José Luis Nava Alvarado
Expediente 480/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 480/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- José Luis Nava Alvarado
Actuaciones
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, seis de agosto de dos mil veintiuno. Visto; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el veintiocho de junio de dos mil veintiuno, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme; para todos los efectos legales a que haya lugar. Hágase esta circunstancia del conocimiento de la parte quejosa. Por otra parte, ya que en el presente juicio de amparo no existen documentos originales exhibidos por las partes que deben ser devueltos a los interesados, que no existen diligencias pendientes de practicar; y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, asimismo, que este juzgado dio fe de que la versión electrónica del juicio de amparo en que se actúa, coincide en su totalidad con la versión impresa; por ende, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos 1,12 y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de acuerdo con la valoración documental respectiva, se considera que el expediente es destruible.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, veintiocho de junio de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por José Luis Nava Alvarado, por propio derecho, contra actos del Director del Centro Regional de Reinserción Social de Cieneguillas, Zacatecas y otras autoridades, por violación a diversos preceptos Constitucionales, la Juez acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 480/2021-IV y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La orden y ejecución del traslado del quejoso del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas al Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca". COMPETENCIA DE ESTE JZGADO. El quejoso en la presentación de su escrito de demanda, lo dirige al Juez de Distrito en turno en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, no obstante, el sobre en el que lo remitió lo dirigió al Juez de Distrito en turno, en Circuito Cerro del Gato, edificio 1, planta baja, Ciudad Administrativa en Zacatecas, Zacatecas, y se turnó a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, con competencia para conocer he dicho escrito de demanda, conforme enseguida se expone. El quejoso reclama la orden y ejecución del traslado de treinta de marzo de dos mil veintiuno, del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas al Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca". Con relación al tipo de acto reclamado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 90/2007PS, de la que derivó la Jurisprudencia 1ª./J 35/2008, de rubro "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario. Así, en términos de lo establecido en el artículo 37 dela Ley de Amparo, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, determina que es competente para conocer por razón de territorio de la demanda de amparo de cuenta. Es así, porque conforme al citado precepto, la competencia para conocer de una demanda de amparo, corresponde al juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; y, si ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue (o culmina) ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Regla, esta última que es aplicable si la demanda se presentó ante alguno de los jueces con jurisdicción en esos distritos. Entonces, conforme la regala de competencia para conocer del juicio de amparo indirecto prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone "Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o a comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda.", la competencia recae en los Juzgados de Distrito en este estado de Zacatecas, así como en los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, puesto que el traslado se llevó a cabo según narra el quejoso del Centro Regional de Reinserción Social en Cieneguillas, Zacatecas, al Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca", es decir comenzó a ejecutarse en este estado de Zacatecas y continúa ejecutándose en el estado de Oaxaca, empero y con independencia de que el escrito se dirija a un juez en el estado de Oaxaca, lo cierto es que se presentó en este Juzgado Segundo de Distrito, de ahí la competencia para conocer del escrito de demanda. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Esta juzgadora advierte conforme al acto reclamado que se precisó en antecedentes y que consiste en la orden y ejecución del traslado del quejoso del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas al Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca", acto que reclama al Director del Centro Regional de Reinserción Social de Cieneguillas, Zacatecas, al Subdirector del Centro Regional de Reinserción Social de Cieneguillas, Zacatecas; y, al Jefe de Seguridad del Centro Regional de Reinserción Social de Cieneguillas, Zacatecas, que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61 fracción XIV, en relación con los numerales 17, 18 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende, respecto al acto reclamado antes precisado. En su escrito de demanda el quejoso no indica cuando tuvo conocimiento del acto reclamado, pero es perceptible, puesto que se duele del traslado ejecutado y cita que se ejecutó el treinta de marzo de dos mil veintiuno, de ahí que si se ejecutó sobre su persona, tuvo conocimiento al momento mismo en que se llevó a cabo dicho acto, esto es, desde el treinta de marzo de dos mil veintiuno. Así resulta que el término de quince días que le concede el artículo 17 de la Ley de Amparo precluyó, pues supo o tuvo conocimiento del acto reclamado desde que se ejecutó el treinta de marzo de dos mil veintiuno. De ahí que el plazo de quince días de que disponía para presentar su demanda de amparo transcurrió en exceso, dado que su escrito de demanda está fechado el siete de junio de dos mil veintiuno; asimismo, aunque del sobre donde remitió dicho escrito no se distingue el día en que se depositó en la Jefatura del Servicio Postal Mexicano en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, si se advierte que fue en el mes de junio de dos mil veintiuno, pero de cualquier forma, aun considerando que se hubiera depositado el uno de junio de dos mil veintiuno, a esa fecha habían transcurrido los meses de abril y mayo y sin duda los quince días de que disponía para presentarla, contados a partir del siete de abril de dos mil veintiuno, sin contar el treinta y uno de marzo, ni los días uno y dos de abril, todos de dos mil veintiuno, por corresponder a la semana mayor por haber sido declarado inhábiles, como tampoco el tres y cuatro de abril de dos mil por ser en ese orden sábado y domingo, y el seis de abril por corresponder al día en que surtió efectos el conocimiento que tuvo el quejos del traslado ejecutado de su persona del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas al Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca", por lo cual dicho término de quince días transcurrió del siete al veintisiete de abril de dos mil veintiuno, de entre los que se descuentan los días diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco, todos del mes de abril de dos mil veintiuno, por corresponder a días inhábiles (sábados y domingos), lo que conforme a los antecedentes expuestos, la presentación de la demanda resulta ser extemporánea; y, con ello, se considera que la parte quejosa consintió el acto que ahora combate, actualizándose en el caso, la causal de improcedencia en análisis. En esas condiciones, una vez acreditado que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo y, al ser manifiesta e indudable la misma, este juzgado no está en aptitud legal para dar curso a la demanda de garantías promovida por José Luis Nava Alvarado, contra el acto que reclama al Director del Centro Regional de Reinserción Social de Cieneguillas, Zacatecas, al Subdirector del Centro Regional de Reinserción Social de Cieneguillas, Zacatecas; y, al Jefe de Seguridad del Centro Regional de Reinserción Social de Cieneguillas, Zacatecas, y lo procedente es desecharla de plano, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. En el mismo sentido se hace pronunciamiento respecto al acto reclamado por el quejoso, al actualizarse la causal de improcedencia que resulta de relacionar el contenido del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues la resolución reclamada no es definitiva. Precepto que recoge el principio de definitividad, que esencialmente obliga al justiciable a agotar los medios de defensa ordinarios que prevea la ley que rija el acto reclamado, y que pudiera tener por efecto revocarlo, modificarlo o nulificarlo, en forma previa a la promoción del juicio de amparo. Principio que encuentra justificación en el amparo, como medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra hechos definitivos, por lo que es imperativo para la parte agraviada acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le cause afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia Federal. Cabe reiterar con mayor precisión, que el quejoso se duele de la orden de traslado y su ejecución del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas al Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca", ejecutado el treinta de marzo de dos mil veintiuno. Tópico sobre el cual, la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé varios regímenes relacionados con las personas internadas en un centro de reclusión, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, siendo los principales: a) Régimen de internamiento; en el que se reglamentan las condiciones de las personas privadas de su libertad que deberán garantizar una vida digna y segura. b) Régimen disciplinario; en el cual se establece que la determinación de las faltas disciplinarias estará a cargo del Comité Técnico del centro penitenciario. c) Traslados de las personas detenidas, en el que se regulan los voluntarios, involuntarios y excepcionales o urgentes. En esta última hipótesis se distinguen tres tipos de traslado y son: 1. Los traslados voluntarios; que se encuentran previstos en el artículo 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y son aquellos que inician a petición del propio interno, quien deberá elevar su petición al Juez de Ejecución, este último celebrará una audiencia en la que requerirá su consentimiento expreso en presencia de su defensor. En este supuesto, se deberán cumplir con los requisitos establecidos en la ley. 2. Los traslados involuntarios; tanto de procesados como de sentenciados, son aquellos previstos en el artículo 51 de la ley nacional especial, y deben ser autorizados previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, según se trate. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En este supuesto, la autorización judicial deberá ser previa al acto del traslado. 3. Los traslados urgentes o excepcionales, que surgen cuando la autoridad penitenciaria, sin autorización previa del Juez, más bien por cuenta propia y solamente en los casos expresamente permitidos en la ley, emite una resolución administrativa en la que ordena y ejecuta el traslado de alguna persona privada de la libertad, pero tiene como requisito importante conforme al artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, notificar al Juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, quien calificará la legalidad de la determinación administrativa dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación. En este caso excepcional la autorización judicial no es previa, sino posterior al traslado. En contra de la decisión judicial que califique la resolución administrativa de traslado, procederá el recurso de apelación, pero en caso de que no exista o el juez omita hacer algún pronunciamiento, el recluso podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. Conforme a ello, los traslados siempre deben ser autorizados por el Juez competente, la regla general es que la autorización sea previa, aunque de manera excepcional la autorización será posterior a la ejecución del traslado, en este último caso, las autoridades penitenciarias tienen facultad para emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, pero será calificada con posterioridad por un Juez; por tanto, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, la orden siempre debe ser autorizada por un juez, por esa razón se estima que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un sistema de control jurisdiccional sobre el tópico en examen. En esa orden de ideas, cuando la autorización judicial es posterior, pueden surgir dos vertientes, a saber: un análisis oficioso, y otro, a petición de parte: La Ley Nacional de Ejecución Penal en su artículo 52 impone a la autoridad penitenciaria la obligación de notificar al Juez, dentro de las veinticuatro horas siguientes al traslado, la resolución administrativa que lo ordena. A su vez surge la obligación a cargo del juez de calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado, dentro de cuarenta y ocho horas. Esta resolución puede ser apelada por el interno. En este supuesto estamos en presencia de un control jurisdiccional oficioso, pues las autoridades actúan bajo el imperio de la ley. Cuando el juez competente omite calificar la legalidad del traslado, el interno está en posibilidad de combatir la resolución administrativa a través de una controversia judicial, según el artículo 52 en relación con los diversos 116 a 119 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Adicionalmente, cabe destacar que, con independencia del tipo de traslado -voluntario, involuntario o urgente-, los artículos 116, en relación con el 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, instituyen a la controversia judicial ante el Juez de Ejecución como un medio eficaz para combatir todas las cuestiones relacionadas con los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados de un centro penitenciario a otro efectuadas por las autoridades penitenciarias. En tal virtud, toda vez que el quejoso manifiesta en su escrito de demanda, que la autoridad judicial no realizó pronunciamiento al respecto y que manifiesta que se transgreden sus derechos fundamentales con la ejecución de la orden de traslado combatido, pues refiere que el traslado fue sin mediar mandamiento expreso de la autoridad judicial competente con la facultad legal para autorizarlo, previo acudir al amparo, debió agotar la controversia judicial ante el Juez de Ejecución contra la determinación administrativa de traslado a fin de que se analizara su legalidad y en su caso, se obligara a la autoridad judicial competente a realizar el pronunciamiento respectivo, de conformidad con el articulo 52 en relación con el 116, fracción I, en relación con el 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal; el cual, constituye un medio de defensa ordinario eficaz para combatir el traslado y que prevé la suspensión del acto combatido. Así, es claro que si el quejoso reclama la orden de traslado atribuida a autoridad administrativa, es inconcuso que existe el medio ordinario de defensa - controversia judicial ante el Juez de Ejecución prevista por la Ley Nacional de Ejecución Penal-, el cual debe agotar previo a la promoción del juicio de amparo. Luego, si con motivo de la controversia judicial ante el Juzgado de Ejecución, se puede analizar la legalidad del traslado en cuestión, indefectiblemente ese proceder pudo conllevar a que se modifique, revoque o nulifique la determinación o acto que se reclama; situación que satisface el último de los presupuestos que se mencionan en los incisos precedentes. No obstante lo anterior, se desprende que el quejoso acudió directamente a promover el presente juicio de amparo sin que previamente haya interpuesto algún medio de impugnación de los previstos en la Ley Nacional de Ejecución en contra del traslado reclamado. De lo que se sigue que si el quejoso acude a esta instancia constitucional a solicitar el amparo y protección de la justicia federal contra la orden de traslado atribuida a autoridades administrativas, pero no agotó la controversia judicial ante el Juez de Ejecución Penal, que de conformidad con el articulo 52 en relación con el 116, fracción I, y con el 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que constituye el medio de defensa judicializado, eficaz e idóneo para analizar la legalidad del traslado reclamado a autoridad administrativa, es evidente que el acto aquí no es definitivo. En consecuencia, al no haberse agotado la controversia judicial ante el Juez de Ejecución Penal contra los actos reclamados, es inconcuso que se inobservó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, lo que conlleva que se actualice la causal de improcedencia contenida en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al actualizarse de manera clara y evidente, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX de la Ley de Amparo; con apoyo en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo aplicable, se desecha la demanda de garantías promovida por José Luis Nava Alvarado. Aunado a lo anterior, debe tenerse en consideración que la orden de traslado no se encuentra en alguna de las causas de excepción al principio de definitividad, como sería si se tratase de un acto que atenta contra la libertad personal fuera de procedimiento -toda vez que el procedimiento del traslado se encuentra previsto y regulado en capítulo V de la Ley Nacional de Ejecución Penal-; que el peticionario de derechos acuda como persona extraña al juicio, como lo dispone la fracción VII, del ordinal 107 constitucional; y en los casos previstos en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, toda vez que esa medida no importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro, ni se ordena alguno de los actos prohibidos por el diverso 22 de la ley fundamental, específicamente, penas de mutilación e infamia, azotes, marcas, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Sirve de apoyo la jurisprudencia número: P./J. 11/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Registro: 2017117, que dispone: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con relación al domicilio que señala el quejoso para recibir notificaciones no se tiene como tal en virtud de que se encuentra fuera de la ciudad en la que radica esta autoridad; no obstante con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, ésta y las notificaciones que deban ser personales practíquensele en el lugar de su reclusión. Toda vez que el quejoso se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS, Oaxaca; con fundamento en el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto por vía electrónica, con apoyo en los artículos 107, 108, 109 y 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal por los medios electrónicos correspondientes al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado comisione al Actuario de su adscripción, a fin que se constituya en dicho centro penitenciario, y notifique al directo quejoso el contenido del presente proveído, del que deberá entregarle testimonio autorizado que se anexa. SE AUTORIZAN COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de esta última, se autoriza a las partes la expedición a su costa de las copias fotostáticas simples o certificadas de las actuaciones que obren en autos; autorizando su entrega a quienes tengan personalidad reconocida en el presente juicio, previa identificación y constancia que por su recibo se asiente en autos. JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". FORMAS ESPECIALES Y EXPEDITAS DE CONTACTO. Del mismo modo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5°, fracción I y 22, fracción II del citado Acuerdo General, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio; ello en virtud de la emergencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivada del virus SARS-CoV2 (COVID 19). INGRESO A LAS INSTALACIONES En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa e imponerse de los informes, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 3, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021.
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