José Luis Olvera Sánchez
Expediente 832/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 832/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/08/2018
Partes del expediente
- José Luis Olvera Sánchez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra el auto en que se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Ahora bien, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que por sus características amerite ser devuelto, con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal....V
- Principal
Agréguese a los autos el oficio remitido por la Presidenta en Funciones por Ministerio de Ley de la Junta Especial, Número Dos de la Local de conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, mediante el cual rinde su informe justificado y remite copia autógrafa del acuerdo de diecisiete de julio del año en curso, dictado en el expediente *********, de su índice; en consecuencia, este órgano jurisdiccional toma nota de lo informado para los efectos legales conducentes. Por tanto, en atención a lo informado por la autoridad responsable en el oficio de cuenta y visto el contenido de la constancia agregada al mismo, se hace patente la actualización de una causa de improcedencia del juicio de amparo, tal como lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Para dar sustento a lo anterior es necesario precisar el acto reclamado, así como la autoridad responsable a quien se le atribuye: Autoridad responsable: Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro. Acto reclamado: Omisión de señalar día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Teniendo en cuenta lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo, donde se dispone que la observancia de las causas de improcedencia en el juicio debe ser de orden público y de estudio preferente a cualquier otro aspecto, tal y como está interpretado por la Jurisprudencia número 800, consultable en la página 553, Tomo VI, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO", este juzgado federal estima que el juicio de amparo que ahora se atiende resulta improcedente, como se explica enseguida. Una vez analizadas las actuaciones remitidas por la responsable, se observa que el acto reclamado consiste en la omisión de señalar día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el expediente número ****************** del índice de la autoridad responsable, se advierte la actualización de la causal de improcedencia y sobreseimiento contemplada por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo que establece: La disposición jurídica de que se habla, expresamente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" En primer término la cesación de efectos del acto reclamado se traduce en que lo que dictó, ejecutó o pretende ejecutar u omitió la autoridad responsable, deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa al cesar su actuación, es decir, ello implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto u omisión. La ratio legis de la causa de improcedencia en alusión estriba en que al haber desaparecido el motivo originador del juicio de amparo, no es posible entrar al análisis del acto que ya no está surtiendo efectos, porque la finalidad del juicio de amparo consiste en que una vez estudiada la constitucionalidad del acto reclamado, éste sea anulado, por ser contrario al texto de la Ley Suprema del país, empero, en el supuesto normativo en comento, esa situación no puede darse al haber cesado (dejar de producir consecuencias) el acto reclamado, por lo que el juicio de amparo se torna improcedente, al no haber la posibilidad material de llegar a la finalidad primigenia perseguida con este medio de defensa, esto es, la anulación del acto, que en este caso ya no existe (porque cesó en sus efectos). Ilustra al respecto, la Jurisprudencia III.2o.C. J/22, perteneciente a la Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, Febrero de 2006, página 1579, cuyo rubro y texto son al tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Así es, la interpretación literal y sistemática de dichos preceptos conduce a determinar que, para que la causa de improcedencia del juicio constitucional consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que se derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo que antecede, encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo IX, Junio de 1999, página 38, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Pues bien, en el caso en concreto el quejoso, compareció ante esta instancia constitucional para reclamar, sustancialmente, la omisión de señalar día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el expediente número ****************del índice de la autoridad responsable. Por su parte, la Presidenta en Funciones por Ministerio de Ley de la Junta Especial, Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Querétaro, remitió como constancia anexa a su informe justificado, copia autógrafa del acuerdo de fecha diecisiete de julio del año en curso dictado en expediente ********* de su índice; de las cuales se advierte que, señaló las OCHO HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Constancia a la que se le confiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de copia autógrafa expedida por funcionario público en ejercicio de sus facultades. Apoya lo anterior el siguiente criterio jurisprudencial 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo VII, Febrero de 1998, visible a página 210 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." La causal de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, han cesado los efectos del acto reclamado, pues la autoridad responsable señalada dictó el acuerdo correspondiente; en esa medida, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sirve de puntual apoyo a lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis listada con el número 2a./J. 59/99, página 38, del Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Entonces, al haber desaparecido el motivo originador del juicio de amparo por una parte y ante la inexistencia del diverso acto reclamado no es posible entrar al análisis del acto que ya no está surtiendo efectos, de ahí que operó la cesación en los efectos de los actos reclamados, lo cual torna improcedente el juicio con fundamento en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En las relatadas circunstancias, al haberse actualizado en la especie la causa de improcedencia en el presente juicio, se impone necesario SOBRESEER el juicio de amparo con fundamento en los artículos 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada en autos a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro...V NP
- Principal
A PRIMER HORA HÁBIL DEL VEINTITRÉS DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, CON BASE EN LOS DISPUESTO EN AUTO ADMISORIO DE DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO Y EN LA RAZÓN ACTUARIAL DE VEINTE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, SE NOTIFICA PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA JOSÉ LUIS OLVERA SÁNCHEZ, POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO, EL ACUERDO DE DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE DICE: Agréguese a los autos el oficio remitido por la Presidenta en Funciones por Ministerio de Ley de la Junta Especial, Número Dos de la Local de conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, mediante el cual rinde su informe justificado y remite copia autógrafa del acuerdo de diecisiete de julio del año en curso, dictado en el expediente *********, de su índice; en consecuencia, este órgano jurisdiccional toma nota de lo informado para los efectos legales conducentes. Por tanto, en atención a lo informado por la autoridad responsable en el oficio de cuenta y visto el contenido de la constancia agregada al mismo, se hace patente la actualización de una causa de improcedencia del juicio de amparo, tal como lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Para dar sustento a lo anterior es necesario precisar el acto reclamado, así como la autoridad responsable a quien se le atribuye: Autoridad responsable: Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro. Acto reclamado: Omisión de señalar día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Teniendo en cuenta lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo, donde se dispone que la observancia de las causas de improcedencia en el juicio debe ser de orden público y de estudio preferente a cualquier otro aspecto, tal y como está interpretado por la Jurisprudencia número 800, consultable en la página 553, Tomo VI, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO", este juzgado federal estima que el juicio de amparo que ahora se atiende resulta improcedente, como se explica enseguida. Una vez analizadas las actuaciones remitidas por la responsable, se observa que el acto reclamado consiste en la omisión de señalar día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el expediente número ****************** del índice de la autoridad responsable, se advierte la actualización de la causal de improcedencia y sobreseimiento contemplada por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo que establece: La disposición jurídica de que se habla, expresamente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" En primer término la cesación de efectos del acto reclamado se traduce en que lo que dictó, ejecutó o pretende ejecutar u omitió la autoridad responsable, deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa al cesar su actuación, es decir, ello implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto u omisión. La ratio legis de la causa de improcedencia en alusión estriba en que al haber desaparecido el motivo originador del juicio de amparo, no es posible entrar al análisis del acto que ya no está surtiendo efectos, porque la finalidad del juicio de amparo consiste en que una vez estudiada la constitucionalidad del acto reclamado, éste sea anulado, por ser contrario al texto de la Ley Suprema del país, empero, en el supuesto normativo en comento, esa situación no puede darse al haber cesado (dejar de producir consecuencias) el acto reclamado, por lo que el juicio de amparo se torna improcedente, al no haber la posibilidad material de llegar a la finalidad primigenia perseguida con este medio de defensa, esto es, la anulación del acto, que en este caso ya no existe (porque cesó en sus efectos). Ilustra al respecto, la Jurisprudencia III.2o.C. J/22, perteneciente a la Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, Febrero de 2006, página 1579, cuyo rubro y texto son al tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Así es, la interpretación literal y sistemática de dichos preceptos conduce a determinar que, para que la causa de improcedencia del juicio constitucional consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que se derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo que antecede, encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo IX, Junio de 1999, página 38, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Pues bien, en el caso en concreto el quejoso, compareció ante esta instancia constitucional para reclamar, sustancialmente, la omisión de señalar día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el expediente número ****************del índice de la autoridad responsable. Por su parte, la Presidenta en Funciones por Ministerio de Ley de la Junta Especial, Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Querétaro, remitió como constancia anexa a su informe justificado, copia autógrafa del acuerdo de fecha diecisiete de julio del año en curso dictado en expediente ********* de su índice; de las cuales se advierte que, señaló las OCHO HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Constancia a la que se le confiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de copia autógrafa expedida por funcionario público en ejercicio de sus facultades. Apoya lo anterior el siguiente criterio jurisprudencial 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo VII, Febrero de 1998, visible a página 210 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." La causal de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, han cesado los efectos del acto reclamado, pues la autoridad responsable señalada dictó el acuerdo correspondiente; en esa medida, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sirve de puntual apoyo a lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis listada con el número 2a./J. 59/99, página 38, del Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Entonces, al haber desaparecido el motivo originador del juicio de amparo por una parte y ante la inexistencia del diverso acto reclamado no es posible entrar al análisis del acto que ya no está surtiendo efectos, de ahí que operó la cesación en los efectos de los actos reclamados, lo cual torna improcedente el juicio con fundamento en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En las relatadas circunstancias, al haberse actualizado en la especie la causa de improcedencia en el presente juicio, se impone necesario SOBRESEER el juicio de amparo con fundamento en los artículos 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada en autos a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro...V
- Principal
...RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda promovida por ******, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Querétaro. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 832/2018-V; procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio. ADMISIÓN. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 5, 35, 37, 107, 108, 112, 116 y relativos de la Ley de Amparo; se ADMITE a trámite la demanda de que se trata, por cumplir con los requisitos que establece la ley de Amparo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que en el caso sea necesario formar incidente de suspensión, al no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, para llevar a cabo la audiencia constitucional de este juicio. INFORMES JUSTIFICADOS. Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídanse los informes justificados a las autoridades señaladas como responsables mismas que deberán rendirlo DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS HABILES siguientes a aquél en que reciban el oficio por el que se les pide dicho informe, en el entendido que en el mismo deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, haciéndoles saber que de no rendir el informe en el tiempo y forma establecidos, se presumirán ciertos los actos que se les atribuyen, de acuerdo a lo dispuesto por el ordinal 117 de la referida ley. APERCIBIMIENTO. Con fundamento en el artículo 260, fracción II, y 238 de la actual Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable, que de no rendir el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se hará acreedora a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho. PUNTUALIZACIÓN RESPECTO A LA DENOMINACIÓN ERRÓNEA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Nueva Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de los quejosos, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del numeral 79, del ordenamiento invocado), se apercibe a la parte quejosa respecto a que si la autoridad responsable no existen con la denominación que indica en su demanda, se le tendrá por inexistente, suspendiéndose toda comunicación con la misma y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en su denominación, tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y al principio de celeridad procesal. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Con apoyo en los numerales 9º, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse por delegados a las personas que, en su caso, nombren las autoridades responsables y por indicados los domicilios para oír y recibir notificaciones que señalen. Sin que haya lugar a tener como autorizados para consultar expedientes y recibir documentos a las personas que mencionen las responsables, toda vez que esa facultad está reservada para la parte quejosa y los terceros interesados; lo anterior, con excepción de los particulares señalados como autoridades responsables. OBLIGACIÓN DE RECIBIR OFICIOS. Se les hace saber a las autoridades señaladas como responsables que tienen la obligación de recibir los oficios aun cuando su denominación no sea la actual pero lleven a cabo las funciones de la autoridad que señale el quejoso, en el entendido de que negarse a recibir los oficios se harán acreedores a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho. REQUIERE POR CONSTANCIAS SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En otra línea, con fundamento en el artículo 64, de la ley del juicio constitucional, se requiere tanto a las autoridades señaladas como responsables, como a la autoridad llamada a este juicio y a la parte quejosa, para que comuniquen de inmediato a este juzgado si durante la secuela de este juicio se actualiza alguna causa de sobreseimiento y sobre todo, informen si es de su conocimiento que la parte quejosa ha promovido diverso juicio de amparo, y en su caso, informen el estado procesal del respectivo juicio de amparo. PRUEBAS. Con apoyo en lo establecido por el artículo 119 de la ley que rige el juicio constitucional, ténganse como pruebas de la parte quejosa las que ofrece en su demanda de amparo, sin perjuicio de su relación al celebrarse la audiencia constitucional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere, y, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, segundo párrafo, se tiene como autorizados en términos restringidos, a las personas nombradas, toda vez que no acreditaron contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. INTERVENCIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA ADSCRIPCIÓN. Con base en lo que establece el artículo 5°, fracción IV, de la ley de la materia, dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que le confiere la ley corriéndole traslado con la copia de la demanda. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce...V
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