Jose Luis Navarro Lopez
Expediente 124/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 124/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jose Luis Navarro Lopez
Actuaciones
- Principal
Visto lo de cuenta, se desprende de la certificación asentada por la Secretaría de este Juzgado, que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que haya sido interpuesto recurso de queja en contra del auto de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho (f. 68-72), que desechó la demanda promovida por ***, por su propio derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición del numeral 2°, del cuerpo de leyes citado en último término se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Comuníquese lo anterior a la parte solicitante del amparo; háganse las anotaciones en el libro de control y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, específicamente en sus dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de relevancia documental. Por otra parte, toda vez que se desechó la demanda con que se formó el juicio de amparo en que se actúa, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo citado en el párrafo que antecede. Devuélvase al Juez Cuarto Menor Civil, con residencia en Celaya, Guanajuato, los autos originales del juicio ejecutivo mercantil *** (un tomo), así como dos sobres con documentos. Se solicita acuse de recibo.
- Principal
Al no atender el aviso la parte quejosa, por este conducto se procede a notificar el proveído de diecinueve de febrero actual, que en lo conducente dice: Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio número 1538, suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, al que adjunta testimonio de la resolución de ocho de febrero de dos mil dieciocho, emitida en el amparo directo civil *** del índice del Colegiado de su adscripción, promovido por ***, por su propio derecho, contra actos del Juez Cuarto Menor Civil de Celaya, Guanajuato; asimismo, acompaña original de la demanda de amparo y tres copias simples, copia certificada del oficio 4074, cuadernillo original que formó el aludido Juez con motivo de la presentación de la demanda de amparo, original del juicio ejecutivo mercantil **/2017 (un tomo) y dos sobres blancos con documentos. Acúsese recibo. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 124/2018-V-2, anótese su ingreso en el libro de control de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. Ahora bien, analizado el contenido de la resolución de ocho de febrero de dos mil dieciocho, se desprende que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda promovida porque de los conceptos de violación propuestos por el quejoso, se desprende que un primer motivo de queja consiste en la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento practicado al solicitante del amparo en el juicio de origen el diecinueve de junio de dos mil diecisiete; y como segundo acto reclamado, la sentencia que dirimió dicho juicio; y en el caso de la falta o ilegal emplazamiento, tal acto no encuadra dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 170 de la Ley de Amparo, en razón de que no es la sentencia en sí lo que realmente se combate, sino el no haber sido oído y vencido; por lo que es el amparo indirecto el procedente contra actos consistentes en todo lo actuado en un juicio, en el que se el quejoso asegura no fue emplazado conforme a la Ley, por equipararse a una persona extraña a juicio; ordenando la remisión de la demanda y anexos al Juzgado de Distrito en turno, con sede en Celaya, Guanajuato. Fijado lo anterior, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ***, por su propio derecho, contra actos del Juez Cuarto Menor Civil, con residencia en Celaya, Guanajuato. Ahora bien, una vez analizada la demanda de amparo, anexos que a ella se adjuntaron y de forma relevante el juicio ejecutivo mercantil ***, se acuerda lo siguiente: El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dice: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la demanda de amparo se desprende que la parte promovente, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Cuarto Menor Civil, con residencia en Celaya, Guanajuato, actos que describió de la siguiente forma: V. ACTO RECLAMADO. Se reclama de la Autoridad Responsable Ordenadora la emisión de la Sentencia dictada en fecha 13 de Julio del año en curso, en el Juicio Ejecutivo Mercantil No. ***, promovido en mi contra por ***. Juicio en Juzgado Menor, lo que motiva que la sentencia emitida y de condena sea impugnada a través del Recurso del Amparo, dicha resolución se me notificó por lista en fecha 14 de Julio en los Estrados del Tribunal emisor. Pues dicha resolución me causa agravios de orden patrimonial, por ejercicios de la usura no considerada por la Autoridad Responsable al emitir la sentencia que combato; la que también contiene sin fundamentación legal, exigencias Plus Petitio en lo económico, sin reducción de los descuentos que se me hicieron vía Credi-nómina. En ese orden, del contenido de la demanda de cuenta, como antecedentes de los actos reclamados, se desprende, en lo que aquí interesa, que ante el Juzgado Cuarto Menor Civil de Celaya, Guanajuato, se encuentra radicado el juicio ejecutivo mercantil ***, promovido por ***, en su carácter de endosatario en procuración de ***, en contra de ***, juicio en el que a consideración del solicitante del amparo no fue legalmente llamado a juicio. Asimismo, del juicio ejecutivo mercantil ***, se aprecia que el diecinueve de julio de dos mil diecisiete, se emplazó al demandado *** y el trece de julio de dos mil diecisiete, se dictó sentencia definitiva, en la que el Juez responsable determinó que la parte actora acreditó los elementos constitutivos de sus pretensiones; en tanto que el demandado no opuso excepciones, por lo que fue condenado al pago de diversas prestaciones (f. 23-28 y 41-45 juicio ejecutivo mercantil **. De los antecedentes relatados se obtiene que *** es parte demandada en el juicio de origen y fue emplazado a dicho juicio; y de igual forma, se emitió sentencia condenatoria en contra de la parte demandada. Bajo este escenario, en relación con los actos reclamados consistentes en la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento realizada el diecinueve de junio de dos mil diecisiete, en el domicilio ubicado en Circuito ***; se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia establecida en el artículo 61 fracción XIV, primer párrafo, en vinculación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la demanda de amparo de cuenta, por lo que a dichos actos reclamados se refiere, fue promovida en forma extemporánea a los quince días a que se refiere el segundo de los preceptos legales invocados y con ello consentida, conforme al primero de los mencionados artículos. Los indicados artículos en el orden apuntado son del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. (Lo destacado es nuestro). Esto es, del contenido del artículo 18 de la Ley de Amparo se obtiene que, entre otras hipótesis, el término de quince días para promover el juicio de amparo, empezará a computarse a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, la notificación a la parte quejosa de la resolución que se reclama, conforme a la ley del acto; y del diverso numeral 61 fracción XIV, primer párrafo, se desprende que, para el caso de no promoverse el juicio de amparo dentro del término a que se refiere el artículo 17, se tendrán por consentidos tácitamente los actos reclamados. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, en razón de que el promovente tuvo conocimiento y fue notificado del indicado acto reclamado el diecinueve de junio de dos mil diecisiete; y de conformidad con el artículo 1075 párrafo segundo, del Código de Comercio; dicha notificación surtió efectos el veinte de junio de dicho año; por lo que el término de quince a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, empezó a computarse el veintiuno de junio de dos mil diecisiete; día hábil siguiente a aquél en surtió efectos la notificación del emplazamiento reclamado; por tanto, el solicitante del amparo debió ejercer la acción constitucional dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha mencionada; el cual quedó comprendido del veintiuno de junio al once de julio de dos mil diecisiete, con exclusión de seis días por ser inhábiles; a saber, los sábados veinticuatro de junio, uno y ocho de julio, así como los domingos veinticinco de junio, dos y nueve de julio, todos de dos mil diecisiete. En consecuencia, si la demanda de amparo, génesis del juicio de amparo 124/2018-V-1, fue presentada en la Oficialía de Partes de los Juzgados Civiles de Celaya, Guanajuato, el veintiuno de agosto de dos mil diecisiete; ello significa que en relación con el aludido acto reclamado, la demanda de amparo fue presentada en forma extemporánea a los quince días que al efecto establece el artículo 17 de la Ley de Amparo. Lo que conduce a la conclusión de que al no promoverse el juicio de amparo dentro del plazo que para ello establece el indicado precepto legal, dicho acto reclamado fue consentido tácitamente tal y como lo dispone el diverso numeral 61 fracción XIV, primer párrafo, del apuntado ordenamiento legal. Sin que en la especie, la parte quejosa se ubique en alguno de los casos de excepción a que se refiere el artículo 17 en sus fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Amparo, puesto que no se reclama una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en cuyo caso el plazo para la presentación de la demanda es de treinta días (fracción I); no se reclama la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, en la que se imponga pena de prisión, caso en el cual podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años (fracción II); de igual forma, no se está en el supuesto de que el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que el término es de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados (fracción III); y de igual modo, el acto reclamado no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; caso en que la demanda puede presentarse en cualquier tiempo (fracción IV). Es de invocarse, por lo que informa, la Tesis de datos de localización y contenido siguiente: Quinta Época Registro: 328325 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo LXVIII Materia(s): Común Tesis: Página: 3212 AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL, POR ACTOS CONSENTIDOS. La fracción XII de artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, previene, que el amparo es improcedente, contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que señalan los artículos 21 y 22 de la misma ley; y el artículo 21 establece, que el término de quince días para la interposición de la demanda de garantías, se contará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame, al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismo. De acuerdo con lo expuesto, es evidentes que cuando no se reclaman los actos que afecten a determinada persona, dentro de aquel término legal, estamos frente a actos tácitamente consentidos, si es que como se dijo, no obstante que el quejoso tuvo conocimiento de ellos, no los reclamó con la debida oportunidad. Ahora bien, respecto a actos derivados de otros consentidos, también cabe decir que el juicio constitucional no procede, de acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte. Así como la diversa Tesis que dice: Octava Época Registro: 216152 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XI, Junio de 1993 Materia(s): Común Tesis: Página: 235 ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita. En la inteligencia de que las Tesis invocadas son aplicables de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; en razón de que no se oponen a los postulados establecidos en la mencionada Ley. Por todo ello, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia establecida en el artículo 61 fracción XIV primer párrafo, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo; toda vez que en relación con el acto reclamado consistente en el emplazamiento practicado al solicitante del amparo en el juicio de origen el diecinueve de junio de dos mil diecisiete, no se promovió el juicio de amparo indirecto dentro del término de quince días que al efecto señala el segundo de los preceptos legales invocados; se desecha la demanda promovida por ***, por su propio derecho, con fundamento en el diverso numeral 113 del citado ordenamiento legal. En relación con el acto reclamado consistente en la sentencia de trece de julio de dos mil diecisiete emitida en el juicio ejecutivo mercantil **/2017, del índice del Juzgado responsable, dicho acto sigue la suerte de la determinación que se realizó en parágrafos precedentes, respecto del emplazamiento reclamado, en razón de que la referida sentencia no se reclamó por vicios propios, sino por vía de consecuencia del emplazamiento reclamado; esto es, no se está en el supuesto de competencia escalonada, que obligue a este Juzgado de la Federación a remitir el expediente al órgano Colegiado competente para que conozca de la sentencia definitiva reclamada. Por otra parte, en relación con el original del juicio ejecutivo mercantil *** (un tomo), que se recibe, guárdese por separado y fórmese al efecto el cuaderno de pruebas correspondiente; y por lo que se refiere a los dos sobres con documentos que de igual forma se reciben, guárdense en la secretaría de este Juzgado de la Federación en un sobre con los datos de identificación correspondiente. En otro orden, como lo solicita el promovente, con fundamento en el artículo 12, de la Ley de Amparo, téngase por autorizado en amplios términos al licenciado ***, toda vez que su cédula profesional se encuentra inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito que lo autoriza a ejercer la profesión de abogado; y únicamente para recibir notificaciones de carácter personal a los licenciados ***, por no acreditar dicho requisito, y para estos últimos efectos se autoriza a las pasantes juristas **. Por otra parte, de las constancias que se encuentran agregadas al juicio ejecutivo mercantil **/2018, del índice del Juzgado Cuarto Menor Civil de Celaya, Guanajuato, se desprende que el solicitante del amparo fue emplazado a dicho juicio en el domicilio ubicado en Circuito ***; por tanto, se comisiona al Actuario Judicial de la adscripción para que se constituya en el indicado domicilio y notifique este auto a ***, lo requiera para que señale domicilio en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, para recibir notificaciones de carácter personal, y lo aperciba que mientras no lo haga, las subsecuentes notificaciones que tengan ese carácter, se le harán por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este Juzgado de la Federación, conforme a las reglas que al efecto establece el artículo 29, de la Ley de Amparo. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias; esto último con fundamento el artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la federación.
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