José Luis Moreno Del Moral
Expediente 958/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 958/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 11/10/2019
Partes del expediente
- José Luis Moreno Del Moral
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
4.- Visto el estado procesal de los autos, se advierte que transcurrió el plazo de 10 días para interponer recurso de revisión contra el acuerdo de 24 de septiembre de 2019 (fojas 102 a 104), que sobreseyó en el juicio de amparo indirecto fuera de audiencia constitucional y la parte quejosa, a quien perjudica, no lo impugnó en tiempo y forma. .. 1.- Estado. Se declara que el acuerdo ha causado estado. 2.- Anotaciones. Se ordena realizar las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). 3.- Archivo. Archívese el presente por tratarse de un asunto concluido. 4.- Incidente de suspensión. No se tramitó. 5.- Clasificación. Principal: Destruible. Original del incidente: No se tramitó. Duplicado del incidente: No se tramitó. 6.- Relevancia. El presente asunto carece de relevancia documental. 7.- Digitalización. Se ordena digitalizar las constancias del presente asunto, a efecto de contar con una copia electrónica para conservar y difundir su contenido. 8.- Transparencia. Al hacerse pública la resolución del presente asunto, deberá suprimirse la información clasificada como reservada o confidencial. 9.- Devolución de documentos originales. Toda vez que en autos obran documentos aportados por la parte quejosa (17 a 23), que se ubican dentro de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII , del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, en términos del punto vigésimo, último párrafo, del Acuerdo General citado, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, comparezca a este órgano jurisdiccional a recogerlos, previa copia certificada que de éstos se deje en autos, apercibida que de no hacerlo podrán ser destruidos junto con el expediente. En el entendido de que al presentarse a las instalaciones de este Juzgado de Distrito deberá exhibir identificación oficial y vigente (y una copia simple de la misma) , para ser certificada por el secretario (previo cotejo) y agregarse a los autos para debida constancia legal, indicándole que debido a la carga de trabajo, considerando la función jurisdiccional a desempeñar y a fin de regular la organización en la devolución de documentos, deberá acudir a recogerlos de lunes a viernes entre las diez y las doce treinta horas. 10.- Devolución de otros documentos. Asimismo, se indica a las partes que, en caso de que requieran la devolución de documentos diversos a los recién precisados, deberán solicitarlo por escrito a efecto de que se acuerde lo correspondiente. 11.- Devolución de legajos de pruebas. No existen. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. ..
- Principal
ASUNTO LISTADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B), Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 11 DE OCTUBRE DE 2019: Visto el estado procesal de los autos, se advierte que transcurrió el plazo de 10 días para interponer recurso de revisión contra el acuerdo de 24 de septiembre de 2019 (fojas 102 a 104), que sobreseyó en el juicio de amparo indirecto fuera de audiencia constitucional y la parte quejosa, a quien perjudica, no lo impugnó en tiempo y forma. .. 1.- Estado. Se declara que el acuerdo ha causado estado. 2.- Anotaciones. Se ordena realizar las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). 3.- Archivo. Archívese el presente por tratarse de un asunto concluido. 4.- Incidente de suspensión. No se tramitó. 5.- Clasificación. Principal: Destruible. Original del incidente: No se tramitó. Duplicado del incidente: No se tramitó. 6.- Relevancia. El presente asunto carece de relevancia documental. 7.- Digitalización. Se ordena digitalizar las constancias del presente asunto, a efecto de contar con una copia electrónica para conservar y difundir su contenido. 8.- Transparencia. Al hacerse pública la resolución del presente asunto, deberá suprimirse la información clasificada como reservada o confidencial. 9.- Devolución de documentos originales. Toda vez que en autos obran documentos aportados por la parte quejosa (17 a 23), que se ubican dentro de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII , del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, en términos del punto vigésimo, último párrafo, del Acuerdo General citado, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, comparezca a este órgano jurisdiccional a recogerlos, previa copia certificada que de éstos se deje en autos, apercibida que de no hacerlo podrán ser destruidos junto con el expediente. En el entendido de que al presentarse a las instalaciones de este Juzgado de Distrito deberá exhibir identificación oficial y vigente (y una copia simple de la misma) , para ser certificada por el secretario (previo cotejo) y agregarse a los autos para debida constancia legal, indicándole que debido a la carga de trabajo, considerando la función jurisdiccional a desempeñar y a fin de regular la organización en la devolución de documentos, deberá acudir a recogerlos de lunes a viernes entre las diez y las doce treinta horas. 10.- Devolución de otros documentos. Asimismo, se indica a las partes que, en caso de que requieran la devolución de documentos diversos a los recién precisados, deberán solicitarlo por escrito a efecto de que se acuerde lo correspondiente. 11.- Devolución de legajos de pruebas. No existen
- Principal
L. 4. Oficio. El Presidente de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, realiza lo siguiente: 1. Rinde su informe justificado. 2. Ofrece pruebas. .. Trámite. Se toma conocimiento de lo informado. Se tiene por rendido el informe justificado y por ofrecidas las pruebas. Litis constitucional. Vista la demanda de amparo, se advierten los siguientes datos: *** Autoridad(es) responsable(s). Presidente de la Junta Especial Número Dos de las de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla D.- Acto(s) reclamado(s). 1.- La dilación procesal en la ejecución del laudo dictado en el juicio laboral *** del índice de la Junta Especial Número Dos de las de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. 2.- La falta de contestación de los escritos presentados el 25 de marzo de 2019 ante la responsable. Sobreseimiento. Visto el estado procesal de los autos, este Juzgado de Distrito advierte que, en relación con los actos reclamados, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo*** La causa de improcedencia anunciada establece que el juicio de amparo es improcedente cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Ahora, para fijar el alcance de la causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia ha interpretado diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Así, en la causa de improcedencia anunciada el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho humano que se estime violado o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque: a) La prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; b) Porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación; o, c) Por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario. En ese contexto, la causa de improcedencia en análisis se actualiza cuando los efectos del acto reclamado que formalmente subsiste pero cuyo objeto o materia dejó de existir, no han afectado la esfera jurídica del quejoso y se modifica el entorno en el cual fue emitido, de modo que la protección que en su caso se concediera carecería de efectos. *** Por tanto, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo se actualiza por los siguientes motivos: Del informe que allegó la Junta responsable, se advierte que los actos aquí reclamados consistentes en la dilación procesal en la ejecución del laudo dictado en el juicio laboral *** y la falta de contestación de los escritos presentados el 25 de marzo de 2019, ya dejó de existir su objeto o materia de los mismos, toda vez que el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito ordenó dejar insubsistente el referido laudo y dictar otro de acuerdo con los lineamientos precisados en su resolución. En otras palabras, la dilación procesal reclamada, ya no surte efecto material y jurídico en contra del impetrante del amparo, pues se modificó el entorno en el cual éste se emitió, ya que actualmente dictará otro laudo, por lo que el fallo protector no podría cumplir con su finalidad. Conclusión. En ese orden, al sobrevenir y actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. *** Se deja sin efectos audiencia constitucional. Finalmente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las 12 horas del 2 de octubre de 2019. Notifíquese por lista a la parte quejosa.
- Principal
4.- El quejoso .., por conducto de su autorizado en términos amplios .., solicita: 1- Se le haga efectivo el apercibimiento de multa a la autoridad responsable, toda vez que ha sido omiso en rendir su informe justificado. 2.- Se requiera nuevamente su informe justificado. .Texto legal. Los artículos 117 y 260 de la Ley de Amparo establecen: . Hipótesis normativas. Del contexto del artículo 117 de la Ley de Amparo, en relación con los efectos que se producen en el juicio de amparo con la rendición u omisión del informe justificado, se advierten las siguientes hipótesis: a.- Por regla general, el Juez de Distrito, al solicitar los informes justificados de las autoridades responsables, concede un plazo de 15 días, contados a partir de la notificación del auto correspondiente. b.- Si el Juez Federal lo estima conveniente, por la importancia y trascendencia del caso, a lo que procede agregar que puede haber situaciones de complejidad para la obtención de constancias, es posible discrecionalmente ampliar el término por 10 días más, para que la autoridad responsable rinda su informe con justificación. c.- La circunstancia de que las autoridades responsables presenten sus informes justificados con posterioridad al plazo de 15 días o, en su caso, al de su ampliación discrecional, no trae como consecuencia que se deba tener por presuntivamente cierta la existencia de los actos que se les atribuyen, según se destacará en inciso subsecuente. d.- Las autoridades responsables rendirán sus informes con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos 8 días antes de la audiencia constitucional. e.- La consecuencia de que se rinda el informe justificado con insuficiente anticipación en relación con la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, será que el Juez difiera o suspenda tal audiencia, según lo que proceda, a solicitud de las partes, que inclusive podrá hacerse en la misma fecha fijada para la celebración de la diligencia. . f.- Si el Juez de Distrito omite dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido con insuficiente anticipación en relación con la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, el tribunal revisor podrá ordenar la reposición del procedimiento, atento lo que establece el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo. g.- Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de derechos humanos y garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. h.- El artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a imponer a las autoridades responsables una multa que oscila entre 100 y 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización , cuando aquéllas no rindan su informe con justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, las constancias necesarias para la solución del juicio de control constitucional. Caso concreto. En consecuencia, no procede multar a la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Dos de las de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, ante la omisión de rendir su informe justificado; ni requerirle nuevamente su rendición, toda vez que los autos originales del juicio laboral de origen, se encuentran en poder del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, con motivo de la tramitación del juicio de amparo directo ...
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