José Luis Moreno Rodriguez
Expediente 703/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 703/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 16/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Luis Moreno Rodriguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Por recibido el oficio signado por el Juez Único Civil de Partido de Uriangato, Guanajuato, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 212/2017 del índice de este tribunal, que se envió para para notificar al quejoso ********, en cumplimiento a lo solicitado el siete de julio pasado; agréguese para que conste, toda vez que en proveído de uno de agosto del presente año, se ordenó el archivo del presente asunto. Dese de baja y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya transcurrió el término para interponer recurso de queja, contra el auto dictado el veinte de julio de dos mil diecisiete, en el que este Juzgado desechó la demanda de amparo presentada por al quejoso *********, sin que lo haya hecho; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, se declara firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Sin que haya lugar a devolver documentos originales, toda vez que no fueron exhibidos por las partes.
- Principal
A sus autos el escrito signado por ***********, mediante el cual cumple con la prevención formulada el siete de julio pasado, lo que hace al manifestar que su nombre correcto es el asentado, así como, que sí participó en el juicio agrario 629/2013 al que se ostenta tercero extraño, lo que hizo en calidad de testigo y de mandatario del demandado. En ese sentido se provee: Vista de nueva cuenta la demanda de amparo presentada por el citado en el párrafo que precede, contra actos del Magistrado del Tribunal Agrario Distrito 11, con sede en Guanajuato, capital y otra autoridad, resulta necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano De la lectura del artículo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causal de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, de que se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos respecto de los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en los diversos numerales 17 y 18 del mismo ordenamiento. De los preceptos legales en mención se desprende que el término genérico de quince días para la presentación de la demanda correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Ahora bien, el quejoso se ostenta tercero extraño litisconsorte al juicio agrario ***; es decir, que debió ser llamado como codemandado y, al no hacerlo, se vulnera el derecho fundamental a la debida audiencia. Al respecto, es necesario conocer los antecedentes que narra en su demanda, bajo protesta de decir verdad, concatenados con las documentales que exhibe: El quejoso, junto con su padre ***********vendieron el veinte de agosto de mil novecientos noventa y ocho a **********"la totalidad del inmueble que era el ***El diez de enero de dos mil, formalizaron dicho acuerdo ante el Notario Público número ** en la ciudad de Uriangato, que quedó registrada en la escritura pública ***que exhibe (de cuyos antecedentes de propiedad se desprende que el inmueble había sido adquirido por los ahora enajenantes, a través de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT); es decir, su origen es de naturaleza agraria. El comprador, **********, demandó en la vía agraria, la nulidad parcial del contrato de compraventa citado en el inciso a), es decir, el contrato privado. Lo que se destaca en este apartado, es que, según el dicho del quejoso, únicamente fue demandado su padre, sin haber sido también llamado él como co-vendedor. También se destaca que el quejoso sí tuvo intervención en el juicio en su calidad de testigo, desde la audiencia de veintiséis de mayo de dos mil quince. Además, expuso en su escrito aclaratorio que fungió como "apoderado legal del demandado El tres de octubre de dos mil dieciséis, se dictó sentencia en el procedimiento de origen, en la que se condenó a la parte demandada y se declaró la nulidad parcial del referido contrato de compraventa. El quince de junio del año en curso, se inició el incidente de ejecución de sentencia. Es importante indicar que sus manifestaciones constituyen una confesión expresa que hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95, 96, 199 y 200 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Lo anterior, resulta suficiente para tener por acreditado que el quejoso tuvo conocimiento de la tramitación del juicio agrario 629/2013, por lo menos desde la fecha en que compareció como testigo, esto es, el veintiséis de mayo de dos mil quince. Resulta aplicable la tesis jurisprudencial visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, Junio de 1996, página 57, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo Por tanto, se advierte que la demanda en estudio es extemporánea, puesto que, el término de quince días que establece el mencionado artículo 17 de la ley de la materia, para reclamar en esta instancia constitucional la falta de llamamiento a juicio y todas las actuaciones dictadas en el juicio agrario ***, transcurrió del veintisiete de mayo al dieciséis de junio de dos mil quince, dado que: I. El aludido plazo se computó a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento (en la comparecencia como testigo) a saber, el veintiséis de mayo de dos mil quince; y II. Fueron inhábiles los días treinta y treinta y uno de mayo, seis, siete, trece y catorce de junio de dos mil quince, por disposición del artículo 19 de la Ley de Amparo. De ahí que si presentó la demanda que se analiza el seis de julio del año en curso en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, es inconcuso que se hizo con marcada posterioridad al término que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, sin que en el caso nos encontremos en alguna de las excepciones que contempla el citado numeral que se transcribió en líneas precedentes, entre las que destaca la fracción III, que alude al plazo de siete años si se está ante la privación de derechos a núcleos de población ejidal; lo anterior, dado que si bien el juicio es de naturaleza agraria, quien comparece a esta instancia es una persona física que no tiene el carácter de ejidatario ni, con mayor razón de representante de un ejido o comunidad. Ante ello, resulta manifiesto que se actualiza en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; por ende, los actos reclamados fueron consentidos tácitamente por el quejoso. Sin perjuicio de su actuación como testigo, es factible también aseverar que si el quejoso fungió como apoderado legal del demandado, entonces en las actuaciones que efectuó dentro del juicio pudo conocer a plenitud el conflicto ahí dilucidado, por lo que estuvo en posibilidad de apersonarse a defender lo que a su interés conviniere; en tanto que esa cuestión constituye una ficción legal relacionada con el desdoblamiento de la personalidad que no puede escapar a la racionalidad: Si en autos se encuentra acreditado que el mandatario conoció del juicio, es ilógico que lo que sabe con esa calidad, lo ignore como persona física en su propio interés. Así lo sostuvieron respectivamente en sentido inverso, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito y el Tercer Tribunal del Cuarto Circuito, en las jurisprudencias XXI.1o. J/7 y IV.3º. J/30, visibles en las páginas 682 y 686 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, octubre de mil novecientos noventa y siete, de rubro y texto: REPRESENTANTES LEGALES. NO PUEDEN IGNORAR, CON TAL CARÁCTER, LO QUE CONOCEN EN LO PERSONAL. Si en autos se encuentra acreditado que el apoderado de la empresa recurrente, misma que se ostentó como tercero extraño en el juicio de garantías, conoció los actos reclamados por haber sido demandado en el sumario del que emanan aquéllos, es ilógico que lo que sabe como persona física lo ignore como representante legal REPRESENTANTE LEGAL. NO PUEDE IGNORAR HECHOS QUE CONOCIÓ EN LO PERSONAL. Si el quejoso, quien es representante legal de la empresa codemandada, tuvo conocimiento de los actos impugnados, es evidente que también lo tuvo como representante de dicha empresa, pues es materialmente imposible que lo que sabe como persona física lo ignore como representante legal de la empresa, por lo cual, si un emplazamiento a una negociación mercantil debe realizarse por conducto de una persona física que al mismo tiempo, por la ficción legal del desdoblamiento de su personalidad, es apoderado o representante de esa persona moral, no es legalmente posible que el referido representante desconozca la existencia del juicio origen del emplazamiento, si este último como codemandado fue emplazado al mismo juicio como persona física No resulta óbice que el peticionario exponga en su escrito aclaratorio que "la litis del juicio de amparo indirecto en que promuevo en mi calidad de quejoso corresponde a un inmueble diverso al que fue parte de la litis del juicio agrario"; sin embargo, el procedimiento de origen es sobre la nulidad del contrato en el que sí participó como vendedor; es decir, el aquí promovente no comparece a defender en esta instancia un bien que no fue materia de litigio; de ser así, sería como tercero extraño auténtico; empero, ya se vio que su pretensión es comparecer al juicio agrario a defender las cuestiones relativas al contrato en el que sí participó como vendedor, por lo que la falta de identidad del bien corresponde a elementos de las acciones dilucidadas en el litigio y no a la calidad de tercero extraño litisconsorte. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se le tiene señalando como domicilio el ubicado en calle ***de esta ciudad, autorizado en términos restringidos de los artículos 12 y 24 de la Ley de Amparo, a *************, en virtud de que no proporcionó los datos necesarios para verificar si cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, sin perjuicio que en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude el precepto legal en cita; asimismo, se tiene por autorizados en los citados términos a las demás personas que menciona, por así haberlo solicitado. De conformidad con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa. Finalmente, considerando que el quejoso se opone a la publicación de sus datos personales; en consecuencia, hágansele las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (S.I.S.E.), lo anterior de conformidad con el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Vista la constancia actuarial, téngase notificado al quejoso J********* del requerimiento formulado el siete de julio pasado por este Tribunal. Por otra parte, se le tiene señalando los estrados de este Juzgado para recibir notificaciones; por tanto, se ordena notificarle el presente y los subsecuentes proveídos por medio de lista.
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