José Luis Perez Cortez

Expediente 1461/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1461/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
06/12/2022

Partes del expediente

  • José Luis Perez Cortez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, seis de diciembre de dos mil veintidós. Estado procesal Visto el estado procesal y la certificación de cuenta, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó la demanda de amparo. Firmeza del auto En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Notificación a la parte quejosa y anotaciones respectivas Lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental Se hace constar que el presente expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, dicho cuaderno es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente principal En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 21, párrafo tercero del citado acuerdo general, una vez que transcurra el plazo de tres años, contados a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, asimismo, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito ni se estableció jurisprudencia, no versa sobre materia agraria, además en el presente asunto no se emitió una sentencia en la que se haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales, incidente y billete de depósito, póliza o fianza alguna Además, el presente asunto no contiene información reservada, no existen documentos originales exhibidos por las partes, no se formó incidente de suspensión ni se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito firmado por el quejoso ***, por propio derecho, a través del cual desahoga la prevención ordena por este juzgado en auto de once de noviembre de dos mil veintidós. Atento a su contenido, se tiene al peticionario de amparo desahogando la prevención requerida en los términos en los que fue solicitada, por tanto, este juzgado procede a proveer respecto su admisión o desechamiento. Desechamiento de la demanda Acorde con un análisis minucioso e intelectivo de las consideraciones plasmadas en la demanda de amparo, así como en los escritos aclaratorios, se advierte que el acto que pretende controvertir no debe sujetarse al análisis constitucional y, por ende, se desecha la demanda de amparo que la parte quejosa promovió en contra de las autoridades y actos siguientes: Autoridades responsables Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos. Actuario adscrito al Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos. Precisión de los actos reclamados La admisión del juicio sumario civil ***, del índice del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, promovido en contra de la moral ***, así como el emplazamiento efectuado al citado controvertido de dicha moral. De la improcedencia de la demanda Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Conviene señalar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver diversos precedentes, estableció que por "motivo manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que el "motivo indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. Lo anterior es así, porque en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. En la especie, el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5° y 1° fracción I de la Ley de Amparo y 107 Constitucional, los cuales a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 107. Las controversias de que hable el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos por este Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden público." De los preceptos jurídicos transcritos se observa que la acción constitucional de amparo compete a aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre sí o sobre su patrimonio; el perjuicio de que se habla debe entenderse como la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley, le sea reconocido o que no le sea violado, siendo precisamente esto lo que constituye el interés jurídico a que se ha hecho referencia y que la técnica del juicio de amparo toma en cuenta para la procedencia de la vía constitucional Asimismo, se estima pertinente dejar asentado que dentro del cuerpo de principios que rigen la procedencia del juicio de amparo se encuentra el llamado principio de agravio personal y directo, consagrado en la fracción I del artículo 107 Constitucional en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por ende, de todas aquellas modalidades jurídicas inherentes a la naturaleza de un precepto de la Ley fundamental, las cuales son principalmente, la supremacía respecto de las leyes secundarias y la rigidez frente a la actuación del Poder Legislativo ordinario. De esta suerte, el principio de agravio personal y directo se incorporó al texto constitucional como parte integrante del articulado de la Ley Suprema, tornándose intangible e inaceptable por la legislación secundaria, la cual, por tal motivo, no puede vulnerarlo, circunstancia que implica una mayor estabilidad y solidez jurídica para la institución controladora encarnada en el juicio de amparo. Por otro lado, debe decirse, que por agravio personal y directo debe entenderse la lesión o afectación de los derechos e intereses jurídicos de una persona, derivado de un acto u omisión de una autoridad; el agravio es el equivalente a perjuicio o afectación de un interés jurídico, y éste es el significado que se emplea en el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo cuando califica de agraviado al demandante de la protección de la Justicia de la Unión. Lo anteriormente expuesto encuadra en el caso a estudio, toda vez que este órgano jurisdiccional federal advierte que los actos combatidos devienen improcedentes reclamarlos a través del juicio de amparo indirecto, y esto es así, en virtud de que se pone de manifiesto que del estudio de la demanda de amparo no se observa que exista algún acto que produzca una afectación personal y directa, y sobre todo actual, en relación al promovente, en su carácter de persona física como pretende acudir a la presente instancia constitucional, esto es, la causación de un daño o perjuicio que se cometa en la esfera jurídica del gobernado, que se esté causando, que ya se causó o que es inminente con toda certeza que se vaya a causar, por lo que, se reitera, la citada demanda resulta improcedente, en atención a lo estatuido en la XXIII del artículo 61 en relación con el artículo 1° fracción I y 5°, todos de la Ley de Amparo. Una vez sentado lo anterior, en el caso que nos ocupa, el acto reclamado se hace consistir en la admisión del juicio sumario civil ***, del índice del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, promovido en contra de la moral ***, así como el emplazamiento efectuado al citado controvertido de dicha moral. Sin embargo, ello no constituye un acto que produzca una afectación personal y directa al promovente, esto es, la causación de un daño o perjuicio que se cometa en la esfera jurídica del mismo, ya que aun cuando sus consecuencias puedan calificarse como de grado predominante o superior, no pueden ser sujetas al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, lo que, en la especie, no acontece, ya que a través de dicha actuación, no se estima como una violación por parte de la responsable a los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte. Además, no puede decirse que la violación que aquí reclama deje huella en la esfera jurídica de la parte agraviada, pues, en su caso, es la parte demandada (***), la que podría verse agraviada con la admisión de dicho juicio y el emplazamiento que le fue efectuado en dicho controvertido; por lo que, contrario a lo que el supone, el actuar de las responsables no materializa perjuicio alguno de manera inmediata, cierta y actual en su contra con el carácter de persona física con el cual acude a esta instancia constitucional, ya que, en su caso, lo que podría afectar de manera directa los derechos de la peticionaria de amparo, sería que el llamamiento a juicio hubiese sido directamente a su persona, o que derivado de la instauración de dicho controvertido se encuentren afectados derechos de propiedad o posesión que el promovente, por propio derecho pudiera tener sobre algún bien que se vea inmerso en la aludida controversia de origen, lo que en la especie no acontece. En consecuencia, la ejecución de los actos combatidos no producen una afectación real y actual a su esfera jurídica, pues el promovente, no es parte dentro del procedimiento de origen, toda vez que ese agravio, de ocurrir, sólo podría cristalizarse en perjuicio de la parte demanda dentro del juicio de origen (***), pues para que la constitucionalidad de determinado acto pueda ser materia del juicio de amparo es menester que cause una afectación cierta al solicitante, lo que en la especie no ocurre; de ahí que no sea la vocación de tales actos, el causar una afectación patrimonial, menos a quien no es destinatario de los mismos. De ahí que se actualice la causa de improcedencia en estudio. En tanto que, los actos reclamados ya multicidados, no pueden considerarse como de aquellos que produzcan una afectación personal y directa a la directa quejosa, esto es, la causación de un daño o perjuicio que se cometa en la esfera jurídica de la misma y, en consecuencia, no le lesiona algún derecho sustantivo en su perjuicio. Los razonamientos expuestos ponen de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia invocada en la presente determinación, la cual resulta indudable, habida cuenta de que no obstante que se admitiera la demanda de amparo y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Máxime que en el escrito aclaratorio que hoy se acuerda se advierte la voluntad del peticionario de amparo de acudir a la presente instancia constitucional únicamente por propio derecho y no en virtud de la representación de la moral demandada en la controversia de origen, lo cual, evidentemente hace patente la causa de improcedencia en estudio. Aunado a que la decisión que se asume, de modo alguno trasciende a la idoneidad y eficacia del juicio de amparo y de los medios de defensa que en el procedimiento respectivo surgen, pues el acceso de todo gobernado a un recurso efectivo, no implica necesariamente que se le libere de cumplir con los requisitos cuya procedencia, normativamente reglada impone, ni que en todo caso deba emitirse un pronunciamiento sobre la litis. Es así, porque en la resolución de los juicios para la protección de derechos fundamentales, deben tenerse presentes las particularidades que se implican en la emisión de las sentencias respectivas; esto es, el acatamiento de todas las reglas que definen y delimitan el hacer y modo de actuar de los tribunales federales al ejercer sus funciones propias, de modo que, so pretexto de un nuevo paradigma en la protección de los derechos humanos, el órgano de control no puede separarse de su propio ámbito de competencias, pues sólo dentro de éstas es que puede ejercer el control de legalidad, constitucionalidad y de convencionalidad que le corresponde; siempre que sea viable el instar del gobernado conforme a la normatividad aplicable. Al respecto, es aplicable, en lo conducente, el criterio 1a.CCLXXVI/2012 sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 530, del Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO." Tiene sustento lo antedicho en las tesis 1a./J. 22/2014(10a), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 325, libro 4, tomo I, Marzo de dos mil catorce, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." Esto es, en términos de lo que dispone el artículo 1° constitucional, los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación para efectuar el control de los actos de autoridad que constitucional y legalmente les corresponde en la instancia respectiva, y a través de esa función tutelar en su máxima expresión los derechos humanos, sólo pueden actuar en el ámbito de sus propias competencias, por lo que no deben apartarse de la regulación propia que el derecho positivo interno (constitucional, legal y jurisprudencial) les impone, y desde ahí, a partir de una competencia reglada, ser operadores jurídicos vigorosos para darle eficacia a esa protección de los derechos fundamentales, pero siempre atendiendo a la forma y términos en que se ha dispuesto el despliegue de sus atribuciones. Conclusión En ese tenor, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5° y 1°, fracción I, de la Ley de Amparo y 107 constitucional, con fundamento en las aludidas porciones normativas en relación con el artículo 113 de la ley en cita, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo de que se trata. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, once de noviembre de dos mil veintidós. Recepción escrito aclaratorio Téngase por recibido el escrito firmado por ***, mediante el subsana la prevención formulada mediante proveído de veintisiete de octubre del año en curso. Prevención de escrito aclaratorio. Al respecto, indíquese al peticionario de amparo que derivado del ocurso de cuenta se advierten nuevos datos relacionados con los actos que en esta vía combate y a fin de que este juzgado federal se encuentre en aptitud de requerir los informes justificados correspondientes a las autoridades responsables se impone efectuar una nueva prevención. Sirve de sustento a lo antes manifestado, la tesis XXVII.3K, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1121, tomo XVII, abril de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto establecen: "PREVENCIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO EN EL CUMPLIMIENTO A LA PRIMERA APARECEN NUEVOS REQUISITOS A SATISFACER, OPERA UN CASO DE EXCEPCIÓN A LA REGLA DE QUE DEBEN REALIZARSE EN UN SOLO ACUERDO." En ese sentido, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, fracciones III y IV en relación con el numeral 108, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, prevéngase de nueva cuenta al promovente para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente día al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad y con las copias necesarias de su escrito aclaratorio, cumpla con lo siguiente: Primero. Precise si la demanda intentada la promueve por propio derecho o como presidente de la "Asociación Ganadera Local Sagarpa 3585 de Yecapixtla, Morelos"; lo anterior, toda vez que del escrito de cuenta, se advierte lo siguiente: ". BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD actualmente a través de asamblea de los socios he sido designado como presidente de la referida asociación." Por lo que, en caso de promover en su calidad de presidente de la asociación en mención, el ocursante deberá exhibir documento idóneo con el que acredite dicho nombramiento. No pasan desapercibidas las manifestaciones que realiza el quejoso, referente a que no le es posible la protocolización de la asamblea donde fue nombrado, no obstante toda vez que refiere que dicho carácter de presidente fue reconocido ante la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas; razón por la cual, en caso de que promueva la presente instancia en representación de la "Asociación Ganadera Local Sagarpa 3585 de Yecapixtla, Morelos"; deberá exhibir la constancia con la que la tiene acreditada dicha representación ante la referida Confederación. Segundo. Señale de manera clara, precisa y concreta el acto de autoridad que reclama en esta instancia constitucional, toda vez que, en el capítulo de acto reclamado, manifiesta lo que a continuación se transcribe: ". ACTO RECLAMADO.- LA ADMISION DEL JUICIO SUMARIO CIVIL BAJO EL EXPEDIENTE NUMERO 236/2022, RADICADO EN LA SEGUNDA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE MORELOS." Sin embargo, de su escrito aclaratorio -entre otras cosas- refiere lo siguiente: ". manifiesto que se promovió NULIDAD DE EMPLAZAMIENTO Y ESCRITO DE CONTESTACION DE DEMANDA Y EXCEPCION DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO POR NO SER COMPETENTE ESTE JUZGADO PARA CONOCER POR MATERIA.." Por tanto, deberá precisar si el acto que en esta vía combate es la admisión del juicio sumario civil 236/2022, o bien, que el juicio de origen se tramita ante autoridad que estima carece de competencia legal para conocer del asunto. Es aplicable al caso, la tesis del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en la visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, marzo de mil novecientos noventa y seis, página ochocientos setenta y uno, que reza: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS." Apercibimiento Con el apercibimiento que de no cumplir íntegramente con lo requerido en este proveído dentro del plazo concedido, con fundamento en lo estatuido por el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    RAZÓN. En cumplimiento al acuerdo de veintisiete de octubre del año en curso y con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, siendo las NUEVE HORAS DEL DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, notifico por medio lista a la parte quejosa JOSÉ LUIS PÉREZ CORTEZ, el aludido acuerdo de once de noviembre de dos mil veintidós, que establece: Cuernavaca, Morelos, once de noviembre de dos mil veintidós. Recepción escrito aclaratorio Téngase por recibido el escrito firmado por ***, mediante el subsana la prevención formulada mediante proveído de veintisiete de octubre del año en curso. Prevención de escrito aclaratorio. Al respecto, indíquese al peticionario de amparo que derivado del ocurso de cuenta se advierten nuevos datos relacionados con los actos que en esta vía combate y a fin de que este juzgado federal se encuentre en aptitud de requerir los informes justificados correspondientes a las autoridades responsables se impone efectuar una nueva prevención. Sirve de sustento a lo antes manifestado, la tesis XXVII.3K, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1121, tomo XVII, abril de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto establecen: "PREVENCIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO EN EL CUMPLIMIENTO A LA PRIMERA APARECEN NUEVOS REQUISITOS A SATISFACER, OPERA UN CASO DE EXCEPCIÓN A LA REGLA DE QUE DEBEN REALIZARSE EN UN SOLO ACUERDO." En ese sentido, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, fracciones III y IV en relación con el numeral 108, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, prevéngase de nueva cuenta al promovente para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente día al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad y con las copias necesarias de su escrito aclaratorio, cumpla con lo siguiente: Primero. Precise si la demanda intentada la promueve por propio derecho o como presidente de la "Asociación Ganadera Local Sagarpa 3585 de Yecapixtla, Morelos"; lo anterior, toda vez que del escrito de cuenta, se advierte lo siguiente: ". BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD actualmente a través de asamblea de los socios he sido designado como presidente de la referida asociación." Por lo que, en caso de promover en su calidad de presidente de la asociación en mención, el ocursante deberá exhibir documento idóneo con el que acredite dicho nombramiento. No pasan desapercibidas las manifestaciones que realiza el quejoso, referente a que no le es posible la protocolización de la asamblea donde fue nombrado, no obstante toda vez que refiere que dicho carácter de presidente fue reconocido ante la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas; razón por la cual, en caso de que promueva la presente instancia en representación de la "Asociación Ganadera Local Sagarpa 3585 de Yecapixtla, Morelos"; deberá exhibir la constancia con la que la tiene acreditada dicha representación ante la referida Confederación. Segundo. Señale de manera clara, precisa y concreta el acto de autoridad que reclama en esta instancia constitucional, toda vez que, en el capítulo de acto reclamado, manifiesta lo que a continuación se transcribe: ". ACTO RECLAMADO.- LA ADMISION DEL JUICIO SUMARIO CIVIL BAJO EL EXPEDIENTE NUMERO 236/2022, RADICADO EN LA SEGUNDA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE MORELOS." Sin embargo, de su escrito aclaratorio -entre otras cosas- refiere lo siguiente: ". manifiesto que se promovió NULIDAD DE EMPLAZAMIENTO Y ESCRITO DE CONTESTACION DE DEMANDA Y EXCEPCION DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO POR NO SER COMPETENTE ESTE JUZGADO PARA CONOCER POR MATERIA.." Por tanto, deberá precisar si el acto que en esta vía combate es la admisión del juicio sumario civil 236/2022, o bien, que el juicio de origen se tramita ante autoridad que estima carece de competencia legal para conocer del asunto. Es aplicable al caso, la tesis del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en la visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, marzo de mil novecientos noventa y seis, página ochocientos setenta y uno, que reza: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS." Apercibimiento Con el apercibimiento que de no cumplir íntegramente con lo requerido en este proveído dentro del plazo concedido, con fundamento en lo estatuido por el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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