José Luis Monzón Pérez, apoderado legal.

Expediente 1442/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1442/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
02/02/2023

Partes del expediente

  • José Luis Monzón Pérez, apoderado legal.
  • Tiburcio Y/O José Tiburcio Nava Águila

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, dos de febrero de dos mil veintitrés. Causa estado auto que desechó la demanda. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, en el que desechó la demanda de amparo promovida; por tanto, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Expediente destruible y sin relevancia documental Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 21. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo (tres años), deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Devolución de documentos. Por otra parte, toda vez que los documentos exhibidos por la parte quejosa, se ubican en la hipótesis del artículo tercero, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días comparezca a las instalaciones de este Juzgado Federal en día y hora hábil debidamente identificada para recogerlos, apercibido que de no hacerlo así, dichos documentos serán depurados junto con el expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.JFJM

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 26, fracción III, y 29, de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa José Luis Monzón Pérez, en su carácter de apoderado legal de José Tiburcio Nava Águila y/o Tiburcio Nava Águila; el contenido de la resolución de dos de febrero de dos mil veintitrés: Apizaco, Tlaxcala, dos de febrero de dos mil veintitrés. Causa estado auto que desechó la demanda. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, en el que desechó la demanda de amparo promovida; por tanto, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Expediente destruible y sin relevancia documental Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 21. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo (tres años), deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Devolución de documentos. Por otra parte, toda vez que los documentos exhibidos por la parte quejosa, se ubican en la hipótesis del artículo tercero, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días comparezca a las instalaciones de este Juzgado Federal en día y hora hábil debidamente identificada para recogerlos, apercibido que de no hacerlo así, dichos documentos serán depurados junto con el expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós: Apizaco, Tlaxcala, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve José Luis Monzón Pérez, apoderado legal de José Tiburcio Nava Águila y/o Tiburcio Nava Águila, contra actos del Presidente Ejecutor del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1442/2022-VI. Acto reclamado. Ahora bien, la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: Ahora bien, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, el registro de los juicios de amparo que se tramitan en este juzgado, de los que se advierte el diverso juicio de amparo 929/2022-VI, en el cual el quejoso promueve José Luis Monzón Pérez, previamente a la demanda que se provee, promovió amparo en contra del siguiente acto reclamado: Ahora bien, cabe precisar que por sentencia de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, se concedió el amparo a la parte quejosa, para los efectos siguientes: ". De forma inmediata, dicte en sentido positivo o negativo, lo que deberá realizar de manera fundada y motivada, el acuerdo correspondiente a las peticiones formuladas por el quejoso en diligencia de requerimiento de pago y/o embargo de doce de julio de dos mil veintidós y en un escrito presentado ante la autoridad el quince de julio de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral 73/2019-A." Por otra parte, la autoridad responsable, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada dentro del expediente 929/2022-VI, de los del índice de este juzgado, dictó el acuerdo de catorce de noviembre de dos mil veintidós (acto reclamado en el presente sumario constitucional), en los términos siguientes: Se desecha demanda de amparo Ahora, con apoyo en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre su actualización, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. En el caso, se advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el numeral 61, fracción IX de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;" De lo anterior se advierte que resulta improcedente el juicio de amparo en la vía indirecta, contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución. En el caso, es preciso señalar que dentro del juicio de amparo 929/2022-VI del índice de este Juzgado, se concedió el amparo a la parte quejosa José Luis Monzón Pérez, para los siguientes efectos: ".De forma inmediata, dicte en sentido positivo o negativo, lo que deberá realizar de manera fundada y motivada, el acuerdo correspondiente a las peticiones formuladas por el quejoso en diligencia de requerimiento de pago y/o embargo de doce de julio de dos mil veintidós y en un escrito presentado ante la autoridad el quince de julio de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral 73/2019-A." En atención a lo anterior, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, dentro del expediente laboral 73/2019-A, dictó un acuerdo el catorce de noviembre de dos mil veintidós -acto reclamado-, en el cual: a) Se pronunció respecto a las peticiones formuladas por el quejoso en diligencia de requerimiento de pago y/o embargo de doce de julio de dos mil veintidós. b) Por cuanto a las peticiones formuladas en el escrito presentado el quince de julio de dos mil veintidós, determinó que previo a emitir el acuerdo respectivo, debía requerir al demandado para que proporcione diversa información; asimismo, ordenó darle vista con el referido ocurso para que manifieste lo que a su interés convenga. De tal manera, el quince de diciembre del año actual, en los autos del referido juicio de amparo, se emitió un auto que determinó que con el auto de catorce de noviembre de dos mil veintidós -acto reclamado-, dictado en el juicio laboral de origen, no se tenía por cumplida la ejecutoria de amparo indirecto; por ende, se requirió de nueva cuenta a la autoridad responsable el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, se advierte que los actos que pretende reclamar la parte promovente derivan de un diverso juicio de amparo, esto es, del amparo indirecto 929/2022-VI, del índice de este órgano jurisdiccional y del cumplimiento a la ejecutoria emitida en el mismo. En razón de lo anterior, es inconcuso que en el caso se actualiza la causal de improcedencia en estudio, debido a que los actos reclamados provienen del juicio de amparo 929/2022-VI del índice de este Juzgado. Estimar lo contrario, afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica, pues la resolución emitida por las autoridades responsables es producto del análisis jurídico realizado por el juzgador federal al resolver el juicio de amparo que se cumplimenta; aunado a que aceptar la procedencia de un juicio de amparo en contra de resoluciones emitidas en un diverso juicio de amparo implicaría ejercer un control sobre otro control constitucional, pues, en caso que en la tramitación de los juicios de garantías se incurriera en irregularidades, éstas serían impugnables a través de los recursos que establece la propia Ley de Amparo. Sin que lo anterior, vulnere el derecho humano a un recurso eficaz reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en consonancia con lo dispuesto en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que admitir lo contrario generaría inseguridad jurídica, pues el propósito de la causal de improcedencia que se estima actualizada, no tiene como finalidad limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino el de establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica, pues la autorización de combatir resoluciones dictadas en un juicio de amparo diverso, resultaría en una cadena interminable de juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 57/2018, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Libro 60, Noviembre de 2018 Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ, NO TRANSGREDE EL DERECHO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. El precepto citado, al establecer que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, se refiere a aquellas que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo las constriñe a realizar determinadas acciones, esto es, en las que les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva sentencia conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. Ahora bien, la improcedencia referida deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico realizado en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que, admitir uno nuevo, afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese sentido, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo no transgrede el derecho a contar con un recurso eficaz, al no contradecir los artículos 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues la norma referida no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Además, el precepto citado también cumple con el postulado previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en procurar una justicia pronta y expedita, que asegure su correcta y funcional administración. Así como la tesis XII.1o.4 K, consultable en el Tomo III, Enero de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS EMITIDOS EN OTRO JUICIO DE GARANTIAS, AUNQUE SEA INTERPUESTO POR UNA PERSONA QUE NO ES PARTE EN ESTE ÚLTIMO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, el juicio de garantías es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. De la lectura del precepto legal citado se advierte que establece la improcedencia del juicio de amparo en contra de actos emitidos en otro de la misma naturaleza, independientemente de que quien lo promueva sea o no parte en el juicio de donde provenga el acto o resolución reclamada, lo cual resulta explicable tomando en cuenta que a los jueces de Distrito compete ejercer la facultad de control constitucional a través del juicio de garantías; y de proceder dicho medio de impugnación en contra de actos o resoluciones dictadas en otro juicio de amparo, implicaría ejercer un control sobre otro control constitucional; pues en todo caso, si los jueces federales al tramitar o resolver un juicio de garantías incurren en irregularidades, éstas constituyen una violación a las disposiciones que regulan el procedimiento del juicio constitucional, impugnables a través de los recursos que la Ley de Amparo establece, los que pueden ser interpuestos por el afectado aunque no sea parte en el juicio respectivo. En tales condiciones, resulta manifiesto e indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción IX de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de derechos fundamentales. Se ordena resguardo de documentos. Toda vez que algunos de los documentos que la parte quejosa acompaña al escrito de demanda que se provee, son originales, se ordena su resguardo en la secretaría de este juzgado, previa copia certificada que en su lugar se deje en autos. Domicilio. Ahora bien, como lo solicita se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala para tales efectos, con el apercibimiento que, de resultar inexacto, las subsecuentes notificaciones, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. Integración de expediente electrónico. Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafo sexto y octavo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21.

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