José Luis Mendo Ruiz

Expediente 332/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 13 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
332/2018
Año
2018
Actuaciones
13
Última actuación
17/08/2018

Partes del expediente

  • José Luis Mendo Ruiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Requiérase a la parte quejosa a efecto de que comparezca a este juzgado para hacerle entrega del billete de deposito.

  2. Principal

    HA CAUSADO EJECUTORIA; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de depuración; devuélvase constancias remitidas por autoridad responsable.

  3. Principal

    R E S U E L V E PRIMERO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A **********, en contra la resolución de **********, dictada por la **********, en el juicio **********, de su estadística, lo anterior con base en los motivos expuestos en el considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. Cúmplase con lo ordenado en los considerandos cuarto y quinto de la presente sentencia.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN PARA PARTE QUEJOSA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO. EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 332/2018 SE DICTÓ UN ACUERDO QUE EN SÍNTESIS DICE: Xalapa, Veracruz; a dieciocho de julio de dos mil dieciocho. Vistos los autos para resolver los autos del juicio de amparo número 332/2018; y, (.) SEGUNDO. Es cierto el acto reclamado a la autoridad Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su respectivo informe justificado (foja 18) Es aplicable por identidad de razón la jurisprudencia .cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Aunado a esto, de las copias certificadas que allego a su informe la Juez del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, se desprende la existencia del acto reclamado; constancias que constituyen documentos públicos que adquieren pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral segundo. Sirve de apoyo la jurisprudencia . mismo que es de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". TERCERO. SE DEBE NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, POR LAS SIGUIENTES RAZONES: Para justificar lo anterior, se estima necesario puntualizar los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, en los cuales en esencia expuso: a) Que la determinación no se encuentra debidamente fundada ni motivada. b) Refiere que la resolución no cumple con los principios de proporcionalidad y equidad. c) Que la resolución reclamada vulnera en su perjuicio el principio de proporcionalidad que rige en materia de alimentos, establecido en el artículo 242 y 243 del Código Civil Para el Estado de Veracruz. En ese contexto, son infundados los conceptos de violación expuestos por el quejoso, en atención a lo siguiente. En efecto, de la lectura de la resolución reclamada, se advierte que contrariamente a lo aducido, la responsable, la emitió acorde a lo dispuesto por los preceptos 14 y 16 Constitucionales, ya que su determinación se encuentra debidamente fundada y motivada, entendiéndose que la fundamentación y motivación de una resolución deriva del análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, esto es, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan las hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Por otra parte, el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado señala que en el auto en que se dé entrada a la demanda de alimentos, el juez podrá decretar a petición de parte, una pensión alimenticia provisional; y el monto que se fije, puede ser reclamado al contestar la demanda. La reclamación ahí prevista tiene por objeto reconsiderar la determinación provisional de fijación de alimentos con base en las circunstancias del caso y se toman en consideración los documentos aportados, tanto los que se hayan ofrecido con la demanda, como en su caso, los allegados, incluso, por ambas partes en la reclamación y al desahogar la vista del recurso en contra de la pensión de alimentos provisional. A su vez, el artículo 239, prevé que los alimentos que solicita el acreedor alimentario están destinados a satisfacer sus necesidades indispensables para subsistir, como son la alimentación, el vestido, la habitación, la asistencia en ocasión de enfermedades y, en su caso, los gastos necesarios para sufragar su educación y proporcionarle un oficio, arte o profesión. Aunado a lo anterior, el artículo 337 del Código Procesal Civil, dispone que los tribunales deben recibir y valorar las pruebas de acuerdo con lo previsto en el capítulo respectivo de la propia ley, a menos que de la adminiculación de las pruebas rendidas en el juicio y de las presunciones formadas, el tribunal adquiera convicción distinta respecto de los hechos del litigio. Precisado lo anterior, debe decirse que en materia de alimentos, la base de su legalidad es que deben ser proporcionados conforme con la posibilidad del que debe darlos y a las necesidades de quien debe recibirlos como lo señala el artículo 242 del Código Civil de Veracruz, analizando las pruebas que obren en autos de cada una de las partes en el juicio. Por lo tanto, quien este asunto resuelve considera que la resolución reclamada es constitucional, ya que el juez responsable fundó la resolución reclamada en el artículo 242 del Código Civil del Estado de Veracruz y además, motivó de manera adecuada dicha resolución. En efecto, de la lectura integral del acto reclamado se advierte que la autoridad responsable precisó individualmente el valor probatorio de todas las pruebas aportadas por el aquí quejoso. Así como los motivos por los cuales ameritaban dicha valoración, reseñando las pruebas existentes, otorgándoles el valor probatorio que estimó adecuado, ya que la responsable expresó el grado de valor individual que ameritan todas las pruebas y la convicción que éstas le generaron para arribar a la conclusión a la que llegó. Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia .de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE." Asimismo, cabe destacar que el juez que conozca del recurso de reclamación sólo está obligado a analizar y valorar lo que hasta ese momento procesal se le aportó, lo que así se hizo en el caso en estudio, máxime que se trata de una pensión provisional; sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva, como lo dispone el artículo 210, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. Así también, este juzgador considera infundado el concepto de violación relativo a que la resolución no cumple con los principios de proporcionalidad y equidad. Lo anterior es así, ya que dentro de la determinación reclamada, el juez responsable expresó las circunstancias por las cuales consideró que el monto de la pensión alimenticia provisional consistente en el treinta por ciento (30%) del sueldo y demás prestaciones que percibe el aquí quejoso de su fuente de trabajo y no otra cantidad, al expresar que ".el demandado no acredito con prueba idónea tener una obligación alimentaria con la persona que señala como su esposa, además que la edad del mismo no es impedimento para cumplir con la obligación alimentaria que tiene con su menor hija, misma que además de tener gastos derivados del padecimiento que le fue detectado, requiero también de medios para solventar los gastos escolares como libros, útiles escolares, uniformes y cuotas escolares." (foja 387 vuelta del tomo de pruebas) y; ante la omisión de aportar pruebas idóneas que lo justifiquen, dicha medida provisional cumple con los principios de proporcionalidad y equidad. Tiene aplicación al caso las tesis aislada . es del rubro siguiente: "PENSIÓN ALIMENTICIA. PARA LA FIJACIÓN DE SU MONTO, DEBEN TOMARSE EN CUENTA, EN UN PLANO DE EQUIDAD, LAS POSIBILIDADES REALES DEL DEUDOR, DERIVADAS DEL TOTAL DE SUS PERCEPCIONES, CONFRONTÁNDOSE CON LAS NECESIDADES DE LOS ACREEDORES PERO GARANTIZANDO SU SUBSISTENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE)" Así como la tesis aislada . de registro digital 187740, de rubro siguiente: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. DOCUMENTOS QUE DEBEN TOMARSE EN CUENTA EN EL RECURSO DE RECLAMACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).." De ahí que, la autoridad responsable haya dado cumplimiento a los requisitos, condiciones y exigencias que la propia establece, por lo que se reiteran infundados tales argumentos del solicitante del amparo. En relación al diverso concepto de violación señalado relativos a la violación de los artículos 242 y 243 del Código Civil para el Estado de Veracruz, debe decirse que la doctrina y la jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han sido coincidentes en definir al derecho de alimentos como la facultad jurídica que tiene una persona, denominada acreedor alimentista, para exigir a otra (deudor alimentario), lo necesario para vivir como consecuencia del parentesco consanguíneo, del matrimonio, del divorcio y, en determinados casos, del concubinato. En ese contexto, la obligación de proporcionar alimentos se satisface al brindar la asistencia debida para el adecuado sustento de una o varias personas, por disposición imperativa de la ley. Se puede decir que los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquella base de la integración de la sociedad, que en todo caso el juez oirá la solicitud y tomará las medidas urgentes que sean necesarias, para garantizar los alimentos, que el juez fijará a petición del acreedor, sin audiencia del deudor, y mediante la prueba que estime necesaria, una pensión alimenticia provisional, mientras se resuelve el juicio. En ese mismo sentido, los artículos 242 y 243 del Código Civil para el Estado de Veracruz, disponen lo siguiente. (.) Preceptos jurídicos que de su lectura se colige que, la pensión de alimentos que se llegue a fijar por tal motivo, no debe ser arbitraria, sino que debe basarse en las probanzas de autos encaminados a demostrar la necesidad del que los recibe y la posibilidad económica del que debe darlos. Asimismo si fueren varios los que deben dar los alimentos y todos tuvieren posibilidad para hacerlo, el juez repartirá el importe entre ellos, en proporción a sus haberes. Lo anterior es coincidente con lo previsto por el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, mismo que en su punto 2 dispone: "A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño". Ahora, si bien es cierto que, la obligación de suministrar alimentos a los hijos corresponde a ambos padres, es infundado que la autoridad responsable no haya considerado que la madre de la acreedora alimentista también tiene la obligación de proporcionar los alimentos de una manera compartida y proporcional. En atención que al emitir la resolución reclamada (foja 384 del tomo de pruebas), la Juez responsable señaló que "por lo que es un hecho notorio que la misma requiere de los alimentos que pudiera proporcionarle su progenitor, lo cual se encuentra previsto por el artículo 234 del Código Civil, donde si bien es cierto la obligación que dicta el citado numeral, es para ambos padres, cierto es también que al ser la menor de iniciales *** bajo la guardia y custodia de su progenitora *** la misma cumple dicha obligación de manera directa." Y, en la determinación reclamada, la responsable también precisó que ".si bien es cierto, se tiene la certeza de que la *** cuenta con un empleo, cierto es también que tal circunstancia no exime al demandado de la obligación alimentaria que tiene con su menor hija, esto aunado al hecho de que la menor **** cohabita con la actora, lo que permite concluir que la C. ****cumple con su obligación alimentaria de manera directa." (foja 386 del tomo de pruebas) De las trascripciones anteriores se puede advertir que la Juez responsable tomó en consideración que la aquí tercero interesada cumple con la obligación de dar alimentos de manera directa, al tener a su cuidado y cohabitar con la menor de identidad reservada. De todo lo anterior se considera que, la Juez responsable tomó en consideración el principio de proporcionalidad que debe regir en todo juicio de alimentos, contenido en el artículo 242 del Código Civil del Estado de Veracruz. Además, atinadamente expuso los motivos por los cuales consideró que el porcentaje decretado era suficiente para cumplir con los requisitos que establece el artículo 239 del Código Civil de la entidad, relativos a la comida, vestido, habitación, asistencia en caso de enfermedad y gastos de educación. Consecuentemente, ante lo infundado de los conceptos de violación, y al no advertirse deficiencia de la queja que suplir, de conformidad con el artículo 79, de la ley de la materia, la JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A ***, en contra la resolución de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, dictada por la Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, en el juicio ordinario civil ***, de su estadística. (.) Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77 fracción II, y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E PRIMERO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A ****, en contra la resolución de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, dictada por la Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, en el juicio ordinario civil ***, de su estadística, lo anterior con base en los motivos expuestos en el considerando tercero de este fallo. (.)

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