José Luis Pablo Sánchez y Otros.
Expediente 1136/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 42 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1136/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 42
- Última actuación
- 19/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- José Luis Pablo Sánchez y Otros.
- José Luis Pablo Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 42.
- Principal
MESA II A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diecinueve de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos, para que obre como corresponda, el oficio de la Secretaria de Acuerdos de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por el que acusa recibo del oficio, mediante el cual le fueron devueltos los autos originales del toca penal ********************.
- Principal
MESA II A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, once de julio de dos mil dieciséis. Toda vez que del cómputo secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto dictado el diecisiete de junio pasado (fojas 247 a 249), por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Por lo anterior, devuélvase a la autoridad responsable Primera Sala Penal y Especializada en Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Oaxaca, la documental que remitió en apoyo a su informe justificado, en auto de uno de septiembre de dos mil quince (foja 69), donde se ordenó formar el tomo de pruebas relativo al tomo I. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA II A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diecisiete de junio de dos mil dieciséis. Glósese a los autos el oficio telegráfico signado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago Zacatepec, Mixe, Oaxaca, por el que en atención al requerimiento formulado en auto de trece de junio actual (foja 244), informa que el despacho 67/2016, del índice de este juzgado, que se le envió a fin de emplazar al tercero interesado David Salazar Palafox, fue devuelto sin diligenciar, toda vez que el Actuario de ese juzgado, no localizó el domicilio proporcionado para tal efecto, ya que la referencia que se le dio fue arriba del albergue de la población de San Pedro y San Pablo Ayutla, Mixe, Oaxaca, y que en dicha población hay más de un albergue, por lo que se vio imposibilitado de emplazar al citado tercero interesado. Ahora, toda vez que de autos se desprende que no ha sido posible lograr el emplazamiento al juicio constitucional del tercero interesado David Salazar Palafox, no obstante que en auto de siete de agosto del año pasado (foja 10), se ordenó su emplazamiento por medio del despacho que se giró al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zacatepec, Mixe, Oaxaca (foja 13), el cual devolvió sin diligenciar; asimismo, se requirió a la parte quejosa a fin de que proporcionara domicilio exacto y actual del mencionado tercero sin que lo haya proporcionado (fojas 80 y 92). Como se ve, este Juzgado a realizado múltiples determinaciones para efectos de lograr emplazar a la parte tercera interesada, pero no ha sido posible su llamamiento a juicio, por lo que ello propiciaría ordenar la búsqueda oficiosa correspondiente a todas las dependencias que pudieran tener información para efectos de localizar el domicilio de la parte tercera interesada, aspecto que indiscutiblemente prolongaría la integración del juicio de amparo, además, en caso de no localizarse el domicilio de ésta, traería como consecuencia que se emplazara por edictos la parte tercera interesada a costa de los quejosos, lo que sería más gravoso para éstos y, obviamente sin que se garantice un fallo favorable a los demandantes del amparo, aunado a que se encuentran privados de su libertad. Bajo esas condiciones, de la lectura integral de la demanda de amparo y de las constancias antes mencionadas se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, Magistrados de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la resolución dictada el dieciséis de abril de dos mil quince emitida en el toca penal 152/2015, en la que ordenó reponer el procedimiento de preinstrucción, desde la declaración preparatoria, para efectos de que a los quejosos se les designe un intérprete conocedor de su lengua y cultura. En la especie, contra el referido acto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario de la Ley de Amparo, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.). El dispositivo 61, fracción XXIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, establece que la improcedencia del juicio de amparo no sólo deriva de cada una de las fracciones previstas en el precepto anunciado, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, como en la legislación de amparo. Por su parte, el diverso 107, fracción V, del ordenamiento jurídico antes invocado señala que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Aunado a lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014 , sostuvo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"; que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo, y La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En el caso, la resolución reclamada que ordenó reponer el procedimiento de preinstrucción, desde la declaración preparatoria, para efectos de que a los quejosos se les designara un intérprete conocedor de su lengua y cultura, no es un acto de imposible reparación porque se refiere a aspectos procesales referentes a las formalidades esenciales del procedimiento de preinstrucción, relacionado con el desahogo de la declaración preparatoria, no es un acto de imposible reparación porque no produce una afectación material a derechos sustantivos, debido a que los quejosos se encuentra sujetos a un proceso penal. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 17/91 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor: AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICION, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACION. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.". En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo. [Época: Octava Época, Registro: 205810, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Mayo de 1991, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 17/91, Página: 25 ]. No obstante lo anterior, también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, referente a que los actos consumados de modo irreparable son aquellos que al realizarse física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, pues aun cuando la sentencia resultara favorable al quejoso, no podría retrotraerse en sus efectos. La autoridad responsable, Magistrados y Juez de la Primera Sala Penal Especializada en Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al rendir su informe justificado, en apoyo al mismo, remitió copia certificada de la resolución de dieciséis de abril de dos mil quince en el toca penal 152/2015, por la que ordenó la reposición del procedimiento a partir de la diligencia de la declaración preparatoria de los inconformes José Luis Pablo Sánchez y Emmanuel Ruíz Santiago, de trece de noviembre de dos mil catorce, en la causa penal 127/2014 del Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; asimismo, por auto de catorce de marzo del año en curso (foja 222), se tuvo al Secretario Encargado del Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, remitiendo copia certificada del auto de formal prisión de veintiocho de enero de dos mil dieciséis, en la causa penal 127/2014 de su registro, contra los aquí quejosos José Luis Pablo Sánchez y Emmanuel Ruíz Santiago; constancias a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. De lo expuesto, se evidencia que el acto se consumó de manera irreparable, en virtud de que el Juez de la causa penal dictó auto de formal prisión el veintisiete de enero de dos mil dieciséis (fojas 201 220), en el cumplió con la reposición del procedimiento, de ahí que el juicio de amparo quedó sin materia, por lo que se estima que la resolución dictada el dieciséis de abril de dos mil quince en el toca penal 152/2015 del registro de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, aquí reclamado quedó consumado de modo irreparable. Por las vertidas consideraciones, al actualizarse las causales de improcedencia de que se trata, por lo que procede sobreseer fuera de audiencia en este juicio de amparo, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia. Lo anterior es así, toda vez que la aludida causal de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, y no se causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aún celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Materia(s): Común, Segunda Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y textos siguientes: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En tales condiciones, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio (foja 240). Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Notifíquese, personalmente. Así lo proveyó, el Juez Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el Secretario Ernesto Valdivia Vásquez, que autoriza y da fe.
- Principal
POR LISTA: MESA II A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diecisiete de junio de dos mil dieciséis. Glósese a los autos el oficio telegráfico signado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago Zacatepec, Mixe, Oaxaca, por el que en atención al requerimiento formulado en auto de trece de junio actual (foja 244), informa que el despacho 67/2016, del índice de este juzgado, que se le envió a fin de emplazar al tercero interesado David Salazar Palafox, fue devuelto sin diligenciar, toda vez que el Actuario de ese juzgado, no localizó el domicilio proporcionado para tal efecto, ya que la referencia que se le dio fue arriba del albergue de la población de San Pedro y San Pablo Ayutla, Mixe, Oaxaca, y que en dicha población hay más de un albergue, por lo que se vio imposibilitado de emplazar al citado tercero interesado. Ahora, toda vez que de autos se desprende que no ha sido posible lograr el emplazamiento al juicio constitucional del tercero interesado David Salazar Palafox, no obstante que en auto de siete de agosto del año pasado (foja 10), se ordenó su emplazamiento por medio del despacho que se giró al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zacatepec, Mixe, Oaxaca (foja 13), el cual devolvió sin diligenciar; asimismo, se requirió a la parte quejosa a fin de que proporcionara domicilio exacto y actual del mencionado tercero sin que lo haya proporcionado (fojas 80 y 92). Como se ve, este Juzgado a realizado múltiples determinaciones para efectos de lograr emplazar a la parte tercera interesada, pero no ha sido posible su llamamiento a juicio, por lo que ello propiciaría ordenar la búsqueda oficiosa correspondiente a todas las dependencias que pudieran tener información para efectos de localizar el domicilio de la parte tercera interesada, aspecto que indiscutiblemente prolongaría la integración del juicio de amparo, además, en caso de no localizarse el domicilio de ésta, traería como consecuencia que se emplazara por edictos la parte tercera interesada a costa de los quejosos, lo que sería más gravoso para éstos y, obviamente sin que se garantice un fallo favorable a los demandantes del amparo, aunado a que se encuentran privados de su libertad. Bajo esas condiciones, de la lectura integral de la demanda de amparo y de las constancias antes mencionadas se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, Magistrados de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la resolución dictada el dieciséis de abril de dos mil quince emitida en el toca penal 152/2015, en la que ordenó reponer el procedimiento de preinstrucción, desde la declaración preparatoria, para efectos de que a los quejosos se les designe un intérprete conocedor de su lengua y cultura. En la especie, contra el referido acto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario de la Ley de Amparo, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.). El dispositivo 61, fracción XXIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, establece que la improcedencia del juicio de amparo no sólo deriva de cada una de las fracciones previstas en el precepto anunciado, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, como en la legislación de amparo. Por su parte, el diverso 107, fracción V, del ordenamiento jurídico antes invocado señala que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Aunado a lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014 , sostuvo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"; que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo, y La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En el caso, la resolución reclamada que ordenó reponer el procedimiento de preinstrucción, desde la declaración preparatoria, para efectos de que a los quejosos se les designara un intérprete conocedor de su lengua y cultura, no es un acto de imposible reparación porque se refiere a aspectos procesales referentes a las formalidades esenciales del procedimiento de preinstrucción, relacionado con el desahogo de la declaración preparatoria, no es un acto de imposible reparación porque no produce una afectación material a derechos sustantivos, debido a que los quejosos se encuentra sujetos a un proceso penal. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 17/91 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor: AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICION, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACION. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.". En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo. [Época: Octava Época, Registro: 205810, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Mayo de 1991, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 17/91, Página: 25 ]. No obstante lo anterior, también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, referente a que los actos consumados de modo irreparable son aquellos que al realizarse física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, pues aun cuando la sentencia resultara favorable al quejoso, no podría retrotraerse en sus efectos. La autoridad responsable, Magistrados y Juez de la Primera Sala Penal Especializada en Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al rendir su informe justificado, en apoyo al mismo, remitió copia certificada de la resolución de dieciséis de abril de dos mil quince en el toca penal 152/2015, por la que ordenó la reposición del procedimiento a partir de la diligencia de la declaración preparatoria de los inconformes José Luis Pablo Sánchez y Emmanuel Ruíz Santiago, de trece de noviembre de dos mil catorce, en la causa penal 127/2014 del Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; asimismo, por auto de catorce de marzo del año en curso (foja 222), se tuvo al Secretario Encargado del Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, remitiendo copia certificada del auto de formal prisión de veintiocho de enero de dos mil dieciséis, en la causa penal 127/2014 de su registro, contra los aquí quejosos José Luis Pablo Sánchez y Emmanuel Ruíz Santiago; constancias a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. De lo expuesto, se evidencia que el acto se consumó de manera irreparable, en virtud de que el Juez de la causa penal dictó auto de formal prisión el veintisiete de enero de dos mil dieciséis (fojas 201 220), en el cumplió con la reposición del procedimiento, de ahí que el juicio de amparo quedó sin materia, por lo que se estima que la resolución dictada el dieciséis de abril de dos mil quince en el toca penal 152/2015 del registro de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, aquí reclamado quedó consumado de modo irreparable. Por las vertidas consideraciones, al actualizarse las causales de improcedencia de que se trata, por lo que procede sobreseer fuera de audiencia en este juicio de amparo, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia. Lo anterior es así, toda vez que la aludida causal de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, y no se causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aún celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Materia(s): Común, Segunda Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y textos siguientes: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En tales condiciones, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio (foja 240). Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Notifíquese, personalmente. Así lo proveyó, el Juez Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el Secretario Ernesto Valdivia Vásquez, que autoriza y da fe.
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