José Luis Noguera Martínez

Expediente 882/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
882/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • José Luis Noguera Martínez
  • Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    ... Causa estado. De la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el acuerdo de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio en que se actúa, sin que haya ejercido ese derecho. En consecuencia, con fundamento por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que causó estado la referida determinación. ... Archivo... archívese este expediente como concluido. Destino... este expediente es destruible....

  2. Incidental

    .... Como se hizo constar en la certificación de cuenta, en proveído dictado en esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo del que deriva este incidente. Archivo.... archívese este expediente como concluido. Destino.... este expediente es destruible. ...

  3. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, a treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Autoridad informa. Agréguese el oficio de Raúl Cruz López, apoderado legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), mediante el cual allega copia del acuse de recibo del oficio DX/GSJ/1294/2023 de dos de octubre de dos mil veintitrés, con el que se dio contestación a la petición formulada por el quejoso a esa institución y que es motivo del acto reclamado en el presente asunto. Sobreseimiento fuera de audiencia. De autos se advierte que mediante proveído de doce de septiembre de la presente anualidad, se radicó la demanda de amparo con el número 882/2023, se admitió a trámite, se requirió el informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional. Del informe justificado rendido por el apoderado legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), se advierte que aceptó el acto reclamado, no obstante ello, refirió que para el desahogo de la solicitado presentada por el quejoso se requiere diversa documentación para el trámite administrativo denominado rezago histórico, lo que le fue informado a través del oficio DX/GSJ/1294/2023 de dos de octubre de dos mil veintitrés y notificado vía correo certificado el veinte de octubre siguiente en el domicilio que proporcionó para tal, a través de quien dijo llamarse Ricardo Noguera Martínez tal y como se advierte de la copia del acuse de recibo del oficio de referencia. En el caso, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso José Luis Noguera Martínez, en su escrito de demanda de amparo reclamó la omisión de dar respuesta a su escrito de veintidós de junio de dos mil veintitrés, por el cual solicitó a la autoridad responsable la entrega de copia del contrato que ampara el crédito 9301160428 otorgado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) a su finada esposa María del Carmen Martínez Torres relativo a la vivienda ubicada en la calle Afrodita, doce A, fraccionamiento Atenas de esta ciudad. En razón de ello, el quejoso sostiene que la autoridad responsable con su actuar omiso vulnera en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 8 Constitucional, respecto a que los funcionarios y empleados públicos, respetarán el ejercicio del derecho de petición, misma que deberá ser formulada por escrito, de manera pacífica y respetuosa; asimismo, la autoridad deberá dar respuesta mediante acuerdo y éste deberá de hacerse del conocimiento del peticionario. Ello, supone tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos que la Convención reconoce. Sin embargo, del análisis realizado a las constancias que integran el presente juicio se estima que respecto del acto reclamado consistente en la omisión de dar respuesta a su escrito de veintidós de junio de dos mil veintitrés, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Porción normativa que establece la abolición de la acción constitucional debido a la cesación de los efectos del acto reclamado, que implica que la autoridad dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación u omisión, lo que debe entenderse se traduce no sólo en la detención definitiva del comportamiento de la autoridad (acción o inacción), sino también la desaparición total de los efectos en que se traduce el comportamiento que asumió, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De esta manera, la improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Así, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61 fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Lo anterior es así, ya que como se dijo José Luis Noguera Martínez, en su escrito de demanda de amparo reclamó la omisión de dar respuesta a su escrito de veintidós de junio de dos mil veintitrés y del oficio de cuenta así como del informe justificado allegado en autos, se desprende que a través del oficio DX/GSJ/1294/2023 de dos de octubre de dos mil veintitrés, le fue notificada la contestación que recayó a su petición, la cual le fue remitida vía correo certificado. Lo anterior, tiene como consecuencia que la omisión reclamada dejó de surtir efectos, pues ya no existe materia de estudio en el presente asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª/J 59/1999, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Ante tales consideraciones, se concluye, que han cesado los efectos del acto combatido por la parte quejosa. Es aplicable al caso la tesis I.3o.C.92 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." Sin que haya lugar a ampliar la demanda respecto a la contestación otorgada al quejoso, ya que tal acto deriva de una prestación que en su momento la autoridad aquí responsable le otorgó a su finada esposa María del Carmen Martínez Torres, con motivo de un crédito hipotecario, lo cual no puede ser combatido a través del juicio de amparo, sino mediante la vía contenciosa a través del juicio ordinario correspondiente. En consecuencia, lo que procede en la especie, es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Sin efectos audiencia constitucional. En virtud de lo expuesto, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las once horas con veintidós minutos del trece de noviembre de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y comuníquese esta determinación a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente al quejoso..

  4. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL AVISO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa-Enríquez, Veracruz, a treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Autoridad informa. Agréguese el oficio de Raúl Cruz López, apoderado legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), mediante el cual allega copia del acuse de recibo del oficio DX/GSJ/1294/2023 de dos de octubre de dos mil veintitrés, con el que se dio contestación a la petición formulada por el quejoso a esa institución y que es motivo del acto reclamado en el presente asunto. Sobreseimiento fuera de audiencia. De autos se advierte que mediante proveído de doce de septiembre de la presente anualidad, se radicó la demanda de amparo con el número 882/2023, se admitió a trámite, se requirió el informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional. Del informe justificado rendido por el apoderado legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), se advierte que aceptó el acto reclamado, no obstante ello, refirió que para el desahogo de la solicitado presentada por el quejoso se requiere diversa documentación para el trámite administrativo denominado rezago histórico, lo que le fue informado a través del oficio DX/GSJ/1294/2023 de dos de octubre de dos mil veintitrés y notificado vía correo certificado el veinte de octubre siguiente en el domicilio que proporcionó para tal, a través de quien dijo llamarse Ricardo Noguera Martínez tal y como se advierte de la copia del acuse de recibo del oficio de referencia. En el caso, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso José Luis Noguera Martínez, en su escrito de demanda de amparo reclamó la omisión de dar respuesta a su escrito de veintidós de junio de dos mil veintitrés, por el cual solicitó a la autoridad responsable la entrega de copia del contrato que ampara el crédito 9301160428 otorgado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) a su finada esposa María del Carmen Martínez Torres relativo a la vivienda ubicada en la calle Afrodita, doce A, fraccionamiento Atenas de esta ciudad. En razón de ello, el quejoso sostiene que la autoridad responsable con su actuar omiso vulnera en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 8 Constitucional1 , respecto a que los funcionarios y empleados públicos, respetarán el ejercicio del derecho de petición, misma que deberá ser formulada por escrito, de manera pacífica y respetuosa; asimismo, la autoridad deberá dar respuesta mediante acuerdo y éste deberá de hacerse del conocimiento del peticionario. Ello, supone tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos que la Convención reconoce. Sin embargo, del análisis realizado a las constancias que integran el presente juicio se estima que respecto del acto reclamado consistente en la omisión de dar respuesta a su escrito de veintidós de junio de dos mil veintitrés, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo2 . Porción normativa que establece la abolición de la acción constitucional debido a la cesación de los efectos del acto reclamado, que implica que la autoridad dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación u omisión, lo que debe entenderse se traduce no sólo en la detención definitiva del comportamiento de la autoridad (acción o inacción), sino también la desaparición total de los efectos en que se traduce el comportamiento que asumió, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De esta manera, la improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Así, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61 fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Lo anterior es así, ya que como se dijo José Luis Noguera Martínez, en su escrito de demanda de amparo reclamó la omisión de dar respuesta a su escrito de veintidós de junio de dos mil veintitrés y del oficio de cuenta así como del informe justificado allegado en autos, se desprende que a través del oficio DX/GSJ/1294/2023 de dos de octubre de dos mil veintitrés, le fue notificada la contestación que recayó a su petición, la cual le fue remitida vía correo certificado. Lo anterior, tiene como consecuencia que la omisión reclamada dejó de surtir efectos, pues ya no existe materia de estudio en el presente asunto.(...) Ante tales consideraciones, se concluye, que han cesado los efectos del acto combatido por la parte quejosa. (...) Sin que haya lugar a ampliar la demanda respecto a la contestación otorgada al quejoso, ya que tal acto deriva de una prestación que en su momento la autoridad aquí responsable le otorgó a su finada esposa María del Carmen Martínez Torres, con motivo de un crédito hipotecario, lo cual no puede ser combatido a través del juicio de amparo, sino mediante la vía contenciosa a través del juicio ordinario correspondiente. En consecuencia, lo que procede en la especie, es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Sin efectos audiencia constitucional. En virtud de lo expuesto, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las once horas con veintidós minutos del trece de noviembre de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y comuníquese esta determinación a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente al quejoso...

Quedan 6 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · 10,474 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano