José Luis Ortega Jiménez

Expediente 600/2019 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
600/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
29/08/2019

Partes del expediente

  • José Luis Ortega Jiménez

Actuaciones

  1. Juicio de Amparo Directo

    AGREGUESE EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ASIMISMO, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES DESTRUIBLE Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Visto el oficio 646/2019 de la Presidenta de la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, registrado en oficialía de partes con el número 5347/2019, con el que remite original de la demanda de garantías, promovida por José Luis Ortega Jiménez, por propio derecho, con un anexo; dos copias de la citada demanda, oficios 2201/2019 y 2202/2019; requisitoria 13/2019; toca civil 711/2018-II, copias certificadas de los expedientes 1016/2010 y acumulado 1517/2011; regístrese en el libro de gobierno correspondiente, fórmese expediente y acúsese recibo. Ahora bien, en el caso a estudio el suscrito estima carecer de competencia, por razón de la vía, para conocer y resolver sobre el juicio constitucional intentado. Para evidenciar lo antes afirmado es menester precisar que el solicitante del amparo Aarón Acosta Zenil, señaló como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- A.- Ordenadora Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, Ciudadano Juez Primero de Primera Instancia de Tula de Allende, Hidalgo, CC. Actuarios adscritos al Juzgado Tribunal Colegiado de Circuito, con residencia en Pachuca de Soto, Hidalgo (.)".- "IV. ACTOS RECLAMADOS: V. SENTENCIA RECLAMADA Y VIOLACIONES DE PROCEDIMIENTO. Resolución se reclama hasta este momento procesal con base en el artículo 161 de la Ley de Amparo.- Del C. Juez Primero de Primera Instancia Tula de Allende, Hidalgo, se reclama la ejecución dela sentencia de primera instancia, confirmada en segunda instancia, en el TOCA 711/2019 SEGUNDA SALA, MISMA QUE ME FUE NOTIFICADA EL 20 DE JUNIO DE 2019, dictada en el juicio señalado respecto del RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el suscrito EN CONTRA del SEGUNDO PROYECTO DE PARTICIÓN PRESENTADO POR EL SUSCRITO Y ACORDADO DE FECHA 9 DE MAYO DE 2018, SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL INCIDENTE DE PROYECTO DE PARTICIÓN (.).- Luego, de las constancias remitidas por la autoridad responsable anexas a su informe justificado y deducidas del juicio generador del acto reclamado, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo, se desprende que el hoy quejoso José Luis Ortega Jiménez, por propio derecho, denunció el juicio sucesorio intestamentario a bienes de Habacuc Ortega Morales, radicándose dicho asunto en el Juzgado Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo con el número de expediente 1016/2010. Seguido el juicio por todos sus trámites, el doce de septiembre de dos mil dieciocho, el juez de origen dictó la sentencia interlocutoria relativa al incidente de oposición al proyecto de partición promovido por Amada García Ángeles, en el cual se declaró procedente. Inconforme con dicho fallo, el impetrante de garantías interpuso recurso de apelación, tocando por razón de turno conocer a la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia de esta entidad federativa, quien mediante resolución de trece de junio de dos mil diecinueve, resolvió confirmar la sentencia interlocutoria recurrida. Por lo anterior, el hoy quejoso promueve juicio constitucional en la vía directa, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado. Así las cosas, los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República, 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo vigente, establecen que el juicio de amparo directo procede de manera categórica, en dos casos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. Luego, el artículo 170 de la ley de la materia, dispone: "(.) El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas (.)". De lo anteriormente expuesto, se colige que el acto reclamado es la resolución de trece de junio del presente año, dictada por la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, en la que determinó confirmar la sentencia interlocutoria de doce de septiembre de dos mil dieciocho, emitida por el Juez Primero Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo; en la cual se resolvió el incidente de oposición al proyecto de partición promovido por Amada García Ángeles, la cual si bien es cierto es una resolución de segundo grado, que no puede ser modificada o revocada por ningún recurso ordinario, también lo es que no puede ser considerada como sentencia definitiva para la procedencia del juicio de amparo directo. De ahí que si no reúne los requisitos previstos por el ya apuntado precepto legal 170 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es inconcuso que los Tribunales Colegiados de Circuito no son legalmente competentes para conocer del asunto; razón por la cual, es incuestionable por exclusión, que respecto de la resolución impugnada, por no tratarse de una sentencia definitiva, ni una resolución que pone fin al juicio, pues no decide el juicio en lo principal resolviendo sobre la procedencia o improcedencia de las acciones o excepciones que dieron origen a la litis, ni lo da por concluido en forma tal, que ya no se pueda seguir actuando en el mismo; en consecuencia, al no reunir las características exigidas en el numeral en cita como tampoco actualizarse las hipótesis ahí contenidas y, como del diverso 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte, es claro que por falta de competencia legal el tribunal colegiado no puede decidir al respecto, y su actuación se debe limitar a hacer la declaratoria correspondiente; por lo tanto, con fundamento en el artículo 45 de la Ley de amparo, envíense las constancias respectivas al Juez de Distrito en turno en el Estado, a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Obténgase copia certificada de las constancias necesarias para formar el cuaderno de antecedentes, y remítanse los originales al Juez de Distrito en Turno en el Estado de Hidalgo; y, en su oportunidad, archívese como totalmente concluido el presente asunto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Finalmente, con fundamento en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 y demás relativos a cada caso específico de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y que entró en vigor al día siguiente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° referido, la información en el presente asunto es pública y accesible a cualquier persona, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que establece la propia ley, así como la normatividad que emita en su momento el Consejo de la Judicatura Federal. Además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma.

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