Jose Luis Olaya Nava
Expediente 399/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 399/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 19/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jose Luis Olaya Nava
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA V "... Vistos los autos y la certificación de cuenta; toda vez que por resolución de doce de abril de dos mil dieciséis, se sobreseyó el presente juicio de amparo (fojas 21 y 22), la cual no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo a través del recurso de revisión y dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que este expediente, así como el original del incidente de suspensión, serán conservados en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirán al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción correspondiente, ello de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente dedúzcase copia autorizada para el cuaderno incidental.
- Principal
MESA IV "... Agréguese el oficio del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Cosolapa, Tuxtepec, Oaxaca, por el cual en atención al requerimiento de once de este propio mes de marzo (foja 478) informa y reitera que mediante comunicación de esta fecha le hizo saber a la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con sede en esta ciudad, que con el oficio 945/2015 de dos de diciembre de dos mil quince, le remitió el escrito original de expresión de agravios relativo al toca familiar 741/2015. En consecuencia, con apoyo en los artículos 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, requiérase a la Sala Familiar citada, para que en el plazo de tres días, contado legalmente, informe y acredite a este Juzgado, el estado procesal de dicho recurso, toda vez que el dicho Juez Mixto reitera que ya remitió las constancias solicitadas. Apercibida que de no cumplir, o informar el impedimento que tenga para ello, con fundamento en los artículos 237 y 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa, por una cantidad comprendida entre cincuenta y mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, misma que se individualizará según las circunstancias del caso..."
- Incidental
"...SE RESUELVE.-SE SOBRESEE EN EL JUICIO....-SEGUNDO.-LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A JESUS ENRIQUE SANCHEZ AVATIA..." MESA I
- Principal
MESA V Vista la demanda de amparo promovida por José Luis Olaya Nava, contra actos del Juez Primero Penal del Distrito Judicial del Centro, residente en esta ciudad, y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 399/2016. En consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, XII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 117, 128 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se admite la demanda de garantías; tramítese CON INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, por así solicitarlo expresamente. Con apoyo en el normativo 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables informe justificado, que deberán rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio que lo solicita y que, de ser ciertos los actos reclamados, en el informe se expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; DEBIENDO COMUNICAR EL CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA DE LA PARTE QUEJOSA. Apercibida (s) que de no rendir el informe justificado y remitir copia certificada, completa y legible de las constancias necesarias para resolver este juicio; con apoyo en el artículo 260 fracción II, de Ley de Amparo, se le (s) impondrá multa de cien a mil días calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al día siguiente de su publicación. TAMBIÉN, cuando las partes tengan conocimiento de causa de sobreseimiento alguna, la comunicarán de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten. Se fijan las DIEZ HORAS VEINTE MINUTOS DEL DOCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, para celebrar la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 5°, fracción IV, de la ley de la materia, emplácese a juicio a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, haciéndole entrega de copia simple de la demanda de amparo. Asimismo, solicítese al Juez responsable que de admitir la existencia de los actos reclamados para que en el plazo de tres días, informe a este Juzgado, si se ha promovido juicio de garantías diverso contra los actos reclamados o cualesquiera otra resolución que verse sobre los mismos hechos que generaron la causa penal relativa y, en su caso, remitan copia certificada de las constancias relativas; de existir, expresen el Juzgado de Distrito que conoció o que esté conociendo, así como el número de juicio de amparo; y, de existir más de un inculpado, en la causa penal donde tiene su origen el acto aquí reclamado, también informen, en su caso, la existencia de juicios de amparo diversos, el Juzgado de Distrito correspondiente, el número de expediente y, si ya fue resuelto o se encuentra en trámite. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que podrán remitir sus informes respectivos a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 2jdo13cto@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (951) 51 55260, al cual también, en su caso, pueden mandar sus informes vía fax. Por otra parte, se requiere a la autoridad que, en su caso, convenga en la existencia el acto reclamado, precise si las constancias que remita como justificación a su informe, contienen información clasificada como reservada o confidencial; ello, a efecto de evitar que se use de manera incorrecta y este Juzgado adopte las medidas de seguridad pertinentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo". (Jurisprudencia P./J. 26/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época). Se autoriza al Actuario adscrito o empleado, para el caso de ser necesario, en el acto de la notificación señale la denominación correcta de la(s) autoridad(es) responsable(s). Se precisa a la autoridad (s) responsable (s) que está (n) obligada (s) a recibir el oficio que el Actuario o empleado adscrito a este órgano jurisdiccional, le (s) hace entrega, en términos del artículo 28 fracción I, de la Ley de Amparo; con apercibimiento que de no recibirlo, en términos del diverso numeral 245, se le (s) impondrá una multa de cien a mil días calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al día siguiente de su publicación; lo anterior, sin perjuicio que al rendir su (s) respectivo (s) informe (s), precise (n) su denominación correcta o manifieste la inexistencia de la autoridad responsable conforme a su organigrama y/o reglamento interno; con la precisión que la sustitución de funciones de la autoridad no constituye inexistencia de la autoridad. Se apercibe a la parte quejosa, para el caso de que la(s) autoridad(es) señalada(s) como responsable(s) no exista(n), conforme a lo que el destinatario del oficio manifieste al rendir su informe o devuelva el oficio que se le(s) dirija, en lo sucesivo se le(s) tendrá aquí como inexistentes y no se les dirigirá comunicación alguna; salvo prueba en contrario. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica, y por autorizadas para tal efecto, a las personas que menciona. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en el artículo 13, fracción IV, de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo.
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