José Luis Pelayo Pelayo
Expediente 236/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 236/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- José Luis Pelayo Pelayo
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de siete de abril de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por José Luis Pelayo Pelayo, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Integración del expediente, anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como total y definitivamente concluido. Transferencia. Ahora bien, de conformidad con el capítulo segundo, artículo 5, en relación con el capítulo tercero, artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 18, capítulo séptimo del citado acuerdo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del capítulo décimo tercero, del Acuerdo General, señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Destrucción. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible en virtud de que se desechó la demanda de amparo, por lo que se ubica en la hipótesis prevista en el capítulo octavo, artículo 21, inciso d), del Acuerdo General citado. Notifíquese....MESA 6
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Por recibida la razón del actuario adscrito a este juzgado, mediante la cual informa que se constituyó en el domicilio ubicado en Calle Pinzón Número 78, Fraccionamiento las Alamedas, Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, en busca del quejoso José Luis Pelayo Pelayo, a efecto de notificarle lo ordenado en siete de abril del presente año, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para llevar a cabo la diligencia encomendada por las razones que expone en la misma; en virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 27 y 29 de la Ley de Amparo, hágase la notificación del mencionado auto y de las subsecuentes, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. Notifíquese...MESA 6
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de abril de dos mil veintiuno. Recepción de incompetencia y nos avocamos al conocimiento Por recibido el oficio 1214, signado por la Jueza y Secretaria ambas adscritas al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, a través del cual remite el juicio de amparo 133/2021, de su índice, promovido por José Luis Pelayo Pelayo, por propio derecho, por carecer de competencia legal para conocer del mismo; hágase del conocimiento del órgano declinante que este juzgado de distrito, se avoca al conocimiento del citado asunto. Acúsese recibo. Recepción de demanda. Vista la demanda de amparo promovida por José Luis Pelayo Pelayo, contra actos que reclama de la Juez Vigésimo Octavo de lo Civil de Primera Instancia de la Ciudad de México y otras autoridades. Registro de demanda. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 236/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Estudio de la demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a duda, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, visible a página 64, cuyo rubro y texto, son: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo. En el caso, se estima que se actualizan las siguientes causales de improcedencia: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días [.]. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. De conformidad con los artículos transcritos, el término para la interposición de la demanda de amparo es de quince días, contados a partir desde el día siguiente, al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo que reclame, al que haya tenido conocimiento de ellos o al que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Ahora, para arribar a la anterior consideración, conviene destacar que el quejoso en el capítulo V de su demanda, denominado fecha de conocimiento del acto reclamado, manifestó bajo protesta de decir verdad que se hizo sabedor del acto reclamado, consistente en la ilegal adjudicación y en consecuencia el lanzamiento del inmueble ubicado en CALLE PIERRE LYONETT NÚMERO 38, COLONIA JARDINES DE SATÉLITE, MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, el ocho de marzo de dos mil veinte. Lo cual reiteró en el punto 8 del capítulo de ANTECEDENTES de su demanda. Como se advierte, las manifestaciones referidas, constituyen una confesión expresa, las cuales son admisibles como medio de convicción en el juicio de amparo y gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Asimismo, los actos reclamados no encuadran en alguno de los supuestos de excepción establecidos en el artículo 17, en sus fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, pues no se reclama la aplicación de una norma general autoaplicativa, ni un procedimiento de extradición, tampoco se está frente a un acto que tienda a privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a un núcleo de población sujeto al régimen ejidal o comunal y menos aún, se trata de un acto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el ordinal 22 de la Carta Magna, o la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. En ese sentido, si el ahora quejoso José Luis Pelayo Pelayo tuvo conocimiento de la existencia del acto reclamado desde el ocho de marzo de dos mil veinte; en virtud de que en esa fecha manifiesta que se hizo sabedor de que acudieron policías y personal del H. Juzgado de Naucalpan para ejecutar una orden de lanzamiento en contra del inmueble de su propiedad; es a partir del día siguiente en que surtió sus efectos esa actuación que comenzó a transcurrir el plazo genérico de quince días para la promoción del juicio de amparo. Entonces, si el impetrante del amparo tuvo conocimiento del acto reclamado desde el ocho de marzo de dos mil veinte; esa notificación surtió sus efectos del nueve siguiente, por tanto, el plazo para presentar su demanda transcurrió, al menos desde el once de marzo al diecisiete agosto del mismo año, descontando días inhábiles sábados y domingos, así como el periodo comprendido del dieciocho de marzo al tres de agosto de dos mil veinte, de conformidad con los diversos Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en el que se declaró la suspensión de labores de todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, y como consecuencia se determinó que no correrían plazos ni términos procesales ni se celebrarían audiencias. Por lo que, si el quejoso depositó su demanda en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, el nueve de marzo de dos mil veintiuno, como se advierte del sello de recepción, es evidente que transcurrió en exceso el término que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que a su vez implica el consentimiento tácito del acto que en esta instancia reclama y, por ende, se actualiza la causa de improcedencia ya invocada. Hecho notorio y causal de improcedencia. No se soslaya de lo anterior, que atento al principio de que un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que se tramitan ante este juzgado federal, de acuerdo con la jurisprudencia 12, con número de registro 199531, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, enero de mil novecientos noventa y siete, página 295, que dice: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN. Así como a lo que dispone la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO. Sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento.}" Resulta incuestionable que, en el caso, se actualiza también de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracciones X y XI, de la Ley de Amparo, que dice: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios. XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior. Lo anterior es así, dado que de la revisión del expediente 48/2021 que se tramita en este juzgado, el cual se invoca como hecho notorio, se advierte que el ahora quejoso José Luis Pelayo Pelayo, señaló como actos reclamados: IV. ACTOS RECLAMADOS: La ILEGAL e INCONSTITUCIONAL ADJUDICACIÓN del inmueble de mi propiedad ubicado en Calle Pierre Lyonett número 38 (treinta y ocho) en la colonia Jardines de Satélite, en el Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, mismo que es propiedad del quejoso mediante contrato de compra-venta celebrado entre el suscrito y los señores ARTURO FLORES CARRERAS y ROSARIO RODRÍGUEZ BARBIER en fecha veintitrés de enero de dos mil siete [.]. Y como autoridades responsables las siguientes: III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORA: 1) C. JUEZ VIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EJECUTORA: 1) H. JUZGADO SEXTO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 2) C. NOTIFICADOR ADSCRITO AL H. JUZGADO SEXTO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO 3) C. EJECUTOR ADSCRITO AL H. SEXTO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 4) H. JUZGADO QUINTO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 5) C. NOTIFICADOR ADSCRITO AL H. JUZGADO QUINTO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 6) C. EJECUTOR ADSCIRTO AL H. JUZGADO QUINTO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 7) H. JUZGADO CUARTO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 8) C. NOTIFICADOR ADSCRITO AL H. JUZGADO CUARTO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 9) C. EJECUTOR ADSCRITO AL H. JUZGADO CUARTO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. De la Autoridad señalada como ordenadora se reclama la ILEGAL e INCONSTITUCIONAL ADJUDICACIÓN del inmueble de mi propiedad, así como cualquier orden de lanzamiento ya sea vía exhorto o cualquier otra que haya ordenado, a través de la cual se ponga en posesión del inmueble que más adelante mencionará y el cual es de mi propiedad al TERCERO INTERESADO GUILLERMO GUZMÁN PIÑA. De las Autoridades señaladas como ejecutoras se reclama cualquier orden de lanzamiento, ya sea vía exhorto o cualquier otra que haya ordenado a través de la cual se ponga en posesión del inmueble que más adelante se mencionará y el cual es de mi propiedad al TERCERO INTERESADO GUILLERMO GUZMÁN PIÑA. Ahora en el juicio en que se actúa, el quejoso, José Luis Pelayo Pelayo, señaló como acto reclamado el siguiente: La Ilegal ADJUDICACIÓN del inmueble ubicado en CALLE PIERRE LYONETT NÚMERO 38, COLONIA JARDINES DE SATÉLITE, MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, mismo que es propiedad del QUEJOSO, y el cual fue indebidamente embargado dentro del JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, EXPEDIENTE NÚMERO 956/2007, JUZGADO VIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, GUZMÁN PIÑA GUILLERMO VS ROSARIO RODRÍGUEZ BARBIER Y ARTURO FLORES CARRERAS, en razón a que supuestamente dicho inmueble era PROPIEDAD de los demandados ROSARIO RODRÍGUEZ BARBIER Y ARTURO FLORES CARRERAS, empero dicho inmueble fue adquirido por el QUEJOSO a través de un CONTRATO DE COMPRAVENTA celebrado con dichas personas en fecha VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL SIETE, y el inmueble embargado de manera indebida le era RENTADO a los TERCEROS INTERESADOS [.]. En contra de las autoridades siguientes: III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORA: 1) C. JUEZ VIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EN EL EXPEDIENTE NÚMERO 956/2007. EJECUTORA: 1) JUZGADO SEXTO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 2) C. NOTIFICADOR ADSCRITO AL H. JUZGADO SEXTO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO 3) C. EJECUTOR ADSCRITO AL H. SEXTO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 4) H. JUZGADO QUINTO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 5) C. NOTIFICADOR ADSCRITO AL H. JUZGADO QUINTO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 6) C. EJECUTOR ADSCIRTO AL H. JUZGADO QUINTO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 7) H. JUZGADO CUARTO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 8) C. NOTIFICADOR ADSCRITO AL H. JUZGADO CUARTO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 9) C. EJECUTOR ADSCRITO AL H. JUZGADO CUARTO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 10) H. JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ. QUINTO CIVIL MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ (SIC). 11) C. EJECUTOR ADSCRITO AL H. JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ 12) H. JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ. 13) C. NOTIFICADOR ADSCRITO AL H. JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ. 14) C. EJECUTOR ADSCRITO AL H. JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ. De la H. Autoridad señalada como ordenadora se reclama la ILEGAL ADJUDICACIÓN del inmueble de mi propiedad, así como cualquier orden de lanzamiento vía exhorto, que haya ordenado, a través de la cual se ponga en posesión del inmueble de mi propiedad al TERCERO INTERESADO GUILLERMO GUZMÁN PIÑA. De las H. Autoridades señaladas como ejecutoras se reclama cualquier orden de lanzamiento, vía exhorto, que haya ordenado, a través de la cual se ponga en posesión del inmueble de mi propiedad al TERCERO INTERESADO GUILLERMO GUZMÁN PIÑA. Ahora bien, en el juicio de amparo 48/2021, se advierte que este órgano jurisdiccional desechó la demanda promovida por José Luis Pelayo Pelayo, por extemporaneidad, el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, dado que el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad, haber tenido conocimiento de los actos reclamados el veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, misma que causó estado el tres de marzo siguiente. Además, constituyó un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el diverso juicio de amparo 1578/2018, del índice de este juzgado, promovido por el aquí quejoso, en el cual el dieciocho de junio de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en la que se resolvió sobreseer en el juicio de amparo, dado que el quejoso no acreditó tener un derecho legítimamente tutelado respecto al inmueble en estudio. Así las cosas, dado que existe identidad en la parte quejosa, autoridades responsables, acto reclamado y hechos en los que el quejoso viene fundamentando su demanda de amparo, ello aunado a que el expediente 48/2021 y 1578/2018, entre otros, se encuentran dentro de los juicios de amparo que conoce este órgano judicial, por lo que, resulta incuestionable, como se dijo, que se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia aludida. Sustenta la anterior determinación la tesis .11o.C. J/6 (10a.), visible en la página 808, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital: 2018597, de rubro y texto: COSA JUZGADA. OPERA CUANDO SE DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO CON SUSTENTO EN UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA CUYA NATURALEZA HACE INEJERCITABLE UNA NUEVA ACCIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA EL MISMO ACTO RECLAMADO Y AUTORIDAD. El artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en términos de la diversa fracción X, la cual prevé la improcedencia de la acción constitucional contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y actos reclamados, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Ahora bien, cuando se desecha una demanda de amparo, es claro que no se dicta la sentencia que analizará la constitucionalidad del acto reclamado; sin embargo, cuando el desechamiento se sustenta en una causa de improcedencia cuya naturaleza hace inejercitable una nueva acción de amparo, ello impedirá al quejoso promover una segunda demanda respecto del mismo acto, so pretexto de que, al desecharse la primera, no se analizó el fondo. Ello es así, porque atento a la naturaleza de la hipótesis de improcedencia que sustentó el desechamiento de la demanda de amparo previa, imposibilita, por sí sola, la promoción de un nuevo juicio contra los mismos actos de las autoridades, máxime si la resolución respectiva no fue impugnada y, por ello, adquirió firmeza. Lo anterior, conforme al principio de cosa juzgada que rige en el juicio constitucional, pues no puede desconocerse la firmeza de la determinación que desechó la primera demanda, mediante la promoción de un nuevo juicio contra el mismo acto reclamado, dado que el quejoso tenía la carga procesal de impugnar esa resolución mediante el recurso de queja por ser el medio impugnativo idóneo y eficaz para, en su caso, lograr la admisión de la demanda y que eventualmente se resolviera sobre la constitucionalidad del acto reclamado. Consecuentemente, cuando se desecha la demanda con sustento en una causa de improcedencia cuya naturaleza hace inejercitable una nueva acción constitucional contra el mismo acto reclamado y autoridad, opera el principio de cosa juzgada. Se desecha demanda de amparo. Por lo antes expuesto, al actualizarse las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones X, XI y XIV, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por José Luis Pelayo Pelayo, por propio derecho. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. Ahora bien, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el que señala en su escrito de demanda, lo anterior, en atención a que se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal, por tanto, requiérasele para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, señale un domicilio dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional, apercibido que de no hacerlo así, las notificaciones que se le deban hacer, incluso las de carácter personal, se realizarán por medio de las listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo, sin ulterior acuerdo. Atento a lo anterior, se comisiona a un actuario adscrito a este juzgado, a fin de que se constituya en el domicilio ubicado en calle Pinzón número 78, fraccionamiento Las Alamedas, municipio Atizapán de Zaragoza, Estado de México, y notifique el contenido del presente proveído a la parte quejosa, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Amparo. Ahora, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, la diligencia para llevar a cabo la notificación personal del presente acuerdo, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Se habilitan días y horas. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que se lleven a cabo las diligencias encomendadas en el presente asunto. Autorizados. Ténganse por autorizados para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a los profesionistas que señala en la demanda de amparo, hasta en tanto, acrediten haber registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hicieron, podrán válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). Ahora, de conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En ese orden de ideas, en atención a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, a efecto de resguardar la integridad de los servidores públicos que realicen las notificaciones derivadas del presente acuerdo, se les autoriza para que prioritariamente éstas se hagan a través de medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Devolución de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo, del punto Vigésimo, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese.MESA 6
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