José Luis Orta Borjas

Expediente 674/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 19 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
674/2023
Año
2023
Actuaciones
19
Última actuación
25/07/2023

Partes del expediente

  • José Luis Orta Borjas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el auto dictado en este asunto el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó en este juicio fuera de la audiencia constitucional; en consecuencia, se declara que ha causado estado el proveído en mención. Devuélvase a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Trámite Común Modulo 4 de la Fiscalía General del Estado, el tomo de pruebas que remitió en vía de justificación al juicio en que se actúa. Notifíquese por medio de lista, y por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.

  2. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, seis de julio de dos mil veintitrés. Recepción de oficio con registro 14154 Con fundamento en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2, téngase al Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, informando el proveído dictado por su Titular el cuatro de julio del dos mil veintitrés, en el juicio de amparo ********************, del que se advierte que se avocó al conocimiento de los actos reclamados remitidos en vía de separación de demanda por este órgano jurisdiccional, como se ordenó en auto de veintinueve de junio del presente año, acusando de recibo el oficio emitido por éste órgano jurisdiccional. Se remite copia certificada de incidente de suspensión. Como lo solicita la autoridad oficiante, remítase copia certificada del incidente de suspensión derivado del presente asunto, y hágase de su conocimiento que con fecha seis de junio del año en curso, se dictó la interlocutoria en la cual se negó y se concedió la suspensión definitiva respectivamente. Vinculación. Aunado a lo anterior y conforme a la solicitud realizada por el Juzgado de Distrito descrito con antelación; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; el numeral 39 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, según el cual "Todos los envíos de expedientes de un órgano jurisdiccional a otro se harán de forma electrónica, salvo que el remitente estime necesario que el órgano destinatario cuenta con las constancias físicas."(sic); en relación con la CIRCULAR DGGJ/0012/2020 de diez de julio del dos mil veinte, emitida por la Dirección General de Gestión Judicial del propio Consejo, póngase a disposición de dicho órgano jurisdiccional la consulta del expediente electrónico del asunto en que se actúa así como el cuaderno incidental de donde deriva este asunto, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), a través del apartado denominado "vinculación", en el cual se contienen todas las actuaciones acaecidas en el presente sumario. Se comisiona a la analista jurídico encargada del Sistema Integral de Expedientes (S.I.S.E), para que en dicho sistema, a través del apartado denominado "vinculación", se deje a disposición de la autoridad oficiante la consulta del expediente electrónico del presente asunto. Recepción de oficio con registro 14154 Visto el oficio de cuenta, signado por el tercero interesado ********************; en atención a su contenido, se provee lo siguiente: Domicilio y autorizados. Téngase como señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y como autorizados para tal efecto en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a********************por no encontrarse registrada su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Notifíquese por medio de lista; y por oficio al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí,Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Diego Alonso Ávila Veyna, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Auto.San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Estado de autos y separación de juicio. Visto el estado de los autos se advierte que de los informes justificados se advierte diversos actos reclamados; en ese tenor, este órgano jurisdiccional procede separar los autos por las consideraciones que se describirán a continuación, ello en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. Precisión de actos reclamados. En primer término, se debe determinar con exactitud los actos reclamados, para lo cual debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar al momento de estudiar una demanda, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.". En el presente caso, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como de las constancias que obran en autos, se tiene que la parte quejosa reclama los actos consistentes en la orden de aprehensión, detención, presentación, comparecencia y citación, dictada en su contra, así como la ejecución de las mismas, de las autoridades responsables que señala como: AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN, MESA UNO DEL FUERO COMÚN EN SAN LUIS POTOSÍ. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN, MESA DOS DEL FUERO COMÚN EN SAN LUIS POTOSÍ AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN, MESA TRES DEL FUERO COMÚN EN SAN LUIS POTOSÍ AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN, MESA CUATRO DEL FUERO COMÚN EN SAN LUIS POTOSÍ AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN, MESA CINCO DEL FUERO COMÚN EN SAN LUIS POTOSÍ AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN, MESA SEIS DEL FUERO COMÚN EN SAN LUIS POTOSÍ AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN, MESA SIETE DEL FUERO COMÚN EN SAN LUIS POTOSÍ JUEZ DE CONTROL Y DE TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO ADSCRITO AL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL JUEZ DE CONTROL Y DE TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO ADSCRITO AL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL SEDE SAN LUIS POTOSÍ DIRECCIÓN GENERAL DE MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE HOMICIDIOS Y FEMINICIDIOS, DEPENDIENTE DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. Decisión. De lo anterior, se desprende que el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Trámite Común Modulo 4 de la Fiscalía General del Estado, en su informe de ley, manifestó que existe carpeta de investigación ********************, en la que se emitió citatorio mediante el oficio ********************, de fecha diecinueve de abril de dos mil veintitrés, ello derivado de la querella formulada por ********************, por hechos con apariencia de delito de lesiones. Por su parte, el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito a la Primera Región Judicial del Estado, Sala sede, San Luis Potosí, en su informe de ley refirió que en autos del expedientillo penal ********************, el dos de marzo del año en curso, se libró orden de aprehensión en contra del aquí quejoso ********************, por su probable intervención en el delito de ********************, en concurso con el delito de ********************el primero en agravio de ******************** y el segundo en perjuicio de ********************. Ante ello, resulta incuestionable que los actos reclamados, no están relacionados, ya que son autónomos y se le atribuyen a distintas autoridades responsables en diferentes procedimientos, por lo que se encuentran desvinculados entre sí, y no guardan una estrecha relación entre ellos, motivo por el cual, la materia de análisis de los actos reclamados sería individualizada, generándose efectos distintos en las resoluciones que eventualmente se emitieran al respecto. Lo que trae como consecuencia que técnicamente dichos actos no puedan ser analizados y resueltos en un solo juicio de amparo. En consecuencia, se ordena, de oficio, separar los autos del juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en el artículo 217 de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". El citado artículo establece la obligatoriedad de la jurisprudencia del Pleno o de alguna de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, para los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. Lo anterior en relación con la jurisprudencia 76/97, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 118, Tomo VI, septiembre de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, dispone: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación". Conforme a lo anterior, se deben generar los siguientes juicios de amparo, a saber. En el primero será: I. Del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Trámite Común Modulo 4 de la Fiscalía General del Estado, citatorio mediante el oficio ********************, de fecha diecinueve de abril de dos mil veintitrés, dentro de la carpeta de investigación ********************, derivada de la querella formulada por ********************, por hechos con apariencia de delito de lesiones. En el segundo será: II. Del Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito a la Primera Región Judicial del Estado, Sala sede, San Luis Potosí, la orden de aprehensión librada en contra del aquí quejoso ********************, dentro del expedientillo penal ********************, por su probable intervención en el delito de ********************, en concurso con el delito de ********************el primero en agravio de ******************** y el segundo en perjuicio de ********************. Por consiguiente, continúese el trámite ya descrito en relación con la demanda de amparo únicamente por lo que se refiere a los actos reclamados de la autoridad responsable, precisados en el punto I que antecede. Expídase copia certificada del juicio de amparo en que se actúa, y con apoyo en la Jurisprudencia por contradicción P./J. 78/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Septiembre de 1997, Novena Época, página 117, de rubro: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA"; remítanse tales reproducciones, mediante oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, para que por medio del sistema computarizado, registre la demanda en contra de los actos y autoridades identificadas en el punto II, que antecede, y los turne al Juzgado de Distrito que corresponda por razón de turno. Sin que lo aquí expuesto genere un impedimento para que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo derivado del que se actúa, provea lo que considere adecuado y, en caso de no compartir el criterio de este juzgado, se sirva devolverlo a fin de proveer lo conducente. Recepción y envío de escrito. Finalmente, agréguese a los autos copia del escrito de cuenta signado por el quejoso ********************, mediante el cual amplía su demanda de amparo, respecto del acto reclamado del Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito a la Primera Región Judicial del Estado, Sala sede, San Luis Potosí, consistente en la audiencia de dos de marzo del año en curso, emitida en el expedientillo penal ********************, en la que se libró orden de aprehensión en su contra, por su probable intervención en el delito de ******************** y ********************y remítase el escrito original a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, a efecto de que el Juzgado que toque conocer del asunto provea lo conducente. Actualización de causal de improcedencia. Visto el estado que guardan los presentes autos, particularmente del informe rendido por el Agente del Ministerio adscrito a la Unidad de Trámite Común Modulo 4 de la Fiscalía General del Estado, y anexos que acompañó como justificación al mismo, se advierte que respecto del acto reclamado en esta instancia se actualiza una causa de improcedencia, y a fin de evidenciar lo anterior, en principio, se debe determinarlos con exactitud, para lo cual debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en estas premisas, de la lectura íntegra del escrito de demanda e informe justificado de la responsable, se advierte que la parte quejosa acude a la presente instancia constitucional a reclamar: Del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Trámite Común Modulo 4 de la Fiscalía General del Estado, citatorio mediante el oficio ********************, de fecha diecinueve de abril de dos mil veintitrés, dentro de la carpeta de investigación ********************, derivada de la querella formulada por ********************, por hechos con apariencia de delito de lesiones. En el caso, esta juzgadora advierte que en relación a la citación contenida en el oficio ********************, de fecha diecinueve de abril de dos mil veintitrés, dentro de la carpeta de investigación ********************, derivada de la querella formulada por ********************, por hechos con apariencia de delito de lesiones, se actualiza una causa de improcedencia. En efecto, entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio, se encuentra la prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y [.] En la norma transcrita se establece el caso en que, subsistiendo el acto reclamado éste no puede surtir efectos legales o materiales por haber dejado de existir su objeto o materia. En dicha hipótesis se regula la posibilidad de que, aun cuando jurídicamente subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, al haberse actualizado alguna modificación del entorno en que se emitió, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la quejosa en el goce del derecho fundamental que se estime violado o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional. Tal circunstancia podría verificarse en el evento de que la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de la quejosa, también cuando la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica de la peticionaria de garantías. Por tanto, se concluye que en el caso de que el acto reclamado formalmente subsista pero su objeto o materia haya dejado de existir, se actualizará la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, pues carecería de efectos la protección que en su caso se concediera. Robustece lo anterior la tesis dictada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 858, Tomo IV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO POR HABER DEJADO DE EXISTIR LA MATERIA DEL ACTO RECLAMADO. Si se concedió el amparo contra la resolución que declaró heredera a una persona, y ésta, fundándose precisamente en su carácter de heredera, demandó la división de una casa, debe estimarse que los efectos de la concesión de ese amparo se extienden a dejar sin materia el juicio de división mencionado, y por lo mismo, si en el presente amparo se reclama la sentencia dictada en dicho juicio, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, porque aun subsistiendo el acto reclamado, no puede surtir efecto legal alguno, por haber dejado de existir la materia del mismo.". Así como la tesis 2a. XLVIII/98, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, abril de 1998, página 241 cuyo rubro y texto dicen: " "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad.". Como se dijo, el acto reclamado es el citatorio mediante el oficio ********************, de fecha diecinueve de abril de dos mil veintitrés, dentro de la carpeta de investigación ********************, derivada de la querella formulada por ********************, por hechos con apariencia de delito de lesiones, por el que el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Trámite Común Modulo 4 de la Fiscalía General del Estado, citó al quejoso a efecto de que compareciera a las once horas del veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, con el fin de que realizara las manifestaciones que considerara pertinentes para su defensa y hacerle saber la querella formulada en su contra. Lo anterior, se corrobora con las constancias remitidas por la autoridad responsable, consistentes en copias certificadas derivadas de la averiguación ********************, las que merecen valor probatorio pleno, acorde a lo establecido en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. De ahí que el análisis de procedencia del juicio, debe partir de la viabilidad de invalidar la citación a través de la cual el quejoso fue requerido para presentarse ante la autoridad responsable. Pues bien, al día de hoy ya transcurrió la fecha señalada para que se verificara tal citación, es decir, para que compareciera ante dicha autoridad, resulta que no obstante que no ha sido privado de efectos el acuerdo que la contienen, el mero transcurso del tiempo, hizo nugatoria su eficacia. En efecto, la consecuencia de que haya pasado la fecha y hora señaladas para que el quejoso se presentara ante la autoridad responsable, es que dejó de tener la obligación de comparecer a su presencia en ese momento, no obstante que sigue existiendo el mandamiento, pues se verificó una situación de hecho que le privó de eficacia. Por tanto, si bien es cierto que formalmente subsiste el acto reclamado, también lo es que su objeto o materia dejó de existir y, por ende, el juicio promovido en su contra resulta inviable ya que carecería de efectos la protección que en su caso se concediera. Máxime que de las constancias aportadas en el juicio de amparo en que se actúa, no se advierte que hubiere decretado la imposición de alguna medida de apremio en su contra, o haya emitido una determinación en relación con dicho incumplimiento; de lo que se colige que no existe ninguna consecuencia jurídica que amerite su estudio constitucional. Por ello, es factible considerar que no se deja huella en la esfera jurídica del impetrante, actualizándose así la causa de improcedencia relativa. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de las consideraciones expuestas en este proveído, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta minutos del siete de julio de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por medio de lista; y por oficio a las autoridades responsables, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado y a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Diego Alonso Ávila Veyna, Secretario que autoriza y da fe.Razón. Esta foja es parte final del proveído dictado el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, dentro de los autos del juicio de amparo 674/2023-I. Conste.

  4. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Recepción de escrito. Visto el escrito de cuenta signado por José Luis Orta Borjas, parte quejosa en el presente juicio de amparo; en atención a su contenido se provee: Solicitud de consulta del expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Respecto a su petición de que se autorice consultar el expediente electrónico a través del usuario "AELIASC" y también se realicen las notificaciones de manera electrónica; dígase al promovente que se le autoriza para consultar el expediente electrónico en la forma propuesta, asimismo, realícense las notificaciones de carácter personal vía electrónica. Se comisiona a la analista jurídica encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), para que en dicho sistema ingrese el usuario respectivo para tales efectos. Notifíquese por medio de lista.

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