legal para avocarse al conocimiento de la controversia en razón de que es una acción que tiene naturaleza penal regulada por el Código Penal del Estado de Michoacán y dejó a salvo los derechos de la parte actora para que se inste ante la autoridad competente (fojas 117 y 130 a 134 del tomo II de pruebas). 6) Inconformes con dicha determinación, María Isabel González Sámano y José Luis Pérez Hilagor, interpusieron recurso de reconsideración ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo, quien lo registró con el número de toca JA-R-0361/2017-III, mismo que en Pleno se resolvió con data treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, declarando inoperantes en una parte y en otra fundados los agravios formulados (fojas 154 a 167 del tomo II de pruebas). QUINTO. Causales de improcedencia. Al no existir causales de improcedencia que las partes hagan valer o que se adviertan de oficio de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede a realizar el estudio de los conceptos de violación que esgrime. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación que estimó pertinentes, los que en este apartado se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias, en atención a lo que dispone la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página 830, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SÉPTIMO. Precisión respecto de la inoperancia de los conceptos de violación por lo que ve al quejoso Amado Salinas Solache. Los motivos de inconformidad expuestos por Amado Salinas Solache resultan inoperantes. Lo anterior es así, en razón de que acude al juicio de amparo indirecto para reclamar la resolución dictada el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, dentro del recurso de reconsideración 361/2017, promovido por María Isabel González Sámano y José Luis Pérez Hilagor. En ese contexto, resultan inoperantes sus conceptos de violación para combatir el acto reclamado (resolución de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho), en razón de que él no interpuso el recurso ordinario previsto en el artículo 298, fracción I, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, de ahí que no resulta procedente que a través del juicio de amparo pretenda impugnar una situación que consintió tácitamente con anterioridad. Lo anterior es así, pues al reclamar en esta instancia constitucional la resolución que recayó al recurso de reconsideración que no fue interpuesto por él, resultan inoperantes sus conceptos de violación pues no fueron planteados en los agravios formulados por María Isabel González Sámano y José Luis Pérez Hilagor en su escrito de interposición del recurso, por lo que la responsable sólo resolvió respecto de los agravios planteados por los recurrentes, no así por los que ahora pretende hacer valer Amado Salinas Solache en esta instancia constitucional. Por tanto, se concluye que al no haber impugnado el quejoso Amado Salinas Solache el auto de origen, éste quedó firme y se estima consentido. Sin que deba considerase como un acto derivado de otro consentido en razón de que la resolución de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, no es una consecuencia necesaria y directa del auto de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete (en que se declaró la improcedencia del juicio administrativo), pues el quejoso no fue quien interpuso el recurso de reconsideración. Así, la emisión del auto de origen no conduce necesariamente al pronunciamiento de la resolución del recurso de reconsideración, ello sólo ocurre si las partes interponen dicho recurso. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 1a./J. 111/2009, de la Prima Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, visible en la página 5, con número de registro 164642, de rubro siguiente: "ACTO DERIVADO DE OTRO CONSENTIDO. NO LO CONSTITUYE LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA CUANDO EL RECURSO LO INTERPONE PERSONA DIVERSA AL QUEJOSO EN EL JUICIO DE AMPARO." En consecuencia al resultar inoperantes los conceptos de violación formulados por el quejoso Amado Salinas Solache, lo procedente es negar el amparo solicitado por éste respecto de la resolución dictada el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, dentro del recurso de reconsideración 361/2017. OCTAVO. Conceptos de violación respecto del resto de los quejosos. Una vez que fueron analizados los conceptos de violación hechos valer por los quejosos, se declaran, por una parte inoperantes, por otra infundados y por otra más, fundados pero inoperantes; tal y como se demostrará en los siguientes párrafos; en el entendido que el presente juicio de amparo se resolverá bajo el principio de estricto derecho, toda vez que versa sobre la materia administrativa y los quejosos no se encuentran en alguno de los supuestos de que se les supla la deficiencia de los conceptos de violación, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo. Precisado lo anterior, se tiene que en el primer concepto de violación, en su primera parte, argumenta que la sentencia recurrida es violatoria de los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales, pues argumenta que vulnera los principios de exhaustividad y congruencia, dado que omitió analizar la totalidad de los razonamientos lógico-jurídicos que se esgrimieron en su escrito de agravios; en ese sentido, aduce que al no estudiar la totalidad de los agravios hechos valer en el recurso de reconsideración interpuesto, la responsable no logra evidenciar lo fundado de su recurso, y al efecto transcribe los agravios que hizo valer ante la responsable, pero sin expresar ningún razonamiento tendiente a controvertir alguna parte de la resolución que en esta vía constitucional se reclama, o en su caso, hacer valer la parte que la responsable fue omisa en estudiarlos, pues únicamente los transcribe. En ese sentido, tal parte del concepto de violación se declara inoperante, pues como se dijo con anterioridad, la parte quejosa únicamente se duele que la responsable fue omisa en atender la totalidad de los agravios expuestos por su parte en el recurso de reconsideración de origen, sin embargo, es totalmente omisa en emitir algún razonamiento tendente a evidenciar tal omisión, o de combatir alguna parte de la sentencia, sino que, como se advierte de la aludida parte del concepto de violación, únicamente se limita a realizar manifestaciones genéricas para indicar que la resolución es ilegal y que viola los principios de congruencia y exhaustividad; de ahí la inoperancia del concepto de mérito. Corrobora lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 185425, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la página 61, tomo XVI, de diciembre de dos mil dos, cuyo rubro y texto dicen: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." Por otra parte, en la segunda parte de su primer concepto de violación, refieren, en esencia, que la autoridad responsable al momento de dictar la resolución combatida fue incongruente al calificar su único agravio en parte inoperante y por otra fundado; toda vez que, según la parte quejosa, pues del contenido de la sentencia, se advierte que en un primer momento se califica como inoperante, y con posterioridad lo califica como infundado y en los resolutivos se señala que es inoperante; de ahí que se duela de la incongruencia antes citada. Lo anterior es fundado pero inoperante, toda vez que los quejosos aciertan en advertir que la responsable en un primer momento califica parte de su agravio como inoperante y con posterioridad determina que es infundado, culminando en los puntos resolutivos que es inoperante; sin embargo dicha situación en nada le beneficia en que la aludida parte de la sentencia se modifique a la calificativa de inoperante en lugar de infundado, pues de una lectura de los razonamientos dados por la responsable en el apartado que combate, se evidencia que lo expresado por la autoridad es que la parte del agravio que se estudia es inoperante, toda vez que los recurrentes, ahora quejosos, no expusieron agravios tendentes a combatir el auto reclamado, de ahí que, ante dicha omisión, válidamente el Tribunal responsable determinó que no podían analizar cuestiones que no fueron controvertidas en los agravios, es decir, los mismos resultaron inoperantes. En ese sentido, para demostrar con mayor precisión lo anterior, se transcribe la parte de la sentencia que se combate, y que sin lugar a dudas, se advierte que el Tribunal responsable analiza y pone de manifiesto que la parte del agravio que se estudia es inoperante y no infundado, no obstante que así lo señaló en un par de ocasiones; se transcribe dichas consideraciones: (.) TERCERO. El único agravio resulta inoperante en parte y fundado en otra, como se expondrá. Se considera de ese modo, porque el único agravio lo sustentó en el hecho de que no se tomó en cuenta el requerimiento y el escrito de aclaración de la demanda en el que señaló como acto impugnado el acuerdo tomado en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán, de fecha diecisiete de julio de dos mil diecisiete, en el que indebidamente se aprobó la donación de la fracción de terreno en conflicto, lo cual resulta infundado, como se expondrá. En efecto, de las constancias que integran el juicio administrativa del derivó el presente recurso, se advierte que por escrito presentado el nueve de junio de dos mil diecisiete, ante la Oficialía de Partes de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, comparecieron MARÍA ISABEL GONZÁLEZ SÁMANO y JOSÉ LUIS PÉREZ HILAGOR y otros, a demandar los actos y por las autoridades que a continuación se precisan: (Se transcribe) La Primera Sala Administrativa Ordinaria de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán por auto de veintiocho de junio de dos mil diecisiete, requirió a los actores para que aclararan la demanda (foja 91), el cual es del tenor literal siguiente: (Se transcribe) Los actores en cumplimiento al anterior requerimiento, manifestaron en lo conducente, lo siguiente: (Se transcribe) Bajo ese contexto, se advierte que los recurrentes, soslayan exponer agravios en contra de las consideraciones de rigen el auto recurrido para establecer que este tribunal carece de competencia legal por razón de la materia para conocer de la demanda promovida por los actores en relación a los actos precisados en el escrito inicial de la demanda, y en relación a los actos atribuidos al Jefe de Tenencia de Chichimequillas de Escobedo y/o San Miguel Chichimequillas de Escobedo, Municipio de Zitácuaro, Michoacán, en el escrito aclaratorio de la demanda, por lo cual, no se puede analizar cuestiones que no fueron controvertidas en los agravios, por ende, deberán seguir rigiendo el sentido del auto recurrido. (.)" En ese sentido, de la anterior transcripción, es que se pone de manifiesto que, si bien es cierto, la autoridad responsable fue incongruente en calificar la parte del agravio que se analiza, en primer término como inoperante, posteriormente como infundado y por último, en sus resolutivos nuevamente como inoperante, la verdad es que el cambio de calificativa en nada abonaría en favor de la pare quejosa, pues los razonamientos expuestos por la responsable son tendentes a evidenciar la inoperancia de dicho agravio, de ahí que, se insiste, su argumento es fundado pero inoperante al no causarle ningún beneficio a su pretensión. Resulta aplicable a lo anterior, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 108 de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 917642, consultable en el Apéndice 2000, página 85, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, cuyo rubro y texto dicen: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES. Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgrimidas al respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable, y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado." De igual forma, resulta aplicable la tesis asilada II.1o.T.11 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, con registro digital: 2012328, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en la página 2527, Libro 33, de agosto de dos mil dieciséis, tomo VI, cuyo rubro y texto dicen: ""CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES". LA JURISPRUDENCIA EMITIDA CON DICHO RUBRO POR LA OTRORA TERCERA SALA DEL MÁS ALTO TRIBUNAL DE LA NACIÓN, SIGUE TENIENDO APLICACIÓN CON LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. El Tribunal Colegiado de Circuito, al conocer de un amparo directo está facultado para mejorar o reforzar las consideraciones de la autoridad responsable, ante un concepto de violación en el que se invoque incongruencia por omisión, sin que ello implique una indebida sustitución por el órgano colegiado en la esfera de la autoridad responsable; pues conforme a la jurisprudencia número 108, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 85, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES.", emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en aras de evitar la promoción de un nuevo amparo en contra del nuevo fallo dictado en cumplimiento de una ejecutoria de amparo concedido para efectos, faculta a la autoridad de amparo a pronunciarse sobre el tema para conservar con distintos argumentos el sentido de la sentencia o laudo, y declarar fundado pero inoperante el concepto de violación planteado por la parte perdidosa; pues ante la promoción de un nuevo amparo por cualquiera de las partes en contra del nuevo fallo, tendría que ser resuelto bajo la consideración de que la absolución o condena, según el caso, es correcta. Ahora bien, de los artículos 174 y 182, último párrafo, de la Ley de Amparo, se advierte que la intención del legislador de observar durante el procedimiento del juicio de amparo directo los principios de concentración y celeridad procesal, y evitar así en lo posible el llamado "amparo para efectos", mediante el cual la autoridad responsable reasume su jurisdicción, lo que hace que dicho criterio siga teniendo aplicación, pues no se opone con lo previsto en la invocada ley vigente de acuerdo con su artículo transitorio sexto. Y, si bien, la figura del amparo adhesivo, regulada en el citado numeral 182, faculta al adherente a fortalecer las consideraciones vertidas en el fallo reclamado por el quejoso principal, de ello no se sigue, que de no hacerlo precluya su derecho para hacerlo en un ulterior amparo que promoviera contra la nueva sentencia o laudo, que se dictare en cumplimiento de una ejecutoria de amparo para que la responsable, una vez declarado insubsistente éste, y eliminada la argumentación insuficiente o incorrecta, se pronunciare con libertad de jurisdicción sobre el particular. Luego, si el derecho del adherente a fortalecer las consideraciones vertidas en el fallo reclamado por el quejoso principal, no precluye, tampoco se puede derivar la conclusión de que habiendo precluido el derecho de mérito del tercero interesado, para hacer valer esos diversos argumentos, el Tribunal Colegiado se vea impedido para hacerlo y declarar fundado pero inoperante el concepto de violación citado." Sin que le genere beneficio alguno la tesis aislada que cita de rubro: "SENTENCIA. CONGRUENCIA INTERNA Y EXTERNA", pues la misma no es obligatoria para este Juzgado de Distrito, al ser un criterio aislado emitido por un Tribunal Colegiado de Circuito de un circuito diverso a éste, aunado a que con el contenido de ésta, lo que pretende es dejar claro en qué consisten dichos principios de congruencia interna y externa. Por último, se analiza la tercera parte de su primer concepto de violación y su segundo concepto de violación, pues de un análisis de los mismos se advierte que se encuentran íntimamente relacionados; en ese sentido, refiere que la responsable nuevamente incumple con los principios de incongruencia y exhaustividad, pues según expone, el Tribunal responsable es omiso en pronunciarse en el sentido que en su escrito aclaratorio de demanda, también señaló como acto reclamado el atribuido al Jefe de la Tenencia de Chichimequillas de Escobedo y/o San miguel Chichimequillas de Escobedo, consistente en la consulta de veintitrés de enero de dos mil diecisiete y al efecto estima que la responsable deberá pronunciarse al respecto sin reenvío, pues aduce que no existe dicha figura en el código administrativo de esta Entidad Federativa; en tanto que, en su segundo concepto de violación alega que, en el supuesto de que se estime que los quejosos en el medio de impugnación de mérito no expresaron agravios en contra de la determinación de la Sala del Tribunal responsable, refiere que aun así el Pleno responsable debió determinar admitir la demanda respecto a la totalidad de los actos combatidos, pues debió analizar en su totalidad el escrito de demanda y su aclaratorio para concluir que debía admitirse la aludida demanda, sin reenvío. Lo anterior es en parte infundado y por otra inoperante, pues contrario a lo que argumenta la parte quejosa, el Tribunal responsable sí emitió pronunciamiento respecto al acto atribuido al Jefe de la Tenencia de Chichimequillas de Escobedo y/o San miguel Chichimequillas de Escobedo, pues como se advierte de la sentencia recurrida, se concluyó que con relación a este acto, no se podían analizar cuestiones que no fueron controvertidas en las agravios, de ahí que, al estimarse inoperante dicha cuestión, el Tribunal responsable no entró al estudio correspondiente de los actos que refiere la ahora quejosa, pero contrario a lo que sustenta, sí se pronunció que respecto al acto atribuido al citado Jefe debía seguir rigiendo el sentido del acuerdo recurrido. De ahí que resulta claro que, contrario a lo expuesto por la quejosa en su segundo concepto de violación, la responsable se encontraba legalmente impedida de proveer respecto a los actos que reclama, al no exponer ningún agravio en contra de la determinación realizada por la Sala de origen. Para mayor claridad de lo anterior, se transcribe la parte de la sentencia recurrida en la que de manera expresa realiza tal pronunciamiento: "(.) Bajo ese contexto, se advierte que los recurrentes, soslayan exponer agravios en contra de las consideraciones de rigen el auto recurrido para establecer que este tribunal carece de competencia legal por razón de la materia para conocer de la demanda promovida por los actores en relación a los actos precisados en el escrito inicial de la demanda, y en relación a los actos atribuidos al Jefe de Tenencia de Chichimequillas de Escobedo y/o San Miguel Chichimequillas de Escobedo, Municipio de Zitácuaro, Michoacán, en el escrito aclaratorio de la demanda, por lo cual, no se puede analizar cuestiones que no fueron controvertidas en los agravios, por ende, deberán seguir rigiendo el sentido del auto recurrido. (.)" Por tanto es que se concluye que dicho argumento es infundado. En tanto que, resulta inoperante la parte que argumenta que la responsable no deberá devolver a la Sala de origen para que resuelva sobre la admisión de los actos reclamados, al decir de manera general que en esta Entidad Federativa no existe el reenvío, sin embargo es omisa en realizar algún razonamiento jurídico con el que logre evidenciar que la responsable no debe proceder en ese sentido, pues únicamente es genérica al manifestar que no existe el reenvió, de ahí la inoperancia de dicho argumento, máxime que como se dijo al inicio del estudio de los conceptos de violación, este juicio de amparo se rige por el principio de estricto derecho al versar sobre la materia administrativa y al no encontrarse los quejosos en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 79 de la ley de la materia. Nuevamente resulta aplicable a la presente parte del estudio que se realiza la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 185425, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la página 61, tomo XVI, de diciembre de dos mil dos, cuyo rubro dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. " NOVENO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. DÉCIMO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales (aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de doce de noviembre de dos mil catorce); se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DÉCIMO PRIMERO. Publicación de la sentencia. Para efectos de la publicidad de esta sentencia, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, como las partes no manifestaron durante esta primera instancia su oposición a que se hagan públicos sus datos personales contenidos en la misma, y no obstante que no hayan manifestado dicha oposición, conforme lo requiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán suprimirse los datos sensibles que puedan contener, procurando que con dicha supresión no se impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 76, 77, 78 y 79 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión No Ampara Ni Protege a Amado Salinas Solache, María Isabel González Sámano y José Luis Pérez Hilagor o José Luis Pérez Ilagor, contra los actos reclamados al Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia; por las razones precisadas en los considerandos séptimo y octavo de esta sentencia. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando noveno, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. CUARTO. De conformidad con el considerando décimo, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma el Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, UBALDO GARCIA ARMAS, hasta el día de hoy cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, ante el secretario Humberto Loza Aguilar, con quien actúa y da fe.
- Principal
En la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las diez horas con diez minutos del cuatro de junio de dos mil dieciocho, día y hora señalados para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, estando en audiencia pública Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria del juzgado que autoriza y da fe, se declara abierta la audiencia del juicio de amparo número 394/2018, sin la presencia de las partes, ni persona alguna que las represente. Acto continuo, la secretaria hace relación de las constancias existentes en autos en las que destaca por su importancia las siguientes: 1. Demanda (fojas 6 a 15); 2. Auto de cuatro de mayo, en que se avocó al conocimiento de la demanda remitida por incompetencia por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, y se admitió a trámite (fojas 18 a 21); 3. Constancia de notificación al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 21, reverso); y, 4. Informe justificado rendido por la autoridad responsable (fojas 3 a 5). El juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por efectuada la relación de constancias existentes en actuaciones; por rendido el informe justificado de la autoridad responsable; y, por otorgada la intervención legal que corresponde al representante social de la Federación. Abierto el periodo probatorio: La secretaria da cuenta con las documentales que allegó la autoridad responsable; asimismo, la parte quejosa ofreció pruebas documentales (foja 17 y dos tomos de prueba). Pruebas que fueron desahogas en autos. Acto seguido, el Juez, acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas las referidas pruebas. Abierto el periodo de alegatos: La secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. Al efecto, el Juez, acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes de formularlos y, se levanta la presente acta para constancia legal, se procede a dictar la resolución siguiente:UBALDO GARCÍA ARMAS. JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO.
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