José Luis Muro Mendoza
Expediente 1175/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1175/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 13/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Comité Técnico del CE.FE.RE.SO. No. 12 CPS-Guanajuato
- Víctor Hugo Villegas Espino
- José Luis Muro Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Notifíquese; hágase personalmente a la representante especial EL REPRESENTANTE ESPECIAL ACEPTA Y PROTESTA CARGO CONFERIDO. Glósense a los autos el escrito y anexo enviados por ********************en su carácter de Defensor Público Federal adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guanajuato, como lo solicita, se acuerda: Téngasele aceptando y protestando el cargo de representante especial del impetrante José Luis Muro Mendoza. DOMICILIO FÍSICO PARA PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como tal, el ubicado en las Oficinas de Defensoría Pública, situadas en bulevar Adolfo López Mateos número 915-Oriente, de la colonia Barrio del Coecillo, en esta ciudad. AUTORIZADOS. Se tienen como sus autorizados en los términos restringidos del segundo párrafo, del artículo 24, del ordenamiento legal en cita, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a ********************y ********************, por así solicitarlo. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Además, se autoriza al usuario ******************** para que realice la consulta del expediente electrónico a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el Juicio de Amparo Electrónico. SE ORDENA NOTIFICAR AUTO DE DESECHAMIENTO. Finalmente, se ordena turnar los presentes autos al actuario judicial de la adscripción, a fin de que se sirva notificar personalmente al representante especial ********************el proveído de treinta y uno de octubre pasado, actuación por la cual se desechó la demanda de amparo intentada por el amparista que representa.
- Principal
Notifíquese; hágase personalmente a la representante especial******************** EL REPRESENTANTE ESPECIAL ACEPTA Y PROTESTA CARGO CONFERIDO. Glósense a los autos el escrito y anexo enviados por ********************en su carácter de Defensor Público Federal adscrito a la Agencia del Ministerio Público Federal de Guanajuato, Capital, como lo solicita, se acuerda: Téngasele aceptando y protestando el cargo de representante especial del impetrante ****. DOMICILIO ELECTRÓNICO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Asimismo, se le tiene señalando como dirección electrónica para oír y recibir todo tipo de notificaciones y consultar el Juicio de Amparo Electrónico, el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, cuenta a nombre del usuario "FJCORTESL". SE ORDENA NOTIFICAR AUTO DE DESECHAMIENTO Y CORRER TRASLADO CON COPIA DE DEMANDA. Atento a lo anterior, se ordena turnar los presentes autos al actuario judicial de la adscripción, a fin de que se sirva notificar personalmente al representante especial ********************el proveído de treinta y uno de octubre pasado, actuación por la cual se desechó la demanda de amparo intentada por el amparista que representa y, una vez hecho lo anterior, le corra traslado con dicho libelo constitucional, por así peticionarlo. ACUERDO DE 31 DE OCTUBRE DE 2023..."Vista la demanda de amparo de cuenta, promovida: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Del dispositivo 113 de la Ley de Amparo, se desprende que el juez de distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el presente caso, la demanda de amparo debe desecharse, pues se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia que prevé las fracciones XXVIII y XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Ello es así pues los quejosos en su demanda reclaman la orden de traslado del Centro Federal de Readaptación Social Número 12 CPS-GUANAJUATO, residente en Ocampo; a diverso centro penitenciario; así como su ejecución. Actos que atribuyeron al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; Coordinador General de Centros Federales; Titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; Comisionado Nacional de Seguridad; Subsecretario de Prevención y Readaptación Social Federal, todos con sede en la Ciudad de México; Comité Técnico y Directora Técnica, ambos del Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato, con sede en Ocampo. Ahora bien, de los artículos 50, 51, 52, 117, fracción III, y 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se desprende que existen los siguientes tipos de traslados: a) voluntarios; b) involuntarios; y, c) urgentes. Los primeros se actualizan cuando existe el interés de la persona recluida -con la asistencia de un defensor- de ser trasladado a un centro de reclusión diverso, siempre que exista un acuerdo entre la entidad de origen y la de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación. La petición la resolverá la autoridad jurisdiccional, quien verificara que se cumplan los requisitos legales y constitucionales para su autorización. Los traslados involuntarios son instaurados previamente por la autoridad penitenciaria ante un juez de ejecución o de control, según sea el caso, con el fin de que en audiencia pública se decida sobre la legalidad del traslado. En tanto que el traslado urgente o excepcional se emite por medio de resolución administrativa, cuando se trate de los casos específicamente señalados en la ley, sin autorización judicial previa. Ahora bien, en contra de la orden de traslado proceden dos medios de defensa legal con los que puede ser combatida; el recurso de apelación y la controversia judicial; cuya procedencia depende del actuar del Juez de Control o de Ejecución, ya que una vez que esa autoridad ha sido notificada de la orden de traslado urgente o excepcional, cuenta con cuarenta y ocho horas para emitir la resolución en la que calificará la legalidad de la orden de traslado, en contra de la cual procede el recurso de apelación. En cambio, si la autoridad judicial es omisa en pronunciarse sobre la legalidad de la determinación administrativa que ordenó el traslado dentro del término fijado, procedería la controversia judicial. En los casos en que la persona privada de su libertad reclama una orden de traslado respecto a la cual no se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad haya emitido la autoridad jurisdiccional correspondiente, en tanto que la presumible determinación administrativa se comunicó al quejoso por la propia autoridad administrativa, incluso, de forma verbal, lo procedente será que el afectado promueva una "controversia judicial", a fin de que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva respecto de sus derechos implicados. Ello es así, porque conforme al artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad podrán accionar la controversia judicial respecto de cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados, que podrá ejercerse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiera sido notificada previamente. El último párrafo del citado artículo prevé que los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad, o bien, por cuestiones de seguridad del centro penitenciario, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y, en su caso, confirmada o revocada, a través de los medios legales de defensa referidos. En el presente caso, los quejosos reclaman el traslado del centro de reclusión en que se encuentran, a uno distinto, acción que manifiestan haberse enterado de manera verbal por ".simples rumores de los actuarios que nos asisten y mismos compañeros.". En ese contexto, en contra de la orden de traslado reclamada en el presente juicio, procede la apelación o la controversia judicial. Lo que revela que dicha orden de traslado no constituye una violación directa a la Constitución Federal, al no afectar la libertad personal fuera de procedimiento judicial, pues se emite dentro de procedimiento y existe un medio ordinario de defensa con el cual puede ser combatida. Lo anterior tiene sustento en las resoluciones emitidas en los recursos de queja 36/2020 y 46/2020, emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión virtual de trece de enero de dos mil veintiuno. En consecuencia, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por José Luis Muro Mendoza, Víctor Hugo Villegas Espino, Alaín Escutia Ruiz, Ángel Guillermo Servín Ortega, Juan Carlos Félix Jubera, Cristo Rey Reyes Lozano, José Marcos García Carrillo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el Centro Federal de Readaptación Social Número 12 "CPS-Guanajuato", en Ocampo, Guanajuato. DESIGNACIÓN DE DEFENSOR. Por otro lado, toda vez que los quejosos están privados de su libertad y teniendo en consideración el criterio adoptado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 187/2017, en la cual determinó que para garantizar que el juicio de amparo penal sea acorde con el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, cuando una persona que se encuentra privada de su libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve juicio de derechos fundamentales, sin asistencia jurídica, debe contar con la representación de un abogado. En consecuencia, con apoyo en los numerales en cita, gírese oficio al Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación, con residencia en Guanajuato, a efecto de que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de que reciba el oficio que contenga inserto el presente acuerdo, designe un defensor público federal, a fin de que intervenga en el presente juicio y represente los intereses de los quejosos. Asimismo, requiérasele para que realice las gestiones necesarias a efecto de que el profesionista que nombre presente promoción dirigida a este tribunal en la que proteste aceptar el cargo conferido. En el entendido de que la promoción o promociones en las que se atienda la petición formulada, podrá realizarse mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Para que se cumpla con lo solicitado, envíese copia simple del escrito de demanda. En el entendido que, de no dar cumplimiento a lo solicitado, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá, como medida de apremio, multa por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones ordenadas en este juicio. COPIAS. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto). EXHORTACIÓN PARA TRANSITAR AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA. Con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese personalmente a los quejosos en su centro de reclusión. Así lo acordó Ulises Fuentes Rodríguez, Juez Cuarto de Distrito en el Estado, ante el secretario que autoriza Salvador Antonio Bermúdez Manrique. SABM/ltgd. En la misma fecha se giró el oficio número 63920, en atención al auto que antecede.VÍA CORREO ELECTRÓNICO Ifdp_gto@correo.cjf.gob.mx OF.63920 TITULAR DE LA DELEGACIÓN DEL INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN GUANAJUATO, GUANAJUATO. En los autos del juicio de amparo 1175/2023-IV, promovido por Rogelio Martínez Hernández, se dictó el siguiente auto: "León, Guanajuato, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo de cuenta, promovida por José Luis Muro Mendoza, Víctor Hugo Villegas Espino, Alaín Escutia Ruiz, Ángel Guillermo Servín Ortega, Juan Carlos Félix Jubera, Cristo Rey Reyes Lozano, José Marcos García Carrillo, se acuerda: REGISTRO DEL EXPEDIENTE. Fórmese el expediente, regístrese con el número de orden 1175/2023-lV y háganse las capturas respectivas en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Del dispositivo 113 de la Ley de Amparo, se desprende que el juez de distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el presente caso, la demanda de amparo debe desecharse, pues se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia que prevé las fracciones XXVIII y XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Ello es así pues los quejosos en su demanda reclaman la orden de traslado del Centro Federal de Readaptación Social Número 12 CPS-GUANAJUATO, residente en Ocampo; a diverso centro penitenciario; así como su ejecución. Actos que atribuyeron al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; Coordinador General de Centros Federales; Titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; Comisionado Nacional de Seguridad; Subsecretario de Prevención y Readaptación Social Federal, todos con sede en la Ciudad de México; Comité Técnico y Directora Técnica, ambos del Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato, con sede en Ocampo. Ahora bien, de los artículos 50, 51, 52, 117, fracción III, y 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se desprende que existen los siguientes tipos de traslados: a) voluntarios; b) involuntarios; y, c) urgentes. Los primeros se actualizan cuando existe el interés de la persona recluida -con la asistencia de un defensor- de ser trasladado a un centro de reclusión diverso, siempre que exista un acuerdo entre la entidad de origen y la de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación. La petición la resolverá la autoridad jurisdiccional, quien verificara que se cumplan los requisitos legales y constitucionales para su autorización. Los traslados involuntarios son instaurados previamente por la autoridad penitenciaria ante un juez de ejecución o de control, según sea el caso, con el fin de que en audiencia pública se decida sobre la legalidad del traslado. En tanto que el traslado urgente o excepcional se emite por medio de resolución administrativa, cuando se trate de los casos específicamente señalados en la ley, sin autorización judicial previa. Ahora bien, en contra de la orden de traslado proceden dos medios de defensa legal con los que puede ser combatida; el recurso de apelación y la controversia judicial; cuya procedencia depende del actuar del Juez de Control o de Ejecución, ya que una vez que esa autoridad ha sido notificada de la orden de traslado urgente o excepcional, cuenta con cuarenta y ocho horas para emitir la resolución en la que calificará la legalidad de la orden de traslado, en contra de la cual procede el recurso de apelación. En cambio, si la autoridad judicial es omisa en pronunciarse sobre la legalidad de la determinación administrativa que ordenó el traslado dentro del término fijado, procedería la controversia judicial. En los casos en que la persona privada de su libertad reclama una orden de traslado respecto a la cual no se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad haya emitido la autoridad jurisdiccional correspondiente, en tanto que la presumible determinación administrativa se comunicó al quejoso por la propia autoridad administrativa, incluso, de forma verbal, lo procedente será que el afectado promueva una "controversia judicial", a fin de que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva respecto de sus derechos implicados. Ello es así, porque conforme al artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad podrán accionar la controversia judicial respecto de cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados, que podrá ejercerse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiera sido notificada previamente. El último párrafo del citado artículo prevé que los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad, o bien, por cuestiones de seguridad del centro penitenciario, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y, en su caso, confirmada o revocada, a través de los medios legales de defensa referidos. En el presente caso, los quejosos reclaman el traslado del centro de reclusión en que se encuentran, a uno distinto, acción que manifiestan haberse enterado de manera verbal por ".simples rumores de los actuarios que nos asisten y mismos compañeros.". En ese contexto, en contra de la orden de traslado reclamada en el presente juicio, procede la apelación o la controversia judicial. Lo que revela que dicha orden de traslado no constituye una violación directa a la Constitución Federal, al no afectar la libertad personal fuera de procedimiento judicial, pues se emite dentro de procedimiento y existe un medio ordinario de defensa con el cual puede ser combatida. Lo anterior tiene sustento en las resoluciones emitidas en los recursos de queja 36/2020 y 46/2020, emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión virtual de trece de enero de dos mil veintiuno. En consecuencia, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por José Luis Muro Mendoza, Víctor Hugo Villegas Espino, Alaín Escutia Ruiz, Ángel Guillermo Servín Ortega, Juan Carlos Félix Jubera, Cristo Rey Reyes Lozano, José Marcos García Carrillo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el Centro Federal de Readaptación Social Número 12 "CPS-Guanajuato", en Ocampo, Guanajuato. DESIGNACIÓN DE DEFENSOR. Por otro lado, toda vez que los quejosos están privados de su libertad y teniendo en consideración el criterio adoptado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 187/2017, en la cual determinó que para garantizar que el juicio de amparo penal sea acorde con el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, cuando una persona que se encuentra privada de su libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve juicio de derechos fundamentales, sin asistencia jurídica, debe contar con la representación de un abogado. En consecuencia, con apoyo en los numerales en cita, gírese oficio al Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación, con residencia en Guanajuato, a efecto de que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de que reciba el oficio que contenga inserto el presente acuerdo, designe un defensor público federal, a fin de que intervenga en el presente juicio y represente los intereses de los quejosos. Asimismo, requiérasele para que realice las gestiones necesarias a efecto de que el profesionista que nombre presente promoción dirigida a este tribunal en la que proteste aceptar el cargo conferido. En el entendido de que la promoción o promociones en las que se atienda la petición formulada, podrá realizarse mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Para que se cumpla con lo solicitado, envíese copia simple del escrito de demanda. En el entendido que, de no dar cumplimiento a lo solicitado, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá, como medida de apremio, multa por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones ordenadas en este juicio. COPIAS. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto). EXHORTACIÓN PARA TRANSITAR AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA. Con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese personalmente a los quejosos en su centro de reclusión...".
- Principal
Notifíquese; hágase personalmente a los representantes especiales********************. SE INFORMA SUSTITUCIÓN DE REPRESENTANTE ESPECIAL PARA EL QUEJOSO. Agréguese a los autos el oficio que envía la Titular de la Delegación Guanajuato, del Instituto Federal de Defensoría Pública, con sede en la ciudad Capital, y téngasele informando que designó al profesionista **** para que desempeñe el cargo de representante especial del quejoso ****, en sustitución de la licenciada *****. SE REQUIERE ACEPTACIÓN Y PROTESTA DE CARGO CONFERIDO. Por lo anterior, se nombra al citado profesionista como representante especial del amparista mencionado y se ordena requerirlo para que dentro de un plazo de tres días, acepte y proteste el cargo conferido. Ahora bien, notifíquese el presente auto a Francisco Javier Cortés de León, a través de su cuenta de usuario "FJCORTESL". EL DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL JUAN CARLOS RAMOS TORRES CUMPLE REQUERIMIENTO. Por otro lado, glósese a los autos el oficio enviado electrónicamente por *******, en su calidad de Defensor Público Federal adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad Capital, a través del cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de siete de los corrientes. SEÑALA DOMICILIO ELECTRÓNICO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. En consecuencia, se le tiene señalando como dirección electrónica para oír y recibir notificaciones y consultar el Juicio de Amparo Electrónico, el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, cuenta a nombre del usuario "Ramostorres20". SE ORDENA NOTIFICAR AUTO DE DESECHAMIENTO. Atento a lo anterior, se ordena turnar los presentes autos al actuario judicial de la adscripción, a fin de que se sirva notificar personalmente al representante especial ******, el proveído de treinta y uno de octubre pasado, actuación por la cual se desechó la demanda de amparo. ACUERDO DE 31 DE OCTUBRE DE 2023 Vista la demanda de amparo de cuenta, promovida: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Del dispositivo 113 de la Ley de Amparo, se desprende que el juez de distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el presente caso, la demanda de amparo debe desecharse, pues se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia que prevé las fracciones XXVIII y XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Ello es así pues los quejosos en su demanda reclaman la orden de traslado del Centro Federal de Readaptación Social Número 12 CPS-GUANAJUATO, residente en Ocampo; a diverso centro penitenciario; así como su ejecución. Actos que atribuyeron al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; Coordinador General de Centros Federales; Titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; Comisionado Nacional de Seguridad; Subsecretario de Prevención y Readaptación Social Federal, todos con sede en la Ciudad de México; Comité Técnico y Directora Técnica, ambos del Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato, con sede en Ocampo. Ahora bien, de los artículos 50, 51, 52, 117, fracción III, y 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se desprende que existen los siguientes tipos de traslados: a) voluntarios; b) involuntarios; y, c) urgentes. Los primeros se actualizan cuando existe el interés de la persona recluida -con la asistencia de un defensor- de ser trasladado a un centro de reclusión diverso, siempre que exista un acuerdo entre la entidad de origen y la de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación. La petición la resolverá la autoridad jurisdiccional, quien verificara que se cumplan los requisitos legales y constitucionales para su autorización. Los traslados involuntarios son instaurados previamente por la autoridad penitenciaria ante un juez de ejecución o de control, según sea el caso, con el fin de que en audiencia pública se decida sobre la legalidad del traslado. En tanto que el traslado urgente o excepcional se emite por medio de resolución administrativa, cuando se trate de los casos específicamente señalados en la ley, sin autorización judicial previa. Ahora bien, en contra de la orden de traslado proceden dos medios de defensa legal con los que puede ser combatida; el recurso de apelación y la controversia judicial; cuya procedencia depende del actuar del Juez de Control o de Ejecución, ya que una vez que esa autoridad ha sido notificada de la orden de traslado urgente o excepcional, cuenta con cuarenta y ocho horas para emitir la resolución en la que calificará la legalidad de la orden de traslado, en contra de la cual procede el recurso de apelación. En cambio, si la autoridad judicial es omisa en pronunciarse sobre la legalidad de la determinación administrativa que ordenó el traslado dentro del término fijado, procedería la controversia judicial. En los casos en que la persona privada de su libertad reclama una orden de traslado respecto a la cual no se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad haya emitido la autoridad jurisdiccional correspondiente, en tanto que la presumible determinación administrativa se comunicó al quejoso por la propia autoridad administrativa, incluso, de forma verbal, lo procedente será que el afectado promueva una "controversia judicial", a fin de que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva respecto de sus derechos implicados. Ello es así, porque conforme al artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad podrán accionar la controversia judicial respecto de cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados, que podrá ejercerse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiera sido notificada previamente. El último párrafo del citado artículo prevé que los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad, o bien, por cuestiones de seguridad del centro penitenciario, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y, en su caso, confirmada o revocada, a través de los medios legales de defensa referidos. En el presente caso, los quejosos reclaman el traslado del centro de reclusión en que se encuentran, a uno distinto, acción que manifiestan haberse enterado de manera verbal por ".simples rumores de los actuarios que nos asisten y mismos compañeros.". En ese contexto, en contra de la orden de traslado reclamada en el presente juicio, procede la apelación o la controversia judicial. Lo que revela que dicha orden de traslado no constituye una violación directa a la Constitución Federal, al no afectar la libertad personal fuera de procedimiento judicial, pues se emite dentro de procedimiento y existe un medio ordinario de defensa con el cual puede ser combatida. Lo anterior tiene sustento en las resoluciones emitidas en los recursos de queja 36/2020 y 46/2020, emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión virtual de trece de enero de dos mil veintiuno. En consecuencia, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por José Luis Muro Mendoza, Víctor Hugo Villegas Espino, Alaín Escutia Ruiz, Ángel Guillermo Servín Ortega, Juan Carlos Félix Jubera, Cristo Rey Reyes Lozano, José Marcos García Carrillo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el Centro Federal de Readaptación Social Número 12 "CPS-Guanajuato", en Ocampo, Guanajuato. DESIGNACIÓN DE DEFENSOR. Por otro lado, toda vez que los quejosos están privados de su libertad y teniendo en consideración el criterio adoptado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 187/2017, en la cual determinó que para garantizar que el juicio de amparo penal sea acorde con el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, cuando una persona que se encuentra privada de su libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve juicio de derechos fundamentales, sin asistencia jurídica, debe contar con la representación de un abogado. En consecuencia, con apoyo en los numerales en cita, gírese oficio al Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación, con residencia en Guanajuato, a efecto de que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de que reciba el oficio que contenga inserto el presente acuerdo, designe un defensor público federal, a fin de que intervenga en el presente juicio y represente los intereses de los quejosos. Asimismo, requiérasele para que realice las gestiones necesarias a efecto de que el profesionista que nombre presente promoción dirigida a este tribunal en la que proteste aceptar el cargo conferido. En el entendido de que la promoción o promociones en las que se atienda la petición formulada, podrá realizarse mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Para que se cumpla con lo solicitado, envíese copia simple del escrito de demanda. En el entendido que, de no dar cumplimiento a lo solicitado, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá, como medida de apremio, multa por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones ordenadas en este juicio. COPIAS. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto). EXHORTACIÓN PARA TRANSITAR AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA. Con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese personalmente a los quejosos en su centro de reclusión. Así lo acordó Ulises Fuentes Rodríguez, Juez Cuarto de Distrito en el Estado, ante el secretario que autoriza Salvador Antonio Bermúdez Manrique. SABM/ltgd. En la misma fecha se giró el oficio número 63920, en atención al auto que antecede.VÍA CORREO ELECTRÓNICO Ifdp_gto@correo.cjf.gob.mx OF.63920 TITULAR DE LA DELEGACIÓN DEL INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN GUANAJUATO, GUANAJUATO. En los autos del juicio de amparo 1175/2023-IV, promovido por Rogelio Martínez Hernández, se dictó el siguiente auto: "León, Guanajuato, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo de cuenta, promovida por José Luis Muro Mendoza, Víctor Hugo Villegas Espino, Alaín Escutia Ruiz, Ángel Guillermo Servín Ortega, Juan Carlos Félix Jubera, Cristo Rey Reyes Lozano, José Marcos García Carrillo, se acuerda: REGISTRO DEL EXPEDIENTE. Fórmese el expediente, regístrese con el número de orden 1175/2023-lV y háganse las capturas respectivas en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Del dispositivo 113 de la Ley de Amparo, se desprende que el juez de distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el presente caso, la demanda de amparo debe desecharse, pues se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia que prevé las fracciones XXVIII y XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Ello es así pues los quejosos en su demanda reclaman la orden de traslado del Centro Federal de Readaptación Social Número 12 CPS-GUANAJUATO, residente en Ocampo; a diverso centro penitenciario; así como su ejecución. Actos que atribuyeron al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; Coordinador General de Centros Federales; Titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; Comisionado Nacional de Seguridad; Subsecretario de Prevención y Readaptación Social Federal, todos con sede en la Ciudad de México; Comité Técnico y Directora Técnica, ambos del Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato, con sede en Ocampo. Ahora bien, de los artículos 50, 51, 52, 117, fracción III, y 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se desprende que existen los siguientes tipos de traslados: a) voluntarios; b) involuntarios; y, c) urgentes. Los primeros se actualizan cuando existe el interés de la persona recluida -con la asistencia de un defensor- de ser trasladado a un centro de reclusión diverso, siempre que exista un acuerdo entre la entidad de origen y la de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación. La petición la resolverá la autoridad jurisdiccional, quien verificara que se cumplan los requisitos legales y constitucionales para su autorización. Los traslados involuntarios son instaurados previamente por la autoridad penitenciaria ante un juez de ejecución o de control, según sea el caso, con el fin de que en audiencia pública se decida sobre la legalidad del traslado. En tanto que el traslado urgente o excepcional se emite por medio de resolución administrativa, cuando se trate de los casos específicamente señalados en la ley, sin autorización judicial previa. Ahora bien, en contra de la orden de traslado proceden dos medios de defensa legal con los que puede ser combatida; el recurso de apelación y la controversia judicial; cuya procedencia depende del actuar del Juez de Control o de Ejecución, ya que una vez que esa autoridad ha sido notificada de la orden de traslado urgente o excepcional, cuenta con cuarenta y ocho horas para emitir la resolución en la que calificará la legalidad de la orden de traslado, en contra de la cual procede el recurso de apelación. En cambio, si la autoridad judicial es omisa en pronunciarse sobre la legalidad de la determinación administrativa que ordenó el traslado dentro del término fijado, procedería la controversia judicial. En los casos en que la persona privada de su libertad reclama una orden de traslado respecto a la cual no se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad haya emitido la autoridad jurisdiccional correspondiente, en tanto que la presumible determinación administrativa se comunicó al quejoso por la propia autoridad administrativa, incluso, de forma verbal, lo procedente será que el afectado promueva una "controversia judicial", a fin de que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva respecto de sus derechos implicados. Ello es así, porque conforme al artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad podrán accionar la controversia judicial respecto de cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados, que podrá ejercerse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiera sido notificada previamente. El último párrafo del citado artículo prevé que los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad, o bien, por cuestiones de seguridad del centro penitenciario, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y, en su caso, confirmada o revocada, a través de los medios legales de defensa referidos. En el presente caso, los quejosos reclaman el traslado del centro de reclusión en que se encuentran, a uno distinto, acción que manifiestan haberse enterado de manera verbal por ".simples rumores de los actuarios que nos asisten y mismos compañeros.". En ese contexto, en contra de la orden de traslado reclamada en el presente juicio, procede la apelación o la controversia judicial. Lo que revela que dicha orden de traslado no constituye una violación directa a la Constitución Federal, al no afectar la libertad personal fuera de procedimiento judicial, pues se emite dentro de procedimiento y existe un medio ordinario de defensa con el cual puede ser combatida. Lo anterior tiene sustento en las resoluciones emitidas en los recursos de queja 36/2020 y 46/2020, emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión virtual de trece de enero de dos mil veintiuno. En consecuencia, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por José Luis Muro Mendoza, Víctor Hugo Villegas Espino, Alaín Escutia Ruiz, Ángel Guillermo Servín Ortega, Juan Carlos Félix Jubera, Cristo Rey Reyes Lozano, José Marcos García Carrillo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el Centro Federal de Readaptación Social Número 12 "CPS-Guanajuato", en Ocampo, Guanajuato. DESIGNACIÓN DE DEFENSOR. Por otro lado, toda vez que los quejosos están privados de su libertad y teniendo en consideración el criterio adoptado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 187/2017, en la cual determinó que para garantizar que el juicio de amparo penal sea acorde con el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, cuando una persona que se encuentra privada de su libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve juicio de derechos fundamentales, sin asistencia jurídica, debe contar con la representación de un abogado. En consecuencia, con apoyo en los numerales en cita, gírese oficio al Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación, con residencia en Guanajuato, a efecto de que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de que reciba el oficio que contenga inserto el presente acuerdo, designe un defensor público federal, a fin de que intervenga en el presente juicio y represente los intereses de los quejosos. Asimismo, requiérasele para que realice las gestiones necesarias a efecto de que el profesionista que nombre presente promoción dirigida a este tribunal en la que proteste aceptar el cargo conferido. En el entendido de que la promoción o promociones en las que se atienda la petición formulada, podrá realizarse mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Para que se cumpla con lo solicitado, envíese copia simple del escrito de demanda. En el entendido que, de no dar cumplimiento a lo solicitado, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá, como medida de apremio, multa por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones ordenadas en este juicio. COPIAS. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto). EXHORTACIÓN PARA TRANSITAR AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA. Con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese personalmente a los quejosos en su centro de reclusión.
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León, Guanajuato, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. LA REPRESENTANTE ESPECIAL ACEPTA Y PROTESTA CARGO CONFERIDO. Glósese a los autos el escrito y anexo enviados por ********************, Defensora Pública Federal adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guanajuato, Capital y, como lo solicita, téngasele aceptando y protestando el cargo de representante especial del impetrante ********************DOMICILIO ELECTRÓNICO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Asimismo, se le tiene señalando como dirección electrónica para oír y recibir notificaciones y consultar el expediente electrónico en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, la cuenta a nombre del usuario ********************SE ORDENA NOTIFICAR AUTO DE DESECHAMIENTO. Atento a lo anterior, se ordena turnar los presentes autos al actuario judicial de la adscripción, a fin de que se sirva notificar personalmente a la representante especial ********************, el proveído de treinta y uno de octubre pasado, en el que se desechó la demanda de amparo. Notifíquese; hágase personalmente a la representante especial ********************. Así lo acordó Ulises Fuentes Rodríguez, Juez Cuarto de Distrito en el Estado, ante el secretario que autoriza Salvador Antonio Bermúdez Manrique. SABM/ltgd.
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