Jose Luis Meza Gonzalez

Expediente 349/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
349/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
07/10/2022

Partes del expediente

  • JOSE LUIS MEZA GONZALEZ y Otros.
  • Jose Luis Meza Gonzalez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, siete de octubre de dos mil veintidós. OFICIO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese el oficio suscrito por el Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, a través del cual remite la ejecutoria dictada en el conflicto competencial 9/2022, en la que se determinó que es el Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, quien debe conocer del juicio de amparo del que deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa. Acúsese el recibo de estilo. ARCHIVO. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se declinó la competencia para conocer de la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. AGREGA OFICIO. Agréguese a los autos el oficio enviado por la Actuaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo, mediante el cual transcribe el proveído de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, del que se advierte que fue admitido el conflicto competencial planteado por este órgano jurisdiccional y se registró con el número 9/2022; circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, once de julio de dos mil veintidós. AGREGA OFICIO. (Registro 11006) Agréguese el oficio que remite el Actuario adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, a través del cual transcribe el proveído de veintitrés de junio del año en curso, del que se advierte que el Juez de su adscripción no aceptó la incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional para conocer y resolver el presente asunto por los motivos que expone. Se tienen por recibidos los autos originales del juicio en que se actúa. Acúsese de recibido; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; glósense únicamente las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes y destrúyanse las restantes, al resultar innecesaria su conservación. Al respecto, esta juzgadora no comparte el criterio sostenido por el Juez oficiante, en razón de las consideraciones que quedaron plasmadas en auto de diez de junio del año en curso, donde se determinó declinar la competencia. Máxime que como se mencionó en aquél proveído, de los anexos que acompañan a la demanda, se advierte que existe diverso juicio de amparo promovido por José Luis Meza González, en cuanto representante común de la moral quejosa, Asamblea Comunal Agraria "21 de mayo de 1975" de Tacámbaro de Codallos Michoacán, mismo que se tramitó ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, residente en Morelia, bajo el número de amparo 266/2013, dado que la persona moral tiene su residencia en dicha capital del Estado. Atento a lo expuesto, se insiste en que la competencia legal para conocer de la demanda que dio origen al presente juicio, se surte en favor del Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia. En ese tenor, con fundamento en el artículo 48, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se plantea conflicto competencial para conocer del juicio de amparo 349/2022-V del índice de este Juzgado, y radicado por el citado Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, con el número 683/2022; respetuosamente hágase del conocimiento del referido Juzgado Federal para los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, remítase el original del presente juicio al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en turno, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo, para que conozca del presente conflicto competencial; lo anterior, previa formación del cuaderno de antecedentes. RESERVA ESCRITO. (Registro 11007) En razón de lo anterior, resérvese proveer lo que en derecho corresponda, en relación al escrito presentado por el quejoso, hasta en tanto se resuelva el conflicto competencial planteado. NOTIFÍQUESE; POR OFICIO A LA AUTORIDAD QUE SE INDICA.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, diez de junio de dos mil veintidós. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por José Luis Meza González, quien se ostenta representante común de la moral quejosa Asamblea Comunal Agraria "21 de mayo de 1975" de Tacámbaro de Codallos Michoacán, contra actos del Titular de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en su oportunidad fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 349/2022-V, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo párrafo de la ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al Secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la intelección integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, designa como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: "APARTADO DE LAS AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES. - 1. TITULAR DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION. 2. TITULAR DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. 3. MAESTRO CARLOS ANTONIO ALPIZAR ZALASAR, COMO SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. 4. TITULAR DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE DISCIPLINA. 5. CONSEJERO ALEJANDRO SERGIO GONZALEZ BERNABE, PRESIDENTE DE LA COMICION DE DISCIPLINA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. 6. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA LXV LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNION, TITULAR DE LA CONTRALORIA INTERNA, LA SECRETARIA GENERAL LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, LOS C.C. EDUARDO TREVILLA VELAZQUEZ, JOSE ALBERTO VELAZQUEZ SANCHES, ARMANDO RAFAEL PINEDA LOPEZ DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, JUAN URIBE MEJIA COMO REPRESENTANTE DE AMPAROS DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, ISABEL GOMEZ AQUINO COMO SECRETARIA TECNICA DE LA SECCION INSTRUCTORA Y LA COMICION JURISDICCIONAL O SECCION INSTRUCTORA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA LXIV LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNION." De quienes reclama: "A).- RECLAMO A TODAS LAS AUTORIDADES ANTES TRANSCRITAS Y A LA QUE FUE DIRIGIDO EL OFICIO AL TITULAR DE LA CONTRALORIA INTERNA.- LA OMICION AL TRAMITE O ATENCION DEL OFICIO DGDI/DAC/310/4527/2019 Y OTROS DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, LOS CUALES SE ANEXAN COMO PRUEBA EN TERMINOS DEL ARTICULO 207 DEL CODIGO ANTES INVOCADO. B) A LA SECCION INSTRUCTORA Y COMICION JURISDICCIONAL SE RECLAMA LA OMICION A LA REANUDACION DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS ORDENADO EN EL ARTICULO 25 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, LA CUAL FUE PROMOVIDA Y SOLICITADA DESDE EL PASADO 12 DE MARZO DE 2020 Y LA NEGATIVA SUSTRACCION U OMICION DE ENTREGA DE LAS MAS DE DOS MIL COPIAS DEBIDAMENTE CERTIFICADAS QUE SON SUSTRAIDAS Y OCULTADAS DEL EXPEDIENTE SI/LXIV/01/2019. C).- A LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA, LA SECRETARIA GENERAL, LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, LOS C.C. EDUARDO TREVILLA VELAZQUEZ, JOSE ALBERTO VELAZQUEZ SANCHES, ARMANDO RAFAEL PINEDA LOPEZ DE ESA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, MANUEL RAMIREZ GONZALEZ COMO DIRETOR DE QUEJAS Y DENUNCIAS DE LA CONTRALORIA INTERNA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS ISABEL GOMEZ AQUINO COMO SECRETARIA TECNICA DE LA SECCION INSTRUCTORA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA LXIV LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNION Y LAS QUE RESULTEN RESPONSABLES, SE LE RECLAMA LA OMICION AL DERECHO DE PETICION DEL PROMOVENTE, LA PERDIDA, SUSTRACCION, OCULTAMIENTO O DESAPARICION DE MAS DE DOS MIL FOJAS DEBIDAMENTE CERTIFICADAS POR LAS FIRMAS EN LAS ACTAS Y PROMOCIONES DEL SUSCRITO, QUE FUERON PRESENTADAS POR EL QUEJOSO AL EXPEDIENTE SI/LXIV/01/2019, DE LA SECCION INSTRUCTORA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS. D).- A JUAN URIBE MEJIA COMO REPRESENTANTE DE AMPAROS DE LA CAMARA DE DIPUTADOS Y AL LICENCIADO LUIS ANTONIO HERRERA MENESES COMO SECRETARIO DE ACUERDOS DEL DECIMO SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVAS SE LE RECLAMA LA COALICION DE SERVIDORES PUBLICOS POR LA DESAPARICION, PERDIDA, OCULTAMIENTO O SUSTRACCION DE LA TOTALIDAD DEL EXPEDIENTE DE AMPARO DIRECTO NUMERO 699/2019 DEL TRIBUNAL COLEGIADO ANTES CITADO, ANEXO PETICION DE COPIAS CERTIFICADAS PARA SU REQUERIMIENTO. E).- ADEMAS DE LA SUSTRACCION PERDIDA EXTRAVIO Y OCULTAMIENTO ANTERIOR SE RECLAMA A LA MESA DIRECTIVA Y LA SECRETARIA GENERAL DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, LA DOCUMENTACION EN SETENTA Y DOS COPIAS CERTIFICADAS EXISTENTE "BAJO RESGUARDO O SUSTRAIDAS" EN EL LUGAR CONOCIDO COMO LA BOVEDA DE SEGURIDAD QUE SE ENCUENTRA EN EL BASAMENTO DEL EDIFICIO "B" DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, DE LA CUAL SE OFRECE COMO PRUEBA DE SU EXISTENCIA PARA SU REQUERIMIENTO DEBIDAMENTE CERTIFICADO, EL OFICIO SG.-157/2016 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2016 DE LA IXII LEGISLATURA. F).- A TODAS LAS AUTORIDADES ANTES CITADAS SE LES RECLAMA EL ABSOLUTO ESTADO DE INDEFENCION Y LOS PERJUICIOS Y AGRAVIOS QUE PRODUCEN A LOS DERECHOS AGRARIOS CONSTITUCIONALES Y HUMANOS DE LA ASAMBLEA COMUNAL AGRARIA "21 DE MAYO DE 1975" DE TACAMBARO DE CODALLOS MICHOACAN, LOS CUALES SON REPRESENTADOS POR EL PROMOVENTE, CALCULADOS HASTA EL MOMENTO EN APROXIMADOS TRES MIL MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL. INCOMPETENCIA. Ahora, las cuestiones competenciales son de orden público y, por ende, de estudio preferente, toda vez que atañen a las facultades que la ley otorga a los Juzgadores para conocer y resolver los asuntos que les son turnados; por tanto, antes de decidir sobre la admisión de la demanda de amparo que nos ocupa es menester analizar tal cuestión. Para establecer su competencia, no sólo se debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para deducir los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que trata el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Lo anterior encuentra sustento en la tesis 1a. II/92, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice en el rubro: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU." Establecido lo anterior, y una vez analizado el acto reclamado, se advierte que la parte quejosa señala como autoridades responsables al Titular de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación; además, la Asamblea Comunal Agraria quejosa, pertenece al municipio de Tacámbaro, Michoacán, lo que se constata con las documentales que anexa a su escrito de demanda, por lo que este Juzgado de Distrito determina carecer de competencia legal para conocer del presente juicio por las razones que se expondrán a continuación. Se vuelve necesario precisar que la competencia de los Jueces de Distrito, cuando actúan como jueces de amparo, está determinada en la fracción VII, del artículo 107 constitucional, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia." Como se ve del precepto constitucional transcrito, es el criterio de la ejecución del acto reclamado el que preponderantemente determina a qué juez compete el conocimiento de un juicio de amparo. Por lo anterior, debe decirse que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece las reglas a que ha de sujetarse la competencia de un Juez de Distrito para conocer de una demanda de amparo, el cual a la letra dice: "Artículo 37.- Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la transcripción de este artículo se advierten tres hipótesis: I. Por regla general, la competencia para conocer de un juicio de amparo se determina en función del lugar en que residan las autoridades en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; II. Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, III. Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el Juez de Distrito competente será aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Con base en lo anterior, es de señalar que en el caso que nos ocupa se surte la hipótesis prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, toda vez que la ejecución del acto reclamado, en su caso, se verificará fuera de la Jurisdicción que ocupa este Juzgado de Distrito, ya que la parte quejosa tiene residencia en el Municipio de Tacámbaro de Codallos, Michoacán, lugar en donde ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia. Aunado a lo anterior, la circunstancia que de los anexos que acompañan a la demanda, se advierte que existe diverso juicio de amparo promovido por José Luis Meza González, en cuanto representante común de la moral quejosa, Asamblea Comunal Agraria "21 de mayo de 1975" de Tacámbaro de Codallos Michoacán, juicio que se tramitó ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, residente en Morelia, bajo el número de amparo 266/2013. Por lo anteriormente expuesto, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, estima carecer de competencia legal para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con apoyo además en el Punto Cuarto, fracción VII, párrafo cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; lo anterior, en razón de que, en su caso, el acto reclamado tendrá ejecución en la jurisdicción donde ejercen competencia los Juzgados de Distrito con sede en Morelia, Michoacán, por tanto, se declina competencia en favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, residente en dicha ciudad capital, en turno, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En este contexto, remítanse los autos del juicio de amparo 349/2021-V, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, a efecto de que este asunto se remita al Juzgado de Distrito, en turno, que corresponda. Con copia de las constancias necesarias, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo y solicítese al homólogo federal que le corresponda el conocimiento del asunto, el acuse de recibo. Sin que obste a lo anterior, que el promovente haya firmado su demanda en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, puesto que tal evento es insuficiente para considerar que el acto reclamado se vaya a ejecutar en esta ciudad; toda vez que como se adelantó, la moral quejosa tiene su residencia en Tacámbaro de Codallos, Michoacán de Ocampo; de ahí que se afirme, que no por dicho acto debe estimarse que la competencia para conocer del asunto, radica en el Juez de Distrito donde se firme la demanda, pues adoptar este criterio, equivaldría a dejar al arbitrio de la parte quejosa la determinación de la competencia, con el solo hecho de signar su demanda en el lugar en donde quisiera promover, por lo que, la competencia debe fincarse a favor del Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclama deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Sustenta lo anterior: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Octava Época 206269 1 de 1 Primera Sala Tomo II, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1988 Pág. 147 Tesis Aislada(Común) "COMPETENCIA, LUGAR DE EJECUCION COMO CRITERIO PARA LA DETERMINACION DE LA. ES INTRASCENDENTE EL SITIO DONDE SE FIRME LA DEMANDA DE AMPARO. Aun cuando el quejoso afirme ser residente de una ciudad determinada, desde hace varios años, y de autos se desprenda que su demanda de garantías la signó en el propio sitio, ello no es suficiente para considerar que la orden de aprehensión, señalada como acto reclamado, se vaya a ejecutar en ese lugar, sobre todo, si no se ofreció principio de prueba para acreditar tal afirmación y las autoridades señaladas como responsables, en esa jurisdicción, negaron los actos reclamados, teniéndose como presuntivamente ciertos los atribuidos a la responsable ordenadora que radica en lugar diverso, lo cual resulta suficiente para estimar que en el caso no es aplicable el artículo 36, primer párrafo, de la Ley de Amparo, y consecuentemente, la competencia debe fincarse a favor del Juez de Distrito de la jurisdicción a la que pertenece el Juez responsable y que emitió el acto reclamado." USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las parte y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULARIZACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo o términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que las mismas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los mismos medios, tomando en cuenta las limitantes que existen para que personas externas accesen al juzgado. Lo anterior, de conformidad con el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Ahora, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. PRECISIÓN. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberán precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." DOMICILIO RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales, el ubicado en la calle Acapulco número 10, colonia Morelos, código postal 60050, en esta ciudad. CONSULTA DE EXPEDIENTE Y COMPARECENCIAS. En otro aspecto, se precisa que en términos del artículo 3° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en caso de que alguna de las partes tenga interés en consultar el expediente físico relativo al presente juicio de amparo o comparecer a alguna diligencia, deberá generar su cita a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", en donde se encontrará el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en éste órgano jurisdiccional, debiendo seguir los lineamientos ahí establecidos. No obstante lo anterior, se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. En ese sentido, en atención al riesgo de contagio que genera el asistir físicamente a lugares público como lo es este Juzgado de Distrito, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio, acatando en todo momento los protocolos y recomendaciones emitidas por la Secretaria General de Salud a efecto de evitar el contagio y propagación del virus denominado COVID-19 entre los justiciables y el personal que lleva a cabo las diligencias correspondientes; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. De igual manera, en términos del artículo 21 del citado Acuerdo General 21/2020 se hace del conocimiento de las partes que los acuerdos que ordenen notificarse por lista se realizarán únicamente mediante la publicación de internet prevista en el artículo 29 de la Ley de Amparo. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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