José Luis Ortíz
Expediente 1073/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 52 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1073/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 52
- Última actuación
- 11/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- José Luis Ortíz
- Juez Octavo de Distrito En el Estado de Michoacán, Con Residencia En Uruapan (Autoridad Sustituta)
Actuaciones
Las 4 más recientes de 52.
- Principal
MESA V. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de quince días que refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso se hubiere inconformado contra el auto de quince de junio pasado, que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio. En consecuencia, de conformidad con lo ordenado en dicho proveído, remítase el presente sumario al archivo definitivo de este órgano jurisdiccional. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables la determinación anterior, para los efectos legales correspondientes.
- Principal
MESA V. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa en proveído de cuatro de junio pasado, a efecto de que hiciera las manifestaciones que estimara pertinentes en torno al cumplimiento del fallo amparador, feneció sin que hubiese hecho uso de ese derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en la referida providencia y este órgano de control constitucional procede a resolver de oficio, si la sentencia concesora se encuentra cumplida. Sirve de apoyo la jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, página 203, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Esta Segunda Sala, en la jurisprudencia 85/98, entre otras tesis, ha sostenido el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva y se le concede el plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que de no hacerlo, se tendrá por cumplida la sentencia, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista a su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogarse la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad." En tales condiciones, se tiene que en sentencia engrosada el veintinueve de mayo de dos mil diecisiete (fojas 325 a 342 del Tomo I), se sobreseyó en el juicio y se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso José Luis Ortíz, resolución que fue recurrida por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, de la Procuraduría General de la República; el Director General Adjunto Jurídico de Procedimientos "C", en representación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; asunto del cual correspondió conocer al Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Mediante oficio recibido en este Juzgado el treinta de noviembre pasado (foja 108 del Tomo I), la Secretaria de Acuerdos del citado Tribunal Colegiado, remitió testimonio de la resolución correspondiente a la sesión de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, emitida en el R.P. 209/2017 (fojas 508 a 556 del Tomo I). De la ejecutoria emitida por la superioridad, se advierte que se resolvió el recurso de revisión en los siguientes términos: ".PRIMERO. En la materia de la revisión de confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Para los efectos precisados en la sentencia impugnada, la Justicia de la Unión ampara y protege al quejoso José Luis Ortíz, contra los actos que reclamó de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada, de la Procuraduría General de la República, así como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Banco Nacional de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, consistente en el acuerdo ministerial de veintiséis de agosto de dos mil trece, dictado en la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/038/2013, y su ejecución, por las razones y para los efectos precisados en el considerando último de la resolución analizada..." Ahora bien, cabe señalar que se concedió el amparo y protección constitucional, al quejoso José Luis Ortíz, para que el Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, de la Procuraduría General de la República, realizara lo siguiente: a) Dejara insubsistente el acuerdo de aseguramiento de la cuenta bancaria del quejoso de veintiséis de agosto de dos mil trece, dictado en la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/038/2013, únicamente respecto de la cuenta 1946928034. b) Emitiera uno diverso en el que motivara adecuadamente la determinación adoptada y determinara con plenitud de jurisdicción lo que en derecho correspondiera. Asimismo, en términos del artículo 182 A del Código Federal de Procedimientos Penales, la responsable debería notificar el nuevo acuerdo al quejoso José Luis Ortíz, dentro del plazo de sesenta días naturales contados a partir del siguiente en que emitiera su determinación. Concesión que se hizo extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Banco Nacional de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, al no ser reclamados por vicios propios. En proveído de uno de diciembre pasado (fojas 557 y 558 del Tomo I), se requirió a las citadas autoridades responsables para que dieran cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En vista de ello, por oficio recibido el once de enero del año en curso (foja 593 del Tomo I), el Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, de la Procuraduría General de la República, remitió copia certificada del acuerdo de ocho de enero de dos mil dieciocho, dictado en la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/038/2013, por el cual dejó insubsistente el acuerdo de veintiséis de agosto de dos mil trece, únicamente respecto a la cuenta bancaria 1946928034 (fojas 594 a 596 del Tomo I). De igual manera, por oficio recibido el catorce de febrero de la presente anualidad (foja 608 del Tomo I), la citad autoridad ministerial, remitió copia certificada del acuerdo de doce de febrero de dos mil dieciocho, por el cual decretó el aseguramiento de la cuenta bancaria 1946928034 (fojas 609 a 619 del Tomo I). Asimismo, por oficio recibido el cuatro del mes y año en curso, la Representación Social, remitió la notificación personal hecha al autorizado del quejoso, del aludido acuerdo de aseguramiento. Del examen de las referidas documentales, las cuales de conformidad con los normativos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se advierte que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria concesora de amparo, la autoridad ministerial responsable realizó lo siguiente: a) Dejó insubsistente el acuerdo de aseguramiento de la cuenta bancaria del quejoso de veintiséis de agosto de dos mil trece, dictado en la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/038/2013, únicamente respecto de la cuenta 1946928034. b) Emitió uno diverso en el que motivó adecuadamente la determinación adoptada y determinó con plenitud de jurisdicción decretar el aseguramiento de la cuenta bancaria 1946928034. Al respecto, el Agente del Ministerio Público responsable expuso las razones particulares que lo llevaron a resolver en el sentido en que lo hizo, esto es, a decretar el aseguramiento de la cuenta bancaria 1946928034, aperturada en la institución de crédito Banco Nacional de México, S.A. a nombre del quejoso José Luis Ortíz. En cuanto a ello, precisó los argumentos o razonamientos que la llevaron a justificar de qué manera se podía establecer que en la cuenta bancaria 1946928034, de la cual es titular el quejoso, se hicieron depósitos distintos a los que fue destinada la cuenta y estableció que de las pruebas recabadas, se determinaba la existencia de la participación del quejoso José Luis Ortís, en la sustracción de hidrocarburos refinados a ductos de PEMEX y su posterior venta en diversas gasolineras de los Estados de la República, actividades con las cuales obtuvo grandes cantidades de dinero en efectivo, mismo que es considerado producto del delito de tales actividades ilícitas; recursos que probablemente con posterioridad fueron introducidos en el tráfico económico-financiero legal, por medio de operadores financieros, utilizando como instrumento del delito cuentas bancarias aperturadas con el nombre de las diversas gasolineras, sin descartar que también se haya utilizado la cuenta bancaria 1946928034, aperturada en la institución de crédito Banco Nacional de México, S.A. a nombre del quejoso José Luis Ortíz, con el propósito de ocultar y disfrazar el origen de los recursos obtenidos y en consecuencia, distribuir las ganancias a diferentes personas vía depósitos en efectivo, transferencias electrónicas o mediante cheques a los distintos actores de esa actividad delictiva. Señaló que de los datos de prueba y actos de investigación que obran en la averiguación previa, se advierte que José Luis Ortíz, adquirió dentro de sus cuentas bancarias en el periodo comprendido de primero de enero de dos mil ocho a treinta y uno de diciembre de dos mil doce, la cantidad de $13, 729, 840.03 (trece millones, setecientos veintinueve mil, ochocientos cuarenta pesos con tres centavos M.N), asimismo, respecto al periodo de primero de enero al mes de agosto de dos mil trece, adquirió la cantidad de $2, 746,449.86 (dos millones, setecientos cuarenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos con ochenta y seis centavos M.N.), procedentes de sus actividades ilícitas, utilizando al sistema financiero mexicano como instrumento del delito, mediante depósitos en cheques. Por tanto, concluyó que posiblemente se haya utilizado la cuenta bancaria 1946928034, aperturada en la institución de crédito Banco Nacional de México, S.A. a nombre del quejoso José Luis Ortíz, para introducir los recursos generados con las actividades ilícitas referidas y los recursos que manifiesta provenientes de su jubilación, particularidad que hasta el momento no ha acreditado ante el ministerio público, razón por la cual, dicha cuenta bancaria es considerada por la autoridad investigadora como instrumento del delito y los recursos existente en ella, el objeto del mismo. De igual manera, en términos del artículo 182 A del Código Federal de Procedimientos Penales, la responsable notificó el nuevo acuerdo al quejoso José Luis Ortíz, por medio de su autorizado. Por otra parte, las autoridades señaladas como ejecutoras, informaron acerca del acatamiento dado a la sentencia de amparo. En consecuencia, es incuestionable que el FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO, SIN QUE EXISTA EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO. En esas condiciones, conforme lo previene el numeral 196, de la Ley de Amparo, en relación con los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del citado año, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, procede archivar el presente controvertido constitucional como concluido. Además, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Dado que en este juicio de amparo se concedió la protección constitucional solicitada, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años; una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Por la importancia del caso, conviene anticipar que la decisión que precede, en modo alguno restringe el derecho de las partes de inconformarse en contra de esta determinación, ya que de acuerdo a lo previsto en el numeral 201, fracción I, de la Ley de Amparo, están en aptitud de hacer valer el recurso de inconformidad, ajustándose al trámite previsto en el diverso artículo 202, del referido ordenamiento legal. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, devuélvanse al Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan (autoridad responsable sustituta) seis Tomos de pruebas y al Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, de la Procuraduría General de la República, los dos tomos de pruebas que remitió en apoyo a su informe justificado, por ser innecesaria su retención en este órgano jurisdiccional. Finalmente, tomando en consideración que se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en los cuadernos incidentales.
- Incidental
MESA V. Visto el estado de autos y tomando en consideración que en esta fecha en el expediente principal del que deriva la presente incidencia, se ordenó el archivo definitivo, se acuerda: Se determina que este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción III, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se concedió en parte la suspensión definitiva; por lo que en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar y se destruirán el resto por considerar que no tienen relevancia documental para su conservación. Ahora, tomando en consideración que el presente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de aquél, una vez transcurridos seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del citado acuerdo. Asimismo, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo, y décimo tercero, todos del capítulo tercero, y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno y una vez que trascurran tres años, deberá transferirse el presente cuaderno incidental al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
MESA V.SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO A) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE QUINCE DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa en proveído de cuatro de junio pasado, a efecto de que hiciera las manifestaciones que estimara pertinentes en torno al cumplimiento del fallo amparador, feneció sin que hubiese hecho uso de ese derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en la referida providencia y este órgano de control constitucional procede a resolver de oficio, si la sentencia concesora se encuentra cumplida. Sirve de apoyo la jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, página 203, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Esta Segunda Sala, en la jurisprudencia 85/98, entre otras tesis, ha sostenido el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva y se le concede el plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que de no hacerlo, se tendrá por cumplida la sentencia, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista a su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogarse la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad." En tales condiciones, se tiene que en sentencia engrosada el veintinueve de mayo de dos mil diecisiete (fojas 325 a 342 del Tomo I), se sobreseyó en el juicio y se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso José Luis Ortíz, resolución que fue recurrida por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, de la Procuraduría General de la República; el Director General Adjunto Jurídico de Procedimientos "C", en representación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; asunto del cual correspondió conocer al Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Mediante oficio recibido en este Juzgado el treinta de noviembre pasado (foja 108 del Tomo I), la Secretaria de Acuerdos del citado Tribunal Colegiado, remitió testimonio de la resolución correspondiente a la sesión de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, emitida en el R.P. 209/2017 (fojas 508 a 556 del Tomo I). De la ejecutoria emitida por la superioridad, se advierte que se resolvió el recurso de revisión en los siguientes términos: ".PRIMERO. En la materia de la revisión de confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Para los efectos precisados en la sentencia impugnada, la Justicia de la Unión ampara y protege al quejoso José Luis Ortíz, contra los actos que reclamó de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada, de la Procuraduría General de la República, así como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Banco Nacional de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, consistente en el acuerdo ministerial de veintiséis de agosto de dos mil trece, dictado en la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/038/2013, y su ejecución, por las razones y para los efectos precisados en el considerando último de la resolución analizada..." Ahora bien, cabe señalar que se concedió el amparo y protección constitucional, al quejoso José Luis Ortíz, para que el Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, de la Procuraduría General de la República, realizara lo siguiente: a) Dejara insubsistente el acuerdo de aseguramiento de la cuenta bancaria del quejoso de veintiséis de agosto de dos mil trece, dictado en la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/038/2013, únicamente respecto de la cuenta 1946928034. b) Emitiera uno diverso en el que motivara adecuadamente la determinación adoptada y determinara con plenitud de jurisdicción lo que en derecho correspondiera. Asimismo, en términos del artículo 182 A del Código Federal de Procedimientos Penales, la responsable debería notificar el nuevo acuerdo al quejoso José Luis Ortíz, dentro del plazo de sesenta días naturales contados a partir del siguiente en que emitiera su determinación. Concesión que se hizo extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Banco Nacional de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, al no ser reclamados por vicios propios. En proveído de uno de diciembre pasado (fojas 557 y 558 del Tomo I), se requirió a las citadas autoridades responsables para que dieran cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En vista de ello, por oficio recibido el once de enero del año en curso (foja 593 del Tomo I), el Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, de la Procuraduría General de la República, remitió copia certificada del acuerdo de ocho de enero de dos mil dieciocho, dictado en la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/038/2013, por el cual dejó insubsistente el acuerdo de veintiséis de agosto de dos mil trece, únicamente respecto a la cuenta bancaria 1946928034 (fojas 594 a 596 del Tomo I). De igual manera, por oficio recibido el catorce de febrero de la presente anualidad (foja 608 del Tomo I), la citad autoridad ministerial, remitió copia certificada del acuerdo de doce de febrero de dos mil dieciocho, por el cual decretó el aseguramiento de la cuenta bancaria 1946928034 (fojas 609 a 619 del Tomo I). Asimismo, por oficio recibido el cuatro del mes y año en curso, la Representación Social, remitió la notificación personal hecha al autorizado del quejoso, del aludido acuerdo de aseguramiento. Del examen de las referidas documentales, las cuales de conformidad con los normativos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se advierte que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria concesora de amparo, la autoridad ministerial responsable realizó lo siguiente: a) Dejó insubsistente el acuerdo de aseguramiento de la cuenta bancaria del quejoso de veintiséis de agosto de dos mil trece, dictado en la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/038/2013, únicamente respecto de la cuenta 1946928034. b) Emitió uno diverso en el que motivó adecuadamente la determinación adoptada y determinó con plenitud de jurisdicción decretar el aseguramiento de la cuenta bancaria 1946928034. Al respecto, el Agente del Ministerio Público responsable expuso las razones particulares que lo llevaron a resolver en el sentido en que lo hizo, esto es, a decretar el aseguramiento de la cuenta bancaria 1946928034, aperturada en la institución de crédito Banco Nacional de México, S.A. a nombre del quejoso José Luis Ortíz. En cuanto a ello, precisó los argumentos o razonamientos que la llevaron a justificar de qué manera se podía establecer que en la cuenta bancaria 1946928034, de la cual es titular el quejoso, se hicieron depósitos distintos a los que fue destinada la cuenta y estableció que de las pruebas recabadas, se determinaba la existencia de la participación del quejoso José Luis Ortís, en la sustracción de hidrocarburos refinados a ductos de PEMEX y su posterior venta en diversas gasolineras de los Estados de la República, actividades con las cuales obtuvo grandes cantidades de dinero en efectivo, mismo que es considerado producto del delito de tales actividades ilícitas; recursos que probablemente con posterioridad fueron introducidos en el tráfico económico-financiero legal, por medio de operadores financieros, utilizando como instrumento del delito cuentas bancarias aperturadas con el nombre de las diversas gasolineras, sin descartar que también se haya utilizado la cuenta bancaria 1946928034, aperturada en la institución de crédito Banco Nacional de México, S.A. a nombre del quejoso José Luis Ortíz, con el propósito de ocultar y disfrazar el origen de los recursos obtenidos y en consecuencia, distribuir las ganancias a diferentes personas vía depósitos en efectivo, transferencias electrónicas o mediante cheques a los distintos actores de esa actividad delictiva. Señaló que de los datos de prueba y actos de investigación que obran en la averiguación previa, se advierte que José Luis Ortíz, adquirió dentro de sus cuentas bancarias en el periodo comprendido de primero de enero de dos mil ocho a treinta y uno de diciembre de dos mil doce, la cantidad de $13, 729, 840.03 (trece millones, setecientos veintinueve mil, ochocientos cuarenta pesos con tres centavos M.N), asimismo, respecto al periodo de primero de enero al mes de agosto de dos mil trece, adquirió la cantidad de $2, 746,449.86 (dos millones, setecientos cuarenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos con ochenta y seis centavos M.N.), procedentes de sus actividades ilícitas, utilizando al sistema financiero mexicano como instrumento del delito, mediante depósitos en cheques. Por tanto, concluyó que posiblemente se haya utilizado la cuenta bancaria 1946928034, aperturada en la institución de crédito Banco Nacional de México, S.A. a nombre del quejoso José Luis Ortíz, para introducir los recursos generados con las actividades ilícitas referidas y los recursos que manifiesta provenientes de su jubilación, particularidad que hasta el momento no ha acreditado ante el ministerio público, razón por la cual, dicha cuenta bancaria es considerada por la autoridad investigadora como instrumento del delito y los recursos existente en ella, el objeto del mismo. De igual manera, en términos del artículo 182 A del Código Federal de Procedimientos Penales, la responsable notificó el nuevo acuerdo al quejoso José Luis Ortíz, por medio de su autorizado. Por otra parte, las autoridades señaladas como ejecutoras, informaron acerca del acatamiento dado a la sentencia de amparo. En consecuencia, es incuestionable que el FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO, SIN QUE EXISTA EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO. En esas condiciones, conforme lo previene el numeral 196, de la Ley de Amparo, en relación con los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del citado año, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, procede archivar el presente controvertido constitucional como concluido. Además, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Dado que en este juicio de amparo se concedió la protección constitucional solicitada, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años; una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Por la importancia del caso, conviene anticipar que la decisión que precede, en modo alguno restringe el derecho de las partes de inconformarse en contra de esta determinación, ya que de acuerdo a lo previsto en el numeral 201, fracción I, de la Ley de Amparo, están en aptitud de hacer valer el recurso de inconformidad, ajustándose al trámite previsto en el diverso artículo 202, del referido ordenamiento legal. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, devuélvanse al Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan (autoridad responsable sustituta) seis Tomos de pruebas y al Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, de la Procuraduría General de la República, los dos tomos de pruebas que remitió en apoyo a su informe justificado, por ser innecesaria su retención en este órgano jurisdiccional. Finalmente, tomando en consideración que se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en los cuadernos incidentales.
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