José Luis Olguín Ruiz

Expediente 1091/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 20 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1091/2018
Año
2018
Actuaciones
20
Última actuación
18/02/2019

Partes del expediente

  • José Luis Olguín Ruiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto; tomando en consideración que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que las partes se inconformaran en contra del proveído en el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, se tiene POR CONSENTIDO DICHO AUTO. Con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, interpretado a contrario sensu, archívese el expediente como asunto concluido. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en lo establecido por el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, por el Presidente de ese alto tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN; toda vez que, encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo CONCEDIDO. En atención a lo anterior, es evidente que el presente juicio tiene valor jurídico, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; QUINCE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto; toda vez que las partes no desahogaron la vista ordenada en autos, en consecuencia, este Juzgado Federal se pronuncia sobre el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. EFECTOS DE LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL. En resolución constitucional de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho (fojas 86 a la 96), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a José Luis Olguín Ruiz, para el efecto de que la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, dejara insubsistente la resolución de trece de agosto de dos mil dieciocho, dictada en el toca 386-B-1C01/2018, de su índice y en su lugar dictara otra en la que, con libertad de jurisdicción, fundara y motivara pormenorizadamente su determinación, esto es: a) En relación con la pensión alimenticia provisional: 1. Al establecer el estado de necesidad de los acreedores, deberá atender a las circunstancias particulares de Marcia Herrera Casanova y los menores J. L. y L. E. de apellidos O. H., para poder establecer con claridad cuáles son esas necesidades que en específico deben ser solventadas; 2. Por cuanto hace a las posibilidades reales del deudor para cumplirla, debe exponer los razonamientos tendientes a justificar la capacidad económica del demandado para cubrir la cantidad que se fije; y, 3. Debe justificar cuál es el entorno social en que se desenvuelven tanto el acreedor como el deudor alimentario, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenecen, además de razonar la manera en que ello influye para fijar cierta cantidad por concepto de pensión alimenticia. b) En relación con la orden provisional de congelar cuentas bancarias, tarjetas de crédito o débito, deberá: 1. Indicar el o los preceptos legales en que se funda; y, 2. Expresar las razones por las cuales dicha determinación es necesaria para garantizar la eficacia de la determinación conforme a la cual se fija la pensión alimenticia, así como para cumplir con el objetivo de la obligación alimentaria, consistente en cubrir la necesidad de subsistencia de los acreedores. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO. El siete de noviembre de la actual anualidad, causó ejecutoria la sentencia constitucional y se requirió a la responsable su cumplimiento (fojas 100 y 101). En atención a ello, la responsable remitió copia certificada de la resolución de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el toca 386-B-1C01/2018, de su índice (fojas 112 a la 168). En auto de veintiséis de noviembre del actual, se dio vista a las partes con el contenido de la constancia de referencia, para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera (foja 169). En acuerdo de once de diciembre de dos mil dieciocho, este juzgado federal tuvo por parcialmente cumplida la ejecutoria en comento (fojas 177 a 185). Lo anterior, pues en relación con la orden provisional de congelar cuentas bancarias, tarjetas de crédito o débito del peticionario de garantías, aunque indicó los preceptos legales en que se fundó tal determinación (fojas 160, 162 y 163): Se argumenta lo anterior, porque en la fracción III, del artículo 278 del Código Civil del Estado, se aprecia que al admitirse la demanda de divorcio, o antes si hubiere urgencia, los juzgadores de primer grado, deberán señalar y asegurar de forma provisional y solo para mientras dure el juicio, las cantidades que a título de alimentos debe dar el deudor alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos; asimismo, el numeral 313 ídem, establece que el aseguramiento puede consistir en hipoteca, prenda, fianza o depósito bastante a cubrir los alimentos; lo que se concluye, que de forma implícita da la posibilidad de embargar o en su caso congelar cuentas bancarias, para poder asegurar los alimentos a favor de la actora y de los multicitados infantes; por tal razón, su agravio es infundado. Para mayor entendimiento, este cuerpo colegiado considera pertinente transcribir los artículos 278 y 313 del Código Civil del Estado, mismos que establecen lo siguiente: . Es más, el artículo 984 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, ordena que en los asuntos relativos a alimentos, a petición de parte o de oficio el juez solicitará informes y cuando no cuente con elementos suficientes para comprobar el ingreso del deudor alimentario, determinará la pensión alimenticia señalando un % porcentaje del salario mínimo diario que rija en la entidad, decretando el embargo, en su caso, de salarios o bienes suficientes para garantizarla o hacerla efectiva; por lo que, en ese sentido, su agravio es totalmente infundado. De esta manera, es correcto que la jueza natural, atendiendo a su facultad discrecional y apoyándose en los numerales 278, fracción III y 313, del Código Civil del Estado, con relación a los artículos 982 y 984 del Código Adjetivo Civil del Estado, haya ordenado congelar las cuentas bancarias del demandado ahora apelante, para así estar en condiciones de asegurar los alimentos a favor de la actora y de los infantes; por tal motivo, su agravio es infundado. No expresó las razones por las cuales dicha determinación (la orden provisional de congelar cuentas bancarias, tarjetas de crédito o débito del peticionario de garantías), era necesaria para garantizar la eficacia de la determinación conforme a la cual se fija la pensión alimenticia, así como para cumplir con el objetivo de la obligación alimentaria, consistente en cubrir la necesidad de subsistencia de los acreedores. Ello, pues en la parte considerativa de la sentencia constitucional se estableció que la sala responsable no había indicado las razones por las cuales resultaba necesario el embargo de cuentas bancarias, tarjetas de crédito o débito que contengan saldo a favor del ahora quejoso, a fin de garantizar los alimentos provisionales, tomando en consideración las circunstancias especiales del caso en concreto. Es decir, tomando en consideración que se obligó al ahora quejoso al pago mensual de la cantidad de $121,936.80 (ciento veintiún mil pesos novecientos treinta y seis pesos con ochenta centavos), no se estableció la forma en que debían ser cubiertos; esto es, mediante transferencia bancaria, depósito en cuenta, entrega en efectivo u otras. Además, atendiendo a que se ordenó el embargo de cuentas bancarias, tarjetas de crédito o débito que contengan saldo a favor del ahora quejoso, sin considerar un monto mínimo ni máximo, lo cual traería como consecuencia una indisponibilidad total de los recursos financieros del ahora quejoso, y no se explica de qué manera ello es eficaz para satisfacer la necesidad de subsistencia de los acreedores alimentistas; es decir, se debe explicar cómo dicha medida contribuirá a que el ahora quejoso cumpla puntualmente con su obligación alimenticia, por lo que se requirió nuevamente su cumplimiento (foja 184 vuelta). Posteriormente, mediante oficio 1140-B/2018, de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, la Secretaria General de Acuerdos de la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil Zona 01 Tuxtla del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, remitió resolución de la misma data (fojas 194 a 247), con la que se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera (foja 248). PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR. En la resolución constitucional dictada en el presente juicio, se determinó conceder el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, en razón de los siguientes argumentos torales: "Al respecto, es correcto que para fijar el monto de la obligación alimentaria, sea provisional o definitiva, debe atenderse a 1) el estado de necesidad del acreedor, 2) las posibilidades reales del deudor para cumplirla, y 3) el entorno social en que éstos se desenvuelven, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenecen, en términos de los artículos 304, 305, 307 y 310 del Código Civil para el Estado de Chiapas . Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 44/2001, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Agosto de 2001, página 11, registro IUS 189214, de rubro y texto siguientes: "ALIMENTOS. REQUISITOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA FIJAR EL MONTO DE LA PENSIÓN POR ESE CONCEPTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE CHIAPAS). De lo dispuesto en los artículos 308, 309, 311 y 314 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos 304, 305, 307 y 310 del Estado de Chiapas, se advierte que los legisladores establecieron las bases para determinar el monto de la pensión alimenticia, las cuales obedecen fundamentalmente a los principios de proporcionalidad y equidad que debe revestir toda resolución judicial, sea ésta provisional o definitiva, lo que significa que para fijar el monto de esta obligación alimentaria debe atenderse al estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del deudor para cumplirla, pero, además, debe tomarse en consideración el entorno social en que éstos se desenvuelven, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenecen, pues los alimentos no sólo abarcan el poder cubrir las necesidades vitales o precarias del acreedor, sino el solventarle una vida decorosa, sin lujos, pero suficiente para desenvolverse en el status aludido; de ahí que no sea dable atender para tales efectos a un criterio estrictamente matemático, bajo pena de violentar la garantía de debida fundamentación y motivación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, eventualmente, hacer nugatorio este derecho de orden público e interés social." No obstante, la sala responsable no señaló con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto reclamado, precisamente en relación con los elementos que deben ser considerados para fijar los alimentos de manera provisional, a fin de que la resolución respectiva cumpla con la suficiente motivación. En breve, en relación con 1) el estado de necesidad de los acreedores, la Sala no hace referencia alguna a la actora Marcia Herrera Casanova, pues no establece de manera clara cuál es ese estado de necesidad que le confiere el derecho a recibir alimentos, sino únicamente refiere que J. L. y L. E. de apellidos O. H., son menores de edad, por tener diecisiete años con once meses y trece años con siete meses, respectivamente, lo cual hace patente su estado de necesidad. Es decir, el estado de necesidad del acreedor alimentario constituye el origen y fundamento de la obligación de alimentos, por ello, es importante destacar que este estado de necesidad surge de la necesidad y no de la comodidad, por lo que es evidente que quien tiene posibilidades para trabajar no puede exigir de otro la satisfacción de sus necesidades básicas; por lo cual, la Sala debe exponer las razones por las cuales considera que Marcia Herrera Casanova tiene derecho a recibir alimentos del quejoso José Luís Olguín Ruiz, así como las necesidades que deben ser cubiertas en cada caso particular, incluyendo a los menores J. L. y L. E. de apellidos O. H, pues no es claro en establecer cuáles son esas necesidades en el caso concreto. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 34/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, página 603, registro IUS 2012362, que dice: "ALIMENTOS. EL ESTADO DE NECESIDAD DEL ACREEDOR ALIMENTARIO ES ESTRICTAMENTE INDIVIDUAL Y SURGE DE LA NECESIDAD Y NO DE LA COMODIDAD. Esta Primera Sala ya ha establecido que el estado de necesidad del acreedor alimentario constituye el origen y fundamento de la obligación de alimentos. En este sentido, es importante destacar que este estado de necesidad surge, como su nombre lo indica, de la necesidad y no de la comodidad, por lo que es evidente que quien tiene posibilidades para trabajar no puede exigir de otro la satisfacción de sus necesidades básicas. Además, se trata de un derecho estrictamente individual, por lo que para que se actualice la obligación de alimentos se debe tener en cuenta la necesidad del acreedor de los mismos y no de las personas que tiene a su cargo." Ello, porque el juzgador al determinar el monto de una pensión alimenticia debe estar a cada caso en particular y sustentarse en los dos principios fundamentales que lo rigen, esto es: "la posibilidad del que tiene la obligación de darlos y la necesidad de quien deba recibirlos", pues en toda determinación que se asuma al respecto, observando que se tratan de disposiciones de orden público e interés social, debe procurar se eviten situaciones injustas y perjudiciales para cualquiera de las partes contendientes. Es importante señalar que una pensión alimenticia no sólo debe circunscribirse a cubrir las necesidades indispensables para la subsistencia del acreedor alimentario, sino también debe comprender lo necesario para que sobreviva y tenga lo suficiente, acorde a la situación económico-social a la que se encuentra acostumbrado, y se desarrolle la familia de la que forma parte; esto es, que si bien en tal asignación no deben existir procuración de lujos ni gastos superfluos, tampoco debe ser tan precaria que sólo cubra las necesidades más apremiantes o de subsistencia del acreedor. Se afirma de este modo, atendiendo a que el artículo 304, del Código Civil para el Estado de Chiapas, establece que los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en caso de enfermedad; en relación con los menores comprende también los gastos necesarios para la educación primaria del acreedor alimentario y el de proporcionarle algún oficio, arte o profesión, honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales; y con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, lo necesario para lograr, en lo posible, su habitación o rehabilitación y su desarrollo. Al respecto, la Sala responsable también debe hacer un análisis del agravio hecho valer por el ahora quejoso, por el cual argumenta que el rubro de vivienda se encuentra cubierto, ya que no hizo pronunciamiento alguno al respecto y es uno de los aspectos a considerar para fijar el monto de la pensión alimenticia provisional que debe pagar el deudor alimentario. Por tanto, la autoridad responsable no debe limitarse a enunciar tales rubros, sino que debe atender a las circunstancias particulares de Marcia Herrera Casanova y los menores J. L. y L. E. de apellidos O. H., para poder establecer con claridad cuáles son esas necesidades que en específico deben ser solventadas, acorde a la situación económico-social a la que se encuentran acostumbrados, procurando se eviten situaciones injustas y perjudiciales para cualquiera de las partes. Por otra parte, en relación con el segundo elemento que debe ser tomado en consideración al fijar el monto de pensión alimenticia, consistente en 2) las posibilidades reales del deudor para cumplirla, la Sala no hizo estudio alguno del cual se advierta la posibilidad del ahora quejoso de otorgar por concepto de alimentos la cantidad mensual de $121,936.80 (ciento veintiún mil pesos novecientos treinta y seis pesos con ochenta centavos), ya que se limitó a establecer que se trata de una medida provisional justa y equitativa, pero sin exponer ningún razonamiento tendiente a justificar esa capacidad económica del demandado para cubrir tal cantidad. Por lo que, en este aspecto, la sala responsable no cumple con su obligación de motivar su determinación; esto es, de señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que sirvieron para justificar la capacidad económica de José Luís Olguín Ruiz para pagar de forma mensual $121,936.80 (ciento veintiún mil pesos novecientos treinta y seis pesos con ochenta centavos). Finalmente, en relación con el elemento número 3), relativo a tomar en consideración el entorno social en que se desenvuelven tanto el acreedor como el deudor alimentario, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenecen, la Sala solamente estableció que "tienen un estándar de vida medio alto (por dedicarse a la actividad empresarial)", pero este juzgador considera insuficiente dicha afirmación para motivar una resolución provisional de alimentos como la que nos ocupa. Dicho en forma breve, no es suficiente establecer que las partes en el juicio de origen tienen un estándar de vida medio-alto, por dedicarse a la actividad empresarial, sino que se debe justificar cada uno de los elementos a tomar en consideración; a saber, el entorno social en que se desenvuelven tanto los acreedores como el deudor alimentario, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenecen, además de razonar la manera en que ello influye para fijar cierta cantidad por concepto de pensión alimenticia, lo cual no realizó la Sala responsable. Por otra parte, en relación con la orden de enviar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a fin de que en caso de existir contratos de cuentas bancarias, tarjetas de crédito o débito y éstas contengan saldo a favor del ahora quejoso, se proceda a ordenar de forma provisional la congelación de las mismas; la Sala responsable declaró infundado el agravio hecho valer por el apelante, pero no expresó el fundamento ni los motivos que tuvo para ello. En principio, la parte apelante expresó que la orden de congelar sus cuentas bancarias le causa una afectación exorbitante, la cual le impide desarrollar sus actividades en las que genera ingresos para pagar la pensión alimenticia y le provocaría el incumplimiento de sus obligaciones comerciales, personales, familiares y de toda naturaleza. Al dar contestación al mencionado agravio, la Sala determinó correcta la orden del juzgador natural, porque servirá para garantizar la medida provisional de alimentos, atendiendo a la facultad discrecional de la juzgadora y al interés superior de los menores involucrados, aunado a que "será únicamente durante el trámite del juicio". Sin embargo, la autoridad responsable no expresa con exactitud el precepto legal aplicable al caso (fundamentación), pues no cita fundamento legal alguno ni estudia por qué los artículos en que se basó el juzgador de primera instancia son aplicables al caso concreto. Ello, tomando en consideración que el artículo 680 A, del Código Adjetivo Civil en la Entidad, establece que cualquiera que sea el tipo de juicio en el que intervengan como parte menores de edad o incapaces, deberá suplirse la deficiencia de los agravios, de tal modo que queden protegidos los derechos de los mismos; de ahí que al resolver la apelación tiene obligación de analizar todos los puntos litigiosos, lo cual de manera importante abarca el estudio de la correcta aplicación de los preceptos legales, en respeto de los principios de congruencia y exhaustividad de las resoluciones jurisdiccionales. Además, la sala responsable no indicó las razones por las cuales resulta necesario el embargo de cuentas bancarias, tarjetas de crédito o débito que contengan saldo a favor del ahora quejoso, a fin de garantizar los alimentos provisionales, tomando en consideración las circunstancias especiales del caso en concreto. En principio, se debe tomar en consideración que se obligó al ahora quejoso al pago mensual de la cantidad de $121,936.80 (ciento veintiún mil pesos novecientos treinta y seis pesos con ochenta centavos), pero no se estableció la forma en que debían ser cubiertos; esto es, mediante transferencia bancaria, depósito en cuenta, entrega en efectivo u otras. Asimismo, se ordenó el embargo de cuentas bancarias, tarjetas de crédito o débito que contengan saldo a favor del ahora quejoso, sin considerar un monto mínimo ni máximo, lo cual traería como consecuencia una indisponibilidad total de los recursos financieros del ahora quejoso, y no se explica de qué manera ello es eficaz para satisfacer la necesidad de subsistencia de los acreedores alimentistas; es decir, se debe explicar cómo dicha medida contribuirá a que el ahora quejoso cumpla puntualmente con su obligación alimenticia. En otras palabras, al ordenarse un medio de aseguramiento se deben emplear los medios necesarios cuya finalidad sea, por un lado, garantizar la eficacia de la determinación judicial conforme a la cual se fija la mencionada pensión y, por otro, cumplir con el objetivo de la obligación alimentaria, consistente en cubrir la necesidad de subsistencia de los acreedores alimentistas, para ello se deben expresar las razones lógico-jurídicas que así lo evidencien, lo cual, se insiste, no realizó la Sala responsable. Sirve para ilustrar lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 25/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, página 484, registro IUS 172449, que dice: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL FIJADA EN JUICIOS ORDINARIOS DE DIVORCIO NECESARIO. ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE SU PAGO, EL JUEZ DEBE EMPLEAR LOS MEDIOS DE ASEGURAMIENTO PREVISTOS EN LA LEY Y NO IMPONER ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE MÉXICO Y DEL DISTRITO FEDERAL). De los artículos 4.95, fracción II, y 4.143, del Código Civil del Estado de México, y de los correlativos 282, fracción II, y 317, del Código Civil para el Distrito Federal, se advierte que en los juicios ordinarios de divorcio necesario, al admitir la demanda, el Juez puede fijar y asegurar las cantidades que por concepto de alimentos el deudor alimentario debe dar al cónyuge acreedor y a los hijos, según corresponda; y, asimismo, para tal efecto establecen los siguientes medios de aseguramiento: hipoteca, prenda, fianza, depósito de cantidad bastante para cubrirlos o cualquier otra forma de garantía que sea suficiente a juicio del Juez. En congruencia con lo anterior, cuando el deudor obligado incumple con el pago de la pensión alimenticia provisional fijada en un juicio de divorcio necesario, el juzgador debe procurar emplear los referidos medios de aseguramiento, pues éstos tienen como finalidad, por un lado, garantizar la eficacia de la determinación judicial conforme a la cual se fija la mencionada pensión y, por otro, cumplir con el objetivo de la obligación alimentaria, consistente en cubrir la necesidad perentoria de subsistencia de los acreedores alimentistas. Sin que obste a lo anterior el hecho de que los artículos 1.124, fracción V, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, y 73, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, autoricen al juzgador para imponer el arresto como medida de apremio a fin de hacer cumplir sus determinaciones, pues debe entenderse que las determinaciones judiciales a que se refieren estos preceptos legales son de índole procesal y, por ende, las medidas de apremio sólo pueden aplicarse tratándose del desacato a un mandato judicial que tenga que ver directamente con la tramitación del proceso, y no cuando se incumpla una medida cautelar como es el pago por concepto de pensión alimenticia provisional, cuya finalidad es hacer efectivo el derecho de los acreedores alimentistas mientras se resuelve en definitiva el juicio del que deriva. Además, ante la conducta renuente del deudor alimentario en el pago de la pensión aludida, la imposición de su arresto no es eficaz para satisfacer la necesidad de subsistencia de los acreedores alimentistas, quienes no obstante el arresto del deudor contumaz, quedarán en la misma situación apremiante." En consecuencia, toda vez que el acto reclamado no se encuentra suficientemente fundado ni motivado, en perjuicio de los principios de legalidad y seguridad jurídicas previstos en el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es procedente conceder la protección constitucional a la parte quejosa, por las razones expuestas.". Bajo ese contexto, este Juzgado Federal determina que de las constancias que obran en autos del presente juicio de amparo se desprende que la Primera Sala Colegiada en Materia Civil Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, acató sin excesos ni defectos la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, pues realizó lo siguiente:  Como ya quedó establecido, la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, mediante resolución de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el toca 386-B-1C01/2018, de su índice, dejó insubsistente la determinación de trece de agosto de dos mil dieciocho (foja 167).  Además, en relación con la pensión alimenticia provisional, estableció el estado de necesidad de los acreedores Marcia Herrera Casanova y los menores J. L. y L. E. de apellidos O. H.; es decir, expuso las razones por las cuales consideró que Marcia Herrera Casanova, tiene derecho a recibir alimentos del aquí quejoso José Luís Olguín Ruiz, así como las necesidades que deben ser cubiertas en cada caso particular, incluyendo a los menores J. L. y L. E. de apellidos O. H; tales afirmaciones se pueden advertir de las consideraciones de la Sala, las cuales se destacan a continuación: "Al respecto, en cuanto a la necesidad de los acreedores alimentarios MARCIA HERRERA CASANOVA, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos J.LO.H y L.E.O.H., para ser merecedores de la medida provisional de alimentos por la duración del presente juicio, por la cantidad de $121, 936.80, (CIENTO VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS, 80/100, MONEDA NACIONAL), de forma mensual, que corresponde al 100% cien por ciento, de 46 cuarenta y seis salarios mínimos vigente en el Estado de Chiapas, a razón de $88.36 (OCHENTA Y OCHO PESOS, 36/100, MONEDA NACIONAL); se da en la especie, por cuanto que existe presunción legal de que MARCIA HERRERA CASANOVA, no trabaja; máxime que, exhibió el acta de matrimonio con la que acreditó su derecho a percibir alimentos, además que, el apelante al dar contestación a la demanda instaurada en su contra confesó que jamás ha abandonado económicamente a la actora ni a sus hijos y proporciona una pensión mensual de $35,000.00 (TREINTA Y CINCO MIL PESOS, 00/100, MONEDA NACIONAL), a favor de la actora y de sus hijos, cantidad que depositó vía transferencia bancaria cada primer quincena de mes, y además paga directamente las colegiaturas de sus hijos (sin que lo haya acreditado, en términos del artículo 289 del Código Procesal Civil del Estado), por lo que desde la separación ha venido pagando una pensión alimenticia de manera conjunta a favor de la actora y sus hijos, por una cantidad de $60,000.00 (SESENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) mensuales, aproximadamente; por ello, existe presunción legal del estado de necesidad de la parte actora del juicio natural" (foja 146 vuelta). "De esta manera, cabe precisar que el propio apelante, reconoció la calidad de acreedora alimentaria a favor de MARCIA HERRERA CASANOVA, por su propio derecho, máxime que, la actora exhibió una planilla de sus egresos, relativos a conceptos de alimentos, como son artículos de higiene personal, gastos médicos en general, gasolina, psicólogo SRA. MARCIA EN CDEMX (VUELOS DE AVION Y ALIMENTACION), mantenimiento de casa, maestro particular para regularización del menor L. E. O. H., psicólogo de los hijos, jardinero e insumos, mantenimiento de alberca, chofer, empleada doméstica (2), tintorería, luz, agua potable, telmex casa, teléfonos celular, insumíos de limpieza de su casa, dentista, servicio mecánico, seguros médicos, colegiaturas, útiles y demás gastos escolares, vacaciones (provisionales de vacaciones), diversiones, gimnasio, viajes a Cancún, mantenimiento de departamento de Cancún, mantenimiento de auto de Cancún, cuota fraccionamiento de casa, gas de casa, pedagogo para la menor de iniciales L.E. O.H., nutriólogo, de forma mensual y por diversas cantidades, viajes a Europa de forma anual, y eventual gastos médicos en particular cirugía en matriz, y adquisición de vehículos."(foja 147). "Además que, el derecho que le asiste a la acreedora alimentaria surge del matrimonio, es decir, del parentesco por afinidad que actualmente lo une con el demandado ahora recurrente, de acuerdo al artículo 290 del Código Civil del Estado; aunado que, el numeral 298 ídem, dispone que los cónyuges deben darse alimentos; por ello, quedo evidenciado el estado de necesidad de la actora del juicio principal, para poder recibir alimentos por parte del disconforme, puesto que, se itera se trata de un derecho humano que este cuerpo colegiado debe privilegiar." (foja 149). "El estado de necesidad de los infantes, se encuentra acreditado en autos con los atestados de nacimiento que obran a fojas 49 y 50 del testimonio de constancias, ya que se aprecia que J. L. O. H. y L. E. O. H. actualmente cuentan con la edad de 17 diecisiete años y 11 once meses y 13 trece años y 7 siete meses, respectivamente, como antes quedo motivado, por ello, es correcto que se haya condenado al demandado ahora apelante, como medida provisional de alimentos y durante el procedimiento del presente juicio, al pago de la cantidad de $121,936.80, (CIENTO VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS, 80/100, MONEDA NACIONAL), de forma mensual." (foja 150). "En ese sentido, tomando en consideración la edad con la que cuentan los menores, se encuentran cursando el nivel secundaria y bachillerato en escuela particular, es decir, en la institución educativa "Instituto Andes" de esta ciudad capital (educación integral de Tuxtla, S.C.) como lo señaló en el hecho 2 del escrito de demanda la parte actora del juicio natural y las constancias de estudios que obran a fojas 128 y 129 del expediente natural, además que, el pago semestral es por la cantidad de $33,853.48 (TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS, 48/100, MONEDA NACIONAL), de forma semestral como opción "C" del nivel secundaria y la cantidad de $34,974.22 (TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS, 22/100, MONEDA NACIONAL), de forma semestral como opción "C" del nivel bachillerato, como se observa a fojas de la 130 a la 135 del testimonio de constancias, circunstancia que el propio apelante confeso en su escrito de contestación de demanda de 29 veintinueve de mayo de 2018 dos mil dieciocho; con ello queda demostrado el estado de necesidad y que de acuerdo a su edad, se encuentran estudiando en el nivel secundaria y bachillerato y que tienen un nivel de vida medio alto,." (foja 150 y vuelta). . además que, la actora del juicio natural exhibió una planilla de sus egresos, relativos a conceptos de alimentos, artículos de higiene personal, gastos médicos en general, gasolina, psicólogo SRA. MARCIA EN CDEMX (VUELOS DE AVION Y ALIMENTACION), mantenimiento de casa, maestro particular para regularización de L. E. O.H., psicólogo de hijos, jardinero e insumos, mantenimiento de alberca, chofer, empleada doméstica (2), tintorería, luz, agua potable, Telmex casa, teléfonos celular, insumos de limpieza de casa, dentista, servicio mecánico, seguros médicos, colegiaturas, útiles y demás gastos escolares, vacaciones (provisionales de vacaciones), diversiones, gimnasio, viajes a Cancún, mantenimiento del departamento de Cancún, mantenimiento de auto de Cancún, cuota fraccionamiento de casa, gas de casa, pedagogo para la menor de iniciales L.E.O.H. nutriólogo, de forma mensual y por diversas cantidades, viajes a Europa de forma anual, y eventual gastos médicos en particular cirugía en matriz, y adquisición de vehículos. (foja 151). ÉNFASIS AÑADIDO.  En cuanto a este primer punto, en la parte considerativa del fallo de amparo, se estableció que la Sala responsable debía hacer un análisis del agravio hecho valer por el aquí quejoso, en el sentido de que el rubro de vivienda se encuentra cubierto, ya que es uno de los aspectos a considerar para fijar el monto de la pensión alimenticia provisional que debe pagar, cuestión que acotó la autoridad en la determinación que se analiza, bajo los siguientes argumentos (fojas 129 a la 133): "En su segundo agravio alega básicamente que, le causa perjuicio el contenido del auto de 4 cuatro de junio del año en curso, porque la jueza natural lo condeno a la medida provisional de alimentos lo correspondiente a 46 salarios mínimos a razón de $88.36, que resulta ser la cantidad de $121, 936.80, sin tomar en cuenta que tiene otro acreedor, que habitan en casa donde establecieron el domicilio conyugal y que pasa de forma unilateral la cantidad de $60,000.00 de forma mensual; por ello, aduce que sin motivar el auto recurrido, lo condenaron de forma indebida e ilegal al pago de la cantidad de $121, 936.80, de forma mensual, como medida provisional de alimentos, por lo tanto, solicita se modifique el auto recurrido. La presente disidencia resulta infundada, por cuanto que la jueza primigenia de forma fundada y motivada, condenó al apelante como medida provisional de alimentos y durante la duración del presente juicio, al pago de la cantidad de $121, 936.80, (CIENTO VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS, 80/100, MONEDA NACIONAL), de forma mensual, que corresponde al 100% cien por ciento, de 46 cuarenta y seis salarios mínimos vigente en el Estado de Chiapas, a razón de $88.36 (OCHENTA Y OCHO PESOS, 36/100, MONEDA NACIONAL); por ende, la determinación judicial alegada genera certeza jurídica para el ánimo de quienes ahora resuelven y el agravio es infundado. Se justifica lo anterior, porque del testimonio de constancias se aprecia que J. L. O. H. y L. E. O. H. actualmente cuentan con la edad de 17 diecisiete años y 11 once meses y 13 trece años y 7 siete meses, respectivamente, como se aprecia de los atestados de nacimientos que obran a fojas 49 y 50 del testimonio de constancias; por ello, es lógico y jurídico determinar que son menores de edad y que por ende, es suficiente para demostrar su estado de necesidad; por tal circunstancia, es correcto lo decretado por la juzgadora de primer grado, además debe atenderse a la facultad discrecional con la cuenta todo juzgador y que se trata de una medida provisional de alimentos, en donde no debe prejuzgarse el valor de las pruebas ofertadas por las partes litigantes, de acuerdo al artículo 414 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el cual dispone lo siguiente: "Concluida la recepción de las pruebas, de oficio, se ordenará que los autos queden en la secretaría del juzgado a disposición del actor y demandado, por tres días a cada uno en su orden, para que formulen sus alegatos; pasado que sea el término para alegar, de oficio, serán citadas las partes para sentencia, que se pronunciará dentro de diez días."; por ende, es correcto que la jueza de primer grado, valore las pruebas ofertadas por las partes en un juicio, en la sentencia definitiva; de ahí que, resulta infundado el agravio que ahora se estudia. . En ese sentido, tomando en consideración la edad con la que cuentan los menores (J. L. O. H. y L. E. O. H.), existe interés superior de los mismos, atendiendo a la apariencia del buen derecho y la facultad discrecional de la jueza de origen, es correcto que se haya decretado la cantidad de $121, 936.80, (CIENTO VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS, 80/100, MONEDA NACIONAL), de forma mensual, como medida provisional de alimentos, a favor de la actora y de los menores J. L. O. H. y L. E. O. H.; máxime que, tiene expedito su derecho para que de considerarlo pertinente haga valer el incidente de reducción de la medida provisional de alimentos, en donde ofrezca pruebas y puedan ser valoradas y tomadas en consideración en la sentencia interlocutoria que resuelva dicho incidente, en términos de los artículos 419 y 420 del Código Procesal Civil del Estado; ya que se itera, este cuero colegiado, debe atender al debido proceso, establecido en el artículo 17 Constitucional, pues no debe prejuzgarse el valor de las pruebas del presente juicio, ya que ello es motivo de la sentencia que resuelva la contienda judicial; así que, su agravio es infundado. En ese tópico, atendiendo a la demanda y a la contestación del apelante, se puede apreciar que tienen un estándar de vida medio alto (por dedicarse a la actividad empresarial); asimismo, que los alimentos comprenden, la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en caso de enfermedad y respecto de las niñas, niños y adolescentes, además que, los alimentos comprenden, los gastos necesarios para la educación de los alimentistas, y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honesta y adecuados a su sexo y circunstancias personales; por ello, el obligado a dar alimentos cumple la obligación asignando una pensión suficiente a los acreedores alimentarios, o incorporándolo a su familia; además que, los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que deba recibirlos. De ahí que, su agravio es infundado. Del contenido de los preceptos transcritos se advierte que, la obligación alimentaria tiene su origen en la norma legal al establecer que los padres deben proporcionar alimentos a sus hijos, y es la misma norma la que señala de manera enunciativa, los gastos que se incluyen dentro del concepto de alimentos, la forma en que puede cumplirse con la obligación y los requisitos que deben reunirse para su cumplimiento, esto es, para la fijación de la pensión alimenticia deben observarse los principios de proporcionalidad y equidad, entendidos éstos como la circunstancias de que, para fijar el monto de la pensión alimenticia, debe atenderse al estado de necesidad de los acreedores y a las posibilidades reales del deudor para cumplirla, tomando en consideración, además, el entorno social en que acreedor y deudor se desenvuelven, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenecen. Lo que de suyo implica considerar preponderantemente el que el obligado a dar alimentos cumpla la obligación asignando una pensión suficiente al acreedor alimentario, es decir, el porcentaje fijado será directamente proporcional a la cantidad líquida equiparable a dicho porcentaje, calculando que cubra los gastos que deben sufragar de los hijos, sin socavar la totalidad de sus percepciones económicas que le permitan subsistir al propio deudor alimentista. Así pues, para fijar el monto de la obligación alimentaria se debe atender, entre otros aspectos, al estado de necesidad de los acreedores y a las posibilidades reales del deudor para cumplirla; por lo tanto, su agravio es infundado, puesto que a él le asiste la carga de la prueba para demostrar que la medida provisional le causa lesión en su patrimonio, como es su deber hacerlo en términos de lo ordenado por el artículo 289 del Código de Procedimientos Civiles del Estado y no a los menores de edad, ya que existe interés superior de los mismos. Por tal circunstancia, los planteamientos antes transcritos se estiman infundados, y este cuerpo colegiado comparte el criterio sostenido por la jueza primigenia, porque la necesidad alimentaria de los acreedores se encuentra acreditado con su natural necesidad de recibir alimentación, vestido, habitación y servicio médico acorde a su edad, así como los gastos necesarios para proporcionarles algún arte, oficio o profesión honesta adecuados a su sexo y circunstancias personales; siendo la finalidad de los alimentos proveer la subsistencia diaria de los acreedores alimentarios, obvio es que la obligación y el derecho correlativo son susceptibles de cambio, en atención a las diversas circunstancias que determinan la variación en las posibilidades del deudor alimentista y en las necesidades de los propios acreedores. Bajo esa óptica, cabe patentizar que la institución de los alimentos es un derecho tutelado y reconocido en el ordenamiento jurídico sustantivo civil, derivado del derecho a la vida que tiene todo ser humano, el cual vincula a los que están unidos en matrimonio, la filiación o el parentesco, en la forma que la propia ley dispone. Esta obligación tiene un carácter social y moral; social porque la sociedad está interesada en la subsistencia de los miembros de una familia, y moral debido a que los vínculos familiares que unen a las personas los obligan moralmente a velar por aquellos miembros que necesitan asistencia, lo cual reconoce la ley implícitamente en las normas que regulan los alimentos. Ahora bien, no debe perderse de vista que la obligación de los padres de dar alimentos a sus hijos surge de la filiación, y esto constituye el concepto común de alimentos, que se traduce en una obligación que permita el sustento a los acreedores alimentarios en los aspectos biológicos, social e intelectual, y bajo esa premisa, el o los deudores deben proporcionar a los acreedores alimentarios lo necesario para la vida, vivienda, salud y la educación. Por lo tanto, es correcto que se haya condenado de forma provisional y durante la duración del presente juicio, al pago de la cantidad de $121, 936.80, (CIENTO VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS, 80/100, MONEDA NACIONAL), de forma mensual, que corresponde al 100% cien por ciento, de 46 cuarenta y seis salarios mínimos vigente en el Estado de Chiapas, a razón de $88.36 (OCHENTA Y OCHO PESOS, 36/100, MONEDA NACIONAL); ya que es acorde con el principio de proporcionalidad previsto en el citado artículo 307, del Código Civil para el Estado de Chiapas, pues para fijarlo se atendió al estado de necesidad de los referidos acreedores, así como al entorno social en que se desenvuelven, sus costumbres y demás particularidades personales, mismas que fueron señaladas con anterioridad; también a las posibilidades reales del deudor para cumplirla; por eso, su agravio es infundado.".  De igual forma, en cuanto a las posibilidades reales del deudor para cumplir con la pensión alimenticia provisional, la autoridad señaló las circunstancias especiales y razones particulares que a su criterio sirvieron para justificar la capacidad económica de José Luís Olguín Ruiz para pagar la cantidad fijada, pues al efecto estableció (fojas 152 vuelta a la 156): "Por otra lado, cabe precisar que la capacidad económica del demandado ahora apelante, para cumplir con su obligación alimentaria, se encuentra evidenciada en autos, ya que atendiendo a los hechos narrados por la actora y la contestación de demanda a cargo del disconforme; se presume que el disconforme se dedica al giro empresarial y que su estilo de vida de los acreedores alimentistas y del recurrente, es medio alto, pues en base a la información proporcionada hasta este momento respecto a la actividad laboral que desempeña el deudor alimentario JOSE LUIS OLGUIN RUIZ, considerando que refiere que jamás ha abandonado económicamente a la actora ni a sus hijos y proporciona una pensión de $35,000.00 (TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), a favor de la actora y de sus hijos, cantidad que deposita vía transferencia bancaria cada primer quincena de mes, y además paga directamente las colegiaturas de sus hijos, por lo que desde la separación ha venido pagando una pensión alimenticia de manera conjunta a favor de la actora y sus hijos, por una cantidad de $60,000.00 (SESENTA MIL PESOS, 00/100, MONEDA NACIONAL) mensuales, aproximadamente; además, que, la actora señala que el demandado cuenta con diversas empresas tales como "MANTENIMIENTO INDUSTRIAL", REFRIGERACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, posteriormente "MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y REFRIGERACIÓN" SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; "Vige Klean del Sureste" SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; "Lava Tap de Chiapas", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, y CODISEL (Coordinación de Distribuciones y Servicios Logísticos S.A. DEC.V.), pues a pesar de no existir certeza jurídica de los gastos señalados y de la existencia de las empresas; existe presunción de su existencia y de los gastos por concepto de alimentos, al tener un tipo de vida medio alto; esto es, por tratarse de un derecho humano y atendiendo a la facultad discrecional de todo órgano jurisdiccional y ante la urgente necesidad de los acreedores alimentarios; de ahí que, atendiendo al interés superior de los impúber, el agravio resulta infundado. Pues, no debe soslayarse que los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos, a falta o por imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas que estuvieren más próximas en grado, asimismo, los alimentos comprenden, la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en caso de enfermedad y respecto de las niñas, niños y adolescentes, además que, los alimentos comprenden, los gastos necesarios para la educación de los alimentistas, y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honesta y adecuados a su sexo y circunstancias personales; por ello, el obligado a dar alimentos cumple la obligación asignando una pensión suficiente a los acreedores alimentarios, o incorporándolo a su familia; además que, los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que deba recibirlos. Ahora bien, no debe perderse de vista que la obligación de los padres de dar alimentos a sus hijos surge de la filiación, y esto constituye el concepto común de alimentos, que se traduce en una obligación que permita el sustento al acreedor alimentario en los aspectos biológicos, social e intelectual, y bajo esa premisa, el o los deudores deben proporcionar al acreedor alimentario lo necesario para la vida, la salud y la educación; además que, debe tomarse en consideración al estilo de vida a que están acostumbrados tanto los acreedores como el deudor alimentario, se dice esto, porque el propio apelante confeso en su escrito de contestación de demanda que establecieron su domicilio conyugal en el fraccionamiento San Patricio de esta ciudad capital, bien inmueble que tiene un valor de de $17´800,000.00 (DIECISIETE MILLONES, OCHOCIENTOS MIL PESOS, 00/100, MONEDA NACIONAL), como se aprecia del avalúo que obra a fojas de la 317 a la 326, del expediente de origen. Por lo tanto, esta autoridad judicial considera correcta la determinación tomada por la juzgadora de primer grado. . Es más, en el toca de apelación número 386-B-1C01/2018, primer subsecuente, este cuerpo colegiado, confirmó el auto de 23 veintitrés de agosto de 2018 dos mil dieciocho, dictado por la Jueza Segunda de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla, en donde se requirió al apelante para que dentro del término de 3 tres días hábiles siguientes de su notificación, exhiba un inventario de los bienes que tiene de su propiedad, como copropietario y de las empresas en las cuales resulta ser socio, para así estar en condiciones de pronunciar una sentencia lógica y jurídica, con relación a los alimentos a favor de la actora MARCIA HERRERA CASANOVA, por su propio derecho y en representación de los menores de edad J. L. O. H. y L. E. O. H., apoyándose en los artículos 286, 287 y 982 del Código de Procedimientos Civiles del Estado; mismas que se invoca como hecho notorio de acuerdo al artículo 294 del Código de Procedimientos Civiles del Estado; de ahí que, existe presunción legal de la capacidad económica del recurrente, para cumplir con tal medida provisional, así que, su agravio es por demás infundado." ÉNFASIS AÑADIDO.  En cuanto a este tópico (pensión alimenticia provisional), con una reseña de constancias, las cuales en su mayoría fueron destacadas previamente justificó el entorno social en que se desenvuelven tanto el acreedor como el deudor alimentario, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenecen, y la forma en que ello influyó para fijar la cantidad por concepto de pensión alimenticia (fojas 156 a la 159). Aunado a lo anterior, de las constancias remitidas por la responsable para acreditar el total cumplimiento al fallo protector, a las que se otorga valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se advierte que la Primera Sala Colegiada en Materia Civil Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, determinó lo siguiente:  Respecto a la orden provisional de congelar cuentas bancarias, tarjetas de crédito o débito del peticionario de garantías, la Sala responsable aduce esencialmente que lo argumentado por el ahora quejoso José Luis Olguin Ruíz, en el sentido de que el auto por el que la jueza de origen ordenó congelar sus cuentas bancarias, le causa una afectación exorbitante que le impiden desarrollar sus actividades en las que genera ingresos para pagar la pensión alimenticia y que le provocaría el incumplimiento de sus obligaciones comerciales, personales, familiares y de toda naturaleza, resultado fundado; en primer lugar, porque la juzgadora de forma incorrecta ordenó a la Comisión Nacional Bancaria, para efectos de que informe si existen contratos de cuentas bancarias, tarjetas de crédito, de débito y si contienen saldo a favor del recurrente, y en su caso proceda a congelarlas hasta que la juzgadora primigenia, le notifique alguna modificación al respecto. En segundo lugar, porque servirá para garantizar la medida provisional de alimentos, esto es, determinó congelar cuentas bancarias sin tomar la precaución de la medida provisional de alimentos decretadas; es decir, si bien se aprecia que el deudor alimentista cuenta con solvencia económica, también lo es, que la cuestión monetaria su circulante es de forma bancaria, (no podrá llevar consigo una cantidad fuerte) por tal motivo se emplean instituciones crediticias para poder solventar los gastos que ameriten de mayores números; y que al ser congeladas no podrían utilizarse para generar pagos y recibir transacciones, máxime como se manifestó en líneas anteriores al ser una persona con negociaciones empresariales las cuentas le sirven para recibir y generar pagos, por lo que si bien en un momento dado, el deudor alimentario no cumple con la medida provisional de alimentos acarrearía el embargo de sus bienes y no de manera tajante se le imposibilite de generar ingresos al congelarse las cuentas bancarias, además se encontraría en el supuesto de que al deudor alimentista se le ingrese en un sistema penal (cárcel) por el incumplimiento de los deberes alimentarios; de qué manera sufragaría los alimentos encontrándose encarcelado; la misma razón surge si se le congelan las cuentas bancarias ya que no le generaría ingresos económicos al ser empresario y el depositen en su cuenta algún pago; además, también se le imposibilitaría pagar de dicha cuenta los alimentos decretados dado a que dichas cuentas están congeladas; por eso, en mérito de los argumentos jurídicos antes precisados, es correcto que se descongelen las cuentas del disconforme, para efectos de garantizar los alimentos provisionales; máxime que, será de ahí donde el deudor alimentista genere los pagos por concepto de alimentos de forma provisional; de ahí lo fundado del agravio relativo (foja 235 y 236).  En relación a que no se estableció la forma en que debía ser cubierto el pago mensual de la cantidad de $121,936.80 (ciento veintiún mil pesos novecientos treinta y seis pesos con ochenta centavos 80/100 M.N.); esto es, mediante transferencia bancaria, depósito en cuenta, entrega en efectivo u otras; la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas responsable al modificar el auto de cuatro de junio de dos mil dieciocho, dictado en el juicio ordinario civil de divorcio necesario 235/2018, del índice de la Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en esta ciudad, enfatizó lo siguiente: requiérase al demandado JOSÉ LUIS OLGUÍN RUÍZ, en el DOMICILIO DONDE FUE EMPLAZADO, el pago de la primera mensualidad y garantice las subsecuentes por concepto de alimentos en cualesquiera de las formas que cite el artículo 313 del Código Sustantivo Civil vigente en el Estado que reza lo siguiente: El aseguramiento podrá consistir en hipoteca, prenda, fianza o depósito bastante a cubrir los alimentos. De ahí que, debe tenerse por CUMPLIDO EL FALLO PROTECTOR. Asimismo, en su momento procesal oportuno, provéase sobre el ARCHIVO de este expediente como asunto totalmente concluido. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de la Secretaria General de Acuerdos de la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, residente en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la resolución de catorce de diciembre del año en curso, dictada en el toca número 386-B-1C01/2018, del índice de la Sala responsable; en atención a lo anterior, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con copia de las constancias remitidas por la responsable, para que en el término de tres días, manifiesten lo que a su derecho convenga respecto al cumplimiento de la ejecutoria; apercibidas que de no hacerlo, este Juzgado resolverá con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.

  4. Principal

    Agréguese el oficio de la autoridad de cuenta, mediante el cual acusa recibo del diverso 1619, en el que se le comunicó el cumplimiento parcial de la ejecutoria de amparo y se le requirió para que cumpla totalmente con la misma; asimismo, informa las acciones que realiza al respecto; de lo que se toma nota para los efectos legales conducentes.

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