José Luis Melgarejo Hernández
Expediente 876/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 876/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- José Luis Melgarejo Hernández
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), se aprecia que el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, aceptó la competencia que se planteó por este órgano federal y, por tanto se avocó al conocimiento de la demanda promovida por José Luis Melgarejo ..., por propio derecho, admitiéndola a trámite bajo el número 910/2023; en consecuencia, háganse las anotaciones respectivas, y en su oportunidad archívese el cuadernillo de antecedentes como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diez de mayo de dos mil veintitrés, el presente cuaderno de antecedentes es destruible en el plazo de seis meses, ya que este órgano federal declaró carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 19, fracción I, inciso b) de esa normatividad. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de julio de dos mil veintitrés. ANOTACIONES Vista la demanda promovida ********************, por propio derecho, contra los actos atribuidos a la autoridad responsable Jefa del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM); fórmese expediente con el número 876/2023-I que le correspondió en el libro de gobierno que se lleva en este órgano jurisdiccional. ACTOS RECLAMADOS Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados por la parte quejosa consisten en: La omisión de realizar el pago de pensión jubilatoria a ********************, derivado del dictamen de otorgamiento de pensión ********************, de trece de enero de dos mil veintitrés. INCOMPETENCIA Este órgano de control constitucional estima carecer de competencia para conocer del presente asunto, en términos del artículo 37 primer párrafo, de la Ley de Amparo, pues de la lectura del mismo se advierte que será competente para conocer de la demanda de amparo, el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado, deba ejecutarse, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Al respecto, debe decirse que, conforme con lo dispuesto por el numeral 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la competencia por razón de territorio recae en los Juzgados de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse; así, el legislador contempló en la Ley de Amparo tres reglas diferentes para determinar dicha competencia, como se advierte del citado arábigo 37 de la normatividad de la materia. La primera regla determina que será competente el Juez de Distrito del lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. La segunda indica que cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en otro, será competente cualquiera de dichos jueces, a prevención; esto es, ante el que primero se haya presentado la demanda. Y la tercera establece que cuando el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora, como se adelantó, la parte quejosa reclama la omisión de realizar el pago de pensión jubilatoria a ********************, derivado del dictamen de otorgamiento de pensión ********************, de trece de enero de dos mil veintitrés, por lo que adjuntó a su escrito inicial de demanda diversos documentos para acreditar su dicho, entre ellos el formato de aceptación de pensión por jubilación de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, en el que se observa que el domicilio del aquí quejoso está ubicado en C.Fresas MZA.95 LT.4, Fraccionamiento Ojo de Agua, ********************, Estado de México, la cual coincide con la que obra en la copia anexa de la credencial para votar expedida a favor del impetrante, aunado al señalado -bajo protesta de decir verdad-, en el presente ocurso de garantías. A partir de lo anterior, podemos apreciar que los efectos de la omisión impugnada, tienen como consecuencia privar a la parte quejosa en su calidad de pensionado del derecho de disfrutar su pensión por jubilación (otorgada mediante dictamen ********************), y que la misma se materializará en el domicilio donde reside, esto es, en el municipio de ********************, pues es el lugar donde el aquí agraviado cobrará y disfrutará de dicha pensión. En efecto, sobre el tema relacionado con pensiones, concretamente con su cuantificación por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 2a./J. 152/2009, que lleva por rubro: "PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO.", en la que determinó, en lo que aquí interesa, que si el acto reclamado en el juicio de amparo se hace consistir en la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria por no aplicarse los aumentos a los que el quejoso considera tiene derecho, derivados de las reformas al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en vigor a partir del cinco de enero de mil novecientos noventa y tres, y primero de enero de dos mil dos, atribuida al subdirector General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto mencionado, ello implica la privación del ejercicio del derecho de disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, pues por virtud de esa negativa la autoridad afecta la esfera jurídica del quejoso al pagarle incompleta su pensión. También, señaló que el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser, razonablemente, el lugar en el que la cobra y disfruta, al no estar unido a su centro de trabajo y que, cuando en el juicio de amparo se reclama la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve en su domicilio y, por ello, éste es el lugar en el que resiente su ejecución, de modo que es competente para conocer del juicio, el juez de distrito en cuya jurisdicción se ubica el domicilio del quejoso. Entonces, si como se dijo, la consecuencia directa de la omisión referida se traduce -materialmente- en la falta de pago de la pensión respectiva, la cual debió cobrarse y disfrutarse en el domicilio del peticionario de amparo, acorde al criterio jurisprudencial citado, es evidente que en el presente asunto opera la regla establecida en el artículo 37, párrafo primero de la Ley de Amparo, que consigna que, si el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto tiene ejecución material, la competencia se surte en favor del juzgador que reside en el ámbito territorial en que ejerce jurisdicción donde debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Consecuentemente, si el acto reclamado tiene ejecución en el municipio de ********************, se considera que corresponde a un Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, conocer del juicio de amparo promovido por ********************, ya que su jurisdicción abarca esa demarcación territorial. En apoyo a lo expuesto, se cita la jurisprudencia PC.V. J/9 K (10a.) emitida por el Pleno del Quinto Circuito, que señala: "PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE IMPUGNA EL ARTÍCULO 60 BIS B DE LA LEY DEL MENCIONADO INSTITUTO, VIGENTE HASTA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN QUE SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO PENSIONADO. El artículo citado, derogado mediante decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora el 26 de noviembre de 2015, establece que quienes disfruten una pensión o jubilación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, aportarán mensualmente al Fondo de Pensiones el 10% de la cuantía de su pensión mensual. Ahora bien, si en el juicio de amparo se impugna ese precepto con motivo de su aplicación, consistente en el descuento a la pensión del quejoso por concepto de "fondo de pensiones", efectuado por el director general de dicho instituto, ese acto se traduce en el pago reducido en la pensión, ya que tiene como consecuencia privar a los pensionados del ejercicio del derecho de disfrutar de ésta de manera completa; es decir, la aplicación del descuento establecido en el artículo 60 Bis B reclamado, afecta la esfera jurídica del quejoso al recibir su pensión de manera disminuida; y esa afectación se materializa en el domicilio de éste, toda vez que, de la interpretación conjunta de los artículos 87 de la mencionada legislación; y 23 a 25, 67 y 72 del Reglamento de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, se evidencia que aquél es el lugar donde los pensionados cobran y disfrutan su pensión. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio de amparo en el que se impugna la aplicación del citado artículo 60 Bis B, el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en la localidad en que se ubique el domicilio del quejoso pensionado. Tal criterio es acorde con la intención del Constituyente Permanente y del legislador ordinario de privilegiar el principio de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la indicada regla de competencia es la que permite tener mayor certeza en cuanto al cumplimiento del principio señalado, pues al atribuir competencia al Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar donde se localiza el domicilio del quejoso, existe seguridad jurídica de que éste tendrá la facilidad de acudir a desahogar las diligencias necesarias, a fin de que se dilucide de manera expedita sobre la violación de sus derechos fundamentales violados." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, remítase el presente expediente al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, pues es la autoridad que se estima competente para resolverlo, por ser quien ejerce jurisdicción en el territorio donde tiene ejecución el acto reclamado. Se solicita al órgano federal que corresponda que, de no tener inconveniente legal alguno, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada. Previo a ello, fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Por así solicitarlo expresamente, en términos de lo dispuesto en los artículos 26 fracción IV, 30 fracción II, 31 fracciones II y III de la ley de la materia, con relación en el artículo 9 del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ésta y las subsecuentes notificaciones consideradas de carácter personal se le practicarán vía electrónica por conducto del usuario "********************"; en el entendido que el promovente queda obligado a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, todos los días y obtener la constancia que refiere la fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo, en un plazo máximo de dos días, a partir de que este juzgado la envíe, de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. Se autoriza a la persona que refiere en los términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la normatividad de la materia, siempre y cuando tenga su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en la parte final del párrafo quinto, del artículo 3º de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico derivado del presente juicio al usuario "********************", dígasele que se encuentra disponible la consulta del mismo en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO Conforme a lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se instruye al oficial de partes, oficiales judiciales o administrativos, actuarios judiciales y demás personal del órgano jurisdiccional que intervengan en la formación de este expediente, para integrar debidamente el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se exhiban de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se adjunten de forma electrónica, para que previo acuerdo respectivo, incorporarlas al expediente impreso; lo anterior, sin que sea necesario notificar esta determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Asimismo, se precisa que no se digitalizarán las constancias consistentes en copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; tampoco aquellos anexos, promociones o constancias que, por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar, sin embargo, éstas últimas quedarán a disposición de las partes para su consulta dentro de las instalaciones de este órgano jurisdiccional. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
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