JOSE LUIS MONTAÑO DE LA ROSA (DEFENSOR) y Otros.
Expediente 305/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 305/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- JOSE LUIS MONTAÑO DE LA ROSA (DEFENSOR) y Otros.
- Marco Antonio Estrada Lopez
Actuaciones
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE NUEVE DE MARZO DE CDOS MIL DIECISIETE QUE EN LO CONDUCENTE DICE: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Alejandro Cazales Santiago y Yoab Cazales Santiago, contra el acto reclamado al 1. Juez de Ejecución de Sentencias Itinerante en el Estado de Puebla, y su ejecución a cargo del 2. Director del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez Puebla, y otras autoridades, en términos del considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. Notifíquese a los peticionarios de amparo Alejandro Cazales Santiago y Yoab Cazales Santiago, vía despacho de conformidad con el considerando séptimo de la presente determinación. TERCERO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de marzo de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por José Luis Montaño de la Rosa, en su carácter de defensor particular de Marco Antonio Estrada López y Tomás Méndez Lozano, contra actos de la autoridad responsable: Segundo Tribunal Unitario del Sexto Circuito, habilitado con competencia en el Sistema Penal Acusatorio. Fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 305/2017-A. Del análisis de la demanda de amparo se advierte que el promovente reclama la sentencia de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, en la que se resolvió confirmar la resolución de veintiséis de enero de dos mil diecisiete, emitida por la Juez Primero de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, en la causa penal PUE/00218/2015 en la que determinó que resultaba improcedente modificar o revocar la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a los imputados Marco Antonio Estrada López y Tomás Méndez Lozano. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 36,41 y 48 de la Ley de Amparo; y 29 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; este Juzgado Distrito, se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de que se trata, ya que se señala como autoridad responsable al SEGUNDO TRIBUNAL UNITARIO DEL SEXTO CIRCUITO, con sede en esta ciudad, y el acto reclamado no lo constituye una sentencia definitiva, por lo que se estima competente al Primer Tribunal Unitario del Sexto Circuito, con residencia en esta ciudad; pues es el más próximo a la residencia de aquél. Lo anterior es así, porque el referido numeral 48 de la Ley de Amparo, dispone: "Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de persona o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales ." Al respecto, el artículo 29, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dispone lo siguiente: "Artículo 29. Los tribunales unitarios de circuito conocerán: I.- De los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales unitarios de circuito, que no constituyan sentencias definitiva, en términos de lo previsto por la Ley de Amparo respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante juez de distrito. En estos casos, el tribunal unitario competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado; (.)" Ahora bien, del precepto transcrito en segundo lugar, se desprende que cuando se trata de actos emitidos por otro tribunal unitario de circuito, será competente para conocer del mismo otro tribunal unitario de circuito, que será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado. En efecto, si en el presente juicio de amparo, la parte promovente reclama la resolución que confirma el auto por el que se declaró improcedente modificar la medida cautelar impuesta a los quejosos en la causa penal PUE/00218/2015, la suscrita jueza estima que quien debe conocer de la demanda de amparo en estudio, es otro tribunal unitario, que será el más próximo a la residencia de aquél, ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Que en el caso, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, resulta legalmente competente para conocer de la demanda de garantías en estudio, el Primer Tribunal Unitario del Sexto Circuito, por ser el más próximo a la residencia del tribunal unitario que emitió el acto reclamado (Segundo Tribunal Unitario del Sexto Circuito). Por todo lo anterior, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo interpuesta por José Luis Montaño de la Rosa, en su carácter de defensor particular de Marco Antonio Estrada López y Tomás Méndez Lozano, por ende, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remítanse los autos que integran el presente expediente de amparo 305/2017-A, esto es: la papeleta de turno, el escrito de demanda de cuenta, y el presente acuerdo, así como tres copias de la referida demanda, al Primer Tribunal Unitario del Sexto Circuito, solicitando atentamente, se sirva informar la determinación que adopte respecto de si acepta o no la competencia planteada, solicitándole se sirva acusar el recibo correspondiente. Resulta aplicable la siguiente jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN RECLAMADA DE OTRO TRIBUNAL DE IGUAL JERARQUÍA QUE CONFIRMA UN AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LA REGLA ESPECIAL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. El citado precepto prevé que los tribunales unitarios de circuito conocerán de los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales unitarios de circuito, que no constituyan sentencias definitivas, en términos de lo previsto por la ley de la materia respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante juez de distrito; en estos casos, el tribunal unitario de circuito competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado. Lo anterior implica que el precepto citado establece una regla especial en cuanto a la competencia de dichos tribunales para conocer de los actos reclamados de otro de la misma jerarquía, en el sentido de que debe ser el más próximo a su residencia, siendo innecesario determinar si el acto reclamado requiere o no ejecución material para fincar la competencia del órgano jurisdiccional, pues donde la ley no distingue, no corresponde hacerlo al juzgador. Así mismo, es aplicable la siguiente tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: COMPETENCIA DEL TRIBUNAL UNITARIO DE CIRCUITO PARA CONOCER EN AMPARO INDIRECTO DE LA RESOLUCIÓN DICTADA POR OTRO TRIBUNAL UNITARIO DEL MISMO CIRCUITO EN UN RECURSO DE APELACIÓN CONTRA UN AUTO DE FORMAL PRISIÓN. De conformidad con el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Unitarios de Circuito conocerán de los juicios de amparo pronunciados contra actos de otros Tribunales Unitarios de Circuito que no constituyan sentencias definitivas, en términos de lo previsto por la Ley de Amparo respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante el Juez de Distrito, y será competente el Tribunal Unitario más próximo a la residencia de aquel que haya emitido la sentencia; de donde se colige que si el acto reclamado lo constituye la resolución dictada por un Tribunal Unitario mediante la cual se modificó el auto de formal prisión emitido por el Juez de Distrito, no tiene naturaleza jurídica de sentencia definitiva ni de resolución que ponga fin al juicio, por no encontrarse en los supuestos del artículo 158 de la Ley de Amparo y, por ende, será competente el Tribunal Unitario más próximo a su residencia. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito, y con una copia simple de la papeleta de turno, escrito de demanda y original del presente acuerdo, fórmese el cuaderno de amparo correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar, y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo y a las personas que indica como autorizados en los términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues no obstante que la parte quejosa manifestó que es su deseo autorizarlas en los términos amplios del citado precepto, esta autoridad carece de los elementos necesarios para corroborar que los profesionistas que indica cuentan con su cédula de licenciados en derecho registrada ante la Secretaría de Educación Pública, pues el solo hecho de indicar sus nombres, no es suficiente, en virtud de los homónimos que pudieran existir respecto de éstos; lo anterior, sin perjuicio de lo que al respecto provea el Primer Tribunal Unitario del Sexto Circuito. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, con fundamento en los artículos 3, 8, 9, 67, fracción II. 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.
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