José Luis Peredo Elguero
Expediente 2021/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2021/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/02/2022
Partes del expediente
- José Luis Peredo Elguero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, tres de febrero de dos mil veintidós. Acuse de separación. Téngase por recibido el oficio 4788/2021, derivado del juicio de amparo ********************, del índice de este Juzgado, mediante el cual se radica y admite a trámite la separación del juicio que se ordenó en auto de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, en el presente asunto. Se ordena el Archivo. Atento a lo anterior, tomando en consideración que en auto de trece de enero de dos mil veintidós, causó estado el desechamiento respecto del acto que dio origen al presente asunto, al no existir diligencias que realizar archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a) y j) del Acuerdo General de referencia. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General en mención. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo 20 del Acuerdo General en cita, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, trece de enero de dos mil veintidós. Autoridad informa gestiones. Agréguese a los autos el oficio del Director General Jurídico y de lo Contencioso de la Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de Puebla, mediante el cual informa que mediante oficio SM/DGJC/DA-0119/2022 de tres de enero del año en curso, solicitó a la Secretaría de Movilidad e Infraestructura del Ayuntamiento del Municipio de Puebla el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es: "c) Por su parte, el Subdirector de Proyectos de la Secretaría de Infraestructura y Servicio Públicos del Municipio de Puebla, solo deberá dejar insubsistente el oficio el SISP/DOP/SUB-DIRPROY/ DPLAN/0687/2020 de trece de octubre de 2020." Se toma conocimiento de lo informado. Ahora, a fin de evitar mayores dilaciones en el presente asunto, gírese oficio nuevamente al Subdirector de Proyectos de la Secretaría de Infraestructura y Servicio Públicos del Municipio de Puebla, para que en el plazo de tres días, siguiente a que surta efectos la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada autos y remita las constancias que lo acrediten. Apercibida que de no hacerlo, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante un Juez Federal. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Autoridad remite constancias. Agréguese el oficio y el anexo de la Registradora Pública de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Cholula, Puebla mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en el auto del veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno remite las constancias solicitadas, las cuales se ordenan conservar toda vez que el presente juicio de amparo se desechó en proveído del veintiocho de diciembre del año en curso. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. Cumple prevención. Separación de juicios Se desecha demanda de amparo. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado electrónicamente por *** mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído del veintiuno del mes y año en curso, y al efecto manifiesta que los documentos digitalizados que se acompañan a su demanda de amparo son copia fiel de su versión impresa, por lo que se le tiene por reconocida su personalidad a él y a Emilio Peredo Hernández. En consecuencia, con base en el estudio exhaustivo de la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, se procede a proveer lo conducente. Separación de juicios Ahora, es de suma importancia destacar que de la interpretación integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa refiere reclamar esencialmente los siguientes actos: Del Registrador Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Cholula, la caducidad del asiento registral del embargo efectuado en el juicio 677/2017 del índice del Juzgado Sexto Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, sobre el inmueble con el folio real inmobiliario 01931321, efectuada el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Del Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, la orden emitida en el juicio de otorgamiento en escritura pública de contrato de compraventa 756/2021, para que se realice una anotación marginal de bien litigioso sobre el inmueble con folio real inmobiliario 01931321, y no se efectué alguna otra inscripción o anotación. Conforme a lo anterior, es evidente que los actos reclamados son diversos y no se encuentran vinculados entre sí, pues se trata de actos diferentes, ya que uno fue emitido por el Registrador responsable a solicitud de una persona, mientras que el otro fue ordenado por una autoridad jurisdiccional en un juicio civil. En consecuencia, de conformidad con las reglas que rigen el juicio de amparo, los actos reclamados constituyen actos desvinculados y autónomos, por lo cual es manifiesto que en una sola demanda no puede examinarse. Ahora, si bien en la ley de amparo no existe disposición expresa que regule la separación de juicios, resulta jurídicamente posible aplicar el contenido del artículo 66 de la Ley de Amparo, en el sentido de realizar la separación de juicios de oficio, toda vez que el presente asunto lo amerita en aras de lograr con efectividad la prontitud en la impartición de justicia constitucional consagrada en el artículo 17 de la Carta Magna, y efectuar una tramitación más clara, que en lo futuro evite el pronunciamiento de un fallo complicado y confuso en su comprensión. En torno al tema de la separación de juicios, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 6/96, se pronunció en los términos que a continuación se indican: ... así como la Ley de Amparo regula la acumulación de juicios en las disposiciones legales transcritas, se hace necesario el que se haga una separación de juicios, ya que si bien esta figura no se encuentra regulada de manera específica en dicha ley, el caso es que debe ser incorporada a través de la jurisprudencia. La anterior conclusión induce a los siguientes cuestionamientos: Cómo, cuándo y en qué casos procede la separación de juicios. Esto, sin duda, será posible en todos aquellos casos que no estén contenidos en las dos fracciones que, para la procedencia de la acumulación de juicios, establece el artículo 57 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito se percate, ya durante el trámite del juicio y hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional, de la existencia de los supuestos para esa separación, lo que implicaría que en tal situación deberá iniciar su trámite, deduciéndolo a contrario sensu de lo que establece el precepto legal citado. Dicha separación de juicios podrá válidamente hacerse de oficio en cualquier estado del procedimiento, desde la etapa de la admisión de la demanda hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional; el trámite deberá ser incidental aplicando, en lo pertinente, los artículos referentes a la acumulación a contrario sensu, con suspensión del procedimiento principal, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, con audiencia de las partes y resolución que decrete la separación. El Juez, en esta etapa, podrá hacer los requerimientos necesarios a las partes y a las responsables, aplicándose, por analogía, lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, para conocimiento pleno de lo que resolverá el Juez. Al decretarse la separación, el Juez proveerá automáticamente la formación de los expedientes que en derecho resultan, registrándolos y engrosándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración. Integrados los diferentes expedientes, el Juez ordenará el trato que a cada uno corresponda jurídicamente: Si todos son de su competencia, los fallará por cuerda separada, si uno de ellos es competencia de otro órgano, sea de la Suprema Corte, del Tribunal Colegiado o de otro Juez de Distrito, se dará el trámite correspondiente. Esta Suprema Corte de Justicia estima que con lo anterior, en gran medida, se logrará una tramitación más diáfana en los juicios de garantías, que en lo futuro evite el pronunciamiento de fallos complicados y tal vez confusos en su comprensión, no sólo para los efectos de las sentencias que, en su caso, se pronuncien, concediendo el amparo y su cumplimiento, sino en el trámite de las impugnaciones que al respecto lleguen a formularse. Todo lo antes mencionado responde, también, a que los tribunales de amparo, por los objetivos que se persiguen, traten de acatar las medidas propuestas, en aras de una adecuada administración de justicia, sirviendo de apoyo al respecto, en lo conducente, el artículo 57 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, pues si bien alude a la acumulación de juicios de amparo, la separación de éstos se impone, en la hipótesis que se analiza, precisamente porque si los actos reclamados en un solo asunto derivan de juicios o procesos diversos, desvinculados entre sí, nunca podrán darse los supuestos de acumulación que establece el último numeral citado, que requieren, como base fundamental, que se trate del mismo acto reclamado, lo que no acontece en la especie." De las consideraciones anteriores derivaron diversas jurisprudencias, entre ellas, las identificadas con los números 76/97 y 77/97, visibles en la página 118, Tomo VI, septiembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcriben: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura esta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación." SEPARACIÓN DE JUICIOS. REGLAS PARA SU TRAMITACIÓN EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. ... Consecuentemente, con fundamento en el artículo 66 de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar de manera oficiosa la separación material de los autos, por lo que deberá instrumentarse lo necesario para que en el presente expediente 2021/2021-VIII se tramite únicamente el acto precisado en el inciso a), que es el siguiente: Del Registrador Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Cholula, la caducidad del asiento registral del embargo efectuado en el juicio 677/2017 del índice del Juzgado Sexto Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, sobre el inmueble con el folio real inmobiliario 01931321, efectuada el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. En las relatadas condiciones, a fin de evitar mayores dilaciones en la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, este Juzgado Federal determina realizar de manera oficiosa la separación de juicios con la formación de un diverso juicio constitucional al que se le asignará un número distinto, debiendo tramitarse por separado lo relativo al acto detallado en el inciso b), que es el siguiente: Del Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, la orden emitida en el juicio de otorgamiento en escritura pública de contrato de compraventa 756/2021, para que se realice una anotación marginal de bien litigioso sobre el inmueble con folio real inmobiliario 01931321, y no se efectué alguna otra inscripción o anotación. En tales condiciones, procédase a certificar una copia de todo lo actuado en el presente juicio amparo y mediante oficio remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, para que por su conducto se turne el asunto separado al Juez de Distrito en esa materia, en turno, a fin de que se avoque a su conocimiento y resolución. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 117, Tomo IV de septiembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y tenor literal siguientes: ... Se desecha demanda de amparo. En cuanto al acto reclamado materia de este juicio -caducidad de asiento registral de embargo-, con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE". También es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA". Sentado lo anterior, se recuerda que la parte quejosa controvierte del Registrador Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Cholula, la caducidad del asiento registral del embargo efectuado en el juicio 677/2017 del índice del Juzgado Sexto Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, sobre el inmueble con el folio real inmobiliario 01931321, efectuada el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Así, respecto a dicho acto se advierte que oficiosamente se advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que se transcribe a continuación. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" De la disposición normativa transcrita, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esa Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa Ley. Señala además que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Así, tal precepto consagra el principio de definitividad, el cual rige en el juicio de amparo y encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes, así como de actos que afectan la libertad personal, y la proposición en exclusiva de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que el afectado los haga valer y solo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses legales, tiene la posibilidad de acudir al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, de modo tal que si la parte afectada no tuviera la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración de justicia local. Aunado a ello, la Primera Sala del Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 348/2010, de la que derivó la jurisprudencia de rubro: "EMBARGO. EL AUTO QUE NIEGA ORDENARLO ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, PREVIA INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS A QUE HAYA LUGAR", sostuvo que la falta de interposición del medio de defensa legal procedente contra el acto reclamado es una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto, tal como se advierte de la parte conducente siguiente: "Al respecto, se advierte que en la materia de la contradicción, si para los tribunales contendientes es claro que procede el recurso de apelación en contra de las determinaciones que no estén encaminadas a obtener la ejecución de la sentencia -en particular las que niegan el embargo de las cuentas bancarias del deudor-, entonces es factible estimar que la falta de interposición de dicho medio de defensa es una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto, sobre la cual el juzgador puede pronunciarse desde el auto admisorio." Con base en lo anterior, se determina que en contra la caducidad de asiento registral que se reclama del Registrador Público de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Cholula, la parte quejosa debió promover el recurso administrativo registral contenido en la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Puebla. En ese sentido, conviene señalar que el recurso administrativo registral, se encuentra previsto y regulado en los artículos 137 y 139 a 141 de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Puebla, que disponen lo siguiente: "Artículo 137. Quienes se consideren agraviados por los actos emanados de las autoridades registrales, podrán interponer el Recurso Administrativo Registral, el cual será substanciado y resuelto por el área que se determine en las disposiciones reglamentarias correspondientes. El Recurso deberá agotarse antes de acudir a otros medios de defensa. El Recurso procederá contra actos registrales emitidos por los Registradores Públicos o por el Director en el caso en que actúe como Registrador Público en ausencia o por excusa del titular de una Oficina Registral. Podrán recurrir el acto registral, conjunta o separadamente, las partes que intervengan en la operación sujeta a inscripción, el notario que autorizó el título o la autoridad que ordenó la inscripción" "Artículo 139. El escrito recursal deberá contener: I. El acto impugnado; II. La mención clara y sucinta de los hechos en que basa la impugnación, los agravios que cause el acto impugnado y los preceptos presuntamente violados; III. La fecha en la que se notificó al recurrente el acto impugnado; IV. Las pruebas que se ofrezcan. Únicamente serán admisibles: a) La documental pública o privada consistente en el título o solicitud en que se basó el acto impugnado; y b) La de reconocimiento de constancias registrales. Esta prueba deberá estar directamente relacionada con los hechos que se pretenden demostrar. V. Los requisitos señalados en el artículo 134 de esta Ley. En el caso de acudir mediante representación, se deberán acompañar los documentos que acrediten la misma. Para los recursos presentados vía electrónica, se deberán adjuntar los documentos electrónicos necesarios para fundar el recurso correspondiente." "Artículo 140. La tramitación y sustanciación del Recurso Administrativo Registral, se sujetará al siguiente procedimiento: I. Deberá interponerse directamente en la oficina registral en la que se emitió el acto impugnado o en el portal de dicha oficina, dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación del acto. II. En el supuesto de que falte alguno de los requisitos mencionados en el artículo anterior, la autoridad responsable prevendrá al recurrente para que en el término de tres días hábiles subsane la omisión, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se remitirá el Recurso a la autoridad resolutora, quien en consecuencia lo desechará; III. Si a consideración del Registrador Público el escrito recursal cumple con los requisitos exigidos, o habiendo fenecido el plazo señalado en la fracción anterior, la autoridad registral lo remitirá dentro de los tres días hábiles siguientes a la autoridad resolutora, acompañando los demás documentos presentados por el recurrente, así como su informe y constancias en las que sustente el acto impugnado; y IV. La autoridad resolutora, en un solo momento admitirá o desechará el Recurso y en su caso, valorará las pruebas y resolverá el Recurso en el plazo de diez días contados a partir de la recepción del expediente". "Artículo 141. El Recurso se tendrá por concluido en los siguientes casos: I. El recurrente se desista expresamente del Recurso, debiendo ratificarse el escrito relativo directamente ante la autoridad resolutora. II. Se deseche el recurso por las siguientes causas: a) El recurrente no esté legitimado para interponerlo; b) Por no haberse promovido en el plazo señalado para ello; y c) Cuando falte alguno de los requisitos señalados en el artículo 139 de la presente Ley, y no se hayan subsanado. III. Se dicte resolución definitiva al Recurso, la que podrá confirmar o modificar el acto impugnado, indicando con precisión sus nuevos efectos en este último caso. Derivado de la resolución del Recurso, el Director podrá instruir a los Registradores Públicos sobre las medidas que deberán realizar para mejorar la práctica registral." De lo anterior se sigue que, en contra los actos dictados por los titulares de las Oficinas Registrales, como el que aquí se atribuye al Registrador Público de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Cholula, los particulares que se consideren afectados podrán interponer el recurso administrativo registral, el cual puede tener por efecto confirmar o modificar el acto registral, precisando en este último caso los nuevos efectos. No se soslaya que el artículo 137, último párrafo, de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado, dispone que "podrán" recurrir el acto registral, conjunta o separadamente, las partes que intervengan en la operación sujeta a inscripción, el Notario que autorizó el título o la autoridad que ordenó la inscripción; sin embargo, dicho señalamiento no impide que toda aquella persona que se considere agraviada por el acto de la autoridad registradora se encuentre legitimada para la interposición del citado recurso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 3253, tomo XXXIII, enero de 2011, novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "RECURSO ADMINISTRATIVO REGISTRAL. LEGITIMACIÓN PARA SU INTERPOSICIÓN (LEY DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE PUEBLA). El artículo 137 de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Puebla, establece que quienes se consideren agraviados por los actos registrales dictados por los titulares de dichas oficinas podrán interponer el recurso administrativo registral, el cual deberá agotarse antes de acudir a otros medios de defensa. Ahora bien, dicho precepto señala, en su último párrafo, que de manera conjunta o separada podrán recurrir el acto registral las partes que intervengan en la operación sujeta a inscripción, el notario que autorizó el título o la autoridad que ordenó la inscripción; sin embargo, dicho señalamiento no impide de manera alguna que toda aquella persona que se considere agraviada por el acto de la autoridad registradora se encuentre legitimada para la interposición del citado recurso." Además, en el caso, no se actualiza ninguna de las siguientes excepciones al principio de definitividad: a) Si el acto reclamado afecta a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emana; b) Si se trata de un acto administrativo respecto del cual la ley que lo rige exige mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para suspender su ejecución; c) Si el acto reclamado implica una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; d) Si el acto reclamado implica peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; e) Si el acto reclamado carece de fundamentación; f) Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución Federal; g) Cuando el juicio, recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia; h) Cuando se reclama una ley con motivo del primer acto de aplicación, en términos del artículo 61, fracción XIV, tercer párrafo, de la Ley de Amparo; y, i) Finalmente, cuando se reclamen actos materialmente administrativos emitidos en forma unilateral por un órgano de la administración pública, de los cuales se alegue que carecen de fundamentación y motivación, y en el informe justificado la autoridad responsable subsana o perfecciona tales vicios también operará la excepción al principio de definitividad señalada en el inciso f). En primer orden, porque el acto reclamado no implica una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal, además tampoco importa peligro de la privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de ese ordenamiento supremo. Además, no se combate una ley con motivo de su primer acto de aplicación, por lo que no se actualizan los supuestos señalados en los incisos c), d) y h). Por otro lado, en relación con el acto que se reclama del Registrador Público responsable la parte quejosa no alegó violaciones directas a la Constitución, pues en su demanda de amparo solo argumenta cuestiones de legalidad, pues refiere que no se debió decretar la caducidad de la inscripción del embargo sin que lo haya ordenado el Juez que realizó el secuestro del bien. Además, al decretar la caducidad el Registrador responsable citó los artículos y motivos para realizar esa acción, e incluso invocó una tesis, como se desprende las constancias que la justiciable adjuntó a su demanda de amparo. Por tales motivos, no podrían actualizarse los supuestos señalados en los incisos e), f) e i). Por otro lado, el acto reclamado pudo ser combatido a través del referido recurso administrativo registral, máxime que el mencionado recurso se prevé en una ley, y no en un reglamento, por lo que tampoco se actualiza la hipótesis contenida en el inciso g). Sentado lo anterior, es necesario indagar si en ese ordenamiento se prevé la posibilidad de suspender los efectos de los actos reclamados, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, pues de lo contrario se actualizaría una excepción al principio de definitividad. Al respecto, el artículo 138 de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Puebla dispone lo siguiente: "Artículo 138. La interposición del recurso suspende hasta su resolución la ejecución del acto recurrido. Los efectos de la suspensión impiden la inscripción de los títulos presentados o que presenten en relación con el mismo folio, sin perjuicio de que se efectúe una nota de presentación conforme a su prelación para los efectos de la misma. Transcurridos veinticinco días hábiles desde la notificación de la resolución definitiva del Recurso, y en caso de que la misma no haya sido combatida legalmente, se procederá a la calificación registral de los títulos que guarden prelación". Como se ve, en el artículo transcrito no se prevén mayores requisitos a los establecidos en la Ley de Amparo, pues el aludido precepto legal establece que la sola presentación del recurso suspende hasta su resolución la ejecución del acto recurrido, mientras que para efectos del juicio de amparo la suspensión del acto se concederá cuando, además de solicitarla, con su otorgamiento no se cause perjuicio al interés general, ni se contravengan disposiciones de orden público, estableciéndose también que si la suspensión pudiera ocasionar daños y perjuicios a terceros se exigirá garantía al solicitante para reparar los posibles daños y perjuicios. De tal suerte que la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Puebla, no exige mayores requisitos, plazos más largos ni menores alcances que la Ley de Amparo para la procedencia de la medida suspensional, aunado a que el medio ordinario de defensa está previsto en la ley aplicable al caso y no en un reglamento. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 197/2016 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD SI LAS LEGISLACIONES QUE RIGEN EL ACTO QUE SE COMBATE ESTABLECEN MAYORES REQUISITOS, MENORES ALCANCES O PLAZOS MÁS LARGOS QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO (LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS). La excepción al principio de definitividad prevista en los artículos 107 de la Constitución Federal y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo vigente, encuentra su justificación constitucional en el derecho humano a un recurso rápido, sencillo y efectivo establecido en los artículos 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, si en una legislación se prevén mayores requisitos, menores alcances o plazos más largos para la suspensión del acto impugnado que los establecidos en la Ley de Amparo, tal circunstancia se erige en una excepción al principio de definitividad y, por tanto, no es necesario agotar el recurso previsto en dichas legislaciones a efecto de hacer procedente el juicio de amparo. Tal es el caso de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, cuando: i) señala que el solicitante de la suspensión deberá exponer las razones por las que considera que debe otorgarse la medida cautelar y los perjuicios que se causarían en caso de que se ejecutara el acto administrativo; ii) establece que surtirá sus efectos a partir de que el demandante otorgue la garantía que señale el Magistrado Ponente; iii) que se sustanciará el incidente, corriendo traslado a las partes por tres días y se resolverá el incidente planteado una vez desahogadas las pruebas (en un término no mayor a 10 días); y iv) no establece cuál es el término que tiene la autoridad jurisdiccional para resolver sobre la suspensión provisional. Lo que, en suma, implica mayores requisitos y plazos más largos para la obtención de la medida cautelar que los contenidos en la Ley de Amparo." Igualmente, es aplicable la tesis VI.1o.A.118 A (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 2399, libro 60, tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a noviembre de 2018, que dice: RECURSO ADMINISTRATIVO REGISTRAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 137 DE LA LEY DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE PUEBLA. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, YA QUE CON SU SOLA INTERPOSICIÓN SE SUSPENDE LA EJECUCIÓN DE LOS ACTOS DICTADOS POR LOS REGISTRADORES, POR LO QUE NO ESTABLECE UN PLAZO MAYOR QUE EL DE LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN. --- Por otra parte, debe decirse que el acto reclamado al Registrador Público de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Cholula, no derivan de algún juicio o procedimiento sino que se trata de un acto emitido a solicitud de un particular, de modo que no puede considerarse válidamente que a la quejosa le revista el carácter de persona extraña, pues ese concepto alude a quien no ha figurado en un juicio o procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, quedando incluida en este concepto la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. En efecto, si bien la justiciable controvierte la caducidad del asiento registral del embargo efectuado en el juicio 677/2017 del índice del Juzgado Sexto Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, sobre el inmueble con el folio real inmobiliario 01931321, efectuada el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, lo cierto es que como se desprende de las constancias adjuntas a la demanda de amparo, se observa que dicha acción fue realizada por la solicitud de María Virginia López Tlapa del doce de agosto del presente año. Por tanto, es evidente que la inscripción reclamada no deriva de algún procedimiento jurisdiccional o administrativo, por lo que la quejosa no puede reputarse como persona extraña, todo lo cual pone en evidencia que su situación para efectos del juicio de amparo indirecto no se rige por el artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia. Con base en lo anterior, debe concluirse que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra el acto atribuido al Registrador Público de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Cholula, pues antes de promover esta acción constitucional la justiciable tenía a su alcance el recurso administrativo registral, pero al no agotarlo, dejo de observar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, de ahí que sea procedente desechar la demanda de amparo. Finalmente, no sobra decir que la procedencia del recurso administrativo registral de manera previa al juicio de amparo ha sido confirmada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito al resolver el amparo en revisión 170/2017, en sesión de trece de septiembre de dos mil dieciocho. En las relatadas condiciones, es claro que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia estudiada; por lo que con fundamento en el artículo 113 de la ley en la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Finastrategy Mx, sociedad anónima promotora de inversión de capital variable, por conducto de sus apoderados. Notifíquese electrónicamente a la quejosa.
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