José Luis Morales Martínez

Expediente 805/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 38 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
805/2022
Año
2022
Actuaciones
38
Última actuación
11/09/2023

Partes del expediente

  • José Luis Morales Martínez
  • Juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia de la ciudad de Orizaba, Veracruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 38.

  1. Incidental

    Córdoba, Veracruz, a once de septiembre de dos mil veintitrés. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia autorizada el diecinueve de abril de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a*** en los siguientes términos*** Concesión de amparo que se hizo extensiva al acto de ejecución atribuido a las autoridades responsables, 2. Coordinador de Seguridad Pública Municipal de Orizaba, Veracruz, 3. Encargado de la Jefatura de Detectives de la Policía Ministerial, con sede en Orizaba, Veracruz, 4. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, y 5. Encargado de la Delegación de la Policía Estatal Región VII, Fortín de las Flores, Veracruz. Por auto de treinta de mayo de dos mil veintitrés, se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria; por ende, se requirió a las responsables el cumplimiento del fallo protector. En acato a ello, las referidas autoridades responsables remitieron diversas constancias con las que consideraron dar cumplimiento a la ejecutoria de que se trata; y en auto de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por las autoridades responsables y considerando que únicamente la parte quejosa desahogó la vista ordenada, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por las responsables, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues del análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable, Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Orizaba, Veracruz, se advierte, en lo que trasciende, que mediante proveído de ocho de junio de dos mil veintitrés, dictado en el expediente*** en principio, dejó insubsistente el acto reclamado, es decir, el acuerdo de doce de septiembre de dos mil veintidós, únicamente en la parte conducente en la que ordenó llevar a cabo la diligencia de entrega de los menores*** con el auxilio de la fuerza pública; posteriormente, emitió una nueva determinación en relación con el requerimiento de entrega de los citados menores mediante el uso de la fuerza pública, pero acatando los lineamientos trazados en el fallo protector, pues para tal efecto en lo que trasciende fundó tal decisión en lo dispuesto por el artículo 53, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles de la Entidad (que prevé dicha medida de apremio); asimismo, indicó medularmente que dicha medida resultaba "pertinente" para cumplir con lo "ordenado en autos", dada la notoria contumacia de los aquí quejosos de hacer entrega de los infantes de mérito a su progenitora, no obstante los múltiples requerimientos y apercibimientos realizados con antelación. Es pertinente mencionar que el sentido de la nueva determinación, emitida por la autoridad responsable resulta ajeno a los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analizó, pues en ésta sólo se le ordenó que emitiera una nueva resolución acatando las directrices precisadas en el fallo protector, pero sin que existiera imperativo de resolver en determinado sentido. Por su parte, las diversas autoridades, 2. Coordinador de Seguridad Pública Municipal de Orizaba, Veracruz, 3. Encargado de la Jefatura de Detectives de la Policía Ministerial, con sede en Orizaba, Veracruz, 4. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, y 5. Encargado de la Delegación de la Policía Estatal Región VII, Fortín de las Flores, Veracruz, informaron las acciones realizadas para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Por tanto, dado que las autoridades responsables cumplieron con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; en consecuencia, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. No pasa inadvertido lo manifestado por la parte quejosa al desahogar la vista concedida, por medio del cual refiere en esencia que la responsable no cumplió correctamente con el fallo protector, ya que no tomó en consideración las diversas circunstancias acaecidas que justifican la negativa de entregar a los menores en cuestión; sin embargo, dichos argumentos deben desestimarse, en razón de que, como se indicó, la protección constitucional fue para el efecto de que la responsable, entre otras cosas, con plenitud de jurisdicción emitiera una nueva determinación en la que, en caso de que reiterara el sentido del acto reclamado, justificara su decisión de ordenar la práctica de la multicitada diligencia, sin que, se reitera, existiera imperativo de resolver en determinado sentido; de ahí que si el argumento de la quejosa se dirige a combatir cuestiones fondo, no pueden abordarse en esta resolución, al resultar ajenos a los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analiza. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese la presente determinación en el cuaderno incidental. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, incisos a) y b), del citado Acuerdo General, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión son conservables y deberán transferirse al Archivo de Concentración, con apoyo de la Administración Regional correspondiente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la emisión del presente proveído. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, se establece que una vez transcurridos seis meses deberá ser destruido, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Por otro lado, dado que se encuentran glosados documentos originales exhibidos por la parte quejosa, se hace de su conocimiento que puede acudir a recogerlos a este órgano de control constitucional dentro de los tres años siguientes a este acuerdo; apercibida que de no hacerlo, serán transferidos junto con el presente expediente al Archivo de Concentración, en términos de lo dispuesto en el numeral 17 del Acuerdo General invocado. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias remitidas por el Juez responsable; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese, por lista de acuerdos a la parte quejosa, y personalmente a la tercero interesada

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, a once de septiembre de dos mil veintitrés. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia autorizada el diecinueve de abril de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a*** en los siguientes términos*** Concesión de amparo que se hizo extensiva al acto de ejecución atribuido a las autoridades responsables, 2. Coordinador de Seguridad Pública Municipal de Orizaba, Veracruz, 3. Encargado de la Jefatura de Detectives de la Policía Ministerial, con sede en Orizaba, Veracruz, 4. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, y 5. Encargado de la Delegación de la Policía Estatal Región VII, Fortín de las Flores, Veracruz. Por auto de treinta de mayo de dos mil veintitrés, se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria; por ende, se requirió a las responsables el cumplimiento del fallo protector. En acato a ello, las referidas autoridades responsables remitieron diversas constancias con las que consideraron dar cumplimiento a la ejecutoria de que se trata; y en auto de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por las autoridades responsables y considerando que únicamente la parte quejosa desahogó la vista ordenada, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por las responsables, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues del análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable, Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Orizaba, Veracruz, se advierte, en lo que trasciende, que mediante proveído de ocho de junio de dos mil veintitrés, dictado en el expediente*** en principio, dejó insubsistente el acto reclamado, es decir, el acuerdo de doce de septiembre de dos mil veintidós, únicamente en la parte conducente en la que ordenó llevar a cabo la diligencia de entrega de los menores*** con el auxilio de la fuerza pública; posteriormente, emitió una nueva determinación en relación con el requerimiento de entrega de los citados menores mediante el uso de la fuerza pública, pero acatando los lineamientos trazados en el fallo protector, pues para tal efecto en lo que trasciende fundó tal decisión en lo dispuesto por el artículo 53, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles de la Entidad (que prevé dicha medida de apremio); asimismo, indicó medularmente que dicha medida resultaba "pertinente" para cumplir con lo "ordenado en autos", dada la notoria contumacia de los aquí quejosos de hacer entrega de los infantes de mérito a su progenitora, no obstante los múltiples requerimientos y apercibimientos realizados con antelación. Es pertinente mencionar que el sentido de la nueva determinación, emitida por la autoridad responsable resulta ajeno a los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analizó, pues en ésta sólo se le ordenó que emitiera una nueva resolución acatando las directrices precisadas en el fallo protector, pero sin que existiera imperativo de resolver en determinado sentido. Por su parte, las diversas autoridades, 2. Coordinador de Seguridad Pública Municipal de Orizaba, Veracruz, 3. Encargado de la Jefatura de Detectives de la Policía Ministerial, con sede en Orizaba, Veracruz, 4. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, y 5. Encargado de la Delegación de la Policía Estatal Región VII, Fortín de las Flores, Veracruz, informaron las acciones realizadas para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Por tanto, dado que las autoridades responsables cumplieron con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; en consecuencia, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. No pasa inadvertido lo manifestado por la parte quejosa al desahogar la vista concedida, por medio del cual refiere en esencia que la responsable no cumplió correctamente con el fallo protector, ya que no tomó en consideración las diversas circunstancias acaecidas que justifican la negativa de entregar a los menores en cuestión; sin embargo, dichos argumentos deben desestimarse, en razón de que, como se indicó, la protección constitucional fue para el efecto de que la responsable, entre otras cosas, con plenitud de jurisdicción emitiera una nueva determinación en la que, en caso de que reiterara el sentido del acto reclamado, justificara su decisión de ordenar la práctica de la multicitada diligencia, sin que, se reitera, existiera imperativo de resolver en determinado sentido; de ahí que si el argumento de la quejosa se dirige a combatir cuestiones fondo, no pueden abordarse en esta resolución, al resultar ajenos a los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analiza. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese la presente determinación en el cuaderno incidental. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, incisos a) y b), del citado Acuerdo General, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión son conservables y deberán transferirse al Archivo de Concentración, con apoyo de la Administración Regional correspondiente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la emisión del presente proveído. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, se establece que una vez transcurridos seis meses deberá ser destruido, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Por otro lado, dado que se encuentran glosados documentos originales exhibidos por la parte quejosa, se hace de su conocimiento que puede acudir a recogerlos a este órgano de control constitucional dentro de los tres años siguientes a este acuerdo; apercibida que de no hacerlo, serán transferidos junto con el presente expediente al Archivo de Concentración, en términos de lo dispuesto en el numeral 17 del Acuerdo General invocado. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias remitidas por el Juez responsable; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese, por lista de acuerdos a la parte quejosa, y personalmente a la tercero interesada.

  3. Principal

    Córdoba, Veracruz, a siete de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos sin mayor proveído el oficio signado por el Director General Jurídico y representante legal del Secretario y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa; toda vez que en proveído de dieciocho de agosto del año en curso, se tuvo al 5. Encargado de la Delegación de la Policía Estatal Región VII, Fortín de las Flores, Veracruz, informando respecto el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Cúmplase.

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, a cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por los quejosos*** atento a su contenido, se tiene por desahogada la vista en relación con el cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria de amparo y por hechas sus manifestaciones, las cuales serán tomadas en consideración al momento en que este Juzgado se pronuncie respecto del cumplimiento o no de la sentencia protectora. Notifíquese.

Quedan 34 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · 4,334 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano