Jose Luis Monico Sanchez
Expediente 1468/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 26 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1468/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 12/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Jose Luis Monico Sanchez
- Juez de Control y Enjuiciamiento Penal, con sede en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo Guerrero y con Jurisdicción y Competencia en los Distrito Judiciales de los Bravo, Alvarez y Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, doce de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ni la parte quejosa ni los terceros interesados hicieron manifestaciones dentro del término otorgado para ello, respecto del cumplimiento que dio la autoridad responsable a la ejecutoria emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito del Centro auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero; por tanto, este órgano de control constitucional se pronuncia con relación a dicho cumplimiento, por ser de orden público y análisis oficioso. Señalado lo anterior, el que aquí resuelve considera necesario realizar un análisis bajo los lineamientos que se expondrán en apartados subsecuentes. I. Efectos de la sentencia de amparo. De las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que mediante ejecutoria de dos de julio de dos mil veinte emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito del Centro auxiliar de la Séptima Región, en el amparo en revisión penal 113/2020, derivado del amparo en Revisión Penal 391/2019 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, ambo residentes en Acapulco, Guerrero, revocó la sentencia de ocho de julio de dos mil diecinueve y concedió la protección constitucional para los efectos siguientes "a) Dejar insubsistente la resolución reclamada; b) Reponer el procedimiento con el objeto de llevar a cabo la celebración de la audiencia de formulación de imputación, vinculación a proceso, y determinación de medida cautelar, exclusivamente en relación con el tema relacionado con la calidad de licenciado en derecho con cédula profesional de las personas que fungieron como defensores del imputado, en la que incluso, oficiosamente, podrá cuestionarla, siendo imperativo que quede asentado en la videograbación correspondiente, el número de cédula, el número de registro ante el órgano jurisdiccional, y la forma de cercioramiento de que pertenece a las personas intervinientes en la audiencia, en términos de esta ejecutoria; c) Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción emita la resolución que en derecho corresponda. En auto de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se recibió la ejecutoria de referencia y se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables. II. Verificación de cumplimiento. La autoridad responsable, Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, con sede en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, con Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de los Bravo, Álvarez y Guerrero, mediante oficio S-37/2021 de quince de enero de dos mil veintiuno, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito, remitiendo al efecto el acta de la audiencia de quince de enero de dos mil veintiuno y un disco compacto DVD que contiene la citada audiencia, celebrada en la Carpeta Judicial C-111/2018. III. Vista y notificaciones. Mediante proveído de diecinueve de enero de dos mil veintiuno (foja 235), se ordenó dar vista a las partes con el oficio y anexos en mención, descritos en el párrafo que antecede, para que en el término de tres días manifestaran lo que a sus intereses legales conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna respecto del cumplimiento dado a la sentencia dictada en este asunto, este Juzgado acordaría lo que en derecho procediera. Tal acuerdo, se notificó el veinte de enero de dos mil veintiuno tanto al quejoso como a los terceros interesados Alejandro Reyes Ocampo y Francisco Martínez Delgado; en su carácter de Agentes del Ministerio Público, adscrito al Juzgado responsable y Jaime Sebastián Martínez Chavelas, (víctima), a los citados en primer orden de manera personal y al último por lista (fojas 241, 242 y 243). IV. Verificación del cumplimiento. La autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, como se expondrá en seguida: Una vez que se declaró abierta la audiencia inicial a las nueve horas del quince de enero de dos mil veintiuno, se hizo constar la presencia de los intervinientes, entre ellos, al defensor público Jesús Pérez González, así como la inasistencia de los defensores Porfirio Reyes Muñoz y César Ramírez Morales, el primero por haber sido privado de la vida desde hace dos años aproximadamente y el segundo porque al momento de notificarle de la audiencia, manifestó que no comparecería, dado que no mantenía relación con el quejoso. Luego, en cumplimiento a la ejecutoria emitida por el Tribunal Colegiado Auxiliar, el Juez dejó insubsistente la resolución reclamada (minuto 3:29) y repuso el procedimiento, únicamente con el objeto de llevar a cabo la celebración de la audiencia de formulación de imputación, vinculación a proceso, y determinación de medida cautelar, exclusivamente en relación con el tema relacionado con la calidad de licenciado en derecho con cédula profesional de las personas que fungieron como defensores del imputado (Jesús Pérez González, Porfirio Reyes Muñoz y César Ramírez Morales),dejando asentado en la videograbación correspondiente el número de cédula de cada uno de ellos (1283493, 2586574 y 3319607), y una vez que la Asistente de Sala dio cuenta que las cédulas antes descritas se encontraban registradas en el libro de gobierno del Juzgado, así como en el Registro Nacional de Profesiones y que eran las mismas que presentaron al momento de su intervención el dos y siete de enero de dos mil dieciocho, el juez, convalidó las resoluciones dictadas en la audiencia y su continuación, dado que, la ejecutoria a cumplir no atendió a resolver cuestiones de fondo, sino a la calidad de los intervinientes. Por lo que, en atención a la solicitud de la Fiscalía el Juzgador convalidó y dejó subsistente la resolución que resolvió la situación jurídica del imputado, así como las diversas medidas cautelares, el cierre de investigación y la etapa intermedia; en virtud de que se había verificado la calidad de los abogados que intervinieron en su momento, es decir, que estos cuentan con cédula profesional que demuestra que son licenciados en derecho, debidamente registrados, por lo que determinó que el imputado tuvo una defensa técnica y adecuada al momento de intervenir en el acto reclamado; que precisamente fueron los efectos señalados en la ejecutoria de dos de julio de dos mil veinte. V. Conclusión. En virtud de lo expuesto en apartados precedentes, se DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE MÉRITO, sin existir exceso o defecto en el cumplimiento; consecuentemente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 18, fracción I, inciso b), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DEPURABLE, toda vez que se concedió la protección de la justicia federal. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12, 13 y 14 del referido Acuerdo General. Por otro lado, acorde a lo que prevé el artículo 18, fracción I, inciso a) del citado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión será DEPURABLE, al haberse concedido la medida cautelar definitiva; y con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) el duplicado del incidente de suspensión será DESTRUIBLE; por lo que una vez transcurrido el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Visto el oficio y anexo de cuenta signado por el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, con sede en Chilpancingo de los Bravo,, Guerrero, con Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de los Bravo, Álvarez y Guerrero, por el que remite el acta mínima de la audiencia de quince de enero de dos mil veintiuno y un disco compacto DVD que contiene la citada audiencia, celebrada en la Carpeta Judicial C-111/2018. En tales circunstancias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista con lo anterior a las partes para que en el plazo de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a sus intereses convenga, corriéndoles traslado con copia de las constancias que acreditan el cumplimiento al fallo protector; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado se pronunciará en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. Notifíquese, y personalmente a las partes.
- Principal
********* Glósese a los autos el oficio de cuenta signado por el Director del Centro Regional de Reinserción Social de esta ciudad, a través del cual informa las gestiones que realiza a fin de cumplir con la sentencia de amparo dictada en el presente asunto; misma que será considerada (junto con la constancia que remitió), una vez que remita las constancias de cumplimiento el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, adscrito al Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal, con sede en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, con jurisdicción y competencia en los distritos judiciales de los Bravo, Álvarez y Guerrero, tal como fue requerido en auto de dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Notifíquese. ****************************
- Principal
Agréguese a los autos el oficio y anexos de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, residente en Acapulco, Guerrero, por medio del cual envía copia certificada de la ejecutoria pronunciada por el Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, residente en Acapulco, Guerrero, en el amparo en revisión penal 391/2019, así como los autos originales del juicio de amparo 1468/2018 y un tomo de pruebas. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, el Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, en Acapulco, Guerrero, por unanimidad de votos resolvió bajo los siguientes puntos: .".PRIMERO. Se REVOCA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE al quejoso JOSÉ LUIS MÓNICO SÁNCHEZ, contra el acto reclamado a las autoridades responsables, señaladas en el resultando primero y para los efectos precisados en el considerando último de esta ejecutoria" Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y glósese a los autos el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión interpuesto, en el entendido que solo se anexaran las constancias originales. Con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, adscrito al Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal, con sede en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, con jurisdicción y competencia en los distritos judiciales de los Bravo, Álvarez y Guerrero y Director del Centro de Reinserción Social de esta Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, por conducto de sus titulares, para que dentro del término de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, cumplan con la ejecutoria emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, que las obliga a: "a) Dejar insubsistente la resolución reclamada; b) Reponer el procedimiento con el objeto de llevar a cabo la celebración de la audiencia de formulación de imputación, vinculación a proceso, y determinación de medida cautelar, exclusivamente en relación con el tema relacionado con la calidad de licenciado en derecho con cédula profesional de las personas que fungieron como defensores del imputado, en la que incluso, oficiosamente, podrá cuestionarla, siendo imperativo que quede asentado en la videograbación correspondiente, el número de cédula, el número de registro ante el órgano jurisdiccional, y la forma de cercioramiento de que pertenece a las personas intervinientes en la audiencia, en términos de esta ejecutoria; c) Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción emita la resolución que en derecho corresponda. Hecho lo anterior, de inmediato deberán informar a este juzgado y remitir las constancias correspondientes, sin necesidad de un ulterior requerimiento. Conforme a lo anterior, se apercibe a las autoridades responsables Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, adscrito al Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal, con sede en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, con jurisdicción y competencia en los distritos judiciales de los Bravo, Álvarez y Guerrero, y Director del Centro de Reinserción Social de esta Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, por conducto de sus titulares, que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se les impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 238 y 192, de la Ley de Amparo, que asciende a la cantidad de $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $86.88 (ochenta y seis pesos con 88/100 moneda nacional), y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10ª), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. (Décima Época. Registro: 2007918. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I. Materia(s): Común Tesis: P./J. 54/2014 (10a.) Página: 19) Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aun en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de la Ley de Amparo.
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