José Luis Mendoza Guevara
Expediente 803/2015 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 803/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 09/10/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- José Luis Mendoza Guevara
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Incidental
MESA "2" MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE. VISTA LA CUENTA QUE ANTECEDE, EL JUEZ ACUERDA, DADO QUE EL DÍA DE HOY, QUEDÓ FIRME EL ACUERDO DE DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, EN EL QUE SE SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO 803/2015-2, DE DONDE EMANA EL PRESENTE INCIDENTE Y SE ORDENÓ EL ARCHIVO DEFINITIVO, COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO; POR ENDE, EN CUANTO AL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA FUE CONCEDIDA, CON FUNDAMENTO EN EL PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, SE HACE CONSTAR QUE SERÁ SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, UNA VEZ QUE TRANSCURRAN MÁS DE CINCO AÑOS DE HABERSE ORDENADO EL ARCHIVO DEL JUICIO PRINCIPAL COMO ASUNTO CONCLUIDO, POR LO QUE DEBERÁN CONSERVARSE TODAS LAS CONSTANCIAS RELATIVAS A SU OTORGAMIENTO Y EN SU CASO, A SU VIOLACIÓN. HÁGANSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL LIBRO DE GOBIERNO QUE SE LLEVA EN ESTE JUZGADO, ATENTO A LO DISPUESTO EN EL APARTADO VIGÉSIMO QUINTO DEL ACUERDO CONJUNTO INVOCADO.
- Principal
MESA "2" MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE. VISTA LA CERTIFICACIÓN QUE ANTECEDE, DE LA QUE SE ADVIERTE QUE HA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO LEGAL QUE ESTABLECE EL 86 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, PARA QUE EL QUEJOSO MENDOZA GUEVARA JOSÉ LUIS, INTERPUSIERA RECURSO DE REVISIÓN CONTEMPLADO EN EL NUMERAL 81, INCISO D), DE LA LEY DE LA MATERIA, EN CONTRA DEL ACUERDO DE DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, EN LA QUE SE SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 355 Y 356, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, APLICADO SUPLETORIAMENTE A LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 CONSTITUCIONALES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 2° DE ESTA LEGISLACIÓN, SE DECLARA QUE DICHA DETERMINACIÓN HA QUEDADO FIRME PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES; POR LO QUE, HÁGANSE LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO RESPECTIVO. EN ESA VIRTUD, HÁGASE LO ANTERIOR DEL CONOCIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA; Y, CON FUNDAMENTO EN EL NORMATIVO 214 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, PREVIAS LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL LIBRO DE GOBIERNO, ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO. POR OTRA PARTE, COMO DE LA CERTIFICACIÓN SECRETARIAL QUE ANTECEDE SE DESPRENDE QUE EL PRESENTE EXPEDIENTE CARECE DE DOCUMENTOS ORIGINALES Y DE RELEVANCIA JURÍDICA, HISTÓRICA Y/O DOCUMENTAL, EN CUMPLIMIENTO AL PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO, FRACCIÓN I, DEL ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, SE HACE CONSTAR QUE EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTÚA SERÁ SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, PREVIA SU DESINCORPORACIÓN, UNA VEZ QUE TRANSCURRAN MÁS DE CINCO AÑOS DE HABERSE ORDENADO SU ARCHIVO COMO ASUNTO CONCLUIDO, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA SUS EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO. ASIMISMO, EN CUMPLIMIENTO AL PUNTO VIGÉSIMO, FRACCIÓN III, DEL ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, EL DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DERIVADO DEL EXPEDIENTE EN QUE ACTÚA, SERÁ SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, PREVIA SU DESINCORPORACIÓN, UNA VEZ QUE TRANSCURRAN MÁS DE SEIS MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA SUS EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO Y RESPECTO AL DESTINO FINAL DEL CUADERNO ORIGINAL DE INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, ACUÉRDESE EN EL MISMO LO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, VISTO EL ESTADO QUE GUARDAN LOS AUTOS, SE ADVIERTE QUE OBRAN COMO ANEXO AL PRESENTE JUICIO, COPIA CERTIFICADA EN UN TOMO DE LA CAUSA PENAL 72/2015, QUE REMITIÓ EL JUEZ CUARTO PENAL EN EL DISTRITO FEDERAL; Y TODA VEZ QUE EN ÉSTA FECHA SE ORDENÓ EL ARCHIVO COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO, AL NO SER NECESARIO QUE CONTINÚEN EN ESTE ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL LAS CONSTANCIAS ALUDIDAS, DEVUÉLVANSE LAS MISMAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. HÁGANSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL LIBRO DE GOBIERNO DE JUICIOS DE AMPARO QUE SE LLEVA EN ESTE JUZGADO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL APARTADO VIGÉSIMO QUINTO DEL ACUERDO CONJUNTO INVOCADO.
- Principal
MESA "2" VISTA LA RAZÓN DE LA ACTUARIA ADSCRITA A ESTE ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, DE LA QUE SE DESPRENDE QUE TRANSCURRIÓ EL TÉRMINO OTORGADO AL QUEJOSO, A FIN DE QUE SE PRESENTARA EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO DE DISTRITO PARA SER NOTIFICADO DE LA RESOLUCIÓN DE DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, DICTADO POR ESTE JUZGADO DE DISTRITO; POR TANTO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DEL PACTO FEDERAL, NOTIFÍQUESE AL QUEJOSO DE REFERENCIA, EL ACUERDO MENCIONADO POR MEDIO DE LISTA. ACUERDO: "MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado rendido por la Juez Cuarto Penal en el Distrito Federal, al que acompaña copia certificada de la causa penal 72/2015. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que por escrito presentado el catorce de agosto de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal del Distrito Federal, el quejoso, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra el acto reclamado a la Juez Cuarto Penal en el Distrito Federal, consistente en: ".La resolución de fecha veintidós de abril de dos mil quince, consistente en la emisión del auto de plazo constitucional en la cual se ordeno (SIC) la FORMAL PRISION (SIC) o PREVENTIVA en contra del quejoso, por la probable comisión del delito de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD PERSONAL EN SU MODALIDAD DE SECUESTRO EXPRESS AGRAVADO." El veintisiete de agosto de dos mil quince, se recibió en la oficialía de partes de este Juzgado, el escrito signado por el quejoso, mediante el cual, bajo protesta de decir verdad, manifestó que tuvo conocimiento del auto de término Constitucional reclamado el veintitrés de agosto de dos mil quince, es decir, nueve días después de que presentó su escrito de demanda en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, lo que resulta incongruente, pues de la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que el promovente ya tenía conocimiento del acto tildado de inconstitucional. En ese orden, por auto de veintiocho de agosto de dos mil quince, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó informe justificado a la mencionada autoridad responsable, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional y se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. (foja 55-58) Ahora bien, del informe justificado de cuenta se aprecia que la juez responsable, acepta la existencia del acto reclamado, pues refiere que el veintidós de abril de dos mil quince, dictó auto de formal prisión en contra del quejoso y otros por el delito de PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL EN SU MODALIDAD DE SECUESTRO EXPRESS AGRAVADO. Asimismo, la responsable manifiesto que el veintitrés de abril de dos mil quince, notificó al quejoso el auto de plazo constitucional reclamado. Ahora bien, toda vez que las causales de improcedencia son una cuestión de orden público y preferentes y deben estudiarse de manera oficiosa, este Juzgador estima que en el presente asunto se actualiza la causal prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo;; por lo que, ello deriva en que en la especie, la demanda de amparo se presentó de manera extemporánea por los razonamientos que se expondrán a continuación. Tiene aplicación al caso la tesis jurisprudencial número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Así como la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA.- Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde". A efecto de corroborar lo anterior, es menester citar el contenido de la casual de improcedencia que se analiza prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17; ambos de la Ley de Amparo, que a la letra disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]". Por su parte, el artículo 17 de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". Bajo esta óptica, de los preceptos en cita se colige que el legislador consideró como causal de improcedencia del juicio, el consentimiento del acto reclamado, expreso o tácito; en este último caso, estableció como presunción legal cuando los actos no se impugnen dentro de los términos previstos en el dispositivo 17 de la indicada ley reglamentaria. Aunado a lo anterior, de conformidad con el arábigo 18 del ordenamiento invocado, el término de quince días para la promoción de la demanda de amparo empieza desde el día siguiente a aquél en que haya surtido efectos la notificación conforme a la ley del acto, a aquél en que se haya enterado de él o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor del mismo; además, el conocimiento por la parte inconforme, que sirve de base para el cómputo referido, debe constar probado de modo directo y no inferirse de presunciones. Ahora bien, en el caso se advierte que el quejoso presentó la demanda de garantías el catorce de agosto de dos mil quince en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad. De igual manera, de las constancias que acompañó la juez responsable a su informe justificado, se aprecia que el veintitrés de abril de dos mil quince, le hizo de su conocimiento personalmente al quejoso el auto de formal prisión reclamado, circunstancia que se corrobora de la constancia de notificación practicada en esa fecha por la Secretaria de Acuerdos "B" adscrita al Juzgado Cuarto Penal del Distrito Federal, que se remitió en esta data la cual obra en la causa 72/2015. Documental a la que se concede valor probatorio pleno, al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su 2° precepto. En tales condiciones, es oportuno destacar lo previsto en el artículo 57 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, que refiere: "Artículo 57. Los plazos son improrrogables y empezarán a correr desde el día siguiente al de la fecha de la notificación, salvo los casos que este Código señale expresamente. No se incluirán en los plazos, los sábados, los domingos, ni los días inhábiles, a no ser que se trate de poner al inculpado a disposición de los tribunales, de tomarle su declaración preparatoria o de resolver la procedencia de su formal prisión, sujeción o proceso o libertad." De la transcripción anterior, se advierte que las notificaciones en el procedimiento penal surten efectos en el momento en que se practican. En consecuencia, el término de quince días que refiere el numeral 17, en relación con el diverso 18, ambos de la ley de la materia vigente, para la promoción del presente juicio de amparo comenzó a partir del día siguiente hábil a aquél en que tuvo conocimiento del acto combatido, esto es el veinticuatro de abril de dos mil quine y feneció el catorce de mayo del mismo año. Máxime que la determinación que combate la parte quejosa, no encuadra en alguno de los supuestos de excepción previstos en el aludido numeral 17 de la mencionada ley de la materia, pues la resolución combatida no constituye un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, al tratarse de un auto de formal prisión. Cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 115/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, página 5, Enero de 2011, Materia Común, Novena Época de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Así, partiendo del supuesto previsto en el dispositivo 17 del ordenamiento invocado, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia mencionada, toda vez que la demanda de garantías fue presentada hasta el catorce de agosto de dos mil quince, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, esto es, fuera del término legal establecido en la nueva Ley de Amparo. Por ello, es evidente que el plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 del cuerpo de normas en comento, se agotó previo a la presentación del escrito inicial, lo que ocasiona que los actos endilgados se estimen consentidos tácitamente, en virtud de no haberse impugnado dentro del término que señala el mencionado precepto, ya que el promovente no instó en el periodo que la legislación establece, lo cual pone de manifiesto que aquél sea extemporáneo y se actualice la causal en estudio. Al efecto, es aplicable, el criterio publicado en la página 364 del Tomo IX, Junio de 1992 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Instancia: Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." En ese tenor, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la nueva Ley de Amparo, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA conforme a la fracción V del numeral 63, en relación con el diverso 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo, por configurarse la causal de improcedencia en estudio. En la inteligencia de que tal situación no priva de defensa al peticionario de garantías, en virtud de que la determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es la extemporaneidad, lo que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia Constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan las pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Cobra aplicación al respecto el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia número 2ª./J.10/2003, visible en la página número 386 del Tomo XVII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2003, Novena Época, de rubro y tenor siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite, conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En ese tenor, por las razones expuestas, se deja sin efectos la audiencia Constitucional señalada para las ONCE HORAS DEL UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE. Tal situación hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Dado el volumen de las constancias que remitió la autoridad responsable con su informe justificado; para mejor manejo, fórmese el anexo I respetando folio, sello y rúbrica con el que fue remitido a este órgano de control constitucional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE...."
- Incidental
MESA "2" ÚNICO.- SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA A MENDOZA GUEVARA JOSE LUIS, CONTRA ACTOS QUE RECLAMA DEL JUEZ CUARTO PENAL EN EL DISTRITO FEDERAL, EN TÉRMINOS DEL CONSIDERANDO SEGUNDO DE ESTA RESOLUCIÓN.
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