José Luis Parra Vázquez

Expediente 527/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
527/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
01/12/2017

Partes del expediente

  • José Luis Parra Vázquez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el plazo de cinco días para que la parte quejosa recurriera el acuerdo de quince de noviembre de dos mil diecisiete, en el que se desechó la demanda de amparo ya feneció, sin que se haya interpuesto recurso; por lo que con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurrido cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez que transcurra tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    Ensenada, Baja California, quince de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por José Luis Parra Vázquez, por su propio derecho, contra actos de la Mesa Directiva de la LXXIX Convención Estatal Extraordinaria instaurada el veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California y otras autoridades; fórmese el expediente correspondiente y anótese su ingreso en el libro de juicios de amparo con el número y otras autoridades; fórmese el expediente correspondiente y anótese su ingreso en el libro de juicios de amparo con el número 527/2017-VIII-B. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el caso, del análisis de la demanda, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los artículos transcritos, se advierte que en el juicio de amparo, tiene el carácter de autoridad, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Es decir, una de las notas distintivas de una autoridad para efectos del juicio de amparo es la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular, entendiéndose por éstas las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Asimismo, que la procedencia del amparo se encuentra supeditada a que los actos reclamados provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquella que con apoyo en la Ley emite actos unilaterales y obligatorios por los que crea, modifica, o extingue situaciones jurídicas que afecta a los gobernados. Así, a través del juicio de amparo, únicamente es dable impugnar un acto que provenga de una autoridad, o de un particular que actúa con el carácter de autoridad (con imperio), a fin de estar en aptitud de analizar los conceptos de violación de legalidad que se hayan aducido en su contra. Al efecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 164/2011 determinó que las notas que distingue a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Luego, tenemos que medularmente la parte quejosa reclama como acto atribuido a las autoridades responsables que forman parte del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, lo siguiente: Luego, tenemos que medularmente la parte quejosa reclama como acto atribuido a las autoridades responsables que forman parte del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, lo siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: AA) MESA DIRECTIVA DE LA LXXIX CONVENCIÓN ESTATAL EXTRAORDINARIA INSTAURADA EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. A quien le reclamo la solicitud de integrar en fecha 27 de septiembre del 2017, la Comisión de Honor y Justicia Estatal, del Síndico Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California. BB) COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA ESTATAL del sindicato Único de Trabajadores del Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California. A quien les reclamo pretender suspender mis prerrogativas sindicales, apoyándose en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 87, 91, 92, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 104, por ser inconstitucionales. CC) COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL, del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California. A quien en su carácter de Órgano Ejecutor, de los acuerdos que emita la Convención Estatal extraordinaria, le reclamo pretender ejecutar el dictamen que en su momento emita la Comisión de Honor y Justicia Estatal, sin haber sido oído y vencido en un procedimiento seguido en forma de Juicio en mi contra, la cual en materia del Juicio de Amparo que nos ocupa. DD) H. GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. A quien le reclamo, cancelar las prerrogativas que sean solicitadas por el Comité Ejecutivo Estatal, del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California." En esa tesitura, es claro que los trabajadores y el sindicato al que están agremiados, se encuentran en una relación de coordinación, esto es, entre particulares que presupone un plano de igualdad, en el que las partes se encuentran en un mismo nivel, teniendo que acudir a procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias. Es menester señalar que los artículos 356, 357, 358 y 359, todos de la Ley Federal del Trabajo vigente, en relación con la figura del Sindicato, señalan lo siguiente: Artículo 356. Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Artículo 357. Los trabajadores y los patrones tienen el derecho de constituir sindicatos, sin necesidad de autorización previa. Cualquier injerencia indebida será sancionada en los términos que disponga la Ley. Artículo 358. A nadie se puede obligar a formar parte de un sindicato o a no formar parte de él. Cualquier estipulación que establezca multa convencional en caso de separación del sindicato o que desvirtúe de algún modo la disposición contenida en el párrafo anterior, se tendrá por no puesta. Artículo 359. Los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades y formular su programa de acción. Como es de verse, los integrantes del Sindicato están obligados a regirse por los estatutos que el propio organismo creó para constituirse, redactar éstos y sus reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades, así como para generar su programa de acción, lo que lleva a que ninguno de esos actos encuadre en los supuestos para que deba considerarse al sindicato como autoridad responsable en el juicio de amparo. En ese orden de ideas, la vida del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipio e Instituciones Descentralizadas de Baja California, sección Ensenada, se rige por las disposiciones de sus estatutos, según lo dispuesto por el artículo 63, de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipio e Instituciones Descentralizadas del Estado de Baja California. Ahora, como ha quedado establecido, para que proceda el juicio de amparo en contra de un particular equiparable a una autoridad responsable, es necesario que el ente particular determine sus funciones por una norma general, lo que en la especie no acontece, pues los estatutos por los que se rige el órgano sindical señalado como responsable no constituyen normas generales de conformidad con el artículo 107 de la Ley de Amparo. De lo anterior, se colige que aun cuando el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipio e Instituciones Descentralizadas de Baja California, sección Ensenada, ordene, ejecute o trate de ejecutar actos que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, no es procedente el amparo, pues sus actos u omisiones no se actualizan en el contexto de funciones que tenga encomendadas por alguna norma general; por lo que no es posible tener a dichos mandos sindicales como autoridades responsables para efectos del juicio de amparo. Lo anterior por virtud de que los artículos 59, 67 y 73 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, establecen lo siguiente: "Artículo 59.- Sindicato es la Asociación de Trabajadores de las instituciones públicas, constituidas para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses económicos, políticos, sociales y culturales, orientando invariablemente su acción hacia mejores metas de justicia social." "Artículo 67.- Son obligaciones de los sindicatos: I.- Proporcionar los informes que en cumplimiento de esta Ley, solicite el tribunal de arbitraje y titulares de las instituciones públicas; II.- Comunicar al tribunal de arbitraje dentro de los diez días siguientes a cada elección los cambios que ocurran en su directiva o en sus comités, las altas y bajas de sus miembros y las modificaciones que sufran los ordenamientos jurídicos que rijan su vida social o que estén relacionados con la situación contractual. III.- Facilitar la labor del tribunal de arbitraje en los conflictos que se tramiten ante el mismo, ya sea del sindicato o de sus miembros proporcionando la cooperación que se requiera. IV.- Patrocinar y representar a sus miembros ante las autoridades públicas y ante el tribunal de arbitraje por si, o a través de apoderados cuando se solicite, todos los conflictos que surjan entre los miembros del sindicato de no ser solucionados por su comité ejecutivo serán resueltos por el tribunal de arbitraje, así mismo los gastos que origine el funcionamiento del sindicato serán cubiertos por los miembros del mismo." "Artículo 73.- Los conflictos que surjan entre los sindicatos, serán resueltos por el tribunal de arbitraje a petición de parte interesada." De los preceptos citados se advierte que los sindicatos como personas colectivas de derecho social, son constituidos por los trabajadores para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. En ese orden de ideas, no es un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular; toda vez que los miembros de un sindicato y dicho ente actúan en un plano de igualdad, aunque aquél tenga una división funcional orgánica estatutaria integrada por los propios trabajadores que laboran para una misma dependencia u organismo descentralizado, en la especie, trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California. Luego, si bien, la relación entre el sindicato y sus agremiados tiene su nacimiento en una norma general, como es el caso de la constitución federal que reconoce el derecho de asociación en el artículo 9, no menos cierto es que se rigen conforme a sus propios estatutos; asimismo, su actuar se desarrolla en el ámbito de las relaciones de coordinación, por lo que para que se diriman las diferencias que surjan entre los miembros de un sindicato y dicho ente, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, como es el caso previsto en el primer párrafo del artículo 123, apartado B, fracción XII, de la Constitución Federal y artículo 73 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, puesto que en los conflictos intersindicales que son del conocimiento del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Baja California, las partes involucradas deben acudir ante dicho órgano jurisdiccional para que, coactivamente, imponga las consecuencias jurídicas establecidas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Entonces, si la legislación en comento, faculta a los sindicatos para emitir sus estatutos e impone establecer, entre los aspectos mínimos que deben satisfacer, los órganos de gobierno que velarán para su vida interna, los derechos y obligaciones de los asociados, así como los motivos y procedimientos de suspensión, expulsión y correcciones disciplinarias; se insiste, es la voluntad de sus miembros la fuente de las disposiciones normativas a las que se verán sometidos y no la potestad del Estado; de tal suerte que si la parte quejosa pretende controvertir las decisiones adoptadas por la directiva del sindicato cuyas funciones están determinadas en sus estatutos y no en una norma general, no se constituyen en actos equivalentes a los de autoridad en el contexto de una relación que surja de un mandato de la ley, susceptibles de ser controvertidos a través del juicio de amparo, sino que en todo caso, es factible acudir ante las autoridades laborales para ejercer la acción que corresponda. En esas condiciones, se colige que aun cuando el sindicato señalado como responsable, ordene, ejecute o trate de ejecutar actos que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, no es procedente el juicio de amparo, pues sus actos u omisiones no se actualizan en el contexto de funciones que tenga encomendadas por alguna norma general, sino que son consecuencia de los estatutos y acuerdos que se toman en los Comités de los mismos; por lo que, no es posible tener a dicho sindicato como autoridad responsable equiparada para efectos del juicio de amparo. Pues, la figura del sindicato establece una relación de coordinación entre su directiva y los trabajadores afiliados; toda vez que los miembros de un sindicato y su directiva actúan en un plano de igualdad, aunque aquél tenga una división funcional orgánica estatutaria integrada por los propios trabajadores que laboran para una misma dependencia u organismo descentralizado. Al respecto, se comparte el criterio III.4o.C.10 K (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Décima Época, Materia Común, visible en la página mil ochocientos veintiocho del Libro 14, Enero de dos mil quince, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "AUTORIDAD RESPONSABLE. NO TIENE ESE CARÁCTER, PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EL PARTICULAR SEÑALADO COMO TAL, SI LOS ACTOS QUE SE LE RECLAMAN NO REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNILATERALIDAD, IMPERIO Y SUS FUNCIONES NO ESTÁN DETERMINADAS POR UNA NORMA GENERAL. De la intelección del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que, para los efectos del juicio de amparo, es autoridad responsable aquella que ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Asimismo, en su párrafo segundo establece que a los particulares les revestirá dicho carácter cuando realicen actos equivalentes a los de esa naturaleza que afecten derechos en los mismos términos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Luego entonces, si los actos equivalentes que se le imputan a un particular, señalado como autoridad responsable, no reúnen las referidas características de unilateralidad e imperio y, además, sus funciones no están determinadas por una norma de carácter general, es dable concluir que no le reviste la mencionada calidad." Resultan aplicable, la tesis 2ª IX/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, pagina 232, Tomo VII, Febrero de 1998, con el siguiente rubro y texto: "SINDICATOS. LOS CONFLICTOS INDIVIDUALES PLANTEADOS POR EX MIEMBROS DE SU DIRECTIVA, EN LOS QUE RECLAMAN DE LA PROPIA AGRUPACIÓN, ACCIONES DERIVADAS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DE LOS ESTATUTOS SINDICALES O DE LA CONTRATACIÓN COLECTIVA, ENCUADRAN EN EL CAMPO DEL DERECHO LABORAL, POR LO QUE DEBEN DIRIMIRSE ANTE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. Aun cuando los conflictos individuales al rubro señalados no derivan de la típica relación laboral entre trabajadores y patrones, debe considerarse que encuadran en la materia laboral, en tanto que en ésta se comprenden también aquellas controversias suscitadas sólo entre trabajadores o sólo entre patrones, derivadas de las relaciones de trabajo o de hechos íntimamente vinculados con ellas, como se corrobora de lo establecido en el artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo. Por tanto, como en términos de lo previsto por los numerales 356, 359 y 375 de la ley invocada, los sindicatos son asociaciones de trabajadores constituidas para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses, con derecho para redactar sus reglamentos y elegir libremente a su directiva, así como para representar a sus integrantes en conflictos individuales y colectivos; es evidente que cuando un ex miembro de una agrupación sindical ejercita en la vía jurisdiccional alguna acción derivada de la citada ley, de los estatutos sindicales, o de la contratación colectiva, en contra del propio sindicato, el conflicto individual planteado debe catalogarse dentro del campo del derecho laboral y, por tanto, susceptible de ser dirimido ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje." Asimismo, la tesis XXVI.2 a (10ª), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, Decima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, pagina 3049, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, que dice: "DETERMINACIONES ADOPTADAS POR LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LOS SINDICATOS, A TRAVÉS DE LAS CUALES IMPONEN SANCIONES A SUS MIEMBROS. NO CONSTITUYEN ACTOS EQUIVALENTES A LOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que en la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor a partir del día siguiente, se amplió la procedencia del juicio de amparo contra actos de particulares, en casos de excepción, de conformidad con sus artículos 1o., último párrafo y 5o., fracción II, segundo párrafo, también lo es que de tales disposiciones se aprecia, como aspecto fundamental para estar en aptitud de solicitar amparo contra actos de particulares equivalentes a los de autoridad, el que las funciones de éstos estén determinadas por una norma general. Consecuentemente, las determinaciones adoptadas por los órganos de gobierno de los sindicatos, a través de las cuales imponen sanciones a sus miembros, al derivar de disposiciones contenidas en los estatutos que rigen su vida interna y provenir de la voluntad de sus integrantes, no constituyen actos equivalentes a los de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, toda vez que dicha actuación no fue por sometimiento del Estado, a partir de la norma general respectiva que determinara las funciones a las que debían sujetarse; de ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, del citado ordenamiento, en relación con los numerales señalados inicialmente." En relación con el acto que reclama el quejoso al Gobierno del Estatal de Baja California, consistente en que se abstenga de cancelar prerrogativas con motivo de la posible sanción que llegue a emitir la Comisión de Honor y Justicia del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, con independencia de tratarse de un acto futuro de igual forma, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, al tratarse de un acto en contra de una dependencia del Estado, actuando como patrón, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación. Por tanto, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación. Sirven de apoyo a lo expuesto en este proveído, las siguientes tesis: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación. Época: Décima Época, Registro: 2011343, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: I.6o.T. J/28 (10a.), Página: 1956. De lo expuesto, resulta evidente que se actualiza la causa de improcedencia invocada; en tal sentido, con fundamento en los artículos 5 fracción II, 61, fracción XXIII y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de amparo. Sin que sea obstáculo para arribar a la presente determinación, que también señale como acto reclamado la supuesta inconstitucionalidad de los artículos 91, 92, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 102 y 104 de los Estatutos del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, dado que al no ser procedente el juicio de amparo en cuanto al acto de aplicación de los referidos preceptos, éstos no pueden ser analizados de forma desvinculada, además de que como ya se estableció dichos artículos forman parte de los estatutos y no de una norma general. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Agosto de 2000, Materia Constitucional, página 235, del tenor siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Así como la Jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado Del Décimo Sexto Circuito, Novena Época, Registro: 196750, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Materia Administrativa, visible en la página 438 de rubro y texto: "DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. AMPARO CONTRA LEYES. Cuando se promueve amparo contra una ley, habrá casos en que no sea posible determinar con la sola lectura de la demanda, si el cuerpo legal impugnado tiene el carácter de autoaplicativo o heteroaplicativo. En tal hipótesis, no debe resolverse a priori, que determinado cuerpo de leyes no entraña afectación por su sola expedición sin necesidad de que se realice un acto posterior de autoridad, sino que la proposición relativa debe establecerse como resultado del estudio que se haga en vista de los informes de las autoridades responsables y de las pruebas que rindan las partes, lo cual implica la admisión y tramitación de la demanda de amparo, sin perjuicio de dictar a la postre el sobreseimiento que corresponda. En cambio, cuando la improcedencia del juicio es manifiesta e indudable, y con nitidez puede determinarse tal circunstancia, entonces no existirá obstáculo alguno para que el Juez de Distrito emita auto desechatorio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo. Pretender que en todos los casos donde se reclame la inconstitucionalidad de una ley se deje para sentencia el pronunciamiento sobre la improcedencia, incluyendo los casos notorios e indudables en donde ésta se advirtiera, iría en contra del principio jurídico de justicia pronta y expedita contenido en el artículo 17 constitucional y haría nugatorio el contenido del numeral 83, fracción I, de la Ley de Amparo, en caso de desechamiento de demandas de amparo contra leyes, dispositivo que otorga competencia a los Tribunales Colegiados para conocer del recurso de revisión contra resoluciones de Jueces de Distrito que desechen o tengan por no interpuestas las referidas demandas de amparo, cuando tal precepto no contiene excepción alguna. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que señala en su escrito de demanda; de igual forma, se tiene como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que indica, quienes cuenta con cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado respectivo del Poder Judicial de la Federación, que los acreditan como licenciados en derecho. Háganse las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este Órgano Jurisdiccional. A fin de configurar el expediente virtual conforme a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil quince, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integren el presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo firma Marisela Reyes Calderón, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, asistida de la Secretaria que autoriza y da fe Martha Eugenia Romero Pérez, quien certifica que la promoción y el presente acuerdo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy Fe. MRC/MERP/eegm

  3. Principal

    Hago efectivo el apercibimiento del A V I S O de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, dejado en el domicilio procesal del quejoso Jose Luis Parra Vazquez, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de quince de noviembre de dos mil diecisiete, por lista y por lista en una página electrónica al citado quejoso, publicada el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con fundamento en los artículos 26, 27 y 29, todos de la Ley de Amparo, que dice: Vista la demanda de amparo promovida por José Luis Parra Vázquez, por su propio derecho, contra actos de la Mesa Directiva de la LXXIX Convención Estatal Extraordinaria instaurada el veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California y otras autoridades; fórmese el expediente correspondiente y anótese su ingreso en el libro de juicios de amparo con el número y otras autoridades; fórmese el expediente correspondiente y anótese su ingreso en el libro de juicios de amparo con el número 527/2017-VIII-B. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el caso, del análisis de la demanda, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los artículos transcritos, se advierte que en el juicio de amparo, tiene el carácter de autoridad, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Es decir, una de las notas distintivas de una autoridad para efectos del juicio de amparo es la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular, entendiéndose por éstas las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Asimismo, que la procedencia del amparo se encuentra supeditada a que los actos reclamados provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquella que con apoyo en la Ley emite actos unilaterales y obligatorios por los que crea, modifica, o extingue situaciones jurídicas que afecta a los gobernados. Así, a través del juicio de amparo, únicamente es dable impugnar un acto que provenga de una autoridad, o de un particular que actúa con el carácter de autoridad (con imperio), a fin de estar en aptitud de analizar los conceptos de violación de legalidad que se hayan aducido en su contra. Al efecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 164/2011 determinó que las notas que distingue a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Luego, tenemos que medularmente la parte quejosa reclama como acto atribuido a las autoridades responsables que forman parte del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, lo siguiente: Luego, tenemos que medularmente la parte quejosa reclama como acto atribuido a las autoridades responsables que forman parte del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, lo siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: AA) MESA DIRECTIVA DE LA LXXIX CONVENCIÓN ESTATAL EXTRAORDINARIA INSTAURADA EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. A quien le reclamo la solicitud de integrar en fecha 27 de septiembre del 2017, la Comisión de Honor y Justicia Estatal, del Síndico Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California. BB) COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA ESTATAL del sindicato Único de Trabajadores del Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California. A quien les reclamo pretender suspender mis prerrogativas sindicales, apoyándose en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 87, 91, 92, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 104, por ser inconstitucionales. CC) COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL, del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California. A quien en su carácter de Órgano Ejecutor, de los acuerdos que emita la Convención Estatal extraordinaria, le reclamo pretender ejecutar el dictamen que en su momento emita la Comisión de Honor y Justicia Estatal, sin haber sido oído y vencido en un procedimiento seguido en forma de Juicio en mi contra, la cual en materia del Juicio de Amparo que nos ocupa. DD) H. GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. A quien le reclamo, cancelar las prerrogativas que sean solicitadas por el Comité Ejecutivo Estatal, del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California." En esa tesitura, es claro que los trabajadores y el sindicato al que están agremiados, se encuentran en una relación de coordinación, esto es, entre particulares que presupone un plano de igualdad, en el que las partes se encuentran en un mismo nivel, teniendo que acudir a procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias. Es menester señalar que los artículos 356, 357, 358 y 359, todos de la Ley Federal del Trabajo vigente, en relación con la figura del Sindicato, señalan lo siguiente: Artículo 356. Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Artículo 357. Los trabajadores y los patrones tienen el derecho de constituir sindicatos, sin necesidad de autorización previa. Cualquier injerencia indebida será sancionada en los términos que disponga la Ley. Artículo 358. A nadie se puede obligar a formar parte de un sindicato o a no formar parte de él. Cualquier estipulación que establezca multa convencional en caso de separación del sindicato o que desvirtúe de algún modo la disposición contenida en el párrafo anterior, se tendrá por no puesta. Artículo 359. Los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades y formular su programa de acción. Como es de verse, los integrantes del Sindicato están obligados a regirse por los estatutos que el propio organismo creó para constituirse, redactar éstos y sus reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades, así como para generar su programa de acción, lo que lleva a que ninguno de esos actos encuadre en los supuestos para que deba considerarse al sindicato como autoridad responsable en el juicio de amparo. En ese orden de ideas, la vida del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipio e Instituciones Descentralizadas de Baja California, sección Ensenada, se rige por las disposiciones de sus estatutos, según lo dispuesto por el artículo 63, de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipio e Instituciones Descentralizadas del Estado de Baja California. Ahora, como ha quedado establecido, para que proceda el juicio de amparo en contra de un particular equiparable a una autoridad responsable, es necesario que el ente particular determine sus funciones por una norma general, lo que en la especie no acontece, pues los estatutos por los que se rige el órgano sindical señalado como responsable no constituyen normas generales de conformidad con el artículo 107 de la Ley de Amparo. De lo anterior, se colige que aun cuando el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipio e Instituciones Descentralizadas de Baja California, sección Ensenada, ordene, ejecute o trate de ejecutar actos que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, no es procedente el amparo, pues sus actos u omisiones no se actualizan en el contexto de funciones que tenga encomendadas por alguna norma general; por lo que no es posible tener a dichos mandos sindicales como autoridades responsables para efectos del juicio de amparo. Lo anterior por virtud de que los artículos 59, 67 y 73 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, establecen lo siguiente: "Artículo 59.- Sindicato es la Asociación de Trabajadores de las instituciones públicas, constituidas para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses económicos, políticos, sociales y culturales, orientando invariablemente su acción hacia mejores metas de justicia social." "Artículo 67.- Son obligaciones de los sindicatos: I.- Proporcionar los informes que en cumplimiento de esta Ley, solicite el tribunal de arbitraje y titulares de las instituciones públicas; II.- Comunicar al tribunal de arbitraje dentro de los diez días siguientes a cada elección los cambios que ocurran en su directiva o en sus comités, las altas y bajas de sus miembros y las modificaciones que sufran los ordenamientos jurídicos que rijan su vida social o que estén relacionados con la situación contractual. III.- Facilitar la labor del tribunal de arbitraje en los conflictos que se tramiten ante el mismo, ya sea del sindicato o de sus miembros proporcionando la cooperación que se requiera. IV.- Patrocinar y representar a sus miembros ante las autoridades públicas y ante el tribunal de arbitraje por si, o a través de apoderados cuando se solicite, todos los conflictos que surjan entre los miembros del sindicato de no ser solucionados por su comité ejecutivo serán resueltos por el tribunal de arbitraje, así mismo los gastos que origine el funcionamiento del sindicato serán cubiertos por los miembros del mismo." "Artículo 73.- Los conflictos que surjan entre los sindicatos, serán resueltos por el tribunal de arbitraje a petición de parte interesada." De los preceptos citados se advierte que los sindicatos como personas colectivas de derecho social, son constituidos por los trabajadores para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. En ese orden de ideas, no es un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular; toda vez que los miembros de un sindicato y dicho ente actúan en un plano de igualdad, aunque aquél tenga una división funcional orgánica estatutaria integrada por los propios trabajadores que laboran para una misma dependencia u organismo descentralizado, en la especie, trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California. Luego, si bien, la relación entre el sindicato y sus agremiados tiene su nacimiento en una norma general, como es el caso de la constitución federal que reconoce el derecho de asociación en el artículo 9, no menos cierto es que se rigen conforme a sus propios estatutos; asimismo, su actuar se desarrolla en el ámbito de las relaciones de coordinación, por lo que para que se diriman las diferencias que surjan entre los miembros de un sindicato y dicho ente, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, como es el caso previsto en el primer párrafo del artículo 123, apartado B, fracción XII, de la Constitución Federal y artículo 73 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, puesto que en los conflictos intersindicales que son del conocimiento del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Baja California, las partes involucradas deben acudir ante dicho órgano jurisdiccional para que, coactivamente, imponga las consecuencias jurídicas establecidas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Entonces, si la legislación en comento, faculta a los sindicatos para emitir sus estatutos e impone establecer, entre los aspectos mínimos que deben satisfacer, los órganos de gobierno que velarán para su vida interna, los derechos y obligaciones de los asociados, así como los motivos y procedimientos de suspensión, expulsión y correcciones disciplinarias; se insiste, es la voluntad de sus miembros la fuente de las disposiciones normativas a las que se verán sometidos y no la potestad del Estado; de tal suerte que si la parte quejosa pretende controvertir las decisiones adoptadas por la directiva del sindicato cuyas funciones están determinadas en sus estatutos y no en una norma general, no se constituyen en actos equivalentes a los de autoridad en el contexto de una relación que surja de un mandato de la ley, susceptibles de ser controvertidos a través del juicio de amparo, sino que en todo caso, es factible acudir ante las autoridades laborales para ejercer la acción que corresponda. En esas condiciones, se colige que aun cuando el sindicato señalado como responsable, ordene, ejecute o trate de ejecutar actos que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, no es procedente el juicio de amparo, pues sus actos u omisiones no se actualizan en el contexto de funciones que tenga encomendadas por alguna norma general, sino que son consecuencia de los estatutos y acuerdos que se toman en los Comités de los mismos; por lo que, no es posible tener a dicho sindicato como autoridad responsable equiparada para efectos del juicio de amparo. Pues, la figura del sindicato establece una relación de coordinación entre su directiva y los trabajadores afiliados; toda vez que los miembros de un sindicato y su directiva actúan en un plano de igualdad, aunque aquél tenga una división funcional orgánica estatutaria integrada por los propios trabajadores que laboran para una misma dependencia u organismo descentralizado. Al respecto, se comparte el criterio III.4o.C.10 K (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Décima Época, Materia Común, visible en la página mil ochocientos veintiocho del Libro 14, Enero de dos mil quince, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "AUTORIDAD RESPONSABLE. NO TIENE ESE CARÁCTER, PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EL PARTICULAR SEÑALADO COMO TAL, SI LOS ACTOS QUE SE LE RECLAMAN NO REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNILATERALIDAD, IMPERIO Y SUS FUNCIONES NO ESTÁN DETERMINADAS POR UNA NORMA GENERAL. De la intelección del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que, para los efectos del juicio de amparo, es autoridad responsable aquella que ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Asimismo, en su párrafo segundo establece que a los particulares les revestirá dicho carácter cuando realicen actos equivalentes a los de esa naturaleza que afecten derechos en los mismos términos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Luego entonces, si los actos equivalentes que se le imputan a un particular, señalado como autoridad responsable, no reúnen las referidas características de unilateralidad e imperio y, además, sus funciones no están determinadas por una norma de carácter general, es dable concluir que no le reviste la mencionada calidad." Resultan aplicable, la tesis 2ª IX/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, pagina 232, Tomo VII, Febrero de 1998, con el siguiente rubro y texto: "SINDICATOS. LOS CONFLICTOS INDIVIDUALES PLANTEADOS POR EX MIEMBROS DE SU DIRECTIVA, EN LOS QUE RECLAMAN DE LA PROPIA AGRUPACIÓN, ACCIONES DERIVADAS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DE LOS ESTATUTOS SINDICALES O DE LA CONTRATACIÓN COLECTIVA, ENCUADRAN EN EL CAMPO DEL DERECHO LABORAL, POR LO QUE DEBEN DIRIMIRSE ANTE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. Aun cuando los conflictos individuales al rubro señalados no derivan de la típica relación laboral entre trabajadores y patrones, debe considerarse que encuadran en la materia laboral, en tanto que en ésta se comprenden también aquellas controversias suscitadas sólo entre trabajadores o sólo entre patrones, derivadas de las relaciones de trabajo o de hechos íntimamente vinculados con ellas, como se corrobora de lo establecido en el artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo. Por tanto, como en términos de lo previsto por los numerales 356, 359 y 375 de la ley invocada, los sindicatos son asociaciones de trabajadores constituidas para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses, con derecho para redactar sus reglamentos y elegir libremente a su directiva, así como para representar a sus integrantes en conflictos individuales y colectivos; es evidente que cuando un ex miembro de una agrupación sindical ejercita en la vía jurisdiccional alguna acción derivada de la citada ley, de los estatutos sindicales, o de la contratación colectiva, en contra del propio sindicato, el conflicto individual planteado debe catalogarse dentro del campo del derecho laboral y, por tanto, susceptible de ser dirimido ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje." Asimismo, la tesis XXVI.2 a (10ª), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, Decima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, pagina 3049, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, que dice: "DETERMINACIONES ADOPTADAS POR LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LOS SINDICATOS, A TRAVÉS DE LAS CUALES IMPONEN SANCIONES A SUS MIEMBROS. NO CONSTITUYEN ACTOS EQUIVALENTES A LOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que en la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor a partir del día siguiente, se amplió la procedencia del juicio de amparo contra actos de particulares, en casos de excepción, de conformidad con sus artículos 1o., último párrafo y 5o., fracción II, segundo párrafo, también lo es que de tales disposiciones se aprecia, como aspecto fundamental para estar en aptitud de solicitar amparo contra actos de particulares equivalentes a los de autoridad, el que las funciones de éstos estén determinadas por una norma general. Consecuentemente, las determinaciones adoptadas por los órganos de gobierno de los sindicatos, a través de las cuales imponen sanciones a sus miembros, al derivar de disposiciones contenidas en los estatutos que rigen su vida interna y provenir de la voluntad de sus integrantes, no constituyen actos equivalentes a los de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, toda vez que dicha actuación no fue por sometimiento del Estado, a partir de la norma general respectiva que determinara las funciones a las que debían sujetarse; de ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, del citado ordenamiento, en relación con los numerales señalados inicialmente." En relación con el acto que reclama el quejoso al Gobierno del Estatal de Baja California, consistente en que se abstenga de cancelar prerrogativas con motivo de la posible sanción que llegue a emitir la Comisión de Honor y Justicia del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, con independencia de tratarse de un acto futuro de igual forma, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, al tratarse de un acto en contra de una dependencia del Estado, actuando como patrón, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación. Por tanto, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación. Sirven de apoyo a lo expuesto en este proveído, las siguientes tesis: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación. Época: Décima Época, Registro: 2011343, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: I.6o.T. J/28 (10a.), Página: 1956. De lo expuesto, resulta evidente que se actualiza la causa de improcedencia invocada; en tal sentido, con fundamento en los artículos 5 fracción II, 61, fracción XXIII y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de amparo. Sin que sea obstáculo para arribar a la presente determinación, que también señale como acto reclamado la supuesta inconstitucionalidad de los artículos 91, 92, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 102 y 104 de los Estatutos del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, dado que al no ser procedente el juicio de amparo en cuanto al acto de aplicación de los referidos preceptos, éstos no pueden ser analizados de forma desvinculada, además de que como ya se estableció dichos artículos forman parte de los estatutos y no de una norma general. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Agosto de 2000, Materia Constitucional, página 235, del tenor siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Así como la Jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado Del Décimo Sexto Circuito, Novena Época, Registro: 196750, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Materia Administrativa, visible en la página 438 de rubro y texto: "DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. AMPARO CONTRA LEYES. Cuando se promueve amparo contra una ley, habrá casos en que no sea posible determinar con la sola lectura de la demanda, si el cuerpo legal impugnado tiene el carácter de autoaplicativo o heteroaplicativo. En tal hipótesis, no debe resolverse a priori, que determinado cuerpo de leyes no entraña afectación por su sola expedición sin necesidad de que se realice un acto posterior de autoridad, sino que la proposición relativa debe establecerse como resultado del estudio que se haga en vista de los informes de las autoridades responsables y de las pruebas que rindan las partes, lo cual implica la admisión y tramitación de la demanda de amparo, sin perjuicio de dictar a la postre el sobreseimiento que corresponda. En cambio, cuando la improcedencia del juicio es manifiesta e indudable, y con nitidez puede determinarse tal circunstancia, entonces no existirá obstáculo alguno para que el Juez de Distrito emita auto desechatorio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo. Pretender que en todos los casos donde se reclame la inconstitucionalidad de una ley se deje para sentencia el pronunciamiento sobre la improcedencia, incluyendo los casos notorios e indudables en donde ésta se advirtiera, iría en contra del principio jurídico de justicia pronta y expedita contenido en el artículo 17 constitucional y haría nugatorio el contenido del numeral 83, fracción I, de la Ley de Amparo, en caso de desechamiento de demandas de amparo contra leyes, dispositivo que otorga competencia a los Tribunales Colegiados para conocer del recurso de revisión contra resoluciones de Jueces de Distrito que desechen o tengan por no interpuestas las referidas demandas de amparo, cuando tal precepto no contiene excepción alguna. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que señala en su escrito de demanda; de igual forma, se tiene como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que indica, quienes cuenta con cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado respectivo del Poder Judicial de la Federación, que los acreditan como licenciados en derecho. Háganse las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este Órgano Jurisdiccional. A fin de configurar el expediente virtual conforme a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil quince, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integren el presente juicio de amparo.

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