José Luis Olvera Guevara
Expediente 276/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 276/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/05/2022
Partes del expediente
- José Luis Olvera Guevara
Actuaciones
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos del juicio constitucional en que se actúa y el contenido de la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran el recurso de revisión contemplado por el numeral 81, fracción I, inciso e), de la citada legislación, en contra de la sentencia en la que se decretó el sobreseimiento emitida el veintiocho de abril de dos mil veintidós; en tal razón, con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. Lo anterior es procedente, con independencia de que no se haga el cómputo de las autoridades responsables, pues conforme lo dispone el artículo 87 de la ley de la materia, éstas sólo podrían interponer el recurso de revisión si el sentido de la sentencia dictada afectara el acto que les fue reprochado, salvo que se trate de amparo contra leyes; lo que no acontece en la especie, dado el sentido del fallo emitido al haberse sobreseído y la naturaleza del acto reclamado en el presente juicio constitucional. Es aplicable al respecto, la tesis de jurisprudencia XIX1ºA.C.,J/1 (10ª), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, Décima Época, visible a página 2564, del libro 34, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, septiembre de dos mil dieciséis, tomo IV, cuyo rubro y texto dicen: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARERCE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita. En virtud de lo anterior, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veintiocho de abril de dos mil veintidós. Visto para resolver el juicio de amparo 276/2022-II, promovido por José Luis Olvera Guevara, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el siete de marzo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, y recibido el ocho de ese mismo mes y año, en este Juzgado de Distrito José Luis Olvera Guevara, promovió juicio de amparo indirecto, en el que como autoridades responsables y actos reclamado señaló lo siguiente: Autoridades responsables: a) Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. b) Actuaria adscrita a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Ambos de esta ciudad. Acto reclamado: "4.1.- De la autoridad señalada en el numeral 3, se reclama la omisión del señalamiento de fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia inicial del juicio laboral en términos de lo expuesto por el artículo 873, de la Ley Federal del Trabajo, y la substanciación del juicio en la forma y términos previstos por los artículos 873 al 891 del ordenamiento legal en cita, dilatando la substanciación del juicio sin razón legal. 4.2.- De la autoridad señala en el numeral 3.1, se reclama la omisión del emplazamiento a juicio de la persona moral denominada Nacional de Alimentos Y Elados, S. A. DE C. V., y las notificaciones personales que deba realizar durante todo el procedimiento." SEGUNDO. El nueve de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de garantías, la cual quedó registrada bajo el número 276/2022-II, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables, se dio la intervención que le corresponde al Fiscal de la Federación adscrito y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo según el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es de establecerse que conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el titular del juzgado puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención de la peticionaria del amparo, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordinal invocado. Así, del estudio integral de la demanda de garantías y de la constancia que obra en autos, se desprende que los actos que reclama la parte quejosa consisten en: La omisión de la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, en administrar justicia en los plazos y términos que para tal efecto fija la Ley Federal del Trabajo, al no señalar fecha para el desahogo de la audiencia inicial dentro del expediente administrativo laboral 398/E06/2021; y, La omisión de ordenar el emplazamiento de la parte demandada Nacional de Alimentos y Elados, S. A. DE C. V. La omisión de la actuaria adscrita a la citada junta de llevar a cabo el emplazamiento a la demandada. No escapa para este Juzgado de Distrito que el quejoso señala también como acto destacado: "La substanciación del juicio en la forma y términos previstos por los artículos 873 al 891 del ordenamiento legal en cita, dilatando la substanciación del juicio sin razón legal." "Las notificaciones personales que se deba realizar durante todo el procedimiento." Empero, se invoca como hecho notorio para este órgano jurisdiccional, que conforme a la resolución relativa al recurso de inconformidad 282/2013, de dieciocho de septiembre de dos mil trece, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el criterio sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, fue abandonado, al considerarse que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto de los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. El criterio que ahora se invoca, se encuentra publicado en la página 732 del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que en su rubro y texto señala: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Luego entonces, como se dijo el acto que aquí se analizará se delimitó en función del mismo, conforme a la etapa específica donde se incurrió en la dilación u omisión reclamada. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La Presidenta por ministerio de ley de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó la existencia de acto que se le atribuye. La anterior negativa encuentra sustento en las copias certificadas de diversas actuaciones que integran el expediente 398/E06/2021, pues de ellas se obtiene que mediante auto de uno de julio de dos mil veintiuno, admitió a trámite la demanda laboral formulada por Gustavo Daniel Tovar Adán, y se señaló fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, además en dicho asunto, se ordenó también el emplazamiento de la demandada. Las documentales aludidas en el párrafo anterior, tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que fueron certificadas por la secretaria de acuerdos de dicho tribunal del trabajo, esto es, por una fedataria en ejercicio de sus funciones. Argumento que es apoyado por la jurisprudencia 226, publicada en la página 153, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por otra parte, la actuaria adscrita a dicha junta, al rendir su informe justificado, refirió que no le era posible manifestar si era cierto o no el acto reclamado, al no contar con traslado alguno respecto al expediente 398/E06/2021, promovido por el aquí quejoso; por tanto, ante lo expuesto por la autoridad ordenadora, se tiene por no cierto el acto reclamado a ésta. Ahora bien, José Luis Olvera Guevara, promueve este juicio señalando omisiones derivadas del expediente 398/E06/2021, pero se advierte de las documentales que se recepcionaron en el presente juicio biinstancial que el aquí quejoso no forma parte de la relación jurídico procesal habida en el expediente de origen, dado que la parte actora en el aludido juicio es Gustavo Daniel Tovar Adán; mientras que la demandada es "Inteva México", S. de R. L., de C. V., y en este tenor, dada la inexistencia de acto de privación o de molestia alguno en su perjuicio, resulta ajeno a la titularidad de esos derechos que estima infringidos por la omisión reclamada, de ahí que de las constancias de los autos aparece claramente demostrado que no existe el acto reclamado que alude el aquí impetrante de garantías, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del ordinal 63 de la invocada legislación. En tales condiciones, el quejoso no desvirtuó la negativa realizada por la Presidenta por ministerio de ley de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, con prueba en contrario; consecuentemente en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de garantías. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, fracción IV, 74, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por José Luis Guevara Olvera, conforme a los lineamientos expuestos en los considerandos tercero y quinto de la presente sentencia. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, seis de abril de dos mil veintidós. Ténganse por recibidos y agréguense a sus autos para que obren como correspondan, los informes justificados rendidos por la Presidenta por ministerio de ley y por el actuario adscrito, ambos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pónganse a la vista de las partes a fin de que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarlos nuevamente en la audiencia constitucional respectiva. Asimismo, se tiene a la primera de las autoridades oficiantes dando cumplimiento al párrafo quinto del numeral 117 de la ley de la materia, con las documentales que remite para apoyar su informe. Con motivo de lo anterior, a fin de que las partes se impongan del contenido de los informes que se recepcionan, con fundamento en el párrafo segundo del dispositivo 117 de la legislación en comento, se hace necesario diferir la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan de nueva cuenta las diez horas con cuarenta y ocho minutos del veintiocho de abril de dos mil veintidós, para su desahogo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, nueve de marzo de dos mil veintidós. Admisión de demanda. Téngase por recibido el escrito de demanda signado por José Luis Olvera Guevara, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en esta ciudad y otra autoridad; regístrese en el libro respectivo con el número 276/2022-II. En consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de garantías. Juicio en línea. Tomando en cuenta que al promoverse el presente asunto se realizó de forma física, se exhorta a la partes para que, de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; atendiendo a ello, deberán haber solicitado la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que este juzgado debe haber autorizado; en el entendido de que la actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente. Sin embargo, para el caso de quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de su representante legal, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y las notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Intervención al Fiscal de la Federación adscrito. Con apoyo en el ordinal 107, fracción XV, en relación con el 4º., fracción IV de la ley reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dese la intervención que legalmente le corresponde al Fiscal de la Federación adscrito. Incidente de suspensión. Sin que sea necesario tramitarse el incidente de suspensión por no haberse solicitado. Informe justificado. En términos de los artículos 115 y 117 de la ley de la materia, pídanse los informes justificados a las autoridades señaladas como responsables, quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo y, de ser cierto el acto reclamado por el quejoso, remitir las constancias necesarias. Apercibidas que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, o no remitir las copias certificadas completas y legibles de las citadas constancias para la solución del juicio constitucional, se hará acreedora a una multa de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional), equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en la Ciudad de México; ello conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo además del artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Causas de sobreseimiento. Requiérase a la parte agraviada y a las autoridades responsables, para que informen oportunamente a este juzgado, si cesaron los efectos del acto reclamado o si ocurren causas notorias de sobreseimiento, como lo prevé el artículo 64 de la ley de la materia. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá una multa de $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos, 60/100 moneda nacional), equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en la Ciudad de México; ello conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con sustento en el numeral 251 de la ley de la materia. Audiencia constitucional. De conformidad en el numeral 115 de la Ley de Amparo, se cita a la audiencia constitucional, misma que se llevará a cabo a las diez horas con veintiocho minutos del seis de abril de dos mil veintidós. Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el indicado en su escrito de demanda, y como autorizados en términos del artículo 12 de la ley de la materia, a los profesionistas que refiere, y únicamente para imponerse de los autos a las personas que menciona. Transparencia. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario que actúa y da fe.
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