José Luis Nava Cenil

Expediente 973/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 17 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
973/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
10/02/2023

Partes del expediente

  • José Luis Nava Cenil

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, diez de febrero de dos mil veintitrés. Del estado procesal del expediente, se advierte que transcurrió el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo hubieran hecho; en consecuencia, se procede a analizar si conforme con las constancias remitidas por la autoridad responsable, la sentencia amparadora se encuentra cumplida. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Para el indicado análisis, debe tomarse en cuenta lo siguiente: I) En sentencia dictada el quince de diciembre de dos mil veintidós, en el juicio de amparo número 983/2022, se concedió el amparo solicitado a **********, para el efecto que la Jueza Décima de Primera Instancia Especializada en Materia de Familia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, realizara lo siguiente: - Dejara insubsistente la resolución interlocutoria de seis de septiembre de dos mil veintidós, y, en su lugar, con libertad de jurisdicción, emitiera una nueva en la que resolviera conforme a derecho proceda la reclamación que interpuso el demandado contra la pensión alimenticia provisional que se decretó a su cargo, pero en la que atienda las consideraciones indicadas en esta sentencia. Esto de conformidad con los razonamientos que se expresaron en el considerando sexto de este fallo II) En proveído de veinte de enero de dos mil veintitrés, se declaró que la sentencia de amparo causó ejecutoria y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. III) Mediante oficio 507/2023 recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado el veintisiete de enero de dos mil veintitrés, la Juez responsable informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y remitió diversas constancias con las que pretendía dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. IV) En acuerdo de treinta de enero del año en curso, se dio vista a las partes con las constancias remitidas por la autoridad responsable, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. Previo análisis de las constancias de autos, se concluye que la ejecutoria de amparo SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE CUMPLIDA. Lo anterior es así porque la Juez responsable, en auto de veinticuatro de enero del año en curso, emitido en el juicio ordinario civil ********* de su índice, dejó insubsistente la diversa de seis de septiembre de dos mil veintidós, la que constituyó el acto reclamado en esta instancia constitucional. Asimismo, el veintiséis de ese mes y año resolvió el recurso de reclamación interpuesto por **********, en contra del monto de la pensión alimenticia provisionalmente decretado en dichos autos, y consideró procedente declarar infundado dicho recurso, dejándose intocado y quedando firme la medida provisional por concepto de pensión alimenticia decretada; por lo que, respecto de los motivos de la concesión del amparo, la autoridad adujo lo siguiente: Que el recurso de reclamación resultaba infundado, toda vez que el recurrente negó a la actora derecho alimentario bajo el argumento de que prescribió su derecho para hacerlo valer y que en efecto las afirmaciones del demandado no pueden ser materia de análisis en este momento procesal, pues de realizarse de esta forma, se estaría rebasando el alcance del recurso de reclamación interpuesto, en virtud que la finalidad de éste es regraduar la medida provisional inicialmente decretada, no así de analizar la acreditación plena de las circunstancias que alegó la parte demandante, en específico a la existencia y terminación del concubinato, pues dicha figura no es acreditable mediante documental sino a través de otros medios de prueba, que para el momento de análisis del recurso aún no se han desahogado. Además el demandado ofreció la prueba documental consistente en certificado médico expedido por el doctor ********, el uno de julio de dos mil veintidós, probanza la cual careció de valor probatorio pleno y no beneficiaba al oferente recurrente, pues se trata de un documento privado que no fue expedido por una institución de salud o seguridad social oficial, y del que si bien se aprecia indiciariamente que el ciudadano *********, por el momento no puede desempeñar una labor de manera normal, porque su visión se ha visto afectada y que el paciente padece diabetes mellitus, respecto a esto último no existe prueba fehaciente. Asimismo, en el documento referido no se estableció que **********, estuviera impedido para desempeñar un trabajo remunerado de manera normal, sino que el padecimiento que le causaba problemas visuales se encontraba en protocolo de estudio, aunado a que es un hecho conocido que la diabetes mellitus no es una enfermedad incapacitante, sino que puede ser controlada mediante los tratamientos médicos adecuados, por lo que no impide trabajar a las personas que la padecen, además de que dicho documento no constituye un dictamen médico especializado en el que se hubiera determinado que el deudor alimentario se ve afectado por una incapacidad permanente parcial o total que le impida desempeñar algún trabajo remunerado, aunado a que en autos del expediente no se constan datos de los que pudiera desprenderse que el deudor alimentario se encuentra en estado de insolvencia total, de ahí que esta probanza resulte insuficiente para regraduar la cantidad que por concepto de pensión alimenticia se decretó en favor de la actora. Adicionalmente, la pensión provisional inicial, ésta se fija con los elementos aportados por la parte actora, ello deriva de la facultad que concede el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, para que en el auto que da entrada a la demanda se fije provisionalmente por concepto de alimentos el porcentaje o en su caso el salario que se considere apropiado para la parte acreedora atendiendo las circunstancias del caso justiciable, siempre y cuando estén acreditadas indiciariamente los presupuestos esenciales, a saber, el alto grado de la necesidad de la medida y el peligro en la demora, pero contra esa medida el deudor alimentista en su escrito de contestación de demanda puede promover la correspondiente reclamación, la cual es un medio de defensa que fue creado para tratar de equilibrar la cantidad o el porcentaje que como pensión alimenticia provisional se decreta en el auto de inicio ya que en éste se toma como base únicamente los datos expresados por la actora en su demanda; por lo que si el deudor alimentista reclama, es menester que aporte pruebas documentales suficientes idóneas para que la juzgadora analice, pues dichas probanzas las desconocía al decretar el monto de la pensión provisional, esto es, en el recurso de reclamación el demandado tiene la oportunidad de aportar medios de prueba que sean útiles para reconsiderar el monto inicialmente determinado, lo que en el caso concreto no antecede, pues el inconforme no aporta en su recurso medio probatorio nuevo para justificar sus argumentos. Posteriormente, en lo que respecta a la necesidad de la señora ***********, demandó los alimentos en su calidad de concubina, corroborando indiciariamente su dicho con el acta de matrimonio eclesiástico, de fecha veinticinco de noviembre de dos mil seis, suscrita por el presbítero ********, perteneciente a la parroquia de nuestra señora del Sagrado Corazón de Jesús, de la Arquidiócesis de Xalapa, Veracruz; manifestando carecer de recursos para satisfacer sus necesidades, habiéndose dedicado preponderantemente a las labores del hogar, sin que el recurrente haya exhibido caudal probatorio alguno para acreditar que en la actualidad la actora se encuentre percibiendo ingresos. De igual forma, con respecto a la posibilidad económica del reclamista, si bien el demandado alegó que a la fecha se encontraba incapacitado para laborar derivado de haber sido diagnosticado por paresia del Vi nervio izquierdo, lo que le impide tener una correcta función de visión y por ende está imposibilitado para trabajar, ello no se encuentra justificado en autos; sin embargo, debido a la naturaleza de los alimentos que se reclaman, no es posible eximirlo de dicha obligación y menos considerar su estado de salud para reducir la medida alimentaria inicialmente decretada. Por tanto, el recurrente no acreditó ninguno de sus agravios formulados, pues sólo se redujeron a meras manifestaciones que no son aportadas con elementos idóneos y fehacientes para acreditar aun indiciariamente que se encuentra incapacitado para laborar y por ende de allegarse de recursos económicos suficientes, mucho menos dijo y acreditó a cuánto ascienden sus ingresos, los gastos que tiene para su manutención y como es que la pensión decretada a su cargo en el presente juicio , lo deja en estado de insolvencia. Bajo esos argumentos, determinó procedente dejar intocada y firme el monto de la pensión alimenticia inicialmente decretada y declarara infundada la reclamación interpuesta. En este sentido, es evidente que la Juez responsable atendió los lineamientos establecidos en la sentencia que se analiza; sin que el sentido de la nueva resolución implique un estudio por parte de este órgano jurisdiccional, ya que le fue otorgada libertad de jurisdicción a la autoridad responsable, para que una vez subsanadas las deficiencias apuntadas en la ejecutoria, resolviera conforme a derecho procediera. En consecuencia, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA PROTECTORA, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como concluido; háganse las anotaciones en el libro de Gobierno respectivo, en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S. I. S. E.). En atención a lo dispuesto en el artículo 15 del "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES" publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente carece de relevancia documental al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo primeramente citado, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente, así como la fecha del presente acuerdo de archivo; en consecuencia, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b) del aludido Acuerdo General, el presente asunto es susceptible de depuración, debido a que por una parte se negó y por otra se concedió el amparo, y carece de relevancia documental. En mérito de lo anterior, este expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse notificado el presente auto. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; así como la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; la justificación de esto último, deberá constar en el acuerdo de desincorporación; además de formular el acta relativa a las constancias depuradas, previa relación para la plena identificación de las mismas, debiendo registrar la anotación respectiva en el libro de gobierno correspondiente. Terminado el proceso de depuración, se deberá solicitar la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, devuélvase a la autoridad responsable las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado y con las que se formaron dos tomos de pruebas, al resultar innecesaria su conservación. Finalmente, el presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

  2. Incidental

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, diez de febrero de dos mil veintitrés. Del estado procesal del juicio de amparo del que deriva el incidente de suspensión en que se actúa, se advierte que con esta fecha se ordenó el archivo del referido expediente; por tanto, de igual modo, archívese este incidente de suspensión como concluido. En términos de lo dispuesto en el artículo 21, inciso c) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cuaderno original es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión provisional y definitiva solicitada; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, dentro de los siguientes noventa días al fenecimiento de dicho plazo procédase a su depuración, acorde con lo establecido en el párrafo segundo del artículo invocado, y realizado ello, solicítese su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General invocado, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, dentro de los treinta días siguientes al fenecimiento de dicho plazo, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Finalmente, el presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

  3. Principal

    Debido a que la parte quejosa en el juicio de amparo 973/2022 y tercero interesado en el juicio de amparo 983/2022, no compareció a notificarse personalmente dentro del término concedido, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b, de la ley de amparo vigente, se publica el acuerdo de diez de febrero del presente año, que en lo conducente dice: Xalapa de Enríquez, Veracruz, diez de febrero de dos mil veintitrés. Del estado procesal del expediente, se advierte que transcurrió el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo hubieran hecho; en consecuencia, se procede a analizar si conforme con las constancias remitidas por la autoridad responsable, la sentencia amparadora se encuentra cumplida. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Para el indicado análisis, debe tomarse en cuenta lo siguiente: I) En sentencia dictada el quince de diciembre de dos mil veintidós, en el juicio de amparo número 983/2022, se concedió el amparo solicitado a **********, para el efecto que la Jueza Décima de Primera Instancia Especializada en Materia de Familia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, realizara lo siguiente: - Dejara insubsistente la resolución interlocutoria de seis de septiembre de dos mil veintidós, y, en su lugar, con libertad de jurisdicción, emitiera una nueva en la que resolviera conforme a derecho proceda la reclamación que interpuso el demandado contra la pensión alimenticia provisional que se decretó a su cargo, pero en la que atienda las consideraciones indicadas en esta sentencia. Esto de conformidad con los razonamientos que se expresaron en el considerando sexto de este fallo II) En proveído de veinte de enero de dos mil veintitrés, se declaró que la sentencia de amparo causó ejecutoria y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. III) Mediante oficio 507/2023 recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado el veintisiete de enero de dos mil veintitrés, la Juez responsable informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y remitió diversas constancias con las que pretendía dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. IV) En acuerdo de treinta de enero del año en curso, se dio vista a las partes con las constancias remitidas por la autoridad responsable, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. Previo análisis de las constancias de autos, se concluye que la ejecutoria de amparo SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE CUMPLIDA. Lo anterior es así porque la Juez responsable, en auto de veinticuatro de enero del año en curso, emitido en el juicio ordinario civil ********* de su índice, dejó insubsistente la diversa de seis de septiembre de dos mil veintidós, la que constituyó el acto reclamado en esta instancia constitucional. Asimismo, el veintiséis de ese mes y año resolvió el recurso de reclamación interpuesto por **********, en contra del monto de la pensión alimenticia provisionalmente decretado en dichos autos, y consideró procedente declarar infundado dicho recurso, dejándose intocado y quedando firme la medida provisional por concepto de pensión alimenticia decretada; por lo que, respecto de los motivos de la concesión del amparo, la autoridad adujo lo siguiente: Que el recurso de reclamación resultaba infundado, toda vez que el recurrente negó a la actora derecho alimentario bajo el argumento de que prescribió su derecho para hacerlo valer y que en efecto las afirmaciones del demandado no pueden ser materia de análisis en este momento procesal, pues de realizarse de esta forma, se estaría rebasando el alcance del recurso de reclamación interpuesto, en virtud que la finalidad de éste es regraduar la medida provisional inicialmente decretada, no así de analizar la acreditación plena de las circunstancias que alegó la parte demandante, en específico a la existencia y terminación del concubinato, pues dicha figura no es acreditable mediante documental sino a través de otros medios de prueba, que para el momento de análisis del recurso aún no se han desahogado. Además el demandado ofreció la prueba documental consistente en certificado médico expedido por el doctor ********, el uno de julio de dos mil veintidós, probanza la cual careció de valor probatorio pleno y no beneficiaba al oferente recurrente, pues se trata de un documento privado que no fue expedido por una institución de salud o seguridad social oficial, y del que si bien se aprecia indiciariamente que el ciudadano *********, por el momento no puede desempeñar una labor de manera normal, porque su visión se ha visto afectada y que el paciente padece diabetes mellitus, respecto a esto último no existe prueba fehaciente. Asimismo, en el documento referido no se estableció que **********, estuviera impedido para desempeñar un trabajo remunerado de manera normal, sino que el padecimiento que le causaba problemas visuales se encontraba en protocolo de estudio, aunado a que es un hecho conocido que la diabetes mellitus no es una enfermedad incapacitante, sino que puede ser controlada mediante los tratamientos médicos adecuados, por lo que no impide trabajar a las personas que la padecen, además de que dicho documento no constituye un dictamen médico especializado en el que se hubiera determinado que el deudor alimentario se ve afectado por una incapacidad permanente parcial o total que le impida desempeñar algún trabajo remunerado, aunado a que en autos del expediente no se constan datos de los que pudiera desprenderse que el deudor alimentario se encuentra en estado de insolvencia total, de ahí que esta probanza resulte insuficiente para regraduar la cantidad que por concepto de pensión alimenticia se decretó en favor de la actora. Adicionalmente, la pensión provisional inicial, ésta se fija con los elementos aportados por la parte actora, ello deriva de la facultad que concede el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, para que en el auto que da entrada a la demanda se fije provisionalmente por concepto de alimentos el porcentaje o en su caso el salario que se considere apropiado para la parte acreedora atendiendo las circunstancias del caso justiciable, siempre y cuando estén acreditadas indiciariamente los presupuestos esenciales, a saber, el alto grado de la necesidad de la medida y el peligro en la demora, pero contra esa medida el deudor alimentista en su escrito de contestación de demanda puede promover la correspondiente reclamación, la cual es un medio de defensa que fue creado para tratar de equilibrar la cantidad o el porcentaje que como pensión alimenticia provisional se decreta en el auto de inicio ya que en éste se toma como base únicamente los datos expresados por la actora en su demanda; por lo que si el deudor alimentista reclama, es menester que aporte pruebas documentales suficientes idóneas para que la juzgadora analice, pues dichas probanzas las desconocía al decretar el monto de la pensión provisional, esto es, en el recurso de reclamación el demandado tiene la oportunidad de aportar medios de prueba que sean útiles para reconsiderar el monto inicialmente determinado, lo que en el caso concreto no antecede, pues el inconforme no aporta en su recurso medio probatorio nuevo para justificar sus argumentos. Posteriormente, en lo que respecta a la necesidad de la señora ***********, demandó los alimentos en su calidad de concubina, corroborando indiciariamente su dicho con el acta de matrimonio eclesiástico, de fecha veinticinco de noviembre de dos mil seis, suscrita por el presbítero ********, perteneciente a la parroquia de nuestra señora del Sagrado Corazón de Jesús, de la Arquidiócesis de Xalapa, Veracruz; manifestando carecer de recursos para satisfacer sus necesidades, habiéndose dedicado preponderantemente a las labores del hogar, sin que el recurrente haya exhibido caudal probatorio alguno para acreditar que en la actualidad la actora se encuentre percibiendo ingresos. De igual forma, con respecto a la posibilidad económica del reclamista, si bien el demandado alegó que a la fecha se encontraba incapacitado para laborar derivado de haber sido diagnosticado por paresia del Vi nervio izquierdo, lo que le impide tener una correcta función de visión y por ende está imposibilitado para trabajar, ello no se encuentra justificado en autos; sin embargo, debido a la naturaleza de los alimentos que se reclaman, no es posible eximirlo de dicha obligación y menos considerar su estado de salud para reducir la medida alimentaria inicialmente decretada. Por tanto, el recurrente no acreditó ninguno de sus agravios formulados, pues sólo se redujeron a meras manifestaciones que no son aportadas con elementos idóneos y fehacientes para acreditar aun indiciariamente que se encuentra incapacitado para laborar y por ende de allegarse de recursos económicos suficientes, mucho menos dijo y acreditó a cuánto ascienden sus ingresos, los gastos que tiene para su manutención y como es que la pensión decretada a su cargo en el presente juicio , lo deja en estado de insolvencia. Bajo esos argumentos, determinó procedente dejar intocada y firme el monto de la pensión alimenticia inicialmente decretada y declarara infundada la reclamación interpuesta. En este sentido, es evidente que la Juez responsable atendió los lineamientos establecidos en la sentencia que se analiza; sin que el sentido de la nueva resolución implique un estudio por parte de este órgano jurisdiccional, ya que le fue otorgada libertad de jurisdicción a la autoridad responsable, para que una vez subsanadas las deficiencias apuntadas en la ejecutoria, resolviera conforme a derecho procediera. En consecuencia, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA PROTECTORA, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como concluido; háganse las anotaciones en el libro de Gobierno respectivo, en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S. I. S. E.). En atención a lo dispuesto en el artículo 15 del "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES" publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente carece de relevancia documental al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo primeramente citado, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente, así como la fecha del presente acuerdo de archivo; en consecuencia, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b) del aludido Acuerdo General, el presente asunto es susceptible de depuración, debido a que por una parte se negó y por otra se concedió el amparo, y carece de relevancia documental. En mérito de lo anterior, este expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse notificado el presente auto. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; así como la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; la justificación de esto último, deberá constar en el acuerdo de desincorporación; además de formular el acta relativa a las constancias depuradas, previa relación para la plena identificación de las mismas, debiendo registrar la anotación respectiva en el libro de gobierno correspondiente. Terminado el proceso de depuración, se deberá solicitar la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, devuélvase a la autoridad responsable las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado y con las que se formaron dos tomos de pruebas, al resultar innecesaria su conservación. Finalmente, el presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

  4. Principal

    Debido a que la parte quejosa y tercero interesado ********no compareció a notificarse personalmente dentro del término concedido, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b, se publica el acuerdo de treinta de enero de dos mil veintitrés, que en lo conducente dice: Xalapa de Enríquez, Veracruz, treinta de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio y anexo, remitido por la autoridad responsable, a través del cual, pretende dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que en el acto de la notificación del presente proveído o bien por escrito y dentro del término de tres días, manifiesten lo que a su interés legal convenga; apercibidos que, de no hacerlo, este juzgado resolverá respecto del cumplimiento dado al fallo protector, con base en los documentos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Se instruye al actuario adscrito para que al momento de la notificación de este proveído, entregue a las partes copia autorizada de las constancias remitidas por la autoridad responsable relativas al cumplimiento del fallo protector. Finalmente, el presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

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