José Luis Ocampo Terán
Expediente 742/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 742/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- José Luis Ocampo Terán
Actuaciones
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado electrónicamente por el secretario del Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, por medio del cual acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo ********************, del cual deriva el presente cuadernillo, el cual le fue remitido toda vez que por auto de treinta y uno de julio del año en curso, este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************, mismo que se advirtió que el homólogo de referencia, tuvo por recibido dicho juicio de amparo y se avocó al conocimiento del referido asunto, el cual lo radicó bajo el número ******************** de su índice, lo que se tuvo como hecho notorio. Téngase por acusada la recepción de los documentos en cita, para los efectos legales conducentes. Notifíquese: por lista a las partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por ******, toda vez que los actos de aplicación de la norma general que pretende combatir por esta vía, tendrán lugar en el Estado de Guerrero. En dicho auto, se ordenó remitir los autos originales del juicio de amparo 742/2023-VI del cual deriva el presente cuadernillo, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala, para que a su vez los turnara al Juzgado de Distrito en dicha entidad. Ahora bien, de una revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala de la Independencia, tuvo por recibido dicho juicio de amparo y se avocó al conocimiento del referido asunto, el cual radicó bajo el número 211/2023 de su índice, lo que se tiene como un hecho notorio. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." En ese contexto, vista la certificación que antecede, y apreciando de ésta que el presente expediente después de haber realizado una exhaustiva revisión de todas y cada una de las constancias que lo integran, no existe prueba por desahogar, diligencia por practicar, recurso por resolver, billete de depósito ni póliza de fianza que devolver. Por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 19, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de junio de dos mil veintitrés, este cuaderno es susceptible de destrucción. En consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido, previo cotejo que se realice de que todas las constancias y documentos del expediente físico estén digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico, en términos de lo previsto en el artículo 9, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Ahora bien, toda vez que este órgano jurisdiccional se reservó a proveer, en relación al escrito presentado por el promovente de amparo, hasta en tanto se tuviera conocimiento del Juzgado de Distrito que por razón de turno conocería de la incompetencia planteada, situación que de acuerdo a lo señalado en párrafos que anteceden, ya aconteció. Por tanto, remítase el oficio en mención al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala de la Independencia, para su conocimiento y efecto correspondiente del caso, dejando en autos copia certificada para constancia legal. Cabe precisar que no resulte necesario solicitar el acuse de recibo respectivo, toda vez que éste se genera automáticamente al momento del envío electrónico del propio oficio y anexos, el cual produce efectos de certeza, en cuanto a su recepción. Notifíquese: por oficio vía interconexión al homólogo federal señalado y por lista a la parte quejosa.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso ****, por medio del cual manifiesta que su solicitud para los trabajos de exploración, explotación y aprovechamiento de minerales también abarca la superficie ubicada en el municipio de Tlataya, en el Estado de México, por lo que solicita que el escrito de cuenta se haga llegar a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala para que el órgano jurisdiccional que conozca de su demanda de amparo, este en aptitud de resolver respecto de la competencia declinada. En atención a su solicitud, se reserva proveer lo conducente respecto al envió del escrito de cuenta, hasta en tanto, se tenga conocimiento del órgano jurisdiccional que por turno conocerá de la competencia declinada. Notifíquese: por lista a las partes.
- Principal
Naucalpan de Juárez, México, veinte de junio de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda signado por José Luis Ocampo Terán, por propio derecho, a través del cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadoras 1. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 2. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. 3. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. ACTO RECLAMADO ? La aprobación, expedición, promulgación y orden de cumplimiento del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de mayo de dos mil veintitrés, específicamente los artículos 6, 7 fracción XXI, 10, 10 BIS, 12, 13, 13 BIS, 14, 14 BIS, 15, 19, 19 BIS, 20, 23, 27, 28, 37, 39, 42, 43, 46, 53 BIS, 55, 57, 58, 61, 62, 63, 64 de la Ley de Minería; 29 BIS 4, 37 y 81 IS 4 de la Ley de Aguas Nacionales; 107 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 1, 5, 16, 17, 27, 33, 40, 41, 42 y 45 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; y los artículos quinto, sexto, decimo y décimo tercero transitorio de dicho Decreto, en su carácter de norma autoaplicativa, para el desarrollo de su actividad empresarial consistente en la exploración, explotación y aprovechamiento de recursos minerales. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE Con apoyo en los artículos 11, 21 y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, fórmese expediente impreso y electrónico1 . Anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE bajo el número 742/2023-VI. 1 "Artículo 21. Cuando se inicie el juicio por vía impresa o electrónica, en el acuerdo inicial respectivo se ordenará formar tanto el cuaderno impreso como el electrónico. En el SEPJF se registrará el nombre del quejoso relacionado con el número del expediente respectivo." Del Acuerdo General conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3o. de la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de septiembre de dos mil catorce. INCOMPETENCIA Ahora bien, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente incompetente por razón de territorio, para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal2 . Para arribar a esta determinación debe partirse de lo dispuesto en el artículo 107, fracción VII, constitucional; y 37 de la Ley de Amparo, que en materia de competencia por razón de territorio establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se 2 Diario Oficial de la Federación de quince de febrero de dos mil trece. reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del contenido de los citados preceptos se desprenden tres hipótesis en torno a la competencia territorial de los jueces de distrito, respecto del conocimiento de un juicio de amparo, las que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación: a) La primera, dispone que cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los jueces de distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requiere de ejecución. b) La segunda, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz a la primera, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un Distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro; entonces, cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones ante el que se presente la demanda, esto es, el que haya prevenido en el conocimiento del asunto, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En el tercer supuesto, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Estas tres reglas permiten determinar a qué juez de distrito le corresponde la competencia para conocer de un determinado asunto, atendiendo al hecho de que el acto requiera o no una ejecución material. Lo cual, se traduce en una competencia por territorio, pero en atención a los efectos de ejecución material del acto reclamado o la inejecución material del mismo. Así, para determinar la competencia del caso, hay que atender estos aspectos: i) Primero, verificar si el acto reclamado tiene o no ejecución material. ii) Segundo, de ser afirmativo lo anterior, el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. iii) Tercero, si el acto no requiere ejecución material, el lugar donde se haya presentado la demanda. Ahora bien, en la especie, el acto reclamado consiste en lo siguiente: ? La aprobación, expedición, promulgación y orden de cumplimiento del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de mayo de dos mil veintitrés, específicamente los artículos 6, 7 fracción XXI, 10, 10 BIS, 12, 13, 13 BIS, 14, 14 BIS, 15, 19, 19 BIS, 20, 23, 27, 28, 37, 39, 42, 43, 46, 53 BIS, 55, 57, 58, 61, 62, 63, 64 de la Ley de Minería; 29 BIS 4, 37 y 81 IS 4 de la Ley de Aguas Nacionales; 107 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 1, 5, 16, 17, 27, 33, 40, 41, 42 y 45 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; y los artículos quinto, sexto, decimo y décimo tercero transitorio de dicho Decreto, en su carácter de normas autoaplicativas, para el desarrollo de su actividad empresarial consistente en la exploración, explotación y aprovechamiento de recursos minerales. En el caso concreto, el quejoso reclama normas generales en su carácter de autoaplicativas y, para efectos de decretar la competencia territorial para conocer de dichos actos, debe de atenderse a la jurisdicción territorial del lugar donde deban de acatarse las normas que se buscan combatir mediante el juicio de amparo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia,3 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "LEYES FEDERALES AUTOAPLICATIVAS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPAROS CONTRA. CORRESPONDE AL JUEZ QUE EJERZA JURISDICCION EN EL LUGAR EN 3 Registro digital: 820159. QUE LOS DESTINATARIOS DEBAN ACATARLAS. El hecho de que una ley autoaplicativa tenga como característica la de obligar al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer desde el momento en que entra en vigor, sin requerir de un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad, de ninguna manera puede servir de base para que se les identifique con las resoluciones a que se refiere el último párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es decir, con aquellas que, por no requerir ejecución material, deben ser conocidas por el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que las dictó, pues es evidente que una ley federal autoaplicativa constituye un acto de sentido amplio que sí amerita ejecución material precisamente en los lugares en los que los gobernados deban dar cumplimiento a sus prescripciones. La circunstancia de que no se requiera un acto posterior de autoridad para que tales leyes adquieran obligatoriedad, no debe conducir a la errónea conclusión de que no necesitan ejecución material, pues las personas que, al momento de la vigencia de la norma, quedan automáticamente comprendidas dentro de las hipótesis de su aplicación, deben proceder por propia iniciativa o como consecuencia de una posterior decisión de autoridad, a acatar sus mandatos." Ahora bien, en el caso concreto, el quejoso aduce tener como actividad empresarial la exploración, explotación y aprovechamiento de recursos minerales; y, a su demanda anexa la solicitud de concesión de exploración o de asignación minera con número 33/10851, de la que se desprende que el domicilio del ahora promovente no se encuentra ubicado dentro de la circunscripción territorial sobre la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción, por otra parte que los trabajos de exploración, explotación y aprovechamiento de minerales, se llevarán a cabo en los municipios de Pedro Ascencio Alquisiras, General Canuto A. Neri, Teloloapan y Arcelia, que se ubican en el Estado de Guerrero, tal como se advierte del inciso III de la solicitud en comento. Así, ya que el quejoso manifiesta que reclama las citadas normas generales en su carácter de autoaplicativas, pues a su decir le obligan a implementar nuevos sistemas que le implican costos materiales económicos y humanos para los trabajos de exploración, explotación y aprovechamiento de minerales, resulta evidente que los actos de aplicación de la norma general que pretende combatir, tendrán lugar en el Estado de Guerrero. Por ello, de conformidad con lo que dispone el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, es competente para conocer del presente asunto un Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, resultando evidente que el Juez competente para conocer de la presente demanda de amparo lo es uno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala, dado que los actos que combate la parte quejosa, tendrán ejecución en el lugar donde ejerce jurisdicción dicho Juzgado de Distrito. Por tanto, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, es competente para conocer del juicio de amparo el Juez de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala, en turno. En lo conducente, resultan aplicables las jurisprudencias 2a./J. 74/2011 y 2a./J. 47/2006 de la Segunda Sala del Alto Tribunal, de rubro y texto5 : COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA LOS ARTÍCULOS 40, FRACCIÓN III Y 145-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN CONSISTENTE EN LA ORDEN DE ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado en el juicio de garantías requiere ejecución material, 4 Publicado en el Diario Oficial de la Federación de quince de febrero de dos mil trece. 5 Registros 161677 y 175360, respectivamente. es competente el Juez de Distrito con jurisdicción -en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclaman los artículos 40, fracción III y 145-A del Código Fiscal de la Federación, que facultan a las autoridades fiscales a decretar en ciertos supuestos el aseguramiento de bienes, entre los que se encuentran las cuentas bancarias de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, cuyo primer acto de aplicación consiste en un mandato de aseguramiento de cuentas bancarias y su ejecución, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en donde se materialice la orden o inmovilicen las cuentas, es decir, la localidad en que se encuentre la sucursal bancaria a la que corresponda la cuenta, pues la orden de aseguramiento no produce, por sí misma, un cambio material en el mundo fáctico. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que el mandato de aseguramiento constituye un acto de aplicación de los mencionados preceptos, que legitima al gobernado a promover juicio de amparo, también lo es que no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocer de él, pues para ello debe atenderse al lugar en que el acto de aplicación de la ley estimada inconstitucional ha tenido o deba tener ejecución por parte de la autoridad. Sin embargo, si el mandamiento en cuestión se materializa en diversos lugares, la competencia recae en el Juez de Distrito que previno en su conocimiento, en tanto que el primero que conoció de la demanda y tiene jurisdicción sobre alguna de las localidades en donde se ejecute la orden puede estudiarla, acorde con el principio de concentración en el juicio de amparo, pues de lo contrario se obligaría al particular a controvertirla ante cada Juez de Distrito en donde se materialice, con los inconvenientes jurídicos que ello pudiera producir. COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN AMPARO INDIRECTO CUANDO SE RECLAMA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ EL LUGAR EN QUE SE HAYA REALIZADO DICHA APLICACIÓN. De los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se concluye que el Juez de Distrito competente para conocer del juicio de amparo indirecto promovido por la parte quejosa contra el primer acto de aplicación del artículo 49, fracción I, de la Ley Federal de Derechos, con motivo de la prestación del servicio público de despacho o trámite aduanero realizado por operaciones reguladas en la Ley Aduanera, es aquel bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se hayan realizado los actos de las autoridades aduaneras, consistentes en: a) la recepción del pedimento de importación donde consta el pago del derecho de trámite aduanero; b) la revisión del pedimento y del pago respectivo; y, c) la práctica del reconocimiento aduanero. De igual forma, la jurisprudencia VIII.2o. J/9 del Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, de rubro y texto6 : LEYES, INCONSTITUCIONALIDAD DE. COMPETENCIA DE JUECES DE DISTRITO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 36, primer párrafo de la Ley de Amparo, para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, debe tomarse en cuenta el lugar en donde se trate de ejecutar, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Ahora bien, cuando se reclama la inconstitucionalidad de una ley a través del primer acto de aplicación, para los efectos del juicio de amparo que se proponga, es competente el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar en que se hubiera efectuado el primer acto de aplicación de la ley impugnada y como en el caso la parte quejosa lo hace consistir en el pago de la renovación anual de una licencia, aun cuando la aplicación del precepto no provenga de una autoridad, para los efectos de la competencia sí debe tenerse como acto de aplicación el referido pago. En consecuencia, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, remítase el original del expediente formado a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala, a efecto de que sea remitida al órgano jurisdiccional que corresponda conforme a las disposiciones inherentes al turno de asuntos. Se solicita al órgano jurisdiccional que tenga a bien conocer del presente juicio informe si acepta o no la competencia planteada por este órgano jurisdiccional. De igual forma, se solicita desde luego acuse el recibo de estilo correspondiente. Con copia certificada del escrito inicial de demanda y anexos, así como del presente proveído, fórmese cuaderno de antecedentes. Sin que en el caso concreto haya lugar a proveer sobre la suspensión solicitada respecto de los actos atribuidos a las 6 Registro digital: 200851. responsables, toda vez que el acto reclamado no se encuentra en los supuestos del artículo 126 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Ahora, toda vez que la quejosa solicita que las notificaciones se le practiquen de manera electrónica, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, por lo que se comisiona a los actuarios adscritos a este juzgado a fin de que le practique la notificación de este auto, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por dicho medio a través del usuario "moraleja", en el entendido, que le recae la obligación a la parte quejosa de ingresar al sistema electrónico todos los días y obtener la constancia de la consulta realizada al expediente digitalizado en el plazo que señala la norma respectiva, de conformidad a lo previsto en los artículos 3, 30 fracción II y 31, fracción III, todos de la Ley de Amparo. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En relación a la solicitud de que se le permita la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, vía internet a través del usuario "moraleja"; dígasele que se tiene por autorizada su solicitud, siempre y cuando se encuentren registrado en la página relativa al "sistema de consulta de expediente electrónico". Por tanto, se instruye a la Oficial Judicial "A" SISE adscrita a este juzgado, para que lleve a cabo el registro del usuario en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. AUTORIZACIONES En cuanto a las personas que menciona, se tienen por autorizadas en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo a las que en la fecha del dictado del presente acuerdo tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; a las restantes, para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que prevé el segundo párrafo del precepto legal antes citado. SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluso el emplazamiento de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese: vía electrónica a la parte quejosa, por oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala
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