José Luis Nazario Pérez
Expediente 512/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 512/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 20/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- José Luis Nazario Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, no ha informado en qué términos está dando cumplimiento a la ejecutoria de amparo, a pesar de haber quedado debidamente notificado del auto de veintinueve de noviembre del año en curso, como se desprende de la constancia que obra agregada a los presentes autos (foja 17); en tal circunstancia, con apoyo en el artículo 192 de la citada Ley de Amparo, requiérasele nuevamente, para que dentro del plazo de tres días, siguientes al de su legal notificación informe sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; apercibido que de no hacerlo así, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA) en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo (publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que la cuantía de dicha Unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), acorde con el artículo 237, fracción I, con el precepto 259 de la Ley de Amparo; y desde luego, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente al presentarse la demanda origen de este asunto, establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 2° y 86 de la ley de la materia, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Ahora bien, con apoyo en el artículo 192 de la citada Ley de Amparo, requiérase al Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días, siguientes al de su legal notificación informe sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; apercibida que de no hacerlo así, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA) en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo (publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que la cuantía de dicha Unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), acorde con el artículo 237, fracción I, con el precepto 259 de la Ley de Amparo; y desde luego, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. NOTIFÍQUESE.
- Principal
previo citatorio... Número de expediente: 512/2019 Acuerdo: V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número ********************; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO.********************, por su propio derecho mediante escrito presentado el cinco de junio de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, residente en esta localidad, que por razón turno tocó conocer a este órgano jurisdiccional, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados al Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, a la licenciada María Eugenia Villanueva Abraján en su doble carácter de Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, y Magistrada Presidenta del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, y Congreso del Estado de Oaxaca, que hizo consistir en: la falta de respuesta a sus escritos de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve; que estima violatorio de los derechos fundamentales contenidos en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por auto de seis de junio de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de garantías, solicitó a las responsables su informe justificado, dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, y citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo con el resultado que muestra el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción V, de la Constitución General de la República; 37 de la Ley de Amparo; 48, 49 y 54, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII del Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. Se puntualiza que la jurisprudencia que se cite en esta sentencia, aun cuando haya sido integrada bajo la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, seguirá siendo aplicable para resolver este asunto, pues ello lo permite el artículo sexto transitorio de la Ley de la materia publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, siempre y cuando no contravenga tal ordenamiento jurídico. TERCERO. De los informes justificados rendidos por la Presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional en representación del Congreso del Estado, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura, y Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, en representación del Gobernador del Estado de Oaxaca, se desprende la certeza de los actos reclamados. CUARTO. Previo al estudio del fondo del asunto, deben de examinarse las causas de improcedencia que las partes hagan valer o este órgano jurisdiccional advierta de oficio, dado que su estudio es preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Este órgano jurisdiccional estima que en la especie, se concreta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con respecto a los actos omisivos atribuidos a la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Estado, y Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca; numeral que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.). De las copias certificadas que acompañaron las responsables, las cuales tienen pleno valor probatorio conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto por el artículo 2°, de ésta, se desprende lo siguiente: El aquí quejoso********************, mediante escritos de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve y recibidos el diecisiete del mismo mes y año, dirigidos a la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado y Magistrada Presidenta del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, solicitó en la parte que interesa: ". En uso de sus atribuciones, pido se sirva informar al Gobernador del Estado y al Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, respecto de la vacante de Magistrado existente en la Cuarta Sala Constitucional del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca.". En atención a la petición del aquí quejoso, el Secretario Privado de la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura, por oficio ********************, de diecinueve de junio del presente año, notificó personalmente al inconforme el acuerdo recaído a su solicitud, contenido en el diverso oficio ********************, de veinticuatro de mayo anterior, que dice: ". de conformidad con el artículo 102 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, el cual establece: 'Artículo 102. Para nombrar a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Justicia Administrativa y del Tribunal Laboral, el Gobernador del Estado emitirá una convocatoria pública para la selección de aspirantes, de conformidad con los requisitos señalados en el artículo anterior. El Consejo de la Judicatura certificará el cumplimiento de los requisitos de ley y aplicará los exámenes de oposición. Una vez concluidos éstos, remitirá al Gobernador del Estado una lista que contenga ocho candidatos, de los cuales el Gobernador enviará una terna al Congreso del Estado para que elija a quien debe ser Magistrado. La elección se hará por el voto de las dos terceras partes de los diputados del Congreso del Estado que se hallen presentes, dentro del improrrogable plazo de veinte días naturales. Si el Congreso no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Magistrado la persona que, dentro de dicha terna, designe el Gobernador del Estado. En caso de que el Congreso del Estado rechace la terna propuesta, para el cargo la persona que habiendo aparecido en la lista elaborada por el Consejo de la Judicatura designe el Gobernador del Estado. Todos los Magistrados, con excepción del Magistrado Presidente y del Magistrado de la Judicatura, deberán integrar sala, durarán en el ejercicio de su cargo ocho años, podrán ser reelectos por un periodo igual, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos del artículo 117 de esta Constitución y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca; podrá jubilarse en los términos que señale la ley respectiva'. Por lo que, una vez que el titular del Poder Ejecutivo emita la convocatoria, se dará el trámite que corresponda al Consejo de la Judicatura a que alude el precepto legal invocado.". Acuerdo que fue notificado personalmente al aquí quejoso el veinte de junio de dos mil diecinueve. Ahora, atinente al escrito del inconforme dirigido al Gobernador Constitucional del Estado y recibido el dieciséis de mayo de esta anualidad, solicitó en la parte que importa: ". En uso de sus atribuciones constitucionales, de manera respetuosa, pido tenga a bien emitir la CONVOCATORIA correspondiente para ocupar la vacante de Magistrado de la Cuarta Sal Constitucional del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca.". El Director General de Trámite y Substanciación de Procesos Jurídicos de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, en respuesta a la petición del aquí quejoso, en acuerdo contenido en el oficio ********************de fecha uno de julio de dos mil diecinueve, le hizo de su conocimiento en la parte relativa: ". No es factible acordar favorablemente su petición, es decir, que mi representado el C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, emita la Convocatoria Pública que establece el artículo 102 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; lo anterior, en razón de que la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, como representante Legal del Poder Judicial del Estado no ha comunicado de manera oficial y/o legal del deceso del Magistrado ********************, Magistrado integrante de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, tal y como lo establece el artículo 164 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca.". Oficio que se notificó personalmente al quejoso********************, el tres de julio del año en curso. En ese sentido, es claro que en el caso cesaron los efectos de los actos controvertidos, en la medida que las responsables emitieron el acuerdo respectivo a las peticiones del inconforme y notificados posteriormente a la presentación de la demanda de amparo, que dio origen al presente juicio de amparo. Se invoca en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 59/99, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, de junio de 1999, visible en la página 38, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". De esta manera, se impone sobreseer en el presente juicio, por lo que respecta a los citados actos y autoridades se refiere, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. QUINTO. Se tienen por reproducidos en este apartado los conceptos de violación que expresa la parte quejosa por no existir precepto alguno en la Ley de Amparo, que obligue a su transcripción en la sentencia, de acuerdo con la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se puede consultar en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, página 830, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SEXTO. Los conceptos de violación expresados por el quejoso, se estiman esencialmente fundados. De la constancia allegada por el inconforme, anexa a su demanda de garantías, se desprende dirigió escrito presentado el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, solicitándole en lo que interesa: ". En uso de la atribuciones que les otorga el artículo 102 de la Constitución de Oaxaca, de la manera más respetuosa, solicito que requiera tanto a la Presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, para que informe acerca de la vacante de Magistrado existente en la Cuarta Sala Constitucional del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Así mismo, requiera al Gobernador a fin de que éste, lance convocatoria correspondiente para el proceso de selección de la persona con aptitudes que pasará a ocupar la vacante de Magistrado.". Ahora bien, el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, obliga a las autoridades a quienes se haga alguna solicitud, a dictar acuerdo por escrito y comunicarlo en breve término al gobernado, numeral que establece: "Artículo 8°. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa. A toda petición debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". En la disposición constitucional en cuestión, se consagra el derecho de petición, que consiste en que todo gobernado pueda dirigirse a las autoridades con la certeza de que recibirá una respuesta por escrito a la solicitud formulada. El derecho público subjetivo que consagra el citado precepto podría denominarse derecho de respuesta o "derecho de recibir respuesta", pues la Constitución Federal otorga la facultad de exigir jurídicamente que la autoridad responda a la petición que se le hace. El ejercicio de este derecho por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta se caracterizan por los elementos que enseguida se enlistan: > La petición: debe formularse por escrito, de manera pacífica y respetuosa, ser dirigida a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además, el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la contestación. > La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que ser congruente con la petición. > La notificación: la autoridad debe hacer saber la providencia recaída a la petición en forma personal al gobernado, en el domicilio que señale para tales efectos. Es aplicable al caso, la Tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, que se puede consultar en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, Agosto de 2005, Novena Época, página 1897, que dice: "DERECHO DE PETICIÓN, SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. constitucional, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos que enseguida se enlistan: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que ser congruente con la petición; la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos; no existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; y, la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por autoridad diversa, sin que sea jurídicamente válido considerar que la notificación de la respuesta a que se refiere el segundo párrafo del artículo 8o. constitucional se tenga por hecha a partir de las notificaciones o de la vista que se practiquen con motivo del juicio de amparo." En ese contexto, como el Congreso del Estado de Oaxaca, no acreditó dicho extremo, esto es, que haya dado respuesta a la petición del aquí quejoso********************, y se lo hiciera de su conocimiento en breve término, de conformidad con lo dispuesto por el citado artículo 8° Constitucional, lo procedente es conceder la protección federal, para el efecto que la responsable de inmediato acuerde lo que legalmente corresponda respecto a la petición formulada por el inconforme, y también de inmediato lo haga de su conocimiento mediante notificación personal en el domicilio señalado para tal fin. No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional, la circunstancia señalada por la Presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional en representación del Congreso del Estado, al rendir su informe justificado, en el sentido que el escrito de petición del quejoso, se turnó para su tramitación a la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia, escrito que hasta el momento continúa en estudio debido a la carga de trabajo; lo anterior, en virtud que el artículo constitucional en comento, tiene como premisa normativa, que a toda solicitud de los gobernados presentada por escrito ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica, debe recaer una respuesta por escrito haciéndola del conocimiento de aquél en breve plazo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se:
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra transcurriendo el término concedido a la parte quejosa, a efecto de que cumpla con el requerimiento formulado por auto de trece de agosto del año en curso; en tal circunstancia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan nuevamente las NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA VEINTIDÓS DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO. NOTIFÍQUESE.
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