José Luis Merlo Stefanoni

Expediente 2084/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
2084/2019
Año
2019
Actuaciones
13
Última actuación
13/11/2020

Partes del expediente

  • José Luis Merlo Stefanoni

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    V i s t a la razón de cuenta y advirtiéndose que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de amparo. DECLARACION DE EJECUTORIA. Ha causado ejecutoria la sentencia en que se sobreseyó el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. ACUERDO GENERAL, DE VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES: Archívese este asunto como concluido. Destrúyase el presente expediente una vez transcurridos tres años, toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de amparo y no obran documentos originales ofrecidos por las partes, con fundamento en el artículo 21, inciso d) del citado Acuerdo General. Sin que haya lugar a ordenar notificar personalmente el presente acuerdo a las partes, toda vez que en el presente asunto no se exhibieron documentos originales, por lo que no es necesario que se otorgue el término de los noventa días a que se refiere el citado acuerdo. Destrúyase el original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años, toda vez que se negó la medida cautelar definitiva y no existe denuncia de violación a la suspensión, con fundamento en el artículo 21, inciso c) del citado Acuerdo General. Destrúyase el duplicado del incidente de suspensión transcurrido seis meses siguientes a su archivo, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo General.

  2. Principal

    Agréguese el oficio de cuenta, visto su contenido se provee: Se tiene a la Registradora de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Cholula, Puebla, en cumplimento al requerimiento de diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, informando que no localizó domicilio alguno respecto a nombre del tercero interesado...; lo anterior, sin hacer mayor pronunciamiento dado que el trece de octubre de la presente anualidad, se dictó la sentencia correspondiente en autos del juicio de amparo en que se actúa. Se deja sin efectos el apercibimiento de multa decretado mediante el auto al cual da contestación. Notifíquese.

  3. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 2084/2019, promovido por..., por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, remitido por razón de turno a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, la parte quejosa por propio derecho demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades responsables, y el acto reclamado que a continuación se indican: Autoridades responsables: Director del Registro Público de la Propiedad del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla. Registrador Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla. Acto reclamado: ...De las autoridades señalada como responsable, EL CIUDADANO DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE PUEBLA, la Resolución de fecha veintitrés de Octubre de dos mil diecinueve, dentro del Recuso Administrativo Registral con número de expediente... DEL REGISTRADOR PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO JUDICIAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA, LA EJEUCIÓN O CUMPLIMIENTO DE DICHA RESOLUCIÓN. SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES VIOLADOS. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1o, 8o, 16 y 17, Constitucionales. TERCERO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por acuerdo de cinco de diciembre de dos mil veinte, se registró la demanda de amparo con el número 2084/2019, previniéndose a la parte quejosa, y por diverso auto de trece de diciembre de dos mil diecinueve, y se admitió; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción la intervención legal que le compete quien formuló pedimento; se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada lo que así aconteció. CUARTO. A causa de la emergencia sanitaria derivada por el brote del virus COVID-19, el Consejo de la Judicatura Federal, partiendo de las mejores prácticas en la materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, adoptó medidas preventivas de riesgos laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo, así como de protección al público en general, por lo que por Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020 y 21/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se determinó la suspensión de funciones jurisdiccionales en los órganos del Poder Judicial de la Federación, a partir del miércoles dieciocho de marzo levantándose la suspensión a partir del tres de agosto de dos mil veinte; por lo que, en proveído de catorce de agosto de dos mil veinte, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII Constitucionales, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, pues se reclama un acto emitido por autoridades administrativas con residencia en el territorio sobre el que se ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden a plenitud del estudio íntegro de la demanda y sus anexos, pues constituye un todo, con la finalidad de fijar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como con la tesis P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Abril de dos mil cuatro, página 255, con el rubro siguiente: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. Así, en cumplimiento a lo anterior, se advierte que la parte quejosa reclama: - La resolución de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, relativa al recurso administrativo registral... TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado al Director del Registro Público de la Propiedad del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, por así manifestarlo al rendir su informe justificado (foja 22). Por su parte, el Registrador Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla, a quien se reclama la ejecución de la resolución anterior, omitió rendir su informe justificado, no obstante encontrase debidamente notificado, según se advierte a fojas 105 de autos, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo se tiene como presuntivamente cierto el acto. Lo anterior, se corrobora con la copia certificada de las constancias relativas al Recurso Administrativo Registral..., del índice de la responsable, de la que se advierte la emisión del acto reclamado, actuaciones a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo preceptuado por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Previo al análisis de la litis constitucional, debe examinarse la procedencia del juicio de amparo a pesar de que las autoridades responsables hayan aceptado los actos reclamados o éstos se hubieran tenido como ciertos, ya que constituye una cuestión de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo ; máxime porque al actualizarse alguna causa de improcedencia de la acción, se obstaculizaría el examen de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación propuestos. Tiene aplicación en lo conducente, la tesis jurisprudencial 228, registro 232561, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, visible en el Volumen ciento treinta y nueve guión ciento cuarenta y cuatro, primera parte, de rubro y texto: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. En ese tenor, considerando que, como se indicó, el quejoso reclamó la resolución dictada el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, relativa al recurso administrativo registral..., dictada por el Director del Registro Público de la Propiedad del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, la suscrita estima se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar los numerales 17, fracción IV, 18, 61 fracción XIV, 62 y 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 17.- El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, ... Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: ... XIV.- Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Artículo 62.- Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: ... V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. De lo anterior se advierte que el término para promover el juicio de amparo es de quince días, el cual se cuenta a partir de: 1. El día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acto que reclama, de acuerdo con la ley que rige el acto reclamado; 2. El día siguiente al en que el quejoso tenga conocimiento de los actos o su ejecución o; 3. Al día siguiente a aquél en que se hubiese ostentado sabedor del mismo. Destacando que el legislador hizo especial énfasis en tres formas para computar el plazo de quince días dentro del cual ha de interponerse la demanda de amparo para tenerla por oportunamente presentada, todas ellas con características propias y excluyentes entre sí, pues de la primera debe apuntarse la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se estiman legales y, por ende, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras tanto el quejoso no combata su nulidad o ilegalidad. La segunda manera para computar el plazo de quince días, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que este último tuvo conocimiento en determinada fecha de los actos reclamados; pero tal conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario de amparo conoció en forma directa, plena y completa el acto reclamado; es decir, de manera integral, según lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que aparece publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, Tomo VI, consultable a página 6, cuyo rubro y texto se leen: ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TERMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones. Por su parte, en la hipótesis contenida en el artículo 18 de la Ley de Amparo, al establecer que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo se contará desde el día siguiente al en que se hubiera ostentado sabedor de los mismos, implica una expresión exclusiva del quejoso, a través de la cual se manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que puede estimarse entraña una confesión expresa por parte del afectado, porque se supone que la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado con respecto a la presentación de la demanda, le perjudica. Es aplicable el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis con número de registro 232213, publicado en Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 193-198 Primera Parte, página 71, que se lee como sigue: DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día, como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado. Así como, la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible a página 1931, Tomo XXXI, Enero de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y tenor: DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. Con lo aquí expuesto, deriva inconcuso que la omisión de interponer el juicio de amparo dentro del término de quince días a que se refiere el artículo 17, de la Ley de Amparo, entraña un consentimiento tácito, entendiéndose por tal, la actitud pasiva que asume el supuesto afectado por el acto de autoridad de no defenderse de éste, en términos del precepto de que se trata. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, pues para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse cualquiera de los tres supuestos, la notificación, el conocimiento o la confesión, y que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser analizados para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, toda vez que la notificación es una actuación procesal que requiere formalidades, mientras que el conocimiento del acto reclamado no siempre proviene de una notificación. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 115/2010, con número de registro 163172, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 5, Novena Época, de rubro y texto siguiente: DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. Por otra parte, en el propio artículo 17 de la ley de la materia prevé los supuestos de excepción al término general, en los casos en que se reclame una norma general autoaplicativa, procedimiento de extradición, sentencia definitiva condenatoria en el proceso penal, afectación de derechos agrarios y actos prohibidos por el numeral 22 Constitucional. En el caso, el acto reclamado no se encuentra en los supuestos de excepción previstos en las fracciones I a IV del citado artículo 17, por lo que resulta aplicable el término genérico de quince días para promover el juicio de amparo, que en este caso debe contarse a partir de que le fue notificada la resolución reclamada al quejoso Ahora, el quejoso reclamó la resolución dictada el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, relativa al recurso administrativo registral..., emitido por el Director del Registro Público de la Propiedad del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla y, de las constancias del juicio de origen se aprecia que la resolución reclamada le fue notificada a José Luis Merlo Stefanoni, el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, mediante Boletín Registral -notificación por estrados- y vía correo electrónico. Se afirma lo anterior, pues de las copias certificadas que integran el recurso administrativo registral..., cuyo valor probatorio ya quedó definido, se aprecia que la resolución de veintitrés de octubre de dos mil veinte -aquí reclamada-, le fue notificada por estrados a la parte quejosa el veintiocho de octubre de ese mismo año (fojas 33 a 37). Cabe precisar que la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Puebla, en sus artículos 137 y 138, establecen cómo se llevaran a cabo las notificaciones relativas, tales numerales establecen lo siguiente: Artículo 137.- Quienes se consideren agraviados por los actos emanados de las autoridades registrales, podrán interponer el Recurso Administrativo Registral, el cual será substanciado y resuelto por el área que se determine en las disposiciones reglamentarias correspondientes. El Recurso deberá agotarse antes de acudir a otros medios de defensa. El Recurso procederá contra actos registrales emitidos por los Registradores Públicos o por el Director en el caso en que actúe como Registrador Público en ausencia o por excusa del titular de una Oficina Registral. Podrán recurrir el acto registral, conjunta o separadamente, las partes que intervengan en la operación sujeta a inscripción, el notario que autorizó el título o la autoridad que ordenó la inscripción. Artículo 138.- La interposición del Recurso suspende hasta su resolución, la ejecución del acto recurrido. Los efectos de la suspensión impiden la inscripción de los títulos presentados o que presenten en relación con el mismo folio, sin perjuicio de que se efectúe una nota de presentación conforme a su prelación para los efectos de la misma. Transcurridos veinticinco días hábiles desde la notificación de la resolución definitiva del Recurso, y en caso de que la misma no haya sido combatida legalmente, se procederá a la calificación registral de los títulos que guarden prelación. Las notificaciones a que se refiere el párrafo anterior serán realizadas por estrados ubicados en sitio abierto de las oficinas del Instituto o al correo electrónico otorgado por el solicitante. Los artículos antes referidos, establecen las características del Recurso administrativo registral, por quien pueden formularse, contra qué actos y la forma en que se notificaran las resoluciones emitidas. De ello se puede advertir que existen dos tipos de notificaciones por estrados y por correo electrónico, en el caso de las constancias exhibidas por el Director General del instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, se advierte que de conformidad con la ley de referencia, la notificación de la resolución del recurso administrativo registral materia del presente juicio de amparo, se le realizó por medio de estrados, así como a través del correo electrónico..., sin que tal actuación haya sido combatida en el presente juicio de amparo, por lo que se tiene como válida, lo anterior no obstante que se requirió al quejoso para tal efecto (fojas 186, 187, 192 y 193 de autos). Así, la resolución de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, fue notificada el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, por Boletín Registral (notificación por estrados) y mediante correo electrónico; por tanto el término legal para promover el amparo, empezó a transcurrir a partir del veintinueve de octubre de dos mil diecinueve y feneció el diecinueve de noviembre siguiente, sin contar los días 1, 2, 3, 9 y 10 de noviembre del mismo año por ser días festivos, ello dado que según lo dispuesto por el artículo 51 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, de aplicación supletoria al Código de Comercio según su artículo 5, las notificaciones surten efectos el día en que se practican. Por tanto, si como se vio, la demanda de amparo la presentó el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, queda evidenciado que a esa fecha ya había excedido el término de quince días previsto para tal efecto. Sin que el peticionario de amparo pueda alegar el desconocimiento de lo actuado en el recurso de origen, dado que fue precisamente él quien instó el medio de defensa de cuya resolución se duele; por lo tanto, si decidió promover el presente juicio de amparo hasta el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, hace patente que su intención resulta extemporánea. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia VI. 2º. J/21, registro 204707, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el tomo ll, Agosto de 1995, Pagina 291, Novena Época, de rubro y texto siguiente: ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala. Sin que este órgano jurisdiccional esté en aptitud de analizar la legalidad de la notificación de la resolución materia del acto reclamado, toda vez que por auto de treinta de enero de dos mil veinte, se le dio vista con la notificación realizada mediante Boletín Registral de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, a efecto de que ampliara su demanda de amparo respecto a dicho acto y formulara los conceptos de violación correspondientes, apercibido que de no hacerlo el juicio en que se actúa, se resolvería con el acto reclamado inicialmente. De ahí que al no realizar manifestación alguna, mediante diverso auto de seis de marzo de la presente anualidad, se hizo efectivo el apercibimiento a la parte quejosa y únicamente se tomó en consideración el acto que se reclamó inicialmente en su escrito de demanda. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia que resulta de relacionar los numerales 17, 18, 61 fracción XIV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio con apoyo además en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por..., por propio derecho, en contra el acto y autoridades fijados en el considerando segundo; por los términos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese.

  4. Principal

    Agréguense a los autos los oficios de cuenta registrados con los números ....... y ......., signados por el Agente del Ministerio Público en términos del artículo 86 fracción III, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a través de los cuales, requirió a la Directora General del Instituto de Ciencias Forenses y al Director General de la Agencia Estatal de Investigación, ambos de dicha dependencia, para que den cumplimiento al requerimiento de diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, y le informen de manera detallada si en su base de datos existe registro a nombre de ......., y en caso de contar con homónimos le proporcionen los datos correspondientes, con apercibimiento de multa, lo que esta juzgadora toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Agréguense a los autos el oficio de cuenta registrado con el número ......., signado por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva en Puebla del Instituto Nacional Electoral. Se tiene a la entidad oficiante dando contestación al requerimiento de diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, y proporciona como domicilio para emplazar al tercero interesado el ubicado en .......; al respecto se provee: SE GIRA DESPACHO PARA EMPLAZAR A LA TERCERA INTERESADA. Gírese atento despacho al Juez de lo Civil de Tecamachalco, Puebla, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para que ordene a quien corresponda: Emplace al tercero interesado ....... en el domicilio antes referido. Corriéndole traslado con el escrito inicial de demanda y la requiera para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de residencia de éste Juzgado federal o zona conurbada al mismo. Apercibiéndole que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por lista, en términos del artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo. Lo requiera para que en el término de tres días, legalmente computado señale domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de residencia a este Juzgado Federal o zona conurbada al mismo. Lo aperciba que en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones se le harán por lista, aún las de carácter personal, sin ulterior acuerdo; en términos del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que pueda hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV del artículo 26 de la citada ley. Así mismo, el citado Juez deberá remitir las constancias respectivas en el término de tres días legalmente computados a partir de realizada la diligencia solicitada. Apercíbase que de no hacerlo así, sin causa justificada en el plazo indicado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 259 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos segundo y tercero transitorios del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, se hará acreedora a la imposición de una multa, por el equivalente de cincuenta a mil unidades de medida y actualización. Por otro lado, agréguense a los autos los oficios de cuenta registrado con los números 30560 y 30539, signados por el Apoderado Legal de Teléfonos de México, y por la Subdirectora de Apoyo Técnico Operativo de la Fiscalía General del Estado de Puebla, respectivamente, mediante los cuáles dan contestación al requerimiento de diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, manifiestan que no localizaron domicilio del tercero interesado .......; en tal virtud, resérvese acordar lo conducente hasta en tanto obre en autos la comunicación oficial ordenada en párrafos precedentes. Hágase del conocimiento de las entidades oficiantes que con esta fecha se deja sin efecto el apercibimiento decretado al que dan contestación.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

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