Jose Luis Pasos Martinez

Expediente 389/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
389/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
01/04/2022

Partes del expediente

  • Jose Luis Pasos Martinez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, y de la lectura de las constancias que lo integran se advierte, que mediante acuerdo de once de marzo del año en curso, se ordenó notificar de manera personal al quejoso José Luis Pasos Martínez, el oficio del Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado de Yucatán, mediante el cual informó, que se abrió la carpeta de investigación V1-G4/00041/2022, en la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Tortura del Ministerio Público del Fuero Común, de esa Fiscalía General del Estado, a fin de que se inicie la investigación correspondiente por la probable trasgresión de los derechos humanos del quejoso José Luis Pasos Martínez, y reciba la asesoría jurídica correspondiente en su carácter de víctima dentro de la investigación que se inició. Así mismo, en dicho proveído se reservó archivar este expediente como asunto definitivamente concluido, hasta en tanto se notifique personalmente la anterior providencia al titular de la acción constitucional, lo cual ya aconteció como se advierte de la constancia actuarial de fecha diecisiete de marzo de los actuales; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido.Por otra parte, en cumplimiento al punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto Número uno de dos mil nueve, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, y que por ende, no se tramitó el incidente de suspensión, este expediente se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. NOTIFÍQUESE

  2. Principal

    Agréguese a estos autos el oficio signado por el Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado de Yucatán, con un anexo que adjuntó, con el que, en atención al requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional, informa que se abrió la carpeta de investigación V1-G4/00041/2022, en la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Tortura del Ministerio Público del Fuero Común de esa Fiscalía General del Estado, a fin de que se inicie la investigación correspondiente por la probable trasgresión de los derechos humanos del quejoso José Luis Pasos Martínez. En ese sentido, es importante traer a colación, lo sostenido por el Protocolo para Juzgar Casos de Tortura y Malos Tratos, expedido por la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del que se puede extraer conceptos y lineamientos inherentes a la correcta conducción de asuntos que involucren tortura y malos tratos. Entre ellos, lo establecido en el inciso C), denominado, Guía para juzgar casos de tortura y malos tratos, en concreto, en el punto 7 "vista con efectos de denuncia", que señala, que el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que, quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de algún delito, está obligado a denunciarlo al ministerio público, y respecto del delito de tortura, tal deber se encuentra contemplado en el artículo 33 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, dicha denuncia será con efectos para que la representación social inicie la investigación penal correspondiente. En tal virtud, atendiendo a que la definición de tortura, según la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, es todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia; de conformidad con lo estipulado en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del once de junio de dos mil once, el cual establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano, así como en los artículos 22 Constitucional, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales reconocen el derecho humano de toda persona a no sufrir actos de tortura, derecho fundamental garantizado por nuestro país al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de cuyos artículos 1, 6 y 8 se advierte que las personas que denuncien haber sido torturadas tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal. En ese orden de ideas, tomando en consideración que la Fiscalía General del Estado, ha iniciado la carpeta de investigación correspondiente, dese vista a la parte quejosa con las constancias que dicha autoridad remitió, a fin de que reciba la asesoría jurídica correspondiente en su carácter de víctima dentro de la investigación que se inició, la cual fue registrada bajo el número de carpeta de investigación V1-G4/00041/2022, ante la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Tortura del Ministerio Público del Fuero Común, de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, tal como lo prevé el invocado Protocolo para Juzgar Casos de Tortura y Malos Tratos, expedido por la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Finalmente, resérvese ordenar lo conducente al archivo del presente expediente, hasta en tanto se notifique al quejoso la presente determinación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de la parte quejosa DAVID ARABA DORANTES CABRERA autorizado en términos amplios de la quejosa CANDY EUNICE CERVANTES AGUILAR, por medio del cual señala, en esencia, que las responsables han sido omisas en dar cumplimiento a las medidas cautelares otorgadas por este órgano federal, ya que refiere que no se le ha pagado la pensión relativa a la segunda quincena de diciembre y subsecuentes. Por tanto, es evidente que, a efecto de cumplir con la medida suspensional las responsables deben cumplir con la suspensión provisional concedida en autos el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, y evidenciar la realización de las acciones pertinentes, a efecto de que la parte quejosa no sea privada de la pensión alimenticia decretada a su favor. Por ende, requiérase a las autoridades responsables para que en el plazo de tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, informen la manera en la que han dado cumplimiento a la suspensión provisional dictada en el presente asunto. Se apercibe a las responsables que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $8,962.00 (ocho mil, novecientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N), conforme a lo dispuesto en el artículo 237m fracción I, con relación al diverso 259, ambos de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución. Sin perjuicio de que se actualice la responsabilidad penal que prevé el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que dispone que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Notifíquese.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que obra el oficio RAN/YUC/SR/DJ/0130/2022, suscrito por la Encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional Delegación Yucatán, con sede en esta ciudad, y anexo que acompañó, junto con las diversas comunicaciones de la referida responsable, con las que informó las gestiones relativas al cumplimiento de la sentencia de amparo, todas las cuales ya obran glosadas a los presentes autos; asimismo, se advierte que mediante proveído de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa con dicha documentación para que en el término de tres días hábiles, manifestara lo que a su derecho conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obraran en este expediente y de los datos aportados por la responsable, lo que al presente se ha cumplido, pues la parte impetrante no ha hecho manifestación alguna; consecuentemente, este Órgano de Control Constitucional procede a resolver, si, de acuerdo con las constancias de autos, la invocada sentencia concesoria ha sido cumplida, o no; lo antes expuesto encuentra apoyo en lo establecido en el artículo 196 párrafo segundo de la Ley de Amparo. En este sentido es importante asentar que por sentencia definitiva dictada el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. Asimismo, por auto de quince de octubre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la citada resolución, requiriendo a la responsable que dé cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo. De manera que la Encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional Delegación Yucatán, con sede en esta ciudad, con el anexo que acompañó, estaba obligada a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: De inmediato, dado el tiempo transcurrido, cumpla con lo dispuesto en los artículos 17 Constitucional, y relativos del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, esto es, culmine con el procedimiento y/o trámite con folios 31190006110, 031190006304, 31190006305 y 31190006307, trámites que fueron ingresados el primero el doce y los restantes el diecinueve de julio, todos de dos mil diecinueve, referentes a la expedición de títulos de propiedad, respecto de diversas parcelas, correspondientes al ejido de Seyé, en Yucatán, parcelas números 218 Z1 P-2, 219 Z1 P-2, 220 Z1 P-2 y 221 Z1 P-2, amparadas con los certificados parcelarios números 000001012519, 000001012531, 000001012518 y 000001012513, y se expida y entregue los títulos de propiedad correspondientes, en caso de que no exista imposibilidad jurídica para ello. Así, de las constancias que obran en este sumario, se advierte que la Encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria, pues obran diversas actuaciones de la responsable, de las cuales puede apreciarse que concluyó los trámites 31190006110, 031190006304, 31190006305 y 31190006307, respecto de los certificados parcelarios números 000001012519, 000001012531, 000001012518 y 000001012513; de igual forma, remitió el oficio número RAN/YUC/SR/DJ/0130/2022, de fecha diecinueve de enero de dos mil veintidós, adjuntando al mismo copia certificada de la constancia de entrega de los títulos de las parcelas 218 Z1 P-2, 219 Z1 P-2, 220 Z1 P-2 y 221 Z1 P-2, derivadas de las solicitudes 31190006110, 031190006304, 31190006305 y 31190006307, al ciudadano Miguel Ángel Moheno Rosado; ello, a fin de acreditar que se ha restituido en pleno goce de sus derechos violados al aquí peticionario de amparo. En mérito de lo anterior, acorde a lo manifestado por la autoridad responsable y a las constancias que anexó al multicitado oficio y las que obran glosadas en autos, se advierte que se ha concluido con el trámite de las solicitudes 31190006110, 031190006304, 31190006305 y 31190006307, derivando en la entrega de los certificados de las parcelas números 218 Z1 P-2, 219 Z1 P-2, 220 Z1 P-2 y 221 Z1 P-2, del Ejido de Seyé, en Yucatán; de ahí, que con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se determina que se ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo. Notifíquese personalmente.

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