Jose Luis Muñiz Cárdenas
Expediente 1180/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1180/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Jose Luis Muñiz Cárdenas
Actuaciones
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; a catorce de octubre de dos mil veintiuno. Oficio. Visto lo de cuenta, se recibe el oficio signado por la Subdirectora de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, por medio del cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio. Recurso de revisión. Con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el referido medio de impugnación, por lo que, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, remítanse los autos originales al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, a efecto de que substancie el recurso de mérito, anexando el original y copias del escrito de interposición del recurso y agravios, para los efectos legales correspondientes. Cuaderno de antecedentes. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, con copia certificada de las constancias necesarias que permitan conocer la historia procesal completa del Juicio de Amparo en que se actúa. Traslado. Con excepción de la parte recurrente, distribúyanse entre las demás partes copia del referido medio de impugnación, para los efectos legales correspondientes. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno que corresponda. Notifíquese personalmente.
- Principal
Se notifica por lista al quejoso Visto lo de cuenta, se recibe el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual transcribe auto de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, en el que la presidencia de ese tribunal declinó competencia por razón de grado en favor de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con sede en esta ciudad, para conocer la demanda de amparo promovida por José Luis Muñiz Cardenas, contra actos del Juez Cuarto Unitario Municipal, con sede en esta ciudad. Fórmese y regístrese el juicio de amparo 1180/2021-VI. Acuse. Este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento de la demanda de amparo y acúsese recibo a la superioridad. Suspensión. Debe decirse que en el caso que la autoridad responsable haya emitido alguna medida cautelar, la misma queda sin efectos, pues desde que este órgano jurisdiccional asume la competencia, debe atenderse a las reglas de la suspensión para la vía indirecta. Acto reclamado. Es el siguiente: "RECLAMO LA RESOLUCION DEFINITIVA PRONUNCIADA POR EL C. JUEZ CUARTO UNITARIO MUNICIPAL DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2021, DENTRO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD NO. 90/2021 PROMOVIDO POR EL SUSCRITO QUEJOSO JOSE LUIS MUÑIZ CARDENAS, ESTO EN RAZÓN DE QUE DICHA RESOLUCION ES VIOLATORIA DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y DERECHO HUMANOS Y POR ENDE RESULTA INCONST1TUCIONAL E INCONVENCIONAL." Desechamiento. En ese sentido, este juzgado federal advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo que se trata. El artículo 113 de la Ley de Amparo, autoriza a este órgano jurisdiccional a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causal de improcedencia que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. En el presente caso, este juzgado advierte que se actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, en relación con la fracción V, del artículo 63, ambos de la Ley de Amparo, al no agotarse previamente a la presentación de la demanda en comento el principio de definitividad, en virtud que la ley ordinaria prevé un medio de defensa que puede confirmar, revocar o nulificar el acto, como lo es el juicio de nulidad que establece el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, antes de acudir a esta instancia constitucional. Lo anterior es así pues el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)". Igualmente, es de tomarse en consideración lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución;(.)". De la interpretación literal de los artículos anteriormente transcritos se desprende que el juicio de amparo biinstancial es improcedente en materia administrativa en el supuesto que contra el acto reclamado sea procedente un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión. De lo precedentemente expuesto, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el promovente debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el juicio de amparo se rige por diversos principios, entre los que se encuentra el de "definitividad", el cual establece que para la procedencia de amparo es preciso previamente agotar todos los medios ordinarios de defensa establecidos en la ley por medio de los cuales el acto reclamado pueda, ser modificado, revocado o nulificado; en términos de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Federal y el citado 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; de ahí que el promovente de amparo, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, en razón de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa y, por tanto, para acudir a él es necesario antes de la demanda de amparo, agotar en la vía ordinaria, todos los medios de defensa con los que cuenta el promovente para combatir el acto reclamado, de modo que si las partes no tuvieran la carga de agotar defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, el amparo se convertiría en un recurso ordinario. En ese sentido, se reitera que contra del acto reclamado por la parte promovente, procede el contencioso administrativo previsto en el artículo 3, fracciones IV y XI, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila de Zaragoza, que dispone: "LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE COAHUILA DE ZARAGOZA "CAPITULO II De la Competencia Material del Tribunal y los Conflictos de Intereses Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: IV. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas estatales y municipales; (.) XI. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo"; Como se puede advertir de la lectura del precepto legal antes citado, el juicio contencioso administrativo es procedente cuando se trate de resoluciones resuelvan un recurso administrativo interpuesto en contra de alguna resolución indicada en las demás fracciones de ese apartado normativo. En la especie, el promovente reclama en esta vía la resolución del recurso de inconformidad interpuesto en contra de una infracción impuesta por la Dirección de Tránsito y Vialidad del Municipio de Torreón, esto es, en contra de la resolución de un recurso administrativo interpuesto en contra de una multa de tránsito (infracción municipal). En consecuencia, debe de promoverse juicio contencioso administrativo, lo anterior, conforme a la fracción IV y XI, del artículo 3, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, el cual determina su procedencia. Luego, al no agotarse ese medio de defensa es innegable que el juicio de amparo que se proponga en contra del citado acto reclamado, será improcedente, precisamente porque aún se tiene la oportunidad de impugnar el acto de autoridad que se demanda en esta vía. Sin que en el caso se actualice alguna excepción para acatar el principio de definitividad, prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención a que la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, regula la suspensión del acto, en su arábigo 51, misma que exige que se dicte dentro del término de veinticuatro horas, la cual no dispone mayores requisitos que la Ley de Amparo; máxime que en el caso, el peticionario del amparo solicitó la medida cautelar de referencia; de ahí que se actualice la causal de improcedencia invocada. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la presente demanda de amparo. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial de demanda, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición de su numeral 2°. Autorizados. No designó. Correo electrónico y número telefónico. Por otro lado, téngase al compareciente señalando el correo electrónico y número telefónico que proporciona; lo anterior, para que a través de dicho medio puedan entablarse comunicaciones no procesales, como forma especial y expedida de contacto durante la emergencia sanitaria, en los casos en que se estime necesario. Expediente electrónico. En términos de los artículos 3 y 21 de la Ley de Amparo, y demás relativos del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autorizó con nombre de usuario "joseluistrc" acceder al expediente electrónico del presente juicio de amparo. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Digitalización. De conformidad con el artículo 3°, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Asimismo, para mayor eficacia en la notificación de las comunicaciones oficiales, se autoriza para efectos de enviarlas y recibirlas, el uso de los medios electrónicos, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; a veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado actual de los autos, se advierte que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Requerimiento. En tales condiciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, y tomando en consideración los efectos del fallo protector, requiérase a la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, dé cumplimiento al fallo protector, y en su caso, remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Apercibimiento. En el entendido que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
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