José Luis Ortiz Escobar

Expediente 520/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 14 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
520/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
08/03/2022

Partes del expediente

  • José Luis Ortiz Escobar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Ciudad Madero, Tamaulipas, ocho de marzo de dos mil veintidós. Del estado procesal que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de quince días, que concede el artículo 202 de la Ley de Amparo, para plantear inconformidad en contra del auto mediante el cual se tuvo por cumplida la sentencia que concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, sin que se haya presentado promoción alguna para tal efecto. Asimismo, el término de cinco días conforme al artículo 22, en relación con los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, sin que haya presentado promoción alguna mediante la cual interponga recurso de queja en contra del auto que desechó la ampliación de demanda de amparo. En consecuencia, sin ulterior acuerdo, una vez que se notifique el presente proveído, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 196 y 214 de la ley de la materia. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este asunto se clasifica como depurable, pues se concedió la protección constitucional y dado que no existen documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, como lo dispone el penúltimo párrafo del citado numeral, una vez que transcurran tres años, procédase a su depuración conservando únicamente la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, así como el presente auto y se destruirán el resto de las actuaciones; hecho lo cual deberá gestionarse su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo dispone el artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  2. Principal

    Ciudad Madero, Tamaulipas, dos de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta por medio del cual la parte quejosa pretende ampliar su demanda respecto del acto reclamado consistente en la omisión de la Junta Especial Número 52 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad del Carmen Campeche y Actuario de su adscripción, por el acto reclamado consistente en la omisión de diligenciar el exhorto girado para emplazar a las partes en el juicio ordinario laboral 30/2021, del índice de la diversa Junta Especial Número Treinta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Tampico, Tamaulipas. En relación a la ampliación de demanda que formula la parte quejosa, por las diversas autoridades que señala en su escrito, dígasele que no ha lugar a tener por ampliada la demanda de amparo, por los motivos que se exponen a continuación. En principio, resulta oportuno establecer que la figura de la ampliación de la demanda se encuentra prevista en los artículos 111 y 117, último párrafo, de la Ley de Amparo, que dicen: Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda. Del numeral transcrito, se colige que la procedencia de la ampliación de la demanda de amparo se condiciona a que se presente dentro los términos previstos en la propia ley, y por lo que hace a los actos novedosos vinculados con los reclamados inicialmente, además de que se formule dentro de los plazos legales, también debe presentarse previamente a la celebración de la audiencia constitucional y, paralelamente, otorga al quejoso la prerrogativa de optar por promover una nueva demanda, en caso de no ampliarla. El contenido de este precepto se soporta en los principios jurídicos de economía procesal y de concentración, que resultan aplicables al juicio de amparo, conforme a los cuales es exigible que en la conducción de un enjuiciamiento se procure abreviar su duración, simplificar su tramitación y rechazar las diligencias innecesarias o inconducentes, para evitar costos innecesarios a las partes y al Estado, y ventilar todas las cuestiones litigiosas que guarden conexidad en un mínimo de actuaciones. Es por eso que, si una vez presentada una demanda de amparo, el quejoso estima conveniente formular nuevos aspectos de impugnación, debe instar nuevamente, en cuyo caso, si se trata del mismo acto, de las mismas autoridades, o de una cuestión que guarde relación con lo planteado, pueda hacerlo como una ampliación de la demanda inicialmente interpuesta, a condición de que no se haya agotado el plazo para ello. Una situación diversa se presenta cuando con posteridad al inicio de un juicio de amparo, el promovente tiene conocimiento de nuevos actos que estima lesivos a sus derechos, atribuibles a diversas autoridades. En ese supuesto, la fecha en que tenga conocimiento de ellos será el referente para la promoción del amparo, y en orden a los principios jurídicos mencionados, tiene la opción de plantear el nuevo amparo como una ampliación si entre los actos reclamados en la demanda inicial y en la nueva existe una relación de conexidad o interdependencia que dé pauta para estimar favorable que se sustancien en forma conjunta y se decidan en una sola sentencia, lo que podría generar mayor agilidad en su tramitación e incluso evitar el dictado de resoluciones contradictorias. De lo hasta aquí expuesto puede afirmarse que siempre que se modifique la materia de litigio, debe ser mediante una demanda que dé lugar a un nuevo juicio, o bien, mediante una ampliación a la demanda inicial, siempre y cuando exista esa relación de conexidad, esto último en observancia de los principios de concentración y economía procesal, es decir, si no hay conexidad habrá un nuevo juicio. Ahora bien, sobre el tema en estudio el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 2/99, estableció que la estructura procesal de la ampliación de la demanda de amparo se funda en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que la ampliación de demanda es indispensable en el juicio de garantías para que cumpla su función constitucional de salvaguardar en su integridad los actos del poder público que puedan ser contrarios a la Carta Fundamental, ya que de no reconocerse esa posibilidad el gobernado se vería imposibilitado para reclamar en el amparo tales actuaciones o incluir nuevos argumentos de los originalmente planteados en la demanda inicial en perjuicio de sus intereses. Así, la ampliación de la demanda debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto en los siguientes casos: Cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o, Cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados. Asimismo, el Máximo Tribunal de Justicia en el País estableció que la ampliación puede recaer sobre: Los actos reclamados. Las autoridades responsables. Los conceptos de violación Lo anterior, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos establecidos en la Ley de Amparo, a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional. Las anteriores consideraciones vertidas en la contradicción de tesis citada, dio origen a la jurisprudencial P./J. 15/2003, de rubro: AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional. Análisis del escrito de ampliación. Se procede a examinar de la ampliación de demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, que dice: [A]rtículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. [A]rtículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de jurisprudencia de rubro: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Conforme a esa tesis, la improcedencia de la acción de amparo que permita desechar la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable, pues ello supone que el juzgador, con la mera lectura del escrito inicial y de sus anexos, considera probada la correspondiente causal de improcedencia sin lugar a dudas, sea porque los hechos sobre los que descansa hayan sido manifestados claramente por el demandante o porque estén probados con elementos de juicio indubitables, de suerte tal que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido. En otras palabras, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. En ese orden de ideas, se advierte que la ampliación de demanda de que se trata resulta extemporánea, ello es así porque en el caso el quince de julio de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia constitucional en este asunto, y se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la justifica federal a la parte quejosa, misma que causo ejecutoria el ocho de agosto del presente año, así seguida la secuela de ejecución del presente juicio de amparo, el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, se declaró cumplido el fallo protector de estado en autos. En ese sentido, la ampliación que se pretende resulta extemporánea al ya haberse celebrado la audiencia constitucional en este asunto, en consecuencia, se impone desechar la ampliación de demanda respecto del acto reclamado consistente en la omisión de la Junta Especial Número 52 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad del Carmen Campeche y Actuario de su adscripción, por el acto reclamado consistente en la omisión de diligenciar el exhorto girado para emplazar a las partes en el juicio ordinario laboral 30/2021, del índice de la diversa Junta Especial Número Treinta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Tampico, Tamaulipas. .

  3. Principal

    Ciudad Madero, Tamaulipas, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3 de la Ley de Amparo el documento suscrito por la autorizada de la parte quejosa, a través del cual señala nuevo domicilio procesal. Por tanto, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngasele como nuevo domicilio procesal el que señala y sin efectos el anterior, en el entendido que de no existir, encontrarse deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a los promoventes o sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este Juzgado, lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza a la parte quejosa la consulta del expediente vía electrónica con el usuario que indica. Además, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena que las notificaciones de carácter personal se le hagan vía electrónica, en el entendido de que la[s] parte[s] que así lo solicita[n] quedaran sujetas a las reglas que establecen los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo; esto es, cuando la parte notificada no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos).

  4. Principal

    con apoyo en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, se declara cumplida la sentencia de amparo.

Quedan 10 actuaciones en este expediente

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