José Luis Mex Pérez

Expediente 129/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
129/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
11/02/2021

Partes del expediente

  • José Luis Mex Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, once de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio del Magistrado Presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; en atención a su contenido, requiérase al Juez Segundo del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, para que de no de tener inconveniente alguno, remita a la aludida Sala Penal, el original de la carpeta auxiliar que se le envió mediante oficio 151-IV-B, de veintiuno de enero pasado, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, veintiuno de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, y tomando en consideración que las partes no recurrieron el auto dictado el ocho de octubre de dos mil veinte, que SOBRESEYÓ fuera de audiencia el presente juicio de amparo, dentro del término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su ordinal 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales a que haya lugar. Comuníquese lo anterior a las responsables; háganse las anotaciones en el libro respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, además como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, se declara como concluido. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte1, se indica que el presente EXPEDIENTE es susceptible de DESTRUCCIÓN. Lo anterior, pues en el caso: se sobreseyó en el presente juicio de amparo y éste carece de relevancia documental en términos del numeral 15 del referido Acuerdo General. Entonces, este expediente, al ser destruible, se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes treinta días deberá procederse a su destrucción, hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General. Terminado el proceso de depuración, el órgano jurisdiccional deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo archivístico, así como en la relación que se integre. Finalmente, devuélvanse a la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado y Juez Segundo del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, ambas con sede en esta ciudad, el original del toca y carpeta auxiliar, que en su oportunidad enviaron para justificar la constitucionalidad del acto reclamado, toda vez que carece de razón su permanencia en estos autos. Notifíquese.

  3. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, ocho de octubre de dos mil veinte. Vista la cuenta que antecede, con apoyo en las disposiciones contenidas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, este Juzgado determina el levantamiento de la suspensión decretada, lo que implica la continuación del trámite del presente asunto, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, pero con los debidos ajustes derivados del citado Acuerdo. Asimismo, de conformidad a lo dispuesto en los numerales 5, 6, 7, 12, 22 y 28 del referido Acuerdo General, póngase en conocimiento de las partes que la reanudación de labores de este órgano judicial, atenderá a preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, por lo que como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. Bajo ese contexto, se advierte de autos que obran las constancias de emplazamiento a juicio de los terceros interesados ******** y ******** en consecuencia se les tiene por debidamente notificados de la existencia del presente juicio para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, se agrega a los autos el escrito de *************** parte tercera interesada en este asunto, en el que hace diversas manifestaciones en vía de alegatos, invoca causal de improcedencia de este juicio, proporciona domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones y señala autorizado para tal efecto. Como lo solicita el ocursante téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado *******, en esta ciudad y con todas las facultades establecidas en el artículo 12 de la Ley de Amparo a *********** Ahora bien, el citado tercero invoca como causal de improcedencia de este juicio, la establecida en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 63, fracción V de la Ley de Amparo, esta Juzgadora Federal estima necesario analizar si durante la sustanciación de este juicio ha sobrevenido, o no, alguna causa de improcedencia. Lo anterior, porque de existir alguna causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, con el ímpetu de privilegiar el principio de acceso efectivo a la justicia establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." La causal de improcedencia alegada es la derivada de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a la falta de cumplimiento al principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, tratándose de actos jurisdiccionales. El precepto invocado, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" El medio de impugnación que debió agotarse previamente se encuentra previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyo texto señala: "RECURSOS EN PARTICULAR "SECCIÓN I "Revocación "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda." Del contenido del numeral transcrito aparece que el recurso de revocación, es un medio amplio de defensa que procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene la autoridad judicial para combatir resoluciones de mero trámite que se resuelven sin sustanciación, como sería el auto que no admite el recurso de apelación, dado que se trata de una determinación dictada: i) dentro del procedimiento penal y ii) de mero trámite, que califica dentro de los supuestos de procedencia del recurso de revocación, pues no resuelve el fondo de la causa penal o pone término al procedimiento, ni tampoco involucra la respuesta de los agravios formulados por la recurrente, sino que su objetivo es analizar los requisitos establecidos en los artículos 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales y las hipótesis previstas en el diverso artículo 470 del propio código. En ese tenor, es de ponderarse que del análisis integral del escrito inicial de demanda de amparo, aparece que la parte quejosa *******, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y actos que a continuación se detalla: AUTORIDADES RESPONSABLES: Magistrado Presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche. Juez Segundo de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Campeche. ACTO RECLAMADO: El acuerdo dictado por el Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, en el toca penal ***********, a través del cual declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución pronunciada por la Juez Segundo de Control del Sistema Penal Acusatorio y Oral, dentro de la carpeta auxiliar ***********, el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, que sostuvo el no ejercicio de la acción penal. Como se ve, el acto controvertido, resulta no definitivo, en la lógica de que la parte quejosa, previo al ejercicio de la acción constitucional, debió interponer el recurso de revocación, como se sigue del contenido del artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que se concluye que no agotó el principio de definitividad que permea en este instrumento procesal de garantía de tutela de derechos humanos. Es aplicable al caso la jurisprudencia 1a./J. 85/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto indican: "RECURSO DE REVOCACIÓN. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL AUTO QUE NO ADMITE LA APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. El recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales es un medio amplio de defensa que procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene la autoridad judicial para combatir resoluciones de mero trámite que se resuelven sin sustanciación. En este sentido, el auto que no admite el recurso de apelación debe considerarse una determinación: i) dentro del procedimiento penal y ii) de mero trámite, que califica dentro de los supuestos de procedencia del recurso de revocación, pues no resuelve el fondo de la causa penal o pone término al procedimiento, ni tampoco involucra la respuesta de los agravios formulados por la recurrente, sino que su objetivo es analizar los requisitos establecidos en los artículos 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales y las hipótesis previstas en el diverso artículo 470 del propio código. Además, en términos del artículo 475 del código aludido, se resuelve de plano cuando se reciben los registros correspondientes al recurso de apelación, esto es, sin sustanciación alguna, lo que corrobora la procedencia del recurso de revocación, pues el legislador, en vez de mantener indeterminada la actuación del tribunal de alzada, expresamente estableció en el propio precepto que debía pronunciarse de plano, de ahí que su actuación se constriña a constatar, en el momento en que se recibe y con los elementos al alcance, si se cubren los requisitos de procedencia. Por lo anterior, es necesario agotar el medio de defensa referido antes de acudir al juicio de amparo, sin que ello pueda aplicarse de manera retroactiva en términos del artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que antes de la obligatoriedad de este criterio, se actualizaba la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo." Conforme, a lo expuesto, se concluye, que la parte quejosa debió agotar el principio de definitividad que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, antes de acudir a esta instancia constitucional. Esto es, debió interponer el recurso de revocación respectivo, a través del cual podía obtener la modificación, nulidad o revocación del acto que se reclama, pero como no lo hizo la demanda de amparo es notoriamente improcedente. Es aplicable al caso la jurisprudencia I.6o.C. J/37, consultable en la página 902, del Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". En tales circunstancias, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la misma legislación, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías. Se estima que la improcedencia del juicio constitucional es manifiesta e indudable. Es manifiesta, porque la causa de improcedencia, quedó demostrada con las constancias que integran este expediente. También es indudable, si se toma en cuenta que lo anterior de ninguna manera podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente puedan ofrecer las partes en la audiencia constitucional, de modo que el sentido de la sentencia sería el mismo. Asimismo, se ordena al secretario judicial encargado del libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo, proceda a realizar la anotación correspondiente. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en versión original conforme al "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Se exhorta a todas las partes, con apoyo en el artículo 22, fracciones I y II, del multicitado acuerdo, que de estimarlo pertinente, transiten o se mantengan en el esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea; asimismo para que propongan formas especiales y expeditas de contacto para entablar comunicaciones no procesales, tales como: correo electrónico y servicios de mensajería instantánea (messenger, whatssapp, etc), tanto propios como de otros particulares que sean parte en el proceso, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. De igual forma, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electro´nica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electro´nica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Se tiene debidamente notificado a la parte tercera interesada el acuerdo de ocho de octubre de dos mil veinte, cuya síntesis dice:San Francisco de Campeche, Campeche, ocho de octubre de dos mil veinte. Vista la cuenta que antecede, con apoyo en las disposiciones contenidas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, este Juzgado determina el levantamiento de la suspensión decretada, lo que implica la continuación del trámite del presente asunto, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, pero con los debidos ajustes derivados del citado Acuerdo. Asimismo, de conformidad a lo dispuesto en los numerales 5, 6, 7, 12, 22 y 28 del referido Acuerdo General, póngase en conocimiento de las partes que la reanudación de labores de este órgano judicial, atenderá a preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, por lo que como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. Bajo ese contexto, se advierte de autos que obran las constancias de emplazamiento a juicio de los terceros interesados ******** y ******** en consecuencia se les tiene por debidamente notificados de la existencia del presente juicio para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, se agrega a los autos el escrito de *************** parte tercera interesada en este asunto, en el que hace diversas manifestaciones en vía de alegatos, invoca causal de improcedencia de este juicio, proporciona domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones y señala autorizado para tal efecto. Como lo solicita el ocursante téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado *******, en esta ciudad y con todas las facultades establecidas en el artículo 12 de la Ley de Amparo a *********** Ahora bien, el citado tercero invoca como causal de improcedencia de este juicio, la establecida en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 63, fracción V de la Ley de Amparo, esta Juzgadora Federal estima necesario analizar si durante la sustanciación de este juicio ha sobrevenido, o no, alguna causa de improcedencia. Lo anterior, porque de existir alguna causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, con el ímpetu de privilegiar el principio de acceso efectivo a la justicia establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." La causal de improcedencia alegada es la derivada de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a la falta de cumplimiento al principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, tratándose de actos jurisdiccionales. El precepto invocado, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" El medio de impugnación que debió agotarse previamente se encuentra previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyo texto señala: "RECURSOS EN PARTICULAR "SECCIÓN I "Revocación "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda." Del contenido del numeral transcrito aparece que el recurso de revocación, es un medio amplio de defensa que procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene la autoridad judicial para combatir resoluciones de mero trámite que se resuelven sin sustanciación, como sería el auto que no admite el recurso de apelación, dado que se trata de una determinación dictada: i) dentro del procedimiento penal y ii) de mero trámite, que califica dentro de los supuestos de procedencia del recurso de revocación, pues no resuelve el fondo de la causa penal o pone término al procedimiento, ni tampoco involucra la respuesta de los agravios formulados por la recurrente, sino que su objetivo es analizar los requisitos establecidos en los artículos 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales y las hipótesis previstas en el diverso artículo 470 del propio código. En ese tenor, es de ponderarse que del análisis integral del escrito inicial de demanda de amparo, aparece que la parte quejosa *******, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y actos que a continuación se detalla: AUTORIDADES RESPONSABLES: Magistrado Presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche. Juez Segundo de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Campeche. ACTO RECLAMADO: El acuerdo dictado por el Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, en el toca penal ***********, a través del cual declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución pronunciada por la Juez Segundo de Control del Sistema Penal Acusatorio y Oral, dentro de la carpeta auxiliar ***********, el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, que sostuvo el no ejercicio de la acción penal. Como se ve, el acto controvertido, resulta no definitivo, en la lógica de que la parte quejosa, previo al ejercicio de la acción constitucional, debió interponer el recurso de revocación, como se sigue del contenido del artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que se concluye que no agotó el principio de definitividad que permea en este instrumento procesal de garantía de tutela de derechos humanos. Es aplicable al caso la jurisprudencia 1a./J. 85/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto indican: "RECURSO DE REVOCACIÓN. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL AUTO QUE NO ADMITE LA APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. El recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales es un medio amplio de defensa que procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene la autoridad judicial para combatir resoluciones de mero trámite que se resuelven sin sustanciación. En este sentido, el auto que no admite el recurso de apelación debe considerarse una determinación: i) dentro del procedimiento penal y ii) de mero trámite, que califica dentro de los supuestos de procedencia del recurso de revocación, pues no resuelve el fondo de la causa penal o pone término al procedimiento, ni tampoco involucra la respuesta de los agravios formulados por la recurrente, sino que su objetivo es analizar los requisitos establecidos en los artículos 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales y las hipótesis previstas en el diverso artículo 470 del propio código. Además, en términos del artículo 475 del código aludido, se resuelve de plano cuando se reciben los registros correspondientes al recurso de apelación, esto es, sin sustanciación alguna, lo que corrobora la procedencia del recurso de revocación, pues el legislador, en vez de mantener indeterminada la actuación del tribunal de alzada, expresamente estableció en el propio precepto que debía pronunciarse de plano, de ahí que su actuación se constriña a constatar, en el momento en que se recibe y con los elementos al alcance, si se cubren los requisitos de procedencia. Por lo anterior, es necesario agotar el medio de defensa referido antes de acudir al juicio de amparo, sin que ello pueda aplicarse de manera retroactiva en términos del artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que antes de la obligatoriedad de este criterio, se actualizaba la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo." Conforme, a lo expuesto, se concluye, que la parte quejosa debió agotar el principio de definitividad que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, antes de acudir a esta instancia constitucional. Esto es, debió interponer el recurso de revocación respectivo, a través del cual podía obtener la modificación, nulidad o revocación del acto que se reclama, pero como no lo hizo la demanda de amparo es notoriamente improcedente. Es aplicable al caso la jurisprudencia I.6o.C. J/37, consultable en la página 902, del Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". En tales circunstancias, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la misma legislación, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías. Se estima que la improcedencia del juicio constitucional es manifiesta e indudable. Es manifiesta, porque la causa de improcedencia, quedó demostrada con las constancias que integran este expediente. También es indudable, si se toma en cuenta que lo anterior de ninguna manera podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente puedan ofrecer las partes en la audiencia constitucional, de modo que el sentido de la sentencia sería el mismo. Asimismo, se ordena al secretario judicial encargado del libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo, proceda a realizar la anotación correspondiente. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en versión original conforme al "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Se exhorta a todas las partes, con apoyo en el artículo 22, fracciones I y II, del multicitado acuerdo, que de estimarlo pertinente, transiten o se mantengan en el esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea; asimismo para que propongan formas especiales y expeditas de contacto para entablar comunicaciones no procesales, tales como: correo electrónico y servicios de mensajería instantánea (messenger, whatssapp, etc), tanto propios como de otros particulares que sean parte en el proceso, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. De igual forma, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electro´nica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electro´nica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. Notifíquese personalmente.

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