Jose Luis Perez Cesar

Expediente 140/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
140/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
13/03/2023

Partes del expediente

  • Jose Luis Perez Cesar

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, trece de marzo de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, en el cual se tuvo por no presentada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno y a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, se tuvo por no presentada la demanda -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la parte quejosa. Devolución de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto; lo anterior en términos del artículo 35 del multicitado acuerdo general. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo se tuvo por no interpuesta, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese; y cúmplase.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. No presentado escrito aclaratorio. Del estado procesal de los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en proveído de veinte de febrero de dos mil veintitrés, se concedió al quejoso XXXXXXXXXXX, el plazo de tres días para que compareciera a ratificar su escrito aclaratorio, pues a simple vista se detectó que la firma que calza dicho escrito era distinta a la estampada en la demanda de amparo. Por lo que el citado plazo transcurrió del veintitrés al veintisiete de febrero de los cursantes, sin que el quejoso se hubiese presentado a este juzgado para la ratificación correspondiente. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento formulado en el acuerdo citado y se declara no presentado el escrito aclaratorio en mención. Demanda no presentada. La falta de comparecencia del quejoso para ratificar el escrito aclaratorio que fue recibido, y que determinó tenerlo no presentado, lleva a considerar que el plazo de cinco días que le fue otorgado en proveído de trece de febrero del año en curso, transcurrió del dieciséis al veintidós de febrero de este año, como se desprende de la certificación secretarial previa. Además, ese plazo transcurrió sin que el quejoso desahogara la prevención contenida en el proveído inicial, de trece de febrero del año en curso. En consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento formulado en dicho acuerdo, y se declara no presentada la demanda que originó el presente juicio de tutela constitucional. Anotaciones internas. Por último, se ordena hacer las anotaciones respectivas tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad archívese el presente asunto como concluido. Notifíquese; de forma personal al quejoso (por medio de lista); y cúmplase.

  3. Principal

    Puebla, Puebla, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Se ordena ratificación de firma. Se integra al expediente electrónico el escrito al parecer signado por el quejoso XXXXXXXX, a través del cual pretende desahogar la prevención inicial -y ofrece tanto una copia simple de su demanda como seis copias simples de aquél-. Pero la firma plasmada en el escrito aclaratorio, difiere notablemente de la que obra en la demanda origen del presente juicio, en particular existen diferencias notables en la presión y los trazos que pueden implicar que una persona o personas distintas al quejoso, hayan signado el ocurso de marras. Ello se desprende de las imágenes siguientes:. Además, es relevante la diferencia entre las rúbricas presentadas, porque la firma de la demanda de amparo constituye la manifestación de voluntad del quejoso de instar la acción constitucional, y debido a que el juicio de amparo se sigue únicamente a petición de parte agraviada, es ESCRITO DE DEMANDA: ESCRITO DE ACLARACIÓN: indispensable verificar que, en realidad, sea la voluntad de José Luis Pérez César el ejercicio de la acción de tutela. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2 de la ley de la materia, se requiere al quejoso José Luis Pérez César que comparezca a este juzgado con credencial oficial vigente y copia simple de la misma, a manifestar bajo protesta de decir verdad, si la firma que obra en el escrito aclaratorio, fue estampada de su puño y letra. Lo anterior, en el improrrogable plazo de tres días, contados a partir del siguiente a cuando surta efectos la notificación del presente acuerdo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, en la tesis XIII. 1°. J/10, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, Febrero de 1992, página 83, cuyo rubro indica: "FIRMA EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NOTORIAMENTE DISTINTA A LAS QUE OBRAN EN EL JUICIO NATURAL".1 Al margen de lo anterior, se tiene presente que el quejoso reclamó un mandato de captura librado en su contra, lo cual pudiera desalentarlo para comparecer a este órgano jurisdiccional, debido a la posibilidad de ser privado de su libertad -circunstancia que es ajena a la decisión adoptada por esta juzgadora-. Sin embargo, dada la notable discrepancia de las firmas señaladas, se estima necesario hacer el requerimiento precedente. Máxime que el requerimiento para que comparezca a ratificar su firma, obedece a las diferencias en la presión y los trazos de la rúbrica que calza el escrito aclaratorio, lo cual tiene importancia, pues la firma plasma la voluntad de instaurar la acción constitucional. Es más, la firma como expresión de voluntad está vinculada con lo establecido por el artículo 107 de la constitución federal, pues este en su fracción primera, exige la instancia de parte agraviada para sustanciar el juicio constitucional, porque de evidenciarse la falsedad de la firma en algún escrito de instauración procesal -como el aclaratorio- se estaría ante la ausencia de la instancia de parte agraviada, la cual es exigida constitucionalmente. Incluso, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2 , ha sostenido que los jueces de distrito tienen facultad para ordenar el desahogo de una pericial en caligrafía y grafoscopía, de considerar que las firmas plasmadas en la demanda, difieren con alguna que obra en otro escrito dentro del expediente (como en el caso la del escrito aclaratorio). Pese a lo anterior, esta juzgadora considera de momento como una forma más viable para la verificación de la autenticidad de dicha firma, la comparecencia del promovente a este órgano jurisdiccional. Empero, se le apercibe que de omitir comparecer en el plazo señalado o presentar nuevamente el escrito con firma electrónica, se tendrá no presentado el escrito de referencia. Lo cual se corrobora a partir de la interpretación realizada por contradicción de tesis, 3a. 24, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989, página 385, de rubro siguiente: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA".3 . Por último, se hace del conocimiento del promovente que, en caso de advertirse la posible comisión de un hecho con apariencia de delito, en términos del título quinto de la Ley de Amparo, se dará vista al Ministerio Público para que proceda al esclarecimiento de esos hechos -de no ser la firma del quejoso-. Notifíquese; y en forma personal al quejoso (por medio de lista).

  4. Principal

    Puebla, Puebla, trece de febrero de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, signada por el quejoso XXXXXXXX, por derecho propio, contra actos del ".JUEZ DE EJECUCION DE SENTENCIA DE LA CIUDADA (sic) DE PUEBLA.", y otras autoridades responsables. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Exhortación para tramitación del juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta al quejoso a que continúe la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Prevención. La lectura integral1 que se hizo a la demanda de protección, llevó a encontrar irregularidades en las autoridades responsables y en los actos combatidos, motivo por el cual debe requerirse la aclaración respectiva. Sobre todo porque la imprecisión en esos aspectos, impide esclarecer la procedencia de la acción de tutela constitucional, en detrimento de la justicia expedita que se debe asegurar -si la demanda fuera admitida-. Para demostrar lo primero, debe indicarse que la única autoridad ordenadora corresponde al ".JUEZ DE EJECUCION DE SENTENCIA DE LA CIUDADA (sic) DE PUEBLA.". Sin embargo, el quejoso atribuye a ese juez una orden de aprehensión, pese a que los jueces de 1 La lectura integral encuentra fundamento en la tesis jurisprudencial emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, consultable en la página 32, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." ejecución carecen de facultades para librar mandatos de esa naturaleza; y si bien le reclama una reaprehensión como segundo acto, también es verdad que aquél manifestó a lo largo de su demanda, que no existe causa o proceso en su contra. Por consiguiente, debe aclararse el señalamiento de la autoridad ordenadora, y el acto que se le pretende reclamar. Además, esta juzgadora de tutela detectó que el quejoso señaló como autoridades ejecutoras al Fiscal General del Estado de Puebla y a dos titulares. Pero en el capítulo de actos reclamados les atribuyó de igual forma, haber librado una orden de aprehensión o reaprehensión, y en los conceptos de violación agregó una diversa de presentación, aun cuando las autoridades ejecutoras no tienen facultades para emitir mandatos de esa naturaleza, dado que su esfera de competencia está limitada a la ejecución y otras funciones. De ahí la necesidad de que el quejoso aclare su demanda, para identificar el acto concreto que pretende combatir a las autoridades ejecutoras, incluso porque algunas son imprecisas en su denominación. Aunado a que el reclamo de una orden de presentación, encontraría una causal de improcedencia manifiesta e indudable, aun cuando se atribuyera en forma exclusiva a autoridades de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Sólo que la aclaración deberá realizarla aquél sin variar los antecedentes de la demanda, porque estos ya tienen la protesta de decir verdad. De modo que si el quejoso introdujera antecedentes novedosos, podría incurrir en la comisión del delito especial previsto en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, por haber omitido hechos que le constaran al presentar la demanda de protección o bien, por introducir hechos novedosos que puedan implicar manifestaciones falsas. Pero la aclaración debe realizarla el quejoso porque la figura de suplencia está limitada a la expresión de conceptos de violación y agravios, motivo por el cual es inviable perfeccionar las autoridades responsables y actos reclamados, dado que esto corresponde a quien suscribe la demanda en términos del artículo 108, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo. Así, con fundamento en los artículos 108 fracciones III, IV, 114 fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, se requiere al quejoso que en el plazo de cinco días siguientes a la fecha cuando le surta efectos la notificación de este acuerdo, presente escrito con la protesta de decir verdad en el cual: 1. Indique el juez concreto al que pretenda reclamar una orden de aprehensión, para lo cual debe considerar que no podría ser un juez de ejecución porque este carece de facultades para librar mandatos de esa naturaleza; 2. Manifieste la causa o proceso donde haya intervenido como procesado, en caso de insistir en el reclamo de una orden de reaprehensión y en el juez de ejecución que señaló en la demanda; o 3. Retire de su demanda el acto que denominó reaprehensión, si nunca ha participado como procesado en alguna causa penal; 4. Indique si desea insistir en el reclamo de la orden de presentación que mencionó en sus conceptos de violación, aun cuando ese acto encontraría una causa de improcedencia; y 5. Manifieste si desea limitar las autoridades ejecutoras al Fiscal General del Estado de Puebla y al Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, dado que los titulares que señaló como ejecutoras tienen denominaciones imprecisas, que han resultado inexistentes en otros juicios de amparo, los cuales representan hechos notorios, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Se hace notar al quejoso que ningún perjuicio tendría el que limitara el señalamiento de autoridades ejecutoras, al fiscal y director mencionados, porque estos tienen conocimiento de las órdenes de aprehensión y reaprehensión libradas por autoridades judiciales. Copias del escrito aclaratorio. Se requiere al quejoso que presente escrito aclaratorio, para lo cual deberá atender el numeral 110 de la Ley de Amparo, el cual dispone la obligación de exhibir copias para cada una de las partes y el incidente de suspensión. Pese a lo anterior, se le informa que si obtiene su firma electrónica y presenta con esta su escrito aclaratorio, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, quedará exento de la obligación de exhibir copias del escrito aclaratorio. Apercibimiento. Se formula al quejoso el apercibimiento siguiente: de no exhibir el escrito aclaratorio, en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades mencionadas), se tendrá no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Domicilio procesal, autorizados y medios de contacto. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, las listas que se fijan en este juzgado y que se publican a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), porque señaló los estrados (sic). Por otro lado, queda autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo, el profesionista de nombre Héctor García Bonilla, porque así lo designó aquél y este tiene registrada su cédula profesional en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. En cambio, las demás personas que nombró el quejoso, se tienen autorizadas en términos restringidos del numeral 24 de la Ley de Amparo, porque una no tiene su cédula profesional registrada y las demás fueron designadas para esos efectos. Asimismo, se tiene como medios de contacto no procesales, la dirección de correo electrónico y el número telefónico que ofreció el quejoso. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber al quejoso que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento en los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber al quejoso el derecho que tiene para oponerse a la publicación de sus datos personales. A pesar de lo anterior, se deja establecido que de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes a la prevención formulada. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; en forma personal al quejoso (por medio de lista); y cúmplase.

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