José Luis Moreno González

Expediente 1463/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1463/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
30/12/2022

Partes del expediente

  • José Luis Moreno González

Actuaciones

  1. Principal

    VII.- Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    VII.- Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento a la parte quejosa y se procede a notificar por lista, el proveído de treinta de diciembre de dos mil veintidós, que en lo conducente dice: "30/12/2022.-.. Vista la demanda de amparo promovida por..por propio derecho, contra actos del Juez Primero Civil de Cuautitlán, Estado de México; fórmese expediente y regístrese su ingreso en el Libro de Juicios de Amparo que para tal efecto se lleva en este Juzgado Federal, con el número 1463/2020-VII. En primer término, cabe precisar que el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales establece que el juzgador examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Al efecto se transcribe el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto de mérito, se advierte la facultad del juez de distrito para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. De lo anterior se colige que para desechar de plano una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese contexto, del escrito inicial de demanda y documentos que acompaña se advierte que el acto reclamado en este juicio de garantías se hace consistir en: - El auto de uno de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio ordinario civil sobre cumplimiento de contrato, que deriva del expediente..del índice del Juzgado Primero Civil de Cuautitlán, Estado de México, que conforme a los documentos exhibidos se aprecia que en ese acuerdo, se tuvo por desahogada la vista que se otorgó a la parte actora en el juicio de origen y en atención a las manifestaciones vertidas, determinó que el demandado, hoy quejoso, no acreditó de manera fehaciente que exista expediente en Desarrollo Urbano de Cuautitlán, Estado de México, a efecto de que la parte actora realice los pagos pertinentes para dar cumplimiento al segundo punto resolutivo de la sentencia definitiva de treinta de mayo del presente año, por lo que una vez rendido el informe solicitado a Desarrollo Urbano de Cuautitlán, Estado de México, en el que se informe que no existe expediente alguno para la continuación de obra, quedará expedito el derecho de la actora de designar persona que ejecute los trabajos necesarios para culminar la obra en términos del contrato de cinco de junio de dos mil dieciocho, corriendo esos gastos a costa del demandado, y su ejecución. Se aprecia que ese auto fue dictado en el procedimiento de ejecución de sentencia, y de su contenido no se advierte afectación alguna a los derechos sustantivos del quejoso que haga procedente la vía de amparo. Luego, el juicio de amparo únicamente podrá promoverse en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien la que ordena el archivo definitivo del expediente, lo cual implica que tratándose de las resoluciones intermedias de ese procedimiento de ejecución que no transgredan derechos sustantivos, como en el caso acontece respecto del auto de uno de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio ordinario civil sobre cumplimiento de contrato, que deriva del expediente...del índice del Juzgado Primero de lo Civil de Cuautitlán, Estado de México, no podrá promoverse el juicio de amparo sino que en todo caso, éste podrá reclamarse como violaciones al procedimiento cuando se reclame la última resolución dictada en ese procedimiento, pues en ese acuerdo sólo se tuvo por desahogada la vista a la parte actora, y se le solicitó un informe a Desarrollo Urbano de Cuautitlán, Estado de México, para que diga a ese Juzgado si existe expediente para la continuación de la obra motivo de la litis en ese sumario. Precisado lo anterior, la suscrita advierte que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo en relación con el diverso 107, fracción IV, de dicho ordenamiento legal, en virtud de que el acto reclamado no es la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; ello, con base a las siguientes consideraciones. El artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, establece... Luego, el artículo 107, fracción IV, de la ley de la materia establece. De los preceptos transcritos se advierte que tratándose de los actos ejecutados después de concluido el juicio, es preciso que el juzgador analice qué tipo de acto es el que se está reclamando, pues si se trata de actos dictados en ejecución de sentencia, el amparo únicamente podrá promoverse en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, lo cual implica que tratándose de las resoluciones intermedias de ese procedimiento no podrá promoverse, sino que en todo caso, éstas podrán reclamarse como violaciones al procedimiento cuando se reclame la última resolución. En efecto, con el propósito de establecer lo que debe entenderse como la última resolución, a que se refiere el párrafo segundo de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que por esa resolución debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o en su defecto, en la que se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, abril de dos mil uno, página treinta y uno... Asimismo, apoya lo expuesto la jurisprudencia número 177, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento cuarenta y cinco, del tomo VI, materia común, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación dos mil... Así pues, cuando los actos que se reclamen se hayan dictado en el procedimiento de ejecución de sentencia, pero no sea el auto en que se apruebe o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total, o aquella en que declara la imposibilidad material o jurídica para cumplirla, o se ordene el archivo definitivo del expediente, el juicio de amparo será improcedente en su contra. Lo anterior es comprensible, porque la razón de limitar la procedencia del juicio de amparo a la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución de sentencia, tiene como propósito evitar que, en un abuso del ejercicio del juicio de amparo, se entorpezca la ejecución de las sentencias, debido a que es de orden público; de ahí que dicha ejecución no debe ser entorpecida ni siquiera por la parte que haya resultado vencedora en la contienda del juicio natural que dio origen a la sentencia que se pretende ejecutar. Es criterio del Máximo Tribunal, que la regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto, fue instrumentada por el legislador para evitar los abusos del juicio de amparo; es decir, impedir que el juicio de garantías se utilizara para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva que constituye verdad legal, por lo cual la sociedad está interesada en su ejecución, sin que a través de la interposición de muchos amparos obstaculizara su ejecución. Esto es, al constituir la sentencia definitiva una verdad legal, la sociedad tiene interés en que se ejecute y por ese motivo el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, hasta que se dictara la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el procedimiento de ejecución que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y tratándose de remates que sólo procedería en contra de la resolución que lo aprobara o desaprobara, es decir, se debe entender por última resolución, aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Así que, si el acto reclamado ya citado, no constituye la última actuación en el juicio de origen, ese acto podrá ser reclamado conjuntamente con la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución de sentencia, que será el acuerdo que decrete el cumplimiento total de lo sentenciado en el juicio de origen o la imposibilidad para su cumplimiento o se ordene el archivo del expediente, pudiendo reclamarse entonces las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Apoya lo razonado la jurisprudencia P./J. 108/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, enero de dos mil once, página seis, novena época... En esa tesitura es incuestionable que en el presente asunto, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, al no ser el acto reclamado la última resolución dictada en ejecución de sentencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 113 del cuerpo de leyes en cita, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por. En otro orden, téngase como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones en términos de la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere en su escrito de demanda toda vez que no precisa los términos en que los autoriza. Ahora bien, toda vez que el domicilio señalado por el promovente para oír y recibir notificaciones, se encuentra en el municipio de Cuautitlán, Estado México; esto es fuera del municipio en el que este juzgado federal, tiene su residencia, así como de la zona metropolitana o conurbada a éste como son: Atizapán de Zaragoza, Huixquilucan, Tlalnepantla de Baz y Jilotzingo, todos en el Estado de México, en términos del artículo 3, fracciones IX y XXXVII, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; con fundamento en el artículo 26, fracción I inciso c, en relación con el 27, fracción II, último párrafo, de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, se comisiona al actuario de la adscripción a fin de que le notifique el presente auto; y, lo requiera, para que en el acto de la notificación señale uno en este Municipio de Naucalpan de Juárez, o bien en uno de los municipios conurbados, o en su caso, lo haga por escrito dentro de los tres días siguientes; apercibido que en caso de no hacerlo así, las siguientes notificaciones, aun las personales, se le practicarán por medio de lista que se publica en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal, y en la lista que se publica en los estrados de este Juzgado. Desde este momento se habilitan días y horas inhábiles a fin de realizar en caso de ser necesario, las diligencias que se ordenen en el presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 21 tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, se exhorta a la parte quejosa que, de estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (esto es, promueva electrónicamente). De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 21, 22 y 24 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se instruye a los secretarios y demás personal de este juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica, para incorporarlas al expediente impreso. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 106 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se instruye a los secretarios del juzgado a efecto de que elaboren la versión pública de la sentencia y/o resolución que al efecto se dicte en este juicio de amparo, con estricto apego a dichos ordenamientos legales y demás normatividad aplicable. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con lo que establece el diverso segundo transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, indíquese a la parte quejosa el derecho que le asiste, hasta antes de dictarse sentencia, para oponerse de manera expresa, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos."

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