José Luis Monterrubio Ramírez y Otros.
Expediente 737/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 737/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- José Luis Monterrubio Ramírez y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA IV B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintiséis de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese el oficio 1731 suscrito por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, por el que, por una parte, acusa recibo del diverso 28413/2016 a través del cual se le remitió la demanda promovida por José Luis Monterrubio Ramírez, y siete copias de la misma al carecer de competencia legal para conocer de dicho asunto y, por otra, comunica que acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del mismo, juicio de amparo que se advierte quedó registrado con el número 241/2016. Ahora bien, en virtud de que no existe determinación pendiente que cumplimentar; con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año citado, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese este cuaderno como concluido. Por otra parte, se estima que este cuaderno de antecedentes carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento; por tanto, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a su destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA IV B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dos de mayo de dos mil dieciséis. De los autos se advierte que el plazo de cinco días que se concedió al promovente José Luis Monterrubio Ramírez, en auto de veinte de abril de dos mil dieciséis (fojas 10 y 11), para que regularizara su escrito de demanda, ha fenecido sin que haya hecho manifestación alguna al respecto. Ahora, antes de pronunciarse sobre la admisión de la demanda de amparo resulta necesario verificar si este Juzgado Primero de Distrito, residente en la ciudad de Oaxaca, es competente para conocer de la misma, por ser éste un presupuesto procesal cuyo estudio es de orden público. Al respecto, cabe destacar que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. El numeral transcrito revela que la competencia de los Jueces de Distrito se surte en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en el juicio constitucional, de suerte que en cada uno de sus párrafos establece diversas reglas para fijar la competencia de los órganos jurisdiccionales federales, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de la jurisdicción ante el que se presente la demanda; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Lo que distingue las dos primeras reglas de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la actualización de las otras exige esta ejecución; y lo que hace la diferencia entre las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces Federales, ya que la primera regla se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Así, como se adelantó, son los actos de ejecución los que determinan la competencia de los Jueces de Distrito; entonces, respecto a la primera regla competencial, que es la fundamental, debe establecerse que es el lugar donde vaya a ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado lo que fija la competencia del Juez de Distrito, es decir, es Juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar o se hayan realizado; sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. Luego, para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos que tengan ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen, traten de realizarse o se hayan realizado, de manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial, esto es, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente, se ejecuten o se hayan ejecutado, es lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. En relación a la segunda hipótesis de competencia, los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos Jueces de Distrito, por lo que la competencia para conocer del amparo respectivo se surte a favor del juez ante el que se presente la demanda. Establecido lo anterior, debe destacarse que en el caso, el peticionario de amparo, esencialmente, reclama al Fiscal de la Subprocuraduría o Fiscalía de Puerto Escondido, Oaxaca, y al Fiscal Encargado de la carpeta de investigación 2675(FPE)/2014 la omisión de acordar la fecha y hora para recibir la ratificación de intervención en dicha carpeta; mientras que al Juez de Garantía de los Juicios Orales, la orden de captura y detención librada en su contra. En este tenor, con base en los antecedentes expuestos, resulta evidente que el acto reclamado a través de esta vía constitucional, por su naturaleza, pretende ejecutarse en Puerto Escondido, Oaxaca, esto es, fuera de la circunscripción correspondiente a este órgano jurisdiccional; en consecuencia, es obvio que se surte la primera regla competencial, que es el lugar en donde trate de ejecutarse los actos reclamados, es decir, es Juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde el acto de ejecución se realizó. En apoyo a lo anterior se cita la ejecutoria sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 97, Séptima Época, publicada en el Informe 1972, Parte II, de rubro y texto siguientes: COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo. Ahora bien, en términos del punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, la competencia se surte a favor de un Juzgado de Distrito con sede en Salina Cruz, Oaxaca, por ser éste el que tiene competencia en Puerto Escondido, San Pedro Mixtepec, Oaxaca, lugar donde se trata de ejecutar el acto reclamado, al establecer: CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: [.] XIII. DECIMOTERCER CIRCUITO: [.] Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: [.],San Pedro Mixtepec, [.] En tales condiciones, al haber quedado de manifiesto que de conformidad con el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente, la competencia para conocer de este asunto, corresponde al Juez de Distrito en cuya jurisdicción tuvo ejecución el acto reclamado, esto es, en Puerto Escondido, San Pedro Mixtepec, Oaxaca, con apoyo en lo previsto por el artículo 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin proveer trámite alguno, este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente para conocer de la referida demanda de amparo; por ende, se ordena remitir este expediente, junto con las copias de la demanda correspondientes, al juez de Distrito, en turno, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, por conducto de su Oficina de Correspondencia, a quien se estima competente, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Con copia de la boleta de registro y escrito de demanda de amparo, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente.
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