José Luis Pedraza García

Expediente 1306/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1306/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
05/12/2018

Partes del expediente

  • José Luis Pedraza García

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el oficio de cuenta signado por la autoridad de mérito, agréguese al presente expediente sin mayor proveído en virtud de que en aún no transcurre el término otorgado en diverso auto, en el que se requirió a los quejosos, para que se constituyan en la citada Administración Tributaria y recojan el documento crediticio expedido a su favor.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos para los efectos legales a que haya lugar el oficio de cuenta, a través del cual el Coordinador de Administración y Resguardo de Archivos Judiciales, remite en calidad de préstamo, el cuaderno original del presente juicio de amparo 1050/2009, en consecuencia, acúsese recibo... Visto de nueva cuenta el oficio registrado con el consecutivo "19223", signado por la autoridad de mérito, a través del cual, manifiesta la imposibilidad que tiene para hacer efectivas las multas impuestas en los presentes autos, atento a lo anterior, agréguese a los autos sin mayor proveído, toda vez que por diverso auto, se determinó ordenar el archivo del presente juicio al tratarse de un asunto totalmente concluido.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA. Se notifica por lista al quejoso el auto de 07/noviembre/2018, por no comparecer al Juzgado a notificarse, no obstante el aviso, que le fue dejado en su domicilio. Auto cuyo contenido es: "Ciudad de México; siete de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y el estado procesal de los presentes autos en los cuales se advierte que a la fecha, ninguna de las partes hizo manifestación alguna con relación a la vista ordenada en auto de veintidós de octubre de dos mil dieciocho esto es, con la documental remitida por el Oficial 09 del Registro Civil del XXII Ayuntamiento de Tijuana, consistente en la copia certificada del acta de defunción de Adolfo Rodríguez Haros, señalado como tercero interesado en el presente asunto. Por tanto, toda vez que se encuentra acreditado el fallecimiento del referido tercero, por tanto, se deja de tenerlo con tal carácter y en su momento este órgano jurisdiccional resolverá el presente asunto con los diversos terceros emplazados. Se estima que no es necesario llamar a juicio a alguna persona que represente legalmente a Adolfo Rodríguez Haros o a su sucesión, de conformidad con el artículo 16, párrafo primero, de la Ley de Amaro, lo anterior es así ya que la parte quejosa acudió al presente juicio ostentándose como tercera extraña, en contra de los actos consistentes en la indebida inscripción de: 1) El contrato de cesión de derechos al 50% registrados respecto del título de concesión minera 226275 denominada "Lobo 16" celebrado entre Gabriel Chávez Aguirre, apoderado de Sergio Saucedo Martínez (cedente), quien es su cónyuge; y Adolfo Rodríguez Haro (cesionario); 2) El contrato de cesión de derechos respecto del título de concesión minera 226275 denominada "Lobo 16", celebrado entre Adolfo Rodríguez Haro y Gabriel Chávez Aguirre, como cedentes y Grupo Minero Lobos, sociedad anónima de capital variable como cesionario; 3) Los contratos de exploración, explotación y beneficio con pago de regalías, registrados respecto del título de concesión minera 226275 denominada "Lobo 16", celebrado entre Grupo Minero Lobos, sociedad anónima de capital variable como beneficiario, con la empresa Lobos, sociedad anónima de capital variable como cesionario y Minera Lobo e Istmo, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable. como empresa; 4) La omisión de verificar los requisitos de inscripción a que se refieren los artículos 78, 85 y 90 del Reglamento de la Ley Minera; y 5) Las subsecuentes inscripciones de los diferentes contratos de cesión de derechos respecto del título de concesión minera 226275 denominada "Lobo 16", cuyo titular original es Sergio Saucedo Martínez. Como se ve, los actos reclamados inciden en derechos estrictamente personales, puesto que la concesión minera no constituye un derecho real; por no transmitir al particular la propiedad del lote que se refiere y los actos que supuestamente se emitieron para la transmisión de los derechos correspondientes a la concesión que por esta vía defiende la parte quejosa son personalísimos; de ahí que sea innecesario emplazar al tercero interesado Adolfo Rodríguez Haros, por conducto de su representante legal o de la sucesión correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis emitida por la antes llamada Tercera Sala del Alto Tribunal publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXXIX, Quinta Época, visible en la página 801 de rubro y texto siguientes: "CONCESIONES MINERAS, LOS DERECHOS QUE DE ELLAS DERIVAN NO SON DE NATURALEZA REAL. Las concesiones en el ramo de minas no transmiten a los particulares la propiedad del lote a que se refieren, inalienablemente e imprescriptible como es, por disposición constitucional; el traspaso de una concesión minera, previsto y disciplinado por normas jurídicas especiales, tampoco transfiere al cesionario la propiedad del subsuelo de la República, y el dominio y posesión de las minas, conforme al ordenamiento jurídico nacional, no reside jamás en persona alguna, natural o jurídica, como no sea la nación mexicana. Es inadmisible que se confunda el subsuelo de la nación, con los derechos que ésta concede al beneficiario, para extraer y aprovechar las sustancias contenidas en aquél, y tampoco cabe admitir que por ser inmueble el fundo, sean raíces las concesiones para explotarlo. Estas, en sí mismas, no son bienes, sino actos jurídicos de derecho administrativo y fuentes de derecho a favor del concesionario. Por tanto, es el carácter de los derechos patrimoniales que nacen de las concesiones, lo que interesa clasificar, como bienes que son, entre los muebles o los inmuebles. Ahora bien, para que los derechos sean inmuebles no basta que sean raíz el objeto a que se refieren. En realidad, el objeto inmediato de una concesión minera no es una cosa corporal, específica y determinada, elemento esencial de los derechos reales; sino un acto (o un conjunto de actos, positivos y negativos) a cuya prestación se obliga el Estado, sin posible delegación. Cuando estas notas concurren, el derecho de obligación, como contrapuesto al derecho real, queda configurado. La regla general es que los derechos (cosas incorporales), sean bienes muebles, y como tales deben considerarse, por tanto, aquellos cuya naturaleza inmobiliaria no define claramente la ley. Así, la enumeración legal de los bienes inmuebles tiene carácter limitativo y como los derechos que emanan de una concesión minera no están expresamente especificados en dicha enumeración, por aplicación de la regla general deben ser considerados como bienes muebles. La rigidez del principio de inalienabilidad del dominio público, norma profundamente características de nuestra Constitución Política General, hace imposible la enajenación de la más pequeña de sus partículas, y de igual modo es irreducible a propiedad particular, en el sentido del derecho civil, desmembramiento alguno de aquel dominio. La más antigua doctrina enseña que los derechos reales son sustracciones y desmembramientos del señorío, y a tal doctrina no ha sido extraño nuestro derecho objetivo. La constitución de una servidumbre se reputa, por ley, "como enajenación en parte, de la propiedad del predio sirviente". De allí deduce el legislador la regla según la cual sólo pueden constituir aquel derecho, sobre sus cosas, las personas que libremente pueden enajenarlas; y por la misma norma se rigen la prenda, la anticresis; el censo consignativo y el enfitéutico. La inalienabilidad es, por tanto, incompatible con la imposición de derechos reales sobre cosa. Tratándose de una concesión minera otorgada de acuerdo con la Ley de Industrias Minerales de tres de mayo de mil novecientos veintiséis, la relación nace exclusivamente del título, y los derechos del particular no pueden adquirirse por otro medio, incluso la prescripción; la relación se origina y se desenvuelve entre la nación y el concesionario quienes, por el concurso de voluntades, resultan ligados bilateralmente mientras la concesión subsiste; pero en todo caso por tiempo limitado. Semejante vinculación, de carácter normativo, se establece entre las partes por un complejo de recíprocas prestaciones; y la relación sinalagmática así formada, por la coincidente voluntad jurídica del Estado y su titular, creadora de deberes jurídicos que sólo pueden ser violados por las partes que en la misma relación intervienen, constituye una obligación personal, según ésta es concebida por la doctrina. No es sino mediante el Estado, cuyo es el dominio y de quien la concesión procede, que el beneficiario ejercita sobre la cosa raíz, poder jurídico alguno; y sus derechos reales, cuyo ejercicio no necesita de ningún intermediario que esté obligado en persona. Otras diferencias separan de los derechos reales los que emanan de una concesión minera. Así, a la estructura del derecho real es conforme que el sujeto pasivo, caso de haberlo, pueda cambiar con la titularidad de la cosa, y tratándose de concesiones mineras, la nación es invariable. Los derechos reales son derechos de exclusión; los personales han sido denominados "derechos de unión", en cuanto sirven a la cooperación social; y es rasgo propio del régimen de concesiones, el implicar una manera de asociación (una colaboración) a lo menos entre el Estado y el titular de aquéllas. Los derechos reales son ordinariamente perpetuos; los que derivan de una concesión minera, en cambio, siempre son temporales. Por el correr del tiempo aquéllas se consolidan y éstos se extinguen. El incumplimiento de ciertas obligaciones que deriven de la concesión, trae la caducidad como consecuencia, y con ella, la extinción de los derechos del beneficiario; lo que confirma que los propios derechos no nacen ni subsisten y se desenvuelven sino por razón de un ligamen obligatorio, impositivo de derechos jurídicos cuya violación importa, en lo que atañe a uno de los sujetos (el titular), y con referencia a la cosa en que recaen indirectamente (el lote minero), la extinción de todo poder jurídico. A lo anterior debe agregarse que los bienes de dominio público están en poder del Estado a título de soberanía, principio al cual responde, en parte, el de su inalienabilidad e imprescriptibilidad, ya que la soberanía es incomunicable. Esta norma, consagrada por la Constitución Política de mil novecientos diecisiete, ha sido consignada también por las leyes reglamentarias, entre ellas, la Ley General de Bienes Nacionales, que incluye entre los bienes de dominio público, textualmente, los señalamientos en los párrafos cuarto y quinto del artículo 27 constitucional, sin establecer entre ellos ningún distingo; reconoce, además, el derecho que otorgan las concesiones frente a la administración (derechos relativos), para realizar las explotaciones y aprovechamientos que regulen las leyes especiales, y declara que las concesiones sobre los bienes de dominio público, ni dan acción reivindicatoria de posesión, aun interina, ni crean derechos reales." Finalmente, y a fin de notificar el presente proveído, se habilitan días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa así como los terceros interesados Minera Lobo e Itsmo, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, Grupo Minero Lobos, sociedad anónima de capital variable y Gabriel Chávez Aguirre; y por lista al tercero interesado Sergio Saucedo Martínez de conformidad a lo ordenado en auto de dos de julio de dos mil dieciocho. ".

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