Jose Luis Peña Ortega

Expediente 30/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
30/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
31/01/2023

Partes del expediente

  • Jose Luis Peña Ortega

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recurrió el auto de diez de enero de dos mil veintitrés, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano por improcedente la demanda de amparo promovida por José Luis Peña Ortega, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Por otra parte, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó el presente juicio de amparo. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. Finalmente, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.

  2. Principal

    (INCIDENTE) Pachuca de Soto, Hidalgo, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y lo asentado en la cuenta secretarial, se advierte que por acuerdo de esta fecha emitido en el cuaderno principal del que deriva el presente incidente, causó ejecutoria la sentencia emitida en el mismo y se ordenó su archivo definitivo; por ende, se determina que en términos del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente incidente no es de relevancia documental. Asimismo, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, se establece que el original de la presente incidencia es susceptible de depuración, al haberse concedido la suspensión provisional. Mientras que, el duplicado es destruible por ubicarse en el supuesto del contenido en el artículo 20, fracción II, inciso a), del multicitado Acuerdo General. Realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); así como en las carátulas de los cuadernos. Por tanto, debido a que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Notifíquese

  3. Principal

    DESECHAMIENTO Por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifieste e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, son: La solicitud planteada a este Juzgado de Distrito para ser trasladado del Centro Federal de Readaptación No. 4 "Noroeste" en Tepic, Nayarit a un Centro de Reinserción Social en Pachuca o Tulancingo de Bravo, Hidalgo. Precisado lo anterior, se estima que en la especie opera la causa de improcedencia prevista en el 61, fracción XXIII, en relación con el 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [.]"; Del precepto antes transcrito, se advierte que el amparo indirecto es improcedente contra aquellos actos emitidos por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que por virtud de la ley que norma su procedimiento puedan ser combatidos mediante algún recurso o medio de defensa, mismo que tiene la posibilidad de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, principio de definitividad que necesariamente se tiene que agotar el recurso o medio de defensa establecido en la ley que regula al acto reclamado, pues de no hacerlo trae como consecuencia la improcedencia del amparo, en virtud de que el juicio de garantías está concebido por el legislador, como un medio extraordinario de defensa, cuya finalidad es mantener el orden constitucional, de ahí que no pueda acudirse a dicha instancia cuando contra el acto reclamado se otorgue un remedio legal, a través del que sea posible reparar el perjuicio alegado por la parte legitimada. Expuesto lo anterior, del escrito de demanda se advierte que el quejoso ******************** solicita el amparo para ser trasladado del Centro Federal de Readaptación No. 4 "Noroeste" en Tepic, Nayarit a un Centro de Reinserción Social en Pachuca o Tulancingo de Bravo, Hidalgo, toda vez que es su deseo ser trasladado del Centro Federal de Readaptación Social a uno más cercano a su domicilio familiar. Lo anterior, sin haber señalado si realizó una petición formal y ante qué autoridad lo hizo, entonces debe entenderse que no ha formulado petición alguna ante ninguna autoridad. Con base en lo expuesto con antelación, la parte quejosa antes de acudir al juicio de garantías debió haber hecho la solicitud pertinente ante el Juez que instruye la causa penal que se sigue en su contra; lo que de manera alguna se advierte de lo expuesto en su demanda de garantías. De ahí que, al no haber acudido la parte agraviada al medio legal establecido para tal efecto, el cual tenía forzosamente la obligación de agotar, previo al ejercicio de la acción constitucional, y al no haber observado el principio de definitividad que rige en forma ineludible al juicio de garantías, evidentemente se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el numeral 113 de la misma ley, lo que procede es desechar por improcedente la demanda de garantías, lo anterior en virtud de que no existe duda para este órgano de control constitucional para formarse un criterio distinto, ya que, por las razones apuntadas, está plenamente acreditada la causal de improcedencia invocada. Finalmente, debe decirse que la actualización de la causa de improcedencia en estudio, no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA." NOTIFICACION DE PROVEÍDO Finalmente, tomando en consideración que el quejoso ********************, se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación No. 4 "Noroeste" en Tepic, Nayarit; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°,y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los diversos numerales 107, 108 y 109 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la transmisión electrónica de juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, envíese exhorto de manera electrónica, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal del Vigésimo Cuarto Circuito Con Residencia en Tepic, en Turno a fin de que de no tener inconveniente legal alguno, en auxilio de las labores de este Juzgado Federal ordene a quien corresponda se sirva a notificar al quejoso de referencia el presente proveído. Asimismo, con fundamento en el artículo 110 del citado Acuerdo General Conjunto, se solicita al órgano jurisdiccional exhortado que la devolución de lo actuado se realice únicamente por la misma vía electrónica, ello a fin de agilizar la tramitación de la encomienda y evitar la duplicidad de actuaciones. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese y por exhorto al quejoso en el lugar en que se encuentra recluido.

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