José Luis Ortiz Pizá

Expediente 814/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 17 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
814/2020
Año
2020
Actuaciones
17
Última actuación
02/02/2021

Partes del expediente

  • José Luis Ortiz Pizá
  • Presidenta Municipal Constitucional de Naucalpan de Juárez, Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dos de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que la sentencia de cuatro de enero de dos mil veintiuno, dictada por este órgano jurisdiccional, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, promovido por ---------, por propio derecho, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y glósese a los autos únicamente el original del cuaderno incidental correspondiente. Ahora bien, vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en el juicio de amparo en que se actúa no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, contrario sensu, se ordena su archivo definitivo; háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno de este juzgado. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, artículos 18, fracción I, inciso a; 20, fracción II, inciso a, y 21, inciso a, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; ." "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DEPURABLES Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; EXPEDIENTES DESTRUIBLES Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: II. Expedientes judiciales: Duplicados, siempre que se cuente con el original; y. Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados;" En consecuencia, de conformidad con lo previsto en los artículos que anteceden, se estima que el expediente principal es susceptible de destrucción, ya que se sobreseyó el juicio en que se actúa; y por lo que hace a los cuadernos incidentales, al haberse negado la suspensión provisional y definitiva, son susceptibles de destrucción; no se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Sin que se ordene glosar el duplicado del cuaderno incidental, pues en cumplimiento al artículo 20 fracción II, inciso a), del Acuerdo General señalado, dicho cuaderno deberá ser desincorporado de este expediente, para proceder a su posterior destrucción una vez que transcurra el término de seis meses referido en el citado acuerdo. Notifíquese a las partes por lista electrónica, en los términos que al efecto establecen los artículos 2, fracción XII y 16, fracción II del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a once de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos de los cuales se advierte que en la sentencia de cuatro de enero de dos mil veintiuno, se ordenó notificar electrónicamente a la parte quejosa y por lista a las demás partes, una vez que se reanuden las actividades de los órganos jurisdiccionales, en los términos que al efecto establece el artículo 11, fracción I del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin embargo, sin embargo, del estado de autos se desprende que mediante proveído de veintiuno de diciembre de dos mil veinte, se CALIFICÓ el presente expediente como "juicio en línea"; ahora, el artículo 16 fracción I del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, establece lo siguiente: "Artículo 16. Para la emisión de sentencias y resoluciones desde el expediente electrónico se observará lo siguiente: I.El levantamiento de plazos y términos procesales señalado en el presente capítulo comprende únicamente a los "juicios en línea", lo que implica que las notificaciones respectivas, incluidas las sentencias y resoluciones finales, se practicarán de manera electrónica. Consecuentemente, los recursos que, en su caso, procedieren, deberán interponerse por la misma vía." En consecuencia, con fundamento en el artículo 58, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena notificar de forma inmediata la citada resolución de la siguiente manera: electrónicamente a la parte quejosa, por correo electrónico a las autoridades responsables y por lista a las demás partes, en los términos que al efecto establece el artículo 11, fracción I del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para los efectos legales conducentes. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa y por lista a las demás partes, en los términos que al efecto establece el artículo 11, fracción I del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como la sentencia emitida el cuatro de enero de dos mil veintiuno. SE NOTIFICA LA SENTENCIA DE CUATRO DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 814/2020-VI, promovido por ----------------, por propio derecho, contra actos de la Presidenta Municipal de Naucalpan de Juárez y otras autoridades. RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito recibido electrónicamente el tres de noviembre de dos mil veinte, en la Oficialía de Partes de este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, ----------------, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los siguientes actos y autoridades: "III. La autoridad o autoridades responsables: a) La Presidenta Municipal Constitucional de Naucalpan de Juárez, Estado de México. b) El Secretario de Servicios Públicos del Ayuntamiento Constitucional de Naucalpan de Juárez, Estado de México. c) Director de Servicios Centralizados de la Secretaría de Servicios Públicos del Ayuntamiento Constitucional de Naucalpan de Juárez, Estado de México. d) Jefe del Departamento de Parques y Jardines de la Secretaría de Servicios Públicos del Ayuntamiento Constitucional de Naucalpan de Juárez, Estado de México. e) Director General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Naucalpan de Juárez, Estado de México. f) Director de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento Constitucional de Naucalpan de Juárez, Estado de México. g) Jefe de Región (dentro de la que se encuentra el Fraccionamiento Jardines de San Mateo) de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Naucalpan de Juárez. h) Jefe de Zona 7 de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Naucalpan de Juárez, Estado de México. i) Jefe de Turno adscrito a la Zona 7 de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Naucalpan de Juárez. IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame. a) De la Presidenta Municipal Constitucional de Naucalpan de Juárez, Estado de México, reclamo la omisión de vigilar que el parque público "Los Olmos" permanezca, como bien del dominio público de uso común, sin restricciones en cuanto al horario de apertura y cierre, el acceso a toda el área que ocupa, el ingreso con perros, ni que se exija la portación de cubrebocas para el ingreso y permanencia. b) Del Secretario de Servicios Públicos del Ayuntamiento Constitucional de Naucalpan de Juárez, Estado de México, la orden verbal y/o escrita para restringir el uso del parque público "Los Olmos", mediante la cual estableció un horario de apertura y cierre (ocho a once horas), prohibió el acceso con perros, cerró con cinta de plástico amarrilla gran parte de su extensión y exigió la portación de cubrebocas para el ingreso y permanencia. c) Del Director de Servicios Centralizados de la Secretaría de Servicios Públicos del Ayuntamiento Constitucional de Naucalpan de Juárez, Estado de México, la orden verbal y/o escrita para restringir el uso del parque público "Los Olmos", mediante la cual estableció un horario de apertura y cierre (ocho a once horas), prohibió el acceso con perros, cerró con cinta de plástico amarrilla gran parte de su extensión y exigió la portación de cubrebocas para el ingreso y permanencia. d) Del Jefe del Departamento de Parques y Jardines de la Secretaría de Servicios Públicos del Ayuntamiento Constitucional de Naucalpan de Juárez, Estado de México, la ejecución de la orden verbal y/o escrita emitida por el Secretario de Servicios Públicos y el Director de Servicios Centralizados, ambos del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México, para restringir el uso del parque público "Los Olmos", mediante la cual estableció un horario de apertura y cierre (ocho a once horas), prohibió el acceso con perros, cerró con cinta de plástico amarrilla gran parte de su extensión y exigió la portación de cubrebocas para el ingreso y permanencia. e) Del Director General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Naucalpan de Juárez, Estado de México, la instrucción dada al personal operativo de seguridad ciudadana para vigilar, en un horario de ocho a once horas, que en el parque público "Los Olmos" se cumpla con el horario de apertura y cierre (ocho a once horas), nadie ingrese con perros, se respete la extensión que fue delimitada con cinta de plástico amarilla, así como prohibir la entrada de quienes no porten cubrebocas, o exigir la salida de quienes ingresen sin portarlo. f) Del Director de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento Constitucional de Naucalpan de Juárez, Estado de México, la instrucción dada al personal operativo de seguridad ciudadana para vigilar, en un horario de ocho a once horas, que en el parque público "Los Olmos" se cumpla con el horario de apertura y cierre (ocho a once horas), nadie ingrese con perros, se respete la extensión que fue delimitada con cinta de plástico amarilla, así como prohibir la entrada de quienes no porten cubrebocas, o exigir la salida de quienes ingresen sin portarlo. g) Del Jefe de Región (dentro de la que se encuentra el Fraccionamiento Jardines de San Mateo) de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Naucalpan de Juárez, Estado de México, la instrucción dada al personal operativo de seguridad ciudadana para vigilar, en un horario de ocho a once horas, que en el parque público "Los Olmos" se cumpla con el horario de apertura y cierre (ocho a once horas, de lunes a sábado), nadie ingrese con perros, se respete la extensión que fue delimitada con cinta de plástico amarilla, así como prohibir la entrada de quienes no porten cubrebocas, o exigir la salida de quienes ingresen sin portarlo. h) Del Jefe de Zona 7 de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Naucalpan de Juárez, Estado de México, la ejecución de la instrucción para vigilar, en un horario de ocho a once horas, que en el parque público "Los Olmos" se cumpla con el horario de apertura y cierre (ocho a once horas, de lunes a sábado), nadie ingrese con perros, se respete la extensión que fue delimitada con cinta de plástico amarilla, así como prohibir la entrada de quienes no porten cubrebocas, o exigir la salida de quienes ingresen sin portarlo. i) Del Jefe de Turno adscrito a la Zona 7 de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Naucalpan de Juárez, la ejecución, mediante el personal operativo de seguridad ciudadana bajo su mando, de la instrucción para vigilar, en un horario de ocho a once horas, que en el parque público "Los Olmos" se cumpla con el horario de apertura y cierre (ocho a once horas, de lunes a sábado), nadie ingrese con perros, se respete la extensión que fue delimitada con cinta de plástico amarilla, así como prohibir la entrada de quienes no porten cubrebocas, o exigir la salida de quienes ingresen sin portarlo." SEGUNDO. Derechos fundamentales que se estiman vulnerados. La parte quejosa argumentó que fueron violados sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1° y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio. En auto de seis de noviembre de dos mil veinte, este juzgado de distrito admitió a trámite la demanda de amparo, registrándola con el número de expediente 814/2020-VI; solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; le dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público adscrita, quien no formuló pedimento; y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. En atención a las Circulares CAP/2/2020 y CAP/3/2020, en las que se decretó que los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación debían regresa al régimen de contingencia establecido en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional emitió el auto de veintiuno de diciembre de dos mil veinte, en el cual determinó que el presente asunto califica como "juicio en línea" y ordenó continuar con su tramitación. Finalmente, la audiencia constitucional se celebró de manera virtual, al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, Constitucionales; 1, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Apartado Cuarto, fracción II, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el Acuerdo General 53/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones de los Juzgados Decimoquinto y Decimosexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito en la entidad federativa y residencia indicada; y que reforma el similar 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, antes mencionado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil diecinueve; toda vez que los actos reclamados tuvieron ejecución material en el municipio de Naucalpan de Juárez, esto es, dentro de la circunscripción territorial en que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con el fin de estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, debe precisarse que de la lectura integral de la demanda y de las demás constancias que obran en el expediente,3 se observa que el quejoso reclamó los siguientes actos. 3. De la Presidenta Municipal de Naucalpan de Juárez: b)La omisión de vigilar que el parque público "Los Olmos" permanezca sin restricciones en cuanto: al horario de apertura y cierre, el acceso a toda el área que ocupa, el ingreso con perros, ni que se exija la portación de cubrebocas para el ingreso y permanencia. 4. De (i) el Secretario de Servicios Públicos; (ii) Director de Servicios Públicos; (iii) Jefe del Departamento de Parques y Jardines todos de la Secretaría de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez; así como del (iv) Comisario General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal; (v) Director de Seguridad Ciudadana; (vi) Jefe de la Región Norte; (vii) Jefe de Zona 7 y (viii) Jefe de Turno adscrito a la Zona 7, todos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Naucalpan de Juárez: c)La orden verbal y/o escrita para restringir el uso del parque público "Los Olmos", a partir del dos de octubre de dos mil veinte, en la que se establecieron de manera específica las siguientes medidas: Horario de apertura y cierre de las ocho a las once horas; La prohibición de acceso con perros; Limitación con cinta de plástico amarrilla gran parte de su extensión La exigencia de portar cubrebocas para el ingreso y permanencia. d)Su ejecución. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son CIERTOS los actos reclamados por las siguientes razones: En primer lugar, el Director Jurídico de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, en representación del Comisario, del Director de Seguridad Ciudadana, del Jefe de Región Norte, del Jefe de la Séptima Zona Policial y del Jefe de Turno de dicha zona, todos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, al rendir su informe justificado, negó que la actuación de dichas autoridades haya afectado los derechos del quejoso, sin embargo, de manera implícita aceptó los actos reclamados a cada una de esas autoridades responsables, al referir que estaban fundamentados en el acuerdo del Ejecutivo Federal treinta y uno de marzo de dos mil veinte y en el acuerdo de dos de abril de dos mil veinte emitido por el Gobierno del Estado de México. Por su parte, el Secretario de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, el Director de Servicios Centralizados de la Secretaría de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez; y el Jefe de Departamento de Parques y Jardines dependiente de la Dirección de Servicios Centralizados de la Secretaría de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, al rendir sus respectivos informes justificados aceptaron los actos reclamados a cada uno de ellos. Lo cual se corrobora con las copias certificadas de la razón de la diligencia de inspección judicial de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, de la cual se advierte que: "sí hay una lona en la entra del parque del lado de la calle Los Olmos, señalando horarios y medidas de restricción, sin algún logo que advierta que haya sido emitida por alguna autoridad." De ahí que se tengan por ciertos los actos reclamados marcados con los numerales 2.a) y 2.b) del considerando SEGUNDO. 3 Tesis III.1o.A.31 K, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la demanda de garantías es un todo, por lo que su estudio integral no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que además de analizar éste, debe comprender igualmente la ampliación, aclaración y documentos que la acompañan, porque de hecho forman parte de ella y sólo así puede alcanzarse la interpretación completa de la voluntad del que demanda la protección de la Justicia Federal." Por otra parte, si bien la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado señalado con el numeral 1.a) del considerando segundo, esto es: La omisión de vigilar que el parque público "Los Olmos" permanezca sin restricciones en cuanto: al horario de apertura y cierre, el acceso a toda el área que ocupa, el ingreso con perros, ni que se exija la portación de cubrebocas para el ingreso y permanencia. Es preciso desvirtuar esa negativa, porque en aquellos casos en que se reclamen actos omisivos, la carga de la prueba sobre la existencia o inexistencia de tal acto, por regla general, recae en las autoridades, no obstante, para estar en aptitud de realizar un pronunciamiento sobre la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, el juez de distrito debe acudir en principio a las normas legales que prevén la competencia de la autoridad competencia para verificar si en realidad ésta se encuentra obligada a realizar esa conducta. Es decir, antes de emitir un pronunciamiento sobre la existencia de una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la parte quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta, soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido únicamente cuando una norma así lo determine. Así lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. XXIV/98, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, página 53, de rubro y texto: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." A partir lo cual, se tiene por CIERTO el acto reclamado señalado en el punto 1.a) del considerando SEGUNDO, ya que si bien la autoridad responsable negó la existencia de la omisión reclamada al momento de rendir su informe justificado, lo cierto es que no acreditó sí haber vigilado la forma en que se administra el parque público "Los Olmos", en relación a los horarios de apertura y cierre, el acceso con mascotas, respeto a las medidas de sana distancia, uso de cubrebocas, entre otras, por el contrario dicha autoridad se limitó a referir no haber emitido una orden verbal o escrita en contra del quejoso. Al respecto, es importante referir que de conformidad con el artículo 48, fracciones XI a XIII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, es competencia del Presidente Municipal, lo siguiente: "Artículo 48.- El presidente municipal tiene las siguientes atribuciones: (.) XI. Supervisar la administración, registro, control, uso, mantenimiento y conservación adecuados de los bienes del municipio; XII. Tener bajo su mando los cuerpos de seguridad pública, tránsito y bomberos municipales, en los términos del capítulo octavo, del título cuarto de esta Ley; XII bis.- Vigilar y ejecutar los programas y subprogramas de protección civil y realizar las acciones encaminadas a optimizar los programas tendientes a prevenir el impacto de los fenómenos perturbadores. XIII. Vigilar que se integren y funcionen en forma legal las dependencias, unidades administrativas y organismos desconcentrados o descentralizados y fideicomisos que formen parte de la estructura administrativa;" Por lo tanto, es claro que la ley sí confiere a la autoridad responsable, en términos generales, una obligación de supervisar la administración de los bienes del municipio y de vigilar el actuar tanto de los cuerpos policiales y de las dependencias que formen parte de la estructura administrativa del Ayuntamiento. Así, una vez acreditada la existencia de una obligación objetiva de actuar conforme a sus atribuciones, no era suficiente que la responsable negara la existencia de los actos reclamados, sino que a ésta les correspondía probar su dicho y no al quejoso probar la existencia del acto, de conformidad con la tesis VI.1o.230 K, de rubro y texto: "ACTOS NEGATIVOS, CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES LA CARGA DE LA PRUEBA DE LOS. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos imputados a las autoridades responsables, la carga de la prueba de que no existen esas omisiones o hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino a las responsables." Bajo ese entendido, no obstante que la responsable, al rendir su informe justificado negara el acto reclamado, no aportó información ni algún elemento probatorio que permitiera advertir que sí supervisó la forma en que se administró el parque público "Los Olmos" y de que vigiló el actuar tanto de los cuerpos policiales y de las dependencias antes referidas, se debe tener por CIERTO el acto reclamado precisados en el considerando SEGUNDO. CUARTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público, merece estudio preferente, lo aleguen o no las partes, tal y como lo estatuye el artículo 62 de la Ley de Amparo: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." En el presente caso, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI del Artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que las violaciones derivadas de los actos reclamados, han quedado irreparablemente consumadas debido a que el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, en atención al cambio de semáforo epidemiológico en la entidad se emitió un nuevo acuerdo en el que se ordena suspender todas las actividades no esenciales en el Estado de México. La fracción citada establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable." Ahora bien, los actos consumados de modo irreparable son aquellos que han producido todos sus efectos de modo tal que no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, lo cual conlleva la improcedencia del amparo, pues, para el caso de que se otorgara la protección constitucional, la sentencia respectiva sería impráctica, por no ser material o jurídicamente posible reparar la violación de que se trate. Esto es así porque, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional persigue una finalidad práctica, lo cual condiciona su procedencia a la posibilidad de que la sentencia que en él se dicte pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la conculcación. Por lo tanto, para que el juicio de amparo sea procedente es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. Al respecto resulta aplicable por analogía la jurisprudencia P./J. 90/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Diciembre de 1997, Página: 9, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." En síntesis, esta causal de improcedencia se actualiza cuando los actos reclamados han surtido todos sus efectos de forma tal que exista una imposibilidad total, ya sea fáctica o jurídica, para retrotraer las cosas al estado previo al acto reclamado. Sobre esas bases, como se adelantó se advierte que los actos aquí reclamados se encuentran consumados de un modo irreparable, pues no resulta factible que la sentencia de amparo pueda restituir al quejoso en el goce de los derechos que considera vulnerados. El quejoso en esencia, se duele de que las autoridades municipales responsables a partir del dos de octubre de dos mil veinte, adoptaron diversas medidas restrictivas en relación al uso de los parques públicos "Los Olmos", de manera específica señala: (v) Que se estableció un horario de apertura y cierre de las ocho a las once horas; (vi) La prohibición de acceso con perros; (vii) Que se haya limitado con cinta de plástico amarrilla gran parte de la extensión del parque para evitar su uso; (viii) La exigencia de portar cubrebocas para el ingreso y permanencia. Ahora, como se advierte de los informes justificados, las autoridades responsables aceptaron haber emitido y ejecutado dichas restricciones, en cumplimiento a los diversos acuerdos emitidos por las autoridades sanitarias del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado de México, derivado de que dicha entidad se encontraba en la región naranja del semáforo epidemiológico, lo cual implicaba que los espacios públicos podrían reanudar actividades con un aforo reducido. En ese sentido, es importante destacar que derivado de la contingencia sanitaria provocada por la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), el Consejo de Salubridad General así como la Secretaría de Salud, emitieron una serie de acuerdos a fin de hacerle frente y evitar la propagación de contagios, entre ellos destacan los siguientes: Así, el veintisiete de marzo de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Titular del Poder Ejecutivo Federal, declaró diversas acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general, para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Ese mismo día el Consejo de Salubridad General publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), en el cual se señaló que la Secretaría de Salud determinaría todas las acciones que resulten necesarias para atender dicha emergencia. En consecuencia, la Secretaría de Salud, emitió el "Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2", el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, en el cual se ordenó la suspensión inmediata de las actividades no esenciales del treinta de marzo al treinta de abril de dos mil veinte, plazo que fue ampliado al treinta de mayo de dos mil veinte, por diverso acuerdo publicado el veintiuno de abril de dos mil veinte. Posteriormente, y concluido el periodo de vigencia de los acuerdos referidos, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, emitió un nuevo acuerdo, publicado el catorce de mayo de dos mil veinte, "por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias"; en el cual precisamente se estableció la estrategia para la reapertura de actividades, cuyos artículos segundo y tercero establecen lo siguiente: "ARTICULO SEGUNDO.- La estrategia consiste en la reapertura de actividades de una manera gradual, ordenada y cauta, considerando las siguientes etapas: iv) Etapa 1.- Inicia el 18 de mayo del 2020, con la reapertura de las actividades en los municipios en que no se hubieran presentado casos de COVID-19 y que, además, no tengan vecindad con municipios con casos de COVID-19; v) Etapa 2.- Abarca del 18 al 31 de mayo del 2020, y consiste en llevar a cabo acciones de aplicación general tendientes a la preparación para la reapertura de las actividades en general, como son: la elaboración de protocolos sanitarios para el reinicio seguro de actividades, capacitación de personal para seguridad en el ambiente laboral, readecuación de espacios y procesos productivos, así como la implementación de filtros de ingreso, sanitización e higiene del espacio laboral, entre otras que determine la Secretaría de Salud, conforme al Artículo Cuarto, segundo párrafo, del presente Acuerdo, y vi) Etapa 3.- Inicia el 1 de junio del 2020, conforme al sistema de semáforo por regiones para la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas. ARTICULO TERCERO.- El semáforo a que se refieren los Artículos Primero y Segundo y que se incorpora como Anexo de este Acuerdo, establece mediante colores las medidas de seguridad sanitaria apropiadas para las actividades laborales, educativas y el uso del espacio público, entre otros." Además, el anexo en el que se establece el semáforo así como las medidas a adoptar señala lo siguiente: ANEXO SEMÁFORO POR REGIONES Actividades permitidas a partir del 1 de junio de 2020 Región Actividad Descripción de las actividades Escuelas Suspendidas Espacio público Suspendidas Rojo Actividades económicas SOLO ESENCIALES Solo las actividades laborales consideradas esenciales Escuelas Suspendidas Espacio público Aforo reducido en las actividades del espacio público en Naranja lugares abiertos. En lugares cerrados suspendidas Actividades económicas Generales Actividades laborales consideradas esenciales y las actividades no esenciales con una operación reducida Amarillo Escuelas Suspendidas Espacio público Aforo permitido en las actividades del espacio público en lugares abiertos y en lugares cerrados con restricciones Actividades económicas generales Todas las actividades laborales Escuelas Espacio público Verde Actividades económicas generales Sin restricciones De lo cual, se advierte que durante el semáforo naranja se encuentran permitidas las actividades de los espacios públicos en lugares abiertos, con un aforo reducido. Al día siguiente la Secretaría de Salud publicó el diverso acuerdo "por el que se modifica el diverso por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias, publicado el 14 de mayo de 2020", el que versó esencialmente sobre la segunda etapa del proceso de reapertura. Derivado los acuerdos publicados el catorce y quince de mayo de dos mil veinte, el Secretario de Salud y el Coordinador de Regulación Sanitaria y Comisionado para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México, emitieron el Acuerdo "POR EL QUE SE ESTABLECE EL PLAN PARA EL REGRESO SEGURO A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, SOCIALES, GUBERNAMENTALES Y EDUCATIVAS CON MOTIVO DEL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19), EN EL ESTADO DE MÉXICO", publicado en la Gaceta Oficial del Estado de México, de tres de julio de dos mil veinte, cuyos artículos cuarto, fracción V y decimotercero establecen: "V. Las siguientes actividades podrán iniciar operaciones, limitando en todos los casos su aforo a un 30% de su capacidad: [.] f) Espacios públicos, parques, zoológicos, áreas naturales, actividades acuáticas y campos deportivos, así como todas las actividades físicas y recreativas al aire libre. [.] DÉCIMO TERCERO. Medidas adicionales. I. En todas las actividades y durante todas las etapas a que se refiere el presente Acuerdo, así como en los espacios públicos, deberán de observarse de forma obligatoria las siguientes medidas: a) Uso de cubrebocas; b) Sano distanciamiento, consistente por lo menos de 1.50 a 2 metros, y c) Lavado frecuente de manos con agua y jabón o gel antibacterial. II. Adicionalmente, las autoridades sanitarias y demás competentes podrán emitir las medidas preventivas y de seguridad adicionales que se consideren necesarias para la mitigación y control de los riesgos para la salud en los sectores de su competencia." De lo anterior se advierte que a partir del tres de julio de dos mil veinte, se permitió la reapertura de los parques públicos en el Estado de México, a lo cual se debían aplicar medidas tales como: uso de cubrebocas, sana distancia, y se facultó a las autoridades competentes para establecer medidas preventivas adicionales para la mitigación y control de los riesgos para la salud en los sectores de su competencia. Con fundamento en los acuerdos antes referidos es que las autoridades responsables en el presente juicio de amparo determinaron reabrir el parque público "Los Olmos" y emitieron las medidas restrictivas reclamadas, no obstante lo anterior, el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se publicó en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno, del Estado de México el "Acuerdo por el que se Fortalecen las Medidas Preventivas y de Seguridad para la Mitigación y Control de los Riesgos para la Salud que implica la enfermedad por el Virus (Covid-19), en el Estado de México," emitido por el Secretario de Salud y el Coordinador de Regulación Sanitaria y Comisionado para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México, en el cual se establece lo siguiente: "PRIMERO. Se ordena la suspensión temporal de todas las actividades no esenciales a partir del 19 de diciembre de 2020 y hasta el 10 de enero de 2021, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio del Estado de México. Se consideran como actividades esenciales para efectos del presente Acuerdo, las siguientes: I. Las actividades públicas y privadas que de manera directa son necesarias para atender la contingencia sanitaria, como: a) Las actividades laborales de la rama médica en todas sus especialidades, paramédica, administrativa y de apoyo en todo el sector salud; b) Las que participan en su abasto, servicios y proveeduría, entre las que destacan: 1. El sector farmacéutico y químico tanto en su producción, como en su distribución y venta (farmacias); 2. La manufactura, mantenimiento y reparación de insumos, equipamiento médico y tecnologías para la atención de la salud, así como los involucrados en la adecuada disposición de los residuos peligrosos biológicos-infecciosos (RPBI), y 3. La limpieza y sanitización de las unidades médicas en los diferentes niveles de atención y otras instalaciones vinculadas directamente con la prestación de servicios de salud. II. Las involucradas en la seguridad pública, la protección civil, la procuración e impartición de justicia, la atención a víctimas y búsqueda de personas, así como la actividad legislativa estatal, en los términos que en atención a las presentes disposiciones determine cada institución; III. Las actividades consideradas como esenciales para la atención de necesidades básicas de las personas: a) Servicios financieros, notariales, casas de empeño, recaudación tributaria, servicios de tesorería y aquellos que permitan su prestación; b) Distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas; c) Generación y distribución de agua potable; d) Industria de alimentos y bebidas; e) Centrales de abasto, mercados o sus análogos, supermercados, tiendas de autoservicio, de conveniencia, abarrotes, misceláneas, recauderías, carnicerías, pollerías, cremerías, panaderías, tortillerías y similares; f) Venta de alimentos preparados y bebidas no alcohólicas, vía entrega en el lugar, para llevar, y/o a domicilio exclusivamente, por parte de restaurantes, fondas, loncherías, cocinas económicas y demás establecimientos cuya actividad sea la preparación, venta o expendio de alimentos. No se podrán consumir alimentos ni bebidas en los establecimientos; g) Venta de alimentos para animales y servicios de veterinaria; h) Lavanderías y tintorerías; i) Servicios de transporte de carga; j) Servicio público de transporte y el Transporte de Alta Capacidad "BRT" de los SISTEMAS MEXIBÚS I, II y III, así como en las cabinas del Sistema Teleférico. Los concesionarios, permisionarios, autorizados y usuarios deberán, durante la vigencia del presente Acuerdo, observar los límites máximos de cupo permitido, así como las modalidades para la prestación del servicio, que determinen las autoridades competentes; k) Mantenimiento y reparaciones mecánicas; l) Actividades y producción agrícola, ganadera, pecuaria, agroindustria, química y de productos de limpieza; m) Ferreterías, tlapalerías, herrerías, carpinterías y casas de materiales; n) Venta de productos para el soporte al trabajo y escuela en casa, así como de mejoras y mantenimiento al funcionamiento del hogar, limitando su venta a domicilio; o) Servicios de mensajería, paquetería y de comercio electrónico; p) Seguridad privada y sistemas de seguridad; q) Centros de asistencia social de acogimiento de niñas, niños y adolescentes; asilos para personas adultas mayores; refugios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos; r) Telecomunicaciones, medios de información, tecnologías de la información, electrónica y alta tecnología; s) Servicios privados de emergencia, servicios funerarios y de inhumación; t) Servicios de almacenamiento, centros de distribución y cadena de frío de insumos esenciales; u) Servicios de limpieza y sanitización de espacios públicos y privados, que brinden servicios al público permitidos por el presente Acuerdo; v) Logística (comunicaciones de jurisdicción local, aeropuertos y ferrocarriles); w) Industrias de la construcción, minería y manufacturera; x) Fabricación de equipo de transporte; y) Cadena de suministro y proveeduría de las actividades esenciales, y z) Otras actividades cuya suspensión implique un riesgo para la salud, vida o bienes de las personas; o cuya interrupción pueda tener efectos irreversibles para su continuación. IV. Las relacionadas directamente con la operación de los programas sociales de gobierno; V. La construcción, conservación y mantenimiento de infraestructura crítica que asegure la producción y distribución de servicios indispensables como: a) Agua potable; b) Energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, turbosina; c) Saneamiento básico; d) Servicios de limpia; e) Comunicaciones de jurisdicción local que comprenden la infraestructura vial primaria y los sistemas de transporte masivo y de teleférico, así como el transporte público; f) Infraestructura hospitalaria y médica, y g) Otros más que pudieran ser definidas bajo esta categoría. VI. La producción, distribución, suministro, construcción, conservación, reparación, mantenimiento y prestación de servicios de utilidad pública o interés general, a través de concesionarios o contratistas, así como privados, que sean estrictamente necesarios para la adecuada ejecución de las actividades esenciales y que se encuentren directamente relacionados con éstas; VII. Los centros y plazas comerciales deberán limitar el acceso a sus instalaciones exclusivamente a los establecimientos que lleven a cabo las actividades esenciales previstas en el presente Acuerdo. En ningún caso su aforo podrá ser mayor al 15%, y VIII. Las unidades económicas que proporcionen el servicio de hospedaje deberán limitar su aforo al 30%. SEGUNDO. Cualquier actividad no prevista en el artículo PRIMERO del presente Acuerdo quedará suspendida, tales como: a) Comercios, establecimientos y locales que no realicen actividades esenciales; b) Centros y plazas comerciales sin perjuicio de lo establecido en la fracción VII del artículo PRIMERO; c) Bares, cantinas, salones de baile, discotecas y video bares, centros nocturnos, centros botaneros y cerveceros, salas de sorteos de números, centros de apuestas remotas (casinos), billares y cualquier establecimiento para venta de bebidas alcohólicas para su consumo inmediato y/o al copeo, cines, gimnasios, zoológicos, balnearios, albercas públicas, boliches, baños públicos, vapores, spas, peluquerías, barberías, estéticas, locales o espacios destinados a actividades deportivas o culturales, teatros, auditorios, foros, palenques; d) Eventos masivos de cualquier tipo (políticos, religiosos, sociales, etc.), eventos o espectáculos públicos, salones de fiestas y/o jardines para eventos sociales, verbenas, ferias, desfiles, fiestas populares, y e) Cualquier otra análoga a las anteriores que impida el cumplimiento de las medidas preventivas y de seguridad a que se refiere el presente Acuerdo, o que promueva la aglomeración de personas en un mismo lugar. TERCERO. Las actividades gubernamentales no esenciales se suspenderán a partir del 21 de diciembre de 2020, y se reanudarán el 11 de enero de 2021. Las instituciones públicas deberán garantizar las medidas de prevención e higiene emitidas por las autoridades sanitarias. [.] TRANSITORIOS PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" Acuerdo del cual se desprende que las actividades en los parques públicos han quedado suspendidas nuevamente. Lo cual resulta congruente con el Acuerdo "por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias", en el que se determinó que durante la vigencia del semáforo rojo todas las actividades en espacios públicos se encontrarían suspendidas. Por lo tanto, las medidas preventivas adicionales para la mitigación y control de los riesgos para la salud que fueron adoptadas durante la reapertura de los espacios públicos han dejado de tener aplicación, ya que si los parques públicos se encuentran cerrados nuevamente, es inconcuso que la restricción de horarios, de ingresar con mascotas o de portar cubrebocas, han surtido todos sus efectos de un modo irreparable, ya que el cambio de situación jurídica no solo dejó sin vigencia dichas medidas sino que además hace imposible revertirlas ya que éstas tienen como presupuesto la reapertura de los parques públicos. En otras palabras, los actos reclamados por el quejoso han quedado consumados de modo irreparable, ya que se trata de medidas y restricciones que fueron adoptadas por las autoridades municipales para la reapertura del parque público "Los Olmos", durante el periodo en que imperó el semáforo naranja en el Estado de México, por lo tanto, éstas se encontraron vigentes a partir del dos de octubre de dos mil veinte y hasta el dieciocho de diciembre de ese año, fecha en la cual entró en vigor el diverso Acuerdo por el que se Fortalecen las Medidas Preventivas y de Seguridad para la Mitigación y Control de los Riesgos para la Salud que implica la enfermedad por el Virus (Covid-19), en el Estado de México, el cual ordenó la suspensión de todas las actividades no esenciales, dentro de las que se encuentran los parques públicos. En ese sentido, si bien los actos reclamados surtieron efectos desde que fueron implementados y hasta el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, y probablemente pudieron haber causado afectaciones que a la fecha no han sido revertidas, lo cierto es que éstos ya se encuentran consumados de modo irreparable, ya que no es jurídicamente posible reparar tales violaciones en tanto que las medidas restrictivas reclamadas parten del presupuesto de reapertura de espacios públicos al treinta por ciento; lo cual ya no se encuentra vigente en tanto que a raíz del cambio de semáforo epidemiológico a rojo, se decretó nuevamente la suspensión de actividades no esenciales. Así, es claro que la sentencia constitucional que se llegare a dictar no podría tener efectos prácticos, pues no sería posible ordenar a las autoridades responsables permitir el acceso al parque público "Los Olmos", retirando la manta, las cadenas y las cintas que limitan el acceso a las distintas áreas del parque, ni que se abstengan de solicitar la portación de cubrebocas o que permiten el ingreso de mascotas; ya que dichas medidas surtieron todos sus efectos durante la vigencia del semáforo naranja, pero quedaron irreparablemente consumados con el cambio a rojo y con la emisión del Acuerdo por el que se Fortalecen las Medidas Preventivas y de Seguridad para la Mitigación y Control de los Riesgos para la Salud que implica la enfermedad por el Virus (Covid-19), en el Estado de México, de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, en el cual se determinó que toda la actividad no esencial, como aquellas que se desarrollan en el parque "Los Olmos" debe ser suspendida. En otras palabras, resulta jurídicamente imposible conceder el amparo a efecto de que las autoridades responsables dejen de aplicar las restricciones o medidas de las que se duele el quejoso (por carecer de forma absoluta de fundamentación y motivación), ya que éstas no solo perdieron su vigencia ante la entrada del nuevo esquema de semáforo rojo, sino que resulta imposible remediarlas en tanto que de conformidad con el marco jurídico aplicable, que entró en vigor a partir del dieciocho de diciembre de dos mil veinte, las actividades en espacios públicos se encuentran suspendidas de forma absoluta. Por lo anterior, en vista de que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, con fundamento en la fracción V del artículo 63, de la ley en cita, lo que procede es SOBRESEER en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, así como en el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, SE RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ----------------, respecto de los actos reclamados precisadas en el considerando SEGUNDO, por los motivos expuestos en el considerando CUARTO de la presente resolución. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa y por lista a las demás partes, una vez que se reanuden las actividades de los órganos jurisdiccionales, en los términos que al efecto establece el artículo 11, fracción I del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.4

  3. Principal

    ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ******, respecto de los actos reclamados precisadas en el considerando SEGUNDO, por los motivos expuestos en el considerando CUARTO de la presente resolución. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa y por lista a las demás partes, una vez que se reanuden las actividades de los órganos jurisdiccionales, en los términos que al efecto establece el artículo 11, fracción I del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.2 Así lo resolvió y firma, Óscar Durán Valdés, Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, Encargado del Despacho en términos del artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2754/2020, de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido de Rodrigo Alejandro Ramos Gómez, Secretario que da fe. Doy fe. 5, 6,

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiuno de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se advierte que Circulares CAP/2/2020 y CAP/3/2020, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal determinó que a partir del diecinueve de diciembre y hasta el diez de enero se con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se dará trámite a los escritos iniciales que se califiquen como "urgentes", ya sea que se presenten de manera física o electrónica, y se dará seguimiento a los asuntos ya radicados que tengan esa misma calidad. Asimismo, se recibirán y tramitarán los casos nuevos y los que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea [.]" para los casos restantes, "se suspenden los plazos y términos procesales, con la única salvedad de que podrán resolverse aquellos expedientes que estén listos para sentencia." Consecuentemente, a partir del diecinueve de diciembre de dos ml veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno, se regresa al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, II y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, conforme al cual se dará continuidad a la tramitación, estudio y resolución de los asuntos que se tramiten en la modalidad de "juicio en línea", en los que las partes estén autorizadas para actuar a través del Portal de Servicios en Línea, esto es, para acceder al expediente y notificarse por medios electrónicos. Lo anterior con la excepción de aquellos juicios en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias. En esos términos, se advierte del estado de autos que el presente juicio entra dentro de los supuestos previstos en el artículo 1, fracción III del Acuerdo General 13/2020 en relación con los juicios en línea, ya que en su demanda de amparo la parte quejosa (i) señaló el nombre de usuario para el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, (ii) solicitó la consulta del expediente electrónico y (iii) solicitó la práctica de notificaciones electrónicas. Solicitudes que fueron autorizadas mediante acuerdo de seis de noviembre de dos mil veinte. Además, de que es factible notificar a las autoridades responsables a través de su correo oficial, en términos del artículo 2, fracción IX del citado acuerdo general, ya que como se desprende de los acuerdos de veinticuatro de noviembre y uno de diciembre, de dos mil veinte, en los informes justificados se proporcionaron diversos correos electrónicos como medios de comunicación alternos. Por lo tanto, se CALIFICA el presente expediente como "juicio en línea", y conforme los artículos 1, fracción III y 12 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y las Circulares CAP/2/2020 y CAP/3/2020 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se ORDENA CONTINUAR CON EL TRÁMITE DEL PRESENTE ASUNTO. Dada la trascendencia de esta resolución notifíquese a las partes que el en el presente asunto no se suspenderán los plazos y términos procesales y a efecto de no dejar en estado de indefensión a las partes que aún no lo han solicitado (autoridades responsables), se concede un plazo de tres días a fin de que manifiesten si es su deseo comparecer a la audiencia constitucional relativa al presente asunto que se celebrará de manera virtual, la cual se encuentra señalada para las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL CUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Con apoyo en el numeral 25, del Acuerdo General 21/2020, para el efecto de que si las partes estiman conveniente estar presentes en la audiencia constitucional, de manera virtual, a través de videoconferencia, es menester que soliciten por escrito su deseo de dicha circunstancia; para lo cual, se les concede el plazo de tres días legalmente computados, de conformidad con el precepto 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, a fin de que manifiesten tal situación, escrito que deberá ser presentado vía electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se les tendrá por desinteresados y se llevará a cabo sin su asistencia. Para el caso de que las partes asistan al desahogo de la audiencia constitucional, de manera virtual, a través de videoconferencia, es menester que cuenten con la aplicación 'Cisco Webex Meetings', misma que deberán descargar en cualquier dispositivo móvil o computadora personal (PC), y que se encuentra a su disposición en Apple store y google play. Por otro lado, requiérase a las autoridades responsables que faltan de rendir su informe justificado: Jefe de Región (dentro de la que se encuentra el fraccionamiento Jardines de San Mateo), Jefe de Zona 7; y Jefe de Turno adscrito a la Zona 7, todos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Naucalpan de Juárez, para que en un plazo de tres días legalmente computados a partir de la notificación del presente acuerdo, remitan las copias certificadas, legibles y completas de las constancias relacionadas con los actos reclamados, acorde a lo previsto por el artículo 75 del propio ordenamiento legal. Asimismo se reitera el apercibimiento que de ser omisas con esta obligación, como lo establece el artículo 117 de la legislación aplicable, se presumirán ciertos los actos reclamados y al pronunciarse la resolución correspondiente, se les impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad en lo estatuido en los arábigos 237, fracción I, y 260, fracción II, con relación al numeral 238, primer párrafo, de la legislación de la materia, en concordancia al Decreto Publicado el veintiséis de enero del dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Finalmente, en atención a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, a efecto de resguardar la integridad de los servidores públicos que realicen las notificaciones derivadas del presente acuerdo, se les autoriza para que éstas se hagan a través de medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa y a las demás partes por lista electrónica, en los términos que al efecto establecen los artículo 2, fracción XII y 16, fracción II del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como por el correo electrónico que al efecto proporcionaron las autoridades.

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